En esta oportunidad, los buscados son integrantes de “la Terraza” y “Robledo”, dos bandas dirigidas desde las cárceles. Este es el informe del caso, publicado por El Colombiano.

Este es el aviso que la Alcaldía publicó, ofreciendo recompensas contra miembros de “la Terraza” y “Robledo”. Foto de cortesía.

La Alcaldía publicó un nuevo volante ofreciendo la recompensa, enfocada en los integrantes de las bandas “la Terraza” y “Robledo”, que están aliadas desde 2017 y cuyos tentáculos se extienden por las comunas de Manrique, Aranjuez, Candelaria, Robledo, San Javier, Belén, La América y Laureles, así como en los corregimientos San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado.

“La llamada ‘Alianza de estructuras criminales’ es una de las organizaciones delincuenciales responsable de enfrentamientos en varias comunas de la ciudad”, informó la Administración Municipal.

Esta vez las autoridades instan a la comunidad a suministrar información sobre 15 personajes, entre ellos cabecillas como alias “Toño”, “Mármol” y “Lunar”, de “Robledo”; y “Tréllez”, “Chicho” y “Hache”, de “la Terraza”.

Estas personas, de acuerdo con información policial, coordinan en las calles los negocios de sicariato, narcotráfico, extorsión, lavado de activos, amenazas y control social que ordenan sus jefes desde la prisión: José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), de “la Terraza”, y Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), de “Robledo”.

El volante publicado en meses anteriores, contra bandas asociadas con alias “Tom” y “los Chatas”. Cortesía.

En meses pasados se había lanzado una campaña de recompensas similar, en contra de sus enemigos de las bandas “los Chatas”, “Caicedo” y “la Viña”. Según las cuentas de la Secretaría de Seguridad, desde 2016 han sido arrestados 120 cabecillas y más de 2.700 integrantes de bandas.

Si usted tiene información sobre los personajes reseñados en el volante, puede llamar a la Línea 123 o al 314 557 3311.

El Inspector.

Se trata de Claudia Carrasquilla Minami, quien asume las funciones de manera interina, en reemplazo del abogado antioqueño Germán Darío Giraldo Jiménez. Este es el perfil de la funcionaria, elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Claudia Carrasquilla Minami, directora seccional de Fiscalías de Medellín. Cortesía Fiscalía.

Este último deja el cargo después de tres años, en medio de graves diferencias con el alcalde Federico Gutiérrez. El distanciamiento entre ambos comenzó en enero, cuando el burgomaestre decidió retirar de la Gerencia del Centro a Iván Giraldo, hermano del fiscal.

Posteriormente, el malestar se incrementó con el caso de la amenaza de muerte al Alcalde y la investigación en contra de alias “Pedro Pistolas”, que no tuvo avances significativos en la Fiscalía Seccional.

Estas situaciones provocaron que el recién posesionado fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le aceptara la renuncia protocolaria a Giraldo.

EXPERIENCIA
De acuerdo con su hoja de vida, Claudia Carrasquilla es egresada de la Universidad de Medellín (1997), con una especialización en Derecho Procesal Penal de la Universidad Autónoma (2016).

Está vinculada a la Fiscalía desde 1994, cuando ingresó como asistente judicial local. Al año siguiente ascendió a técnico judicial I y en 2003 llegó a ser fiscal local.

Entre 2005 y 2010 actuó como Jefe de la Unidad Local de la Fiscalía en el municipio de Itagüí, y en 2012 la nombraron fiscal especializada.

Su última designación fue como fiscal 27 adscrita a la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado, donde cosechó logros importantes en contra de las principales bandas que afectan a Medellín y Antioquia.

Las investigaciones de Carrasquilla en los últimos cuatro años, con apoyo de la Policía, terminaron con las capturas y posteriores condenas de alias “la Flaca” y “la Negra”, esposa y hermana de Dairo Antonio Úsuga David (“Otoniel”), el capo del narcotráfico más buscado por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos y líder de la facción “los Urabeños”.

También sacó adelante los expedientes que terminaron en sentencias contra varios cabecillas de la banda “la Oficina”, entre ellos los conocidos como “Frank”, “Carlos Pesebre”, “el Ronco”, “Tuto” y “Jotalibán”.

Su hoja de vida le atribuye investigaciones que terminaron que las capturas de 80 policías corruptos, que trabajaban para bandas en Medellín y Antioquia.

En cuanto a la “Odín los Chatas” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), que en la actualidad extiende sus redes en todo el norte del Valle de Aburrá, su despacho logró los arrestos de importantes cabecillas como “Jonás”, “Elkin Chata” y “Alex Mentiras” (ver la NOTA RELACIONADA: Primer golpe estructural a la banda “los Chatas”).

LOS RETOS
Aunque el perfil de Carrasquilla sugiere una lucha frontal en contra de las bandas organizadas, su primer reto será de carácter administrativo.

Asume la dirección de la Seccional en momentos de un profundo distanciamiento con el poder administrativo, situación que no se veía desde 2008, cuando el entonces director Seccional Guillermo Valencia Cossio fue implicado en una investigación penal por nexos con grupos armados, que a la postre le costó una condena de 15 años de cárcel.

Por ahora, el alcalde Gutiérrez vio con buenos ojos su llegada

NOTA RELACIONADA: Alianza ilegal crece mientras las autoridades discuten.

El Inspector.

De acuerdo con información de Inteligencia de la Policía y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esta coalición ilegal estaría encabezada por Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” 0 “Carlos Chata”, por quien el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta 2 millones de dólares por colaboración que lleve a su captura.

Le siguen Diego Alberto Muñoz Agudelo (“Diego Chamizo”), Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”) y Carlos Arturo Arredondo Ortiz (“Mateo”), con quienes habría extendido su alcance desde Barbosa hasta Envigado.

Esta es la reseña de la situación, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Germán Darío Giraldo, director Seccional de Fiscalías de Medellín, y el alcalde Federico Gutiérrez. Fotos de archivo.

A esta alianza le rendiría cuentas, presuntamente, uno de los personajes que más ampolla levanta cuando se pregunta por él en estos días en Medellín: “Pedro Pistolas”.

Este apodo, que desde 2012 es asociado con los combos del centro de la ciudad, denominados “convivires”, está relacionado con las discrepancias que hoy tienen distanciados a los jefes del poder administrativo y judicial de la metrópoli antioqueña: el alcalde Federico Gutiérrez y el director Seccional de Fiscalías, Germán Darío Giraldo Jiménez.

MALESTARES PÚBLICOS
Fuentes de la Alcaldía y de la Fiscalía narraron, solicitando la reserva de su identidad, que los desacuerdos entre el burgomaestre y el fiscal comenzaron en enero.

La razón fue que el jurista, supuestamente, intercedió ante Gutiérrez para que conservara en la Gerencia del Centro a su hermano Jorge Iván Giraldo Jiménez, quien ejercía el cargo desde julio de 2012.

“El Alcalde le dijo que no, que él venía con su propio grupo de trabajo, pero a la salida de un consejo de seguridad Germán Darío llevó a su hermano Iván para que hablaran los tres, y Federico lo tomó como una presión indebida”, narró una funcionario de la administración municipal.

Finalmente, Gutiérrez designó en el cargo a Pilar Velilla.

El siguiente disgusto se presentó con el supuesto plan criminal para eliminar al Alcalde, conocido en febrero.
Un ciudadano con récord de denuncias en múltiples casos, manifestó en la Procuraduría (01/2/16) que varios delincuentes, entre ellos “Tom” y “Pedro Pistolas”, pretendían atentar contra Gutiérrez para socavar su intención de recuperar el Centro a favor de la legalidad.

La denuncia fue remitida a la Dirección Seccional de Fiscalías, donde pasaron siete días antes de que le informaran al Alcalde.
De esta situación, Gutiérrez se quejó públicamente el pasado 18 de febrero: “No entendemos cómo una denuncia tan grave, donde hay advertencias, nombres, sitios, y que apenas nos estemos enterando como autoridades”.

En respuesta, Giraldo ordenó un allanamiento al hotel Lafallete de la comuna 10, donde según el denunciante se fraguó el atentado.

Hubo cerca de 200 hombres del CTI y la Policía, con apoyo perimetral del Ejército. Adentro no hallaron nada, y afuera los militares detuvieron a un vicioso con 40 gramos de marihuana; pese a esto, Giraldo reportó a la Administración que el atentado contra el alcalde había sido frustrado.

La tercera desavenencia se presentó ese mismo mes, cuando el Director Seccional ordenó frenar unos acercamientos entre la Unidad Seccional de Vida de la Fiscalía y unos cabecillas de la organización “la Oficina”, quienes a cambio de beneficios judiciales confesarían crímenes y ayudarían a esclarecer otros, en lo que se denomina principio de oportunidad.

Como prueba de buena fe, los cabecillas (hoy condenados) Julián Andrey González (“Barny”), Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”) y Camilo Rendón Castro (“el Saya”) entregaron a las autoridades una caleta con 80 armas en una finca del corregimiento Santa Elena, y facilitaron el sometimiento a la justicia de alias “la Pecosa”, un sujeto que tenía orden de captura pendiente por extorsión.

Este diario conoció el informe preliminar de esa negociación, en el que los citados delincuentes se comprometían a colaborar en 10 situaciones particulares.

La número 4 decía:“contextualización de los homicidios del Centro, centros de operación y grupos inmersos (convivir, hermanos Osorio, Pedro Pistolas, Terraza)”.

Sumando a los antecedentes mencionados, que ahora Giraldo bloqueara un proceso que podía terminar con el desenmascaramiento de “Pedro Pistolas”, el tipo que al parecer quería matar al Alcalde, fue la gota que llenó el vaso.

Gutiérrez se quejó ante el fiscal General (e) de ese entonces, Jorge Perdomo, quien citó a Giraldo a una reunión en Bogotá. Cuando regresó, en marzo, contaba con el respaldo de la Dirección Central de la Fiscalía, en contravía de lo pretendido por el mandatario local.

La desconfianza del momento quedó evidenciada el 10 de marzo, cuando el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, vino a un consejo de seguridad a Medellín.

Invitaron a los principales entes de seguridad, menos a Giraldo; en vez de él, hubo un delegado de la Fiscalía enviado desde Bogotá.

El último episodio en este distanciamiento entre la Alcaldía y la Fiscalía Seccional se dio este lunes, cuando Gutiérrez se quejó, de nuevo en público, porque “la Fiscalía no ha hecho nada para capturar a ‘Pedro Pistolas’” y reiteró que le preguntó a Giraldo por ese cabecilla en un consejo de seguridad, y que su respuesta fue que “no tenía ningún tipo de información”.

El Colombiano buscó tanto a Giraldo como a Gutiérrez, para ampliar sus declaraciones frente a estos hechos. Ninguno quiso pronunciarse. Nuestras páginas están abiertas para conocer sus puntos de vista.

La continuidad en el cargo de Giraldo no es segura en este momento, tras la llegada del nuevo fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien todavía no ha definido a sus directores nacionales ni seccionales.

¿QUIÉN ES “PEDRO PISTOLAS”?
En un organigrama de la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado (que depende de la Dirección Central en Bogotá), aparece “Pedro Pistolas”como cabecilla de las “convivir” del Centro, aunque sin identidad.

Su nombre y cédula figuran en un expediente de la Fiscalía Especializada de Medellín, basado en un informe del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) del 14/12/06.

El reporte señala que “Pedro Pistolas” se llama Pedro Javier Piedrahíta Ceballos y que en ese entonces era presunto “coordinador de un grupo de autodefensas en el casco urbano de Anorí”.

Nació en 1962 en Yarumal y es hijo de Francisco Javier Piedrahíta Sánchez, un paramilitar que se desmovilizó en 2006 del bloque Mineros de las Autodefensas.

La Policía asocia a “Pedro Pistolas”con el control de varios grupos de “convivir” del Centro, extorsiones, plazas de vicio y supuestas acciones de lavado de activos en locales comerciales del sector El Hueco. No obstante, a la fecha no tiene orden de captura, ni deudas pendientes con la justicia, por lo que deambula tranquilamente por la calle.

En su historial judicial le figuran tres incautaciones de arma de fuego con salvoconducto (2007), en el barrio La América.
Su hermana Olga Piedrahíta fue detenida en 2009 en una finca del municipio antioqueño de Venecia, y condenada a 36 meses de prisión por estar involucrada en una red de laboratorios de droga de “la Oficina”, según el informe del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (Goes).

El 26 de mayo de 2012, “Pedro Pistolas”fue víctima de un atentado sicarial en Laureles. Al mes siguiente, un policía anónimo envió a este diario el siguiente mensaje por internet: “hace más de 20 días un ciudadano llamado Pedro José Piedrahita (SIC), sufrió un atentado y fue llevado a la clínica Las Américas. Mis compañeros comentan entre dientes que es el duro del centro, dueño de las más grandes plazas de vicio, y que tiene comprada casi la totalidad de la estación Candelaria, con ligas a patrulleros y nómina de 500MIL pesos por policía, y me lleno de indignación y tristeza al ver que a mi institución la está penetrando la corrupción (…). Mi preocupación crece al ver con mis propios ojos cómo compañeros lo visitan y un fiscal le da protección (…). Este señor sale escoltado en una camioneta de altos mandos y 3 motos como si en ella estuviera mi General”.
El general José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana, ratificó esta semana que “‘Pedro Pistolas’ lleva tiempo afincado en el centro de la ciudad, maneja el microtráfico ligado a los habitantes de calle, la extorsión, funge como comerciante en venta de comidas y algunos negocios que tiene allí”.

La alianza delincuencial tiene redes en más del 60% del Valle de Aburrá y rige sobre cerca de 100 combos.

ALIANZA CRIMINAL
Mientras el poder administrativo y el judicial de Medellín parecen distanciados, el crimen organizado continúa extendiendo sus redes sin interrupción.

Se presume que “Pedro Pistolas” estaría asociado con una división de “la Oficina” liderada por alias “Tom”, el hombre más buscado del Valle de Aburrá.

Según el informe de recompensa del Departamento de Estado de EE.UU., “en 2012 fue seleccionado por otros miembros de ‘la Oficina’ para ser su líder, en reemplazo del capturado Ericson Vargas Cardona (’Sebastián’)”.

En 2014, “Tom” fue incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro, que le aplicó sanciones económicas, congelando sus cuentas bancarias y transacciones comerciales (ver la NOTA RELACIONADA: Estados Unidos ofrece US$2 millones por líder de “la Oficina“).

La Policía Metropolitana, que también ofrece una recompensa de $150 millones por su captura, lo sindica de liderar la “Odín los Chatas” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una confederación de combos con influencia en las localidades de Bello, Girardota, Copacabana, Barbosa, La Ceja, El Retiro y San Pedro de los Milagros.

Junto a él, en la Lista Clinton también fue incluido su socio “Diego Chamizo”. De acuerdo con la Fiscalía, lidera la “Odín Caicedo”, con presencia en las comunas 8, 9 y 10 de Medellín.

Las autoridades lo buscan por su presunta participación en desplazamientos forzados, sicariato y tráfico de drogas.
EE.UU. persigue igualmente a “Mateo”, el supuesto cabecilla de la “Odín Trianón”, con injerencia en los municipios de Envigado, Sabaneta e Itagüí, y la comuna de El Poblado en Medellín.

La alianza la completa “Soto”, supuesto cabecilla de “la Odín Picacho”, cuyas facciones se extienden por las comunas 5, 6 y 10 y el corregimiento San Cristóbal de la capital paisa, al igual que en los barrios París, Maruchenga y Nuevo Jerusalén, del suroccidente de Bello.

En la Fiscalía avanza una investigación en su contra, por su presunta participación en una masacre de cinco personas, ejecutada el 1° de abril de 2011 en el barrio Santander. Dentro de un taxi fueron acribillados dos de sus enemigos y tres mujeres (una de ellas adolescente y la otra embarazada).

Por los hechos, que siguen sin resolución, fueron destituidos tres policías de la estación Santander, por su presunta complicidad con los sicarios de “Soto” (ver la NOTA RELACIONADA: Un año después de la masacre del taxi).

Las “odines”controladas por estos cinco cabecillas reseñados, tienen bajo su control a cerca de 100 combos del área metropolitana, dedicados al homicidio, el tráfico de drogas, desplazamientos forzados, extorsiones, desapariciones y amenazas, entre otras conductas punibles.

“Tom”, “Diego Chamizo”, “Mateo”, “Soto” y “Pedro Pistolas”no solo tienen en común su aparente cofradía delincuencial, sino que llevan más de dos décadas actuando a la sombra y con impunidad.

NOTA RELACIONADA: Las huellas dispersas de la masacre de Envigado.

El Inspector.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), en la capital antioqueña han ocurrido 304 homicidios hasta hoy (julio 31), 34 más que los registrados en el mismo periodo del año 2015, lo que implica un incremento del 12,6% en este índice.

El alcalde Federico Gutiérrez visitó el corregimiento Altavista, luego de la asonada del 20 de julio. Cortesía de la Alcaldía de Medellín.

Las comunas con el mayor número de asesinatos son Candelaria (55 casos), Robledo (36), Castilla (34) y San Javier (24), según la estadística oficial. ¿Qué está ocurriendo en cada una de ellas?

En Candelaria, es decir, el Centro de Medellín, las causas de los homicidios son múltiples: desde pleitos de mendigos hasta riñas de borrachos, violencia sexual, intolerancia, robos que terminaron en muertes y disputas entre combos (“convivires”) por el control de territorios para el tráfico de drogas y cobros de extorsiones.

¿Qué tiene que ver con esos problemas el trabajo de las autoridades? ¿Qué resultado importante tienen la Alcaldía y la Policía para mostrar en el Centro? Hasta ahora, solo planes para una intervención integral y muchos consejos de seguridad.

En las comunas de Robledo y Castilla, la principal causa de las muertes violentas son las disputas de bandas que se disputan el territorio de influencia. Entre las que han participado en las balaceras están “los Mondongueros”, “Pájaro Azul”, “Pico Pico” y “los Machacos”.

Y hay un conflicto en particular, situado en la frontera de esas comunas, que registra la mayor cantidad de muertos: una rencilla interna en la “Odín Robledo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), generada porque un grupo de jóvenes del combo del barrio Córdoba se rehusaron a seguir las órdenes del coordinador de zona, alias “el Diablo”.

El choque ha perjudicado los barrios y sectores El Hueco de La Candelaria, La Quintana, Nuevo México, Ciudad Central, Córdoba, El Progreso, Altamira, Caribe y López de Mesa.

Esos mismos vecindarios padecen por otro conflicto entre “la Matecaña” y “Nuevo México”, que también ha contribuido a la muerte y la zozobra.

En enero de este año, debido a que durante un tiroteo una niña de 7 años fue herida por una bala perdida en esta zona, el alcalde Gutiérrez prometió una intervención integral y ataque frontal contra esos grupos, pero seis meses después no se ha cumplido esa proclama. Las bandas del sector están más activas, ninguno de sus cabecillas ha sido arrestado y los ataques persisten al igual que el cobro de “vacunas”.

Hace dos semanas, el burgomaestre volvió a repetir los mismos postulados en el corregimiento Altavista, luego de que se presentara una balacera entre la banda “los Chivos” y la Policía, cuando los uniformados pretendían retirar la carpa de un circo que no tenía permiso para funcionar. La situación se agravó porque varios residentes se sumaron a una asonada contra la Fuerza Pública. En la reyerta hubo dos patrulleros heridos, un supuesto miembro de “los Chivos” murió y la comunidad pasó la noche a oscuras porque un transformador de energía fue averiado por un balazo.

Gutiérrez le ordenó a la Policía que acabara con los combos del sector, como “los Chivos”, “Altavista”, “los Pájaros” y “Mano de Dios”. Se publicaron carteles de los más buscados y ofrecieron recompensas, que derivaron en que uno de los perseguidos, conocido con el alias de “Puto”, se entregara a la Fiscalía.

El alcalde luego visitó el área en compañía de la prensa nacional y manifestó que en Altavista la violencia se disparó porque su Administración está persiguiendo al crimen organizado sin pretender ocultar la problemática, y dio a entender que eso no se había hecho en la Alcaldía anterior.

Pese a lo dicho, en los primeros seis meses de su administración no se ha hecho ningún operativo importante en Altavista y menos contra “los Chivos”, quienes causaron el desorden. Lo más destacable había sido la captura de dos cabecillas de “los Pájaros”, conocidos como “Juan Pájaro” y “Pepito Pájaro”, aunque esta acción fue coordinada por la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado, que rinde cuentas a un mando central en Bogotá.

Otro pleito que generó varios homicidios, según el Sisc, se presentó por una confrontación entre los combos de “San Antonio” y “La Libertad”, en la comuna de Villa Hermosa. Se trata de otra disputa interna, pues ambos están adscritos a la “Odín Caicedo”.

Algo similar sucede en San Javier, donde según analistas de Inteligencia hay una división intestina en una de las bandas más poderosas de la zona: “la Agonía”. El descontrol en ese grupo ha provocado disidencias y tiroteos en los barrios Antonio Nariño, El Salado y El Socorro, entre otros.

¿QUÉ OCURRE?

La información aportada por la comunidad y fuentes policiales, sugiere que estos pleitos de combos, como se ha dicho, tienen origen en rupturas internas o choques territoriales para controlar las plazas. Y no hay evidencia directa de que esos factores sean un efecto colateral de las promocionadas intervenciones de la Alcaldía y la Policía Metropolitana.

No obstante, este fin de semana Gutiérrez atendió a varios medios de comunicación internacionales, con ocasión de la Feria de las Flores. Y señaló, según la Agencia EFE: “lo que pasa es que cuando usted las deja tranquilas (a las bandas delictivas), estas siguen apoderándose de los negocios y terminan convirtiéndose en ese yugo para la sociedad. Eso es muy peligroso porque ellos se consolidan”.

Añadió que “la estrategia de nosotros es una de seguridad integral, que yo mismo dirijo, donde al crimen organizado usted tiene que combatirlo con fuerza e inteligencia, pero a las comunidades hay que llegar con inversión social”.

Hay que decir que esta inversión, de la que tanto habla Gutiérrez, aún la esperan en Castilla, Robledo, San Javier, Villa Hermosa y Altavista. “Él nos prometió ayudas, esperemos que se cumplan”, señaló un residente de este último corregimiento durante una jornada de votación del Presupuesto Participativo (23 de julio).

En materia de resultados contra el crimen organizado y sus cabecillas, durante los siete meses que lleva esta Alcaldía se destacan estos resultados: captura de alias “Bolillo” y 12 miembros de “los Triana” (junio); arrestos de “Mario Tato” y “el Pollo”, cabecillas de “los Tatos” y “la Matecaña” (junio); detención de “Monín”, integrante de “la Oficina” (marzo); y la captura de “Carnero”, coordinador de algunos grupos de “Convivir” del Centro (mayo).

¿Estarán estas acciones directamente relacionadas con el aumento de homicidios? ¿Los golpes de las autoridades al crimen organizado, durante este año, han sido tan contundentes que desestabilizaron a los ilegales? ¿Qué opinan los lectores y comentaristas de Revelaciones del Bajo Mundo?

NOTA RELACIONADA: Cuatro conflictos afectan la vida en Medellín.

El Inspector.

De acuerdo con fuentes de Inteligencia, esta reunión se dio en el fin de semana del 13 y 14 de julio, a la cual asistieron varios cabecillas de alto perfil de “los Urabeños” y “la Oficina”, las estructuras que se disputan el mundo del hampa en el área metropolitana. Estos son los detalles de la situación, investigados por Revelaciones del Bajo Mundo y El Colombiano.

Festejo de un combo de la comuna 13, después de un pleito con los enemigos en 2011. Foto de Esteban Vanegas.

A la primera banda la representaron alias “don Daniel”, el presunto coordinador en Medellín y el occidente antioqueño; “Gabriel Paraco”, un exparamilitar del bloque Noroccidente, con influencia en el Norte y el municipio de Bello; “Corozo”, un comerciante y caballista, al parecer socio de la organización para el lavado de activos; y “Ronald” y “el Cabe”, cabecillas de la comuna 13.

De parte de “la Oficina”, relataron la fuentes, estuvieron: “Tuto”, quien tiene control de los combos en Itagüí, Belén y Guayabal; “Tom” o “Carlos Chata”, presunto líder de bandas en Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa; “Fredy Colas” y “Diego Chamizo”, jefes de los combos en las comunas 8 y 9 de Medellín.

El pacto de no agresión entre los clanes y sus combos subordinados implicaría no solo detener los enfrentamientos, sino redistribuir las tareas para trabajar en conjunto. Una idea que los bandos estarían negociando es que “los Urabeños” continúen con el tráfico a gran escala, mientras “la Oficina” retoma su función premigenia, es decir, el cobro de deudas mafiosas y el control de los combos de barrio.

Aunque la orden de “calmar las cosas” llegó como cuenta gotas a los vecindarios de la ciudad, poco a poco se fue esparciendo por cada rincón. “No nos dijeron por qué, sino que ni un tiro más con los de ‘Oficina’, y que eso era en todo Medellín”, indicó un supuesto “urabeño” de la comuna 16 (Belén). Lo mismo dijo otro de la comuna 5 (Castilla).

Si bien en principio hubo resistencia de parte de los combos de La Sierra y el corregimiento Altavista, a la semana siguiente de la cumbre secreta comenzaron a darse muestras de ese convenio. El 15 de julio se realizaron actividades lúdicas en Belén Rincón, que incluyeron un partido de fútbol entre miembros de los grupos “El Ñeque”, “Barrio Bolsa”, “La Capilla” y “La Cancha” o “La Sintética”, que de meses atrás venían protagonizando tiroteos.

El 20 de julio se preparó un sancocho en una vía pública de la comuna 13, al que asistieron integrantes de “la Agonía” y “el Pesebre”, dos facciones tradicionalmente enemigas. Ese día, cuando en Colombia se rememora el Grito de Independencia, los combos quisieron organizar una marcha, aunque al parecer no lo lograron por cuestiones logísticas. Y el 25 de julio se habrían reunido “Piña” y “Guineo”, cabecillas de “los Chicorios” y “las Bifas”, del corregimiento San Antonio de Prado, para fijar las condiciones del acuerdo en su área.

Una consecuencia del pacto criminal fue la reducción de los homicidios. Los días 16, 19, 20 y 21 de julio, por ejemplo, no hubo asesinatos en Medellín. La Alcaldía y la Policía han negado su participación en estos pactos y públicamente han dicho que no “tranzan” con bandidos. Sobre la disminución de las muertes, explicaron que se debe a la acción institucional.

Las causas del acuerdo entre “los Urabeños” y “la Oficina” no se han revelado totalmente. Llama la atención que se realice justo cuando hay dos eventos de talla internacional en Medellín: Colombiamoda y Feria de las Flores.

Cuando en el pasado se han construido estos pactos temporales, también coinciden con certámenes que proyectan la internacionalización de la ciudad y en los cuales hay mucho dinero en juego del sector público y privado: la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (marzo de 2009), Juegos Suramericanos (marzo de 2010) y Mundial de Fútbol Sub20 (julio y agosto de 2011), por citar algunos casos.

Lo preocupante es que al finalizar estos acuerdos temporales, las pugnas por lo general se reactivan con rachas violentas, que incluyen asesinatos, desapariciones y tiroteos a granel. Ojalá guerra avisada no mate soldado.

NOTA RELACIONADA: Las cuatro teorías del crimen en Medellín.

El Inspector.

El causante de la polémica es el arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón Restrepo, quien en un contundente escrito enviado a los medios de comunicación reflexiona sobre la violencia.

Monseñor Ricardo Tobón cuestionó el manejo de la seguridad en Medellín. Foto de Donaldo Zuluaga.

Por considerar que este documento aporta al actual debate sobre la seguridad en la metrópoli paisa, les comparto la columna del sacerdote, titulada con ironía “¿Quién responde estos interrogantes?”:

“Últimamente, se ha publicitado mucho que Medellín es la más educada, que es ciudad incluyente, que es modelo de urbe innovadora. Todo eso debe ser cierto, cuando lo repiten tanto. Nos alegramos por las cosas buenas que tiene y se hacen en Medellín. Pero, igualmente, sabemos y constatamos cada día que nuestra región es la más violenta del país, que pasan los años y no logramos aprender una convivencia pacífica, que en nuestros barrios nos estamos matando.

Ya he escrito y dicho, en varias ocasiones, lo que todo el mundo sabe: nuestro problema es muy complejo, está profundamente enquistado en la estructura social, no sirven soluciones simplistas, parciales y aisladas. Todos, gobierno, academia, mundo empresarial, instituciones sociales, culturales y religiosas, tenemos que comprometernos con la causa de la paz dentro de un plan de conjunto, debidamente concebido y adecuadamente liderado.

La prueba de que nos está faltando ese proyecto común y ese compromiso de todos son las preguntas que tantas personas se hacen sin encontrar una respuesta. Puede resultar útil recoger algunas de ellas:

1). ¿Por qué los medios de comunicación no informan exactamente la situación de violencia que se vive en el área metropolitana de Medellín?
2). ¿Por qué si alguien denuncia personas vinculadas con la violencia, éstas lo saben inmediatamente, exigen razones y toman represalias?
3). ¿Por qué nadie logra hacer nada para que no se sigan vinculando niños y adolescentes a la guerra y no continúe la explotación sexual de niñas en medio del conflicto?
4). ¿Por qué las cárceles, en no pocas ocasiones, en lugar de controlar la acción de los delincuentes son el lugar seguro para que ellos planeen y dirijan las acciones criminales y terroristas?
5). ¿Por qué nadie llega al fondo de eliminar el vínculo entre narcotráfico y violencia, si, como ha dicho una fuente autorizada, el 97% de los asesinatos en Medellín se derivan del narcotráfico?
6). ¿Por qué se sigue hablando de “micro-tráfico” cuando, según datos hechos públicos por los medios de comunicación, se trata de un “negocio” que en Medellín supera los dos billones de pesos al año e involucra a un 85% de la población juvenil de las comunas?  
7). ¿Por qué no se aprovecha mejor la inversión que se hace en educación para que ésta vaya más allá de la transmisión de datos y se ocupe de lo esencial: enseñar a vivir y a convivir? 
8). ¿Por qué circulan tantas armas modernas y sofisticadas; quién promueve ese negocio; con qué dinero se adquieren; quién adiestra para su manejo?
9). ¿Por qué persiste un índice tan alto de impunidad; dónde están la verdad y la justicia; se puede permitir una explotación ideológica o económica del dolor de los que sufren?
10). ¿Por qué está tan “barata” la “vida” en Medellín, hasta permitir que con muy poco dinero y sin mayor esfuerzo se pueda contratar el asesinato de cualquier persona en la ciudad y sus alrededores?
11). ¿Por qué mejora la infraestructura pero los niveles de pobreza no bajan; por qué decimos que la ciudad va bien y la gente está mal?
12). ¿Por qué la violencia se ha organizado como una verdadera y omnipresente empresa, con su gerencia bien localizada, que al fin de cuentas todo el mundo acepta y respeta?
13). ¿Por qué si se sabe que sin la misión de la familia tal vez no sea posible la convivencia en una sociedad, no se protege de ciertos medios de comunicación, de ideologías adversas y de otros factores de riesgo esta institución natural y fundamental?
14). ¿Por qué tantos viajan tranquilos en su barco de egoísmo y de codicia, sabiendo que sin una sociedad equitativa y pacífica finalmente su barco se va a hundir?
15). ¿Por qué la Iglesia no logra con toda su acción evangelizadora una influencia más visible en la formación de las conciencias y en la reconstrucción de una sociedad moralmente enferma?

Estamos viviendo en estos días el recrudecimiento de la violencia, que periódicamente aparece en nuestra región, generando terror, pobreza y muerte. Se está pasando la hora de que actuemos todos con un plan integral y a largo plazo, porque los interrogantes enunciados sólo los podemos responder entre todos”. 
Ricardo Tobón Restrepo,  Arzobispo de Medellín.

¿Qué opinan los lectores de Revelaciones del Bajo Mundo sobre estas inquietudes?

El Inspector.

Masacre, tiroteos, asesinatos de niños, asonadas a la Policía, torturas y paros de buses nos hacen preguntar sobre el rumbo que deben tomar las medidas de seguridad en el área metropolitana.

Así finalizó la inspección judicial y exhumación de los niños enterrados en Aguasfrías. Foto de Esteban Vanegas.

Esta es la relación de los hechos, de los últimos tres días:

Sábado 16 de febrero: en la madrugada se presentó un tiroteo entre combos de los sectores La Quiebra y La Luz del Mundo, en la comuna 13. Murió Jorge Enrique Osorio Loaiza, de 32 años, y quedó herido de gravedad otro civil. Se desató una asonada contra los policías que atendieron el caso y uno de ellos resultó lesionado; dos motos oficiales fueron incineradas. Hubo cuatro detenidos y la incautación de un fusil AK-47 y una pistola 9 milímetros.

Sábado 16 de febrero: en el sector La Candelaria, de Castilla, un adolescente de 16 años fue asesinado a bala por un  tendero y exinfante de Marina, hastiado por el constante cobro de las vacunas extorsivas a su negocio. La Policía informó que el menor fallecido era el cobrador de ese “impuesto” ilegal, pero sus allegados indicaron que tal versión era falsa, que quien cobraba era un amigo del muchacho y el tendero se desquitó con él. El comerciante se entregó a las autoridades y su familia salió desplazada del vecindario, por temor a represalias de la banda.

Sábado 16 de febrero: a las 7:30 p.m. en vía pública del barrio 20 de Julio (comuna 13) murió la joven Derly Francely Moreno Osorno, de 20 años. En el ataque a bala resultaron heridas otra mujer de 24 años y una niña de 2. Según la Policía, los agresores iban por el compañero sentimental de la occisa, y al no encontrarlo, le dispararon a ella.

Sábado y domingo (febrero 16 y 17): dos niños de 11 años, amigos y vecinos del barrio Nuevos Conquistadores de la comuna 13 de Medellín, fueron raptados por delincuentes cuando jugaban en una manga. Al día siguiente hallaron sus cadáveres sepultados en la vereda Aguasfrías, víctimas de la sevicia y múltiples heridas de arma cortocontundente que los dejaron a punto de la mutilación.

Domingo 17 de febrero: en el barrio Belencito, de la comuna 13, pereció abaleado un adolescente de 17 años, a la 1:00 p.m.

Lunes 18 de enero: a las 2:30 a.m., en vía pública del barrio Los Naranjos del municipio de Itagüí, hallaron un cadáver con las manos amarradas atrás y una bolsa de plástico negra en la cabeza. Al parecer murió por asfixia mecánica. Se llamaba Steven Upegui Posada, de 18 años, nacido en Queens, Nueva York (E.U.). Adoptó la nacionalidad colombiana de sus padres y tiempo atrás pasó una temporada en el reclusorio juvenil La Pola, de Medellín, sindicado de porte ilegal de armas. Vivía en Belén, nadie se explica por qué apareció en Itagüí ni la razón para semejante muerte.

Lunes 18 de febrero: a las 5:30 a.m., unos 10 hombres armados con fusiles AK-47 llegaron a una parcelación de fincas de la vereda Corozal, en el municipio de Barbosa, donde masacraron a cuatro personas. Primero tocaron la puerta del ingeniero mecánico Juan Patricio Molina Giraldo, de 48 años, y al este abrir lo abalearon. Siguieron con los esposos Arley de Jesús Henao Henao, de 44, y Maribel Hernández Vallejo, de 32, mayordomos de la finca aledaña; los llevaron a un sembradío de cebollas y allí los ejecutaron.
Después mataron a la cónyuge del ingeniero, Natalia Emperatriz Pérez Builes, de 29 años. De manera extraoficial, se dice que los agresores robaron dispositivos electrónicos con información. La Policía informó que, luego de un enfrentamiento en un paraje cercano, capturó a un sospechoso (ver la NOTA RELACIONADA: Racha violenta en Barbosa).

Entrada a la parcelación de Barbosa, donde ocurrió la matanza. Foto de Guillermo Benavides.

Lunes 18 de febrero: a las 6:00 a.m., en la zona industrial de Belén, acribillaron a tiros a Carlos Andrés Ramírez Cárdenas, de 25 años.

Lunes 18 de febrero: a las 11:00 a.m., cuando la vecindad de la comuna 13 seguía de luto por el caso de los niños, un sicario mató a un adolescente de 14 años. Sucedió en el barrio Antonio Nariño, cuando la víctima pasaba por allí en un bus de la ruta integrada al Metro (Metrosit) y fue abaleado dentro del vehículo. En lo que va de este año, han matado a 18 menores de edad en Medellín, según cuentas de la Alcaldía.

Lunes 18 de febrero: la Alcaldía y la Policía realizan un consejo de seguridad, al final del cual toman cuatro decisiones: destinar 25 investigadores de la Sijín para comenzar de inmediato las operaciones del Cuerpo Élite de Objetivos de Alto Valor; recompensa de hasta 30 millones de pesos por los asesinos de los niños de 11 años; trasladar el despacho del comandante de la Policía Metropolitana a la comuna 13, de manera temporal; y fortalecer el Centro Integrado de Intervención de la Comuna 13, que funciona hace tres años.

Lunes 18 de febrero: a las 11:45 a.m. en un terminal de buses de la ruta a Caicedo, en límites de los barrios Santa Lucía y Ocho de Marzo, incursionó un grupo armado disparando con armas de largo alcance. Asesinaron al alistador de buses Abel Miguel Arenas Giraldo, de 22 años; quedaron heridos su hermano de 25 y un busero. En consecuencia, 70 vehículos de servicio público, adscritos a tres rutas, salieron a paro de transporte.

Como antecedente cercano, hay que decir que entre el 8 y el 15 de febrero hubo tres paros de buses en la comuna 13, por extorsiones, amenazas y un atentado a un conductor.

Lunes 18 de febrero: asesinan a bala a Wilson Alberto Martínez Mora, de 36 años, en el barrio La Milagrosa de Medellín.

Lunes 18 de febrero: un atentado sicarial en Castilla, en horas de la noche, dejó heridas por bala perdida a una mujer y su nieta de 4 años, que pasaban por el lugar, ajenas a la situación. Los agresores iban por un sujeto, quien resultó ileso.

NOTA RELACIONADA: La masacre auguraba otro sangriento fin de semana.

El Inspector.

Armados de piedras, palos y demás objetos contundentes, los reclamantes se enfrentaron a la Fuerza Pública. Hubo destrozos en la infraestructura pública, los establecimientos y vehículos, también resultaron personas heridas en la confrontación y otras afectadas por los gases lacrimógenos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía. Este es el Testimonio Gráfico de los hechos, en Revelaciones del Bajo Mundo.

Foto de Jaime Pérez.

El tropel se inició, de acuerdo con las quejas de los vendedores, cuando los representantes de la Administración Municipal no asistieron a una reunión en la cual se discutirían las contingencias del plan del Centro, la cual estaba pensada para las 8 a.m. de ayer (1 de octubre).

Foto de Jaime Pérez.

Los comerciantes informales se sintieron burlados, la ira fue creciendo y se desbordó. Según el alcalde Aníbal Gaviria Correa, la manifestación fue infiltrada por las organizaciones delincuenciales del Centro, que están en contra de los cambios que se avecinan en esta zona de la ciudad.

Foto de Jaime Pérez.

El Centro cuenta con una población flotante diaria de 1’200.000 personas aproximadamente. Por ahora las autoridades tienen identificadas siete bandas denominadas genéricamente ‘convivir’, que operan en diferentes sectores como San Antonio, El Hueco, Prado Centro, alrededores de la Plaza Minorista, El Chagualo, San Benito y otros.

Foto de Esteban Vanegas.

Estas ‘convivires’ administran el microtráfico de estupefacientes, el cobro de vacunas extorsivas a los locales y transporte público y en general dominan el bajo mundo del área. Según información de Inteligencia, le rinden cuentas a un cabecilla de la organización mafiosa ‘La Oficina’, apodado ‘Ferney’ o ‘El Montañero’.

Foto de Esteban Vanegas.

Pero el problema del Centro no es solo de criminalidad. Hay una crisis social grave, indigencia por doquier y un creciente malestar de los comerciantes informales que reclaman verdaderas oportunidades laborales.

Foto de Jaime Pérez.

En la reyerta la Policía detuvo a 39 personas, incluyendo a 14 menores de edad. El avalúo de los daños no se ha determinado, aunque se presume que la cifra será de altas proporciones.

Foto de Jaime Pérez.

Hoy habrá más reuniones, esperemos que la Alcaldía tenga más inteligencia para responderles a los reclamantes, que la Policía sea más astuta para detectar a los bandidos infiltrados y que los vendedores sean capaces de exigir sus derechos sin usar la violencia.

Foto de Jaime Pérez.

NOTA RELACIONADA: Crisis por choque entre vecinos, combos y Policía.

El Inspector.

La racha comenzó a la 1:50 de la madrugada del jueves anterior (14 de abril), cuando en el barrio El Rosario asesinaron a John Jairo Arenas Restrepo, de 38 años.

En el parqueadero externo de una empresa transportadora, en la zona industrial del barrio El Carmelo, bajaron de un taxi a un hombre para matarlo.

Siete horas después, pero en el barrio El Carmelo, se presentó una ejecución sicarial. Cuatro hombres viajaban en un taxi Hyundai Atos, cuando a las 9:00 a.m. se detuvieron en el parqueadero externo de una empresa transportadora.

Dos de los ocupantes bajaron a un tercero, al cual hicieron arrodillar. Le dijeron que se quitara la gorra y acto seguido uno de los matones le pegó dos tiros en la cabeza. Su acompañante remató a la víctima en el suelo con otro balazo de revólver en el cráneo.

El occiso se llamaba Andrés Mejía Vásquez y su muerte quedó registrada por una cámara de vigilancia de la entidad. El taxi fue encontrado más tarde por la Policía, estacionado en el barrio La Cruz, donde un sospechoso de 29 años quedó detenido.

A las cuatro horas se reportó el hallazgo de dos cadáveres NN masculinos en la quebrada Doña María, uno a la altura del barrio Villa Lía y otro unos metros más abajo, en jurisdicción de la planta de producción de la empresa Cervunión. Los dos finados, al parecer relacionados con el mismo caso, presentaban heridas visibles de arma blanca y estaban amordazados.

Al día siguiente a las 4:00 p.m., una mujer y tres hombres que estaban en una esquina del barrio Fátima fueron abaleados por malhechores. A pesar de que los llevaron al hospital, uno murió. Y anoche, en el barrio Samaria, mataron a otro hombre sin identificar.

En la escena del crimen de El Carmelo conversé con residentes, y estos aseguraron que la violencia en Itagüí ha sido constante desde finales de 2008. “Si acaso se calma un día o dos, pero después vuelve y aparece”, comentó el empleado de un montallantas.

Desde ese entonces la guerra ha sido entre la organización delincuencial ‘Calatrava’ y sus combos afines (como ‘Asturias’ y ‘San Francisco’, por citar algunos) contra ‘La Unión’ con sus bandas aliadas (por ejemplo los del ‘Hueco de San Gabriel’).

Los golpes más importantes contra el crimen organizado de la localidad siempre los han propinado investigadores procedentes de Bogotá. La Dijín capturó a 27 personas del combo ‘La Mayorista’ (2009-2010) y la Policía Antinarcóticos apresó a 20 de ‘Los Triana’ con influencia en esa localidad (2011).

Es que, por desgracia, la Policía local no cuenta con el apoyo total de la ciudadanía (hay quejas por corrupción) y ese es un factor a favor de la delincuencia. A eso hay que sumarle, con perdón de las autoridades itagüiseñas, una Alcaldía con escasas ideas para frenar a los jóvenes asesinos.

Criminológicamente hablando, este municipio del Aburrá Sur todavía es un territorio en disputa entre las dos fuerzas delincuenciales mencionadas, por lo que el reguero de sangre no se detiene. Caso contrario sucede en Bello, en el costado Norte del Aburrá, donde parece que alias ‘Sebastián’ y sus aliados ya “se repartieron la torta” y hay una calma relativa en términos de homicidios, aunque no de extorsiones y amenazas a la ciudadanía.

Para que se detengan las muertes en Itagüí, ¿habrá que esperar a que una mafia se imponga sobre la otra?, ¿o es mucho pedir que las autoridades legítimas se impongan sobre los antisociales?

NOTA RELACIONADA: DIEZ MINUTOS que sacudieron a Itagüí.

El Inspector.

Miles de millones de pesos se han invertido en seguridad, en programas educativos, en estrategias para generar empleo, en infraestructura para vincular a los suburbios con el desarrollo progresista del resto de la ciudad, y hoy seguimos en la misma intranquilidad de hace 30 años. ¿Por qué?

Dos amigas adolescentes de 16 años, que llevaban una semana perdidas, fueron asesinadas y encontradas ayer en el Cerro Pan de Azúcar de Medellín. Una de ellas tenía dos meses de embarazo. Como siempre, la escena del crimen estuvo llena de niños. Foto de Carlos Taborda.

He conversado el asunto con investigadores, oficiales y funcionarios de las alcaldías y quiero compartir con ustedes los factores por los cuales, pienso yo, la criminalidad de Medellín es tan difícil de erradicar.

1. LAS GUERRAS QUE NO GANA EL ESTADO

Primero el enemigo era el cartel de Medellín. Fue vencido por una alianza macabra de la Fuerza Pública, la banda ‘Los Pepes’, el cartel de Cali y las autoridades norteamericanas. Digo macabra, porque en aras de derrotar al capo Pablo Escobar y sus secuaces, el Estado se asoció por debajo con gente de igual calaña que, tras derrocado el enemigo, subió al trono de la delincuencia.

Después el rival de la convivencia eran las milicias urbanas de la guerrilla. Fueron acabadas por otra alianza entre la Fuerza Pública y los paramilitares, aunque esta sea una realidad que ha llevado a pocos a la cárcel y que todavía se menciona en voz baja.

Luego llegó la banda ‘La Terraza’, sembrando el terror en toda el Área Metropolitana, hasta que por divisiones internas se fragmentó en dos y se desangró a punta de matarse entre ellos mismos.

A la vez, el bloque Cacique Nutibara de las Auc se declaró en guerra con el bloque Metro y no descansó hasta haberlo exterminado a sangre y fuego.

Hoy en día el problema de seguridad, el índice elevado de homicidios y las balaceras constantes en los barrios, son atribuidos a la mafia de ‘La Oficina’ y los combos delincuenciales del Valle de Aburrá. Lo más diciente es que muchos de los protagonistas del conflicto de ahora, participaron en las batallas contra el cartel.

Ninguna de estas guerras mencionadas las ganó el Estado, aunque tampoco reconoce que las perdió. Los vencedores fueron los criminales del bando opuesto, que una vez coronados edificaron su reino del hampa. Por eso, en parte, nunca ha sido frenada la delincuencia organizada.

Mira un ejemplo de esta situación en la NOTA RELACIONADA: SE ESTÁN MATANDO “entre ellos mismos”.

2. FALTA DE CONFIANZA EN LA AUTORIDAD

En Medellín (y en toda Antioquia) la gente usualmente no denuncia de manera penal a los bandidos por miedo, porque la autoridad judicial tarda mucho en ponerlos tras las rejas de forma duradera y porque en muchos casos no confía en la Fuerza Pública. “¿Y qué tal que el policía al que yo le pongo la queja, trabaje para esos pillos?”, fue la cuestión que me planteó un habitante del barrio Aures hace dos semanas.

En la última operación de la Dijín y la Policía Antinarcóticos (primera semana de febrero) contra la banda ‘Los Triana’, hubo 20 capturas y entre esas estaban cinco policías activos que trabajaban para la organización, por citar un caso reciente.

Así es muy difícil acabar con el mal, cuando la corrupción se presenta tan seguido. Esto genera el clima de desconfianza entre la ciudadanía y la autoridad legítima.

Consulta la NOTA RELACIONADA: SIN UN TESTIGO VALIENTE, no hay caso.

3. CRIMINALES CON ARRAIGO EN LA COMUNIDAD

A finales del año pasado se incrementó el fenómeno de las asonadas contra los uniformados, sobretodo cuando estos pretendían capturar a algún malhechor. Sucedió en las comunas de San Javier, Manrique y Popular, donde la comunidad salía armada con palos, piedras y demás utensilios para arrebatarle el muchacho a los funcionarios. ¿La razón? El pelao es hijo, hermano, novio, amigo de alguien del barrio.

Los combos sobreviven en la comunidad porque aquellos que los aborrecen no superan a quienes los protegen. Las familias saben que su hijo gana plata delinquiendo y pese a todo no quieren verlo en la cárcel. Muy pocos tienen el valor para denunciar al amigo con el que crecieron desde chicos, a la propia descendencia.

El combo en muchos casos reemplaza la educación familiar y los padres no ejercen la autoridad en el hogar. Desde aquí se origina la desobediencia a la ley, primero apabullada con gritos, más adelante a tiros.

Mira la NOTA RELACIONADA: LAS ASONADAS se multiplican en nuestras calles.

El pasado 22 de febrero hallaron el cadáver de un joven en un costal, en una vía del barrio Moravia de Medellín. Este año van siete hallazgos similares en el Valle de Aburrá. Foto de Carlos Taborda.

4. LA MUERTE ES EL NEGOCIO

Si aquí hay tantos sicarios, es porque en esta sociedad hay muchos que pagan por matar. Es la ley de la oferta y la demanda. Lo absurdo es que los valores están tan invertidos que los pillos asumen su actividad como si fuese un trabajo de verdad. El mero nombre de ‘La Oficina’ para una organización ilegal ya es muy diciente, en las esquinas hay pelaos que se quejan porque “no hay camello” y con eso no se refieren a un empleo común, sino a que no les llega el contrato para hacer sus “vueltas”.

La comunidad también ha participado en ello, pagando las microextorsiones llamadas ‘vacunas’. La verdad es que no siempre le dan esa plata a los combos por temor, hay sectores donde se paga con gusto.

Es el caso de una cuadra en el barrio Prado Centro, donde la gente en vez de notificar a la Policía sobre la presencia de ladrones, les avisa a los muchachos del combo ‘Convivir’ para que golpeen a los rateros, indigentes y cualquier indeseable. “Ellos no cobran ‘vacuna’, uno les da lo que quiera”, indicó un comerciante del sector.

Amplía esta idea con la NOTA RELACIONADA: TRAS LAS REJAS los supuestos sicarios de la masacre.

5. DELINCUENCIA SÚPER ORGANIZADA

“En Medellín hasta un ladrón de espejos tiene que rendirle cuentas a un patrón de la zona”, me comentó un investigador judicial sobre este punto. Se refiere a que casi todas las formas delincuenciales están organizadas en una misma estructura. Las bandas tienen un ala financiera, un grupo militar (sicariato), reclutadores, cobradores de ‘vacunas’, fleteros y atracadores y distribuidores de estupefacientes. Cada quien ejerce su función, alimentando las entrañas de la banda.

Hay organizaciones que invierten dinero en abogados, en sobornos a funcionarios y hasta en negocios legales como mueblerías, casinos, transporte público, loterías y carnicerías. Eso indica que, si bien no todas, estas agrupaciones son autosostenibles.

Hace una década los pillos tenían que bajar de los suburbios al Centro, El Poblado y Laureles para delinquir y llenar sus arcas. Ahora en las comunas más alejadas no faltan las tiendas y el comercio revitalizado, los malandros tienen la despensa cerca de su esquina, ‘vacunando’ y atracando.

Según la Policía Metropolitana, entre 2008 y 2010 se desmantelaron 22 combos. Teniendo en cuenta que hay cerca de 308 agrupaciones ilegales, no desvertebraron ni el 10 por ciento. Más del 90 por ciento de las bandas siguen armadas y activas, son casi 4.000 jóvenes los que ponen en jaque nuestra seguridad.

He aquí un ejemplo de esta situación en la NOTA RELACIONADA: CHOQUE DE DOS MAFIAS afecta a dos ciudades. 

6. BANDAS CON GUARDERÍA

La delincuencia se renueva con mucha facilidad, por cada cabecilla capturado o muerto hay otro que lo reemplaza de inmediato. Eso refleja una sofisticación en el accionar de estos grupos, en su manera de reclutar jóvenes desde niños.

Sé que hay casos en que los menores son obligados a engrosar las filas del combo, pero difiero de esa opinión de las autoridades en el sentido de que son siempre “utilizados”; digo que más bien son seducidos por esa idea de dinero rápido, el estatus social que genera el ser traqueto con novias, prepagos, armas y vehículos.

Al hablar con algunos de los jóvenes participantes en el conflicto, ellos justifican que se arman para defenderse de los enemigos, y estos últimos argumentan lo mismo.

Cada vez hay infantes más pequeños integrando las pandillas, desde los 11 años se han presentado aprehensiones. Les dicen ‘carritos’ cuando se dedican a llevar y traer razones o transportar armas y drogas; les llaman ‘ninjas’ cuando lo suyo es el sicariato.

Lee un caso en la NOTA RELACIONADA: ABOGADA EMBARAZADA murió por disparos.

7. UNA SOCIEDAD QUE ES PRESA FÁCIL

“En Bogotá la situación no es tan grave porque la ciudadanía sí denuncia, aquí en Medellín impera la ley del silencio“, sentenció otro investigador que antes de laborar en el Valle de Aburrá estuvo en la capital del país.

En los barrios la vecindad está cansada de tanto abuso por parte de los antisociales, mas son muy pocos los que hacen algo al respecto. Aquí hay que destacar a la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6 (Doce de Octubre), un esfuerzo de civiles para buscar caminos de paz y protestar contra la violencia.

Pero ellos son la excepción. La Personería denunció que en enero los desplazamientos forzados aumentaron un 40 por ciento en la ciudad y en sectores como Altavista las balaceras son diarias. La gente trata de convivir con el problema con la cabeza agachada, sabiendo que al frente de su casa se ‘parchan’ los bandidos.

Hemos sido presa fácil porque nos intimidan con facilidad. Basta que aparezca un pelao en la residencia pidiendo plata dizque para “la vigilancia”, y ya el ciudadano se está metiendo la mano al bolsillo sin cuestionar. El miedo es un rasgo común en nuestra sociedad, la verraquera paisa en este aspecto no se ve por ningún lado.

Queremos ser una metrópolis avanzada y orgullosa, aunque arrastramos una contracultura de violencia. Y los que la impulsan no son “un puñado”, “unos pocos”, como lo asegura el Gobierno, son bastantes.

Esta condición tuvo un punto crítico, analizado en la NOTA RELACIONADA: TERRORISMO URBANO, marca registrada.

El 19 de febrero anterior los sicarios llegaron a esta tienda del barrio Aures y asesinaron a bala a una mujer de 50 años y a un hombre de 35. Foto de Carlos Taborda.

8. ESTRATEGIAS Y LEYES QUE NO FUNCIONAN

Frente a este triste panorama de orden público, hay que afirmar que las autoridades han actuado con todo lo que tienen. Miente el que dice que no se ha hecho nada. El asunto es que las medidas no dan los resultados esperados, ¿qué sucede entonces?

Uno de los problemas es el show mediático: cuando ocurre la tragedia, las autoridades salen a reforzar los controles, prometen recompensas, aumentan el pie de fuerza y aseguran que pronto habrá resultados. No obstante, el propósito no es sostenible, cuando se van los periodistas, esas acciones se esfuman y regresa la cotidianidad.

Por ejemplo, a mediados del año pasado se anunció con bombos y platillos la creación del Centro Integrado de Intervención en la Comuna 13, en el cual la Policía, el Ejército, el DAS, la Alcaldía y la Fiscalía trabajarían juntos para reducir la criminalidad en ese sector. Pasó un semestre y la comuna sigue siendo la más violenta de Medellín y al dichoso centro ni siquiera le han asignado un fiscal propio, pese a lo prometido.

La Alcaldía lo ha probado todo: construyó más CAI y subestaciones para la Policía, instaló más cámaras de vigilancia, duplicó el presupuesto de recompensas, dotó a la Fuerza Pública de nuevas motos y carros, declaró toques de queda para menores, cierres tempranos de establecimientos comerciales, prohibió los parrilleros en las motos, invirtió en campañas de Rumba Segura, en el programa Fuerza Joven para rescatar a los muchachos de los combos y un larguísimo etcétera.

En todos esos casos, la delincuencia ha encontrado el punto de quiebre para esquivar a las autoridades; basta decir que hasta el subsidio que la Administración les da a los jóvenes en alto riesgo de caer en la violencia, se lo ‘vacunan’ a los beneficiarios y termina financiando la confrontación armada.

Mucha de la responsabilidad en el fracaso de las acciones gubernamentales está en las leyes colombianas que no están acondicionadas a los tiempos de hoy. Son incapaces para sancionar y corregir a los criminales juveniles, para citar un hecho concreto, y cuando estos derraman la sangre, la gente le echa la culpa a la Policía, los uniformados responsabilizan a la Fiscalía, los fiscales a los jueces, los juristas a los congresistas y estos últimos al Gobierno Nacional. Todos se pasan la pelota.

Complementa con la NOTA RELACIONADA: TOQUES DE QUEDA: lo bueno y lo malo.

9. NOS ACOSTUMBRAMOS A VIVIR ASÍ

Muy a pesar de los fenómenos expuestos, la ciudad parece que no se detuviera a reflexionar con propiedad. El Gobierno local prefiere minimizar la cuestión y donde antes hubo homicidios ahora se erigen edificaciones. Uno de los comentaristas del blog escribió hace meses que “en Medellín no hay progreso sino progresismo, hay muchas construcciones pero la mentalidad de su gente no cambia”.

En otras latitudes el asesinato de un niño es suficiente para unir a la comunidad en torno a la noviolencia; aquí matan menores a diario y no pasa nada. Es verdad, parece que nos acostumbramos a vivir así. Las ‘vacunas’ son normales, los homicidios pan de cada día, los enfrentamientos y amenazas también. “Uno vive como puede, nada más pensando en uno mismo y su familia, y que cada quien vea cómo se gana la vida”, me contó un residente del barrio El Limonar hace días, cuando estuve haciendo el reportaje de una muerte a bala.

Sobre la conducta en cuestión, vale la pena revisar la NOTA RELACIONADA: LAS TRES CONDUCTAS HOMICIDAS del Valle de Aburrá.

Pensamos que nuestra raza es la más pujante y que Medellín es la mejor urbe de Latinoamérica. Sigamos luchando porque así sea, pero sin echarle tierra al asunto de la inseguridad. No hay que minimizarlo para mostrarle una bella cara al mundo, hay que resolverlo.

¿Qué opinan los comentaristas de Revelaciones del Bajo Mundo? Espero conocer sus ideas.

El Inspector.

El crimen se presentó a las 11:20 a.m. en un trayecto de la calle 34B con la carrera 128, ad portas de un sector semirural conocido como El Volcán.

En este bus fue asesinado hoy el conductor. Los homicidas lograron escapar. Foto de Esteban Vanegas.

Óscar Arley Villa Calderón, de 25 años, conducía el vehículo de la ruta MetroSit, que transporta a los pasajeros entre la estación San Javier del Metro y el mencionado barrio de la Comuna 13.

Dos sujetos jóvenes son los sospechosos de dispararle en plena marcha y escapar. El piloto murió al volante del automotor.

La acción criminal provocó el paro de tres rutas de la misma comuna. El lunes y martes de esta semana también hubo paro de 136 buses del sector, debido a que los conductores se quejaron por el cobro de extorsiones (vacunas) por parte de los combos delincuenciales.

Dicho paro se había terminado por un compromiso de la Alcaldía y la Policía con los afectados, para mejorarles los esquemas de seguridad, hasta que hoy ocurrió el asesinato.

POSDATA: en septiembre de 2010 comenzó a funcionar el Centro Integrado de Intervención de la Comuna 13, en el cual trabajan de manera articulada la Policía, la Fiscalía, el DAS y la Alcaldía.

La idea de las autoridades era frenar la racha de homicidios y violencia que sacudía este sector de Medellín. A la sede, ubicada en el barrio 20 de Julio, han ido el presidente Juan Manuel Santos, los ministros de Defensa y del Interior, el Fiscal General y el Director Nacional de DAS.

Todos dieron discursos exaltados sobre la seguridad y aportaron recursos para que la idea fructificara.

La verdad es que ya pasaron cuatro meses y ha sido más el show que los resultados, porque los asesinatos, balaceras, desplazamientos forzados y extorsiones no han cesado, de acuerdo con la comunidad.

Ojalá no pase con este Centro Integrado lo mismo que con las cuatro bases militares instaladas en la comuna después de la famosa Operación Orión en 2002, que pretendían darle paz a la vecindad y al final de cuentas son irrelevantes.

NOTA RELACIONADA: PARARON LAS RUTAS y las vidas de dos buseros.

El Inspector.

La situación generó el paro de una ruta, el número 15 en lo que va corrido del año en el Valle de Aburrá, perjudicando a miles de usuarios que tuvieron que caminar o gastar más pasajes.

Así bloquearon los buses el sector de Ditaires, en Itagüí. Foto de Wálter Arias.

El primer ataque sucedió a las 2:20 p.m. en el terminal de buses de Bariloche, en el municipio de Itagüí. Jeferson Osorio Arenas, conocido en el gremio como ‘Caretapita’, acababa de parquear la buseta y estaba bebiendo una gaseosa.

Dos matones en una moto Yamaha BWS aparecieron de repente y le dispararon en la cabeza y el cuello. El conductor de 25 años fue llevado al Hospital del Sur, donde falleció.

Sus compañeros adoloridos y enojados hicieron un paro de buses y cerraron el paso a la altura de Ditaires, infartando una de las vías principales de esa localidad e incluso afectando el tranporte hacia La Estrella y el corregimiento medellinense San Antonio de Prado.

En esta buseta fue asesinado el conductor Juvenal Arango.

El otro hecho acaeció a las 3.15 p.m. en el nororiente de Medellín, en límites de los barrios La Mansión y Manrique Central. Juvenal Arango Flórez, de 33 años, conducía el microbús de la ruta Coopetransa, cuando fue abaleado por dos pasajeros.

Los agresores se tiraron del vehículo y fueron detenidos al poco tiempo por la Policía. Entretanto, el ayudante de Arango manejó el automotor hasta el hospital San Vicente de Paúl. Ahí descargaron al herido, pero ya su cita con la muerte era inaplazable.  

Los 14 paros de buses, todos sucedidos en la capital paisa (el 15 sería el de Itagüí), han sido una reacción de los choferes ante la violencia. Las causas han sido el cobro de vacunas extorsivas, los asesinatos y heridas a bala de colegas y la quema de autobuses.

Según un informe de la Personería, en 2010 han matado a 9 conductores de bus. El décimo caso es el de Arango.

Ninguno de los paros ha durado más de dos días, por lo general terminan cuando la Alcaldía y la Policía se comprometen a vigilar sus recorridos. El problema es que cada vez se vuelve algo más frecuente, un asunto que no se corta de raíz y al que cada vez le aparecen más ramas.

NOTA RELACIONADA: AL VOLANTE murieron dos buseros

El Inspector.

Ahora alias ‘La Cachona’ tiene rostro y nombre: Róbinson Mejía Soto, procesado por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, narcotráfico y tráfico de armas.

Este es el nuevo volante que la Policía distribuye en Medellín, el cual incluye ahora la foto.

Su identidad, la cual ya se conocía con anterioridad pero no había sido divulgada por falta de la orden de captura, se publicitó el fin de semana pasado, mediante volantes y una rueda de prensa.

El anuncio fue la puntada final de un exitoso operativo policiaco, que inició en la tarde del viernes y acabó en la madrugada del sábado, y que dejó como resultado la captura de 14 presuntos integrantes de ‘La Galera’, una banda liderada por ‘La Cachona’. En la acción también se formularon nuevas imputaciones contra otros 15 sujetos de la organización, que al parecer seguían delinquiendo desde la prisión.

En su informe, la Fuerza Pública asegura que estas personas están implicadas en la comisión de “más de 50 homicidios en el Valle de Aburrá”.

Pero no es solo por eso que el rostro de ‘La Cachona’ vio la luz entre la sangre, como dice el título de este artículo. Es porque detrás de esa foto de Mejía al parecer hay un asesinato.

La víctima fue un contratista de la Alcaldía de Medellín, a quien me referiré solo por el apodo, debido a la reserva sumarial de la investigación.

En su trabajo social para la Secretaría de Gobierno, ‘Tavo’ debía establecer contacto con los integrantes de las bandas criminales de la ciudad y ser mediador en sus conflictos. Él había estado en la cárcel, pagó una condena por secuestro y falsedad de denuncia, y conocía bien a los muchachos.

Así concluyó la inspección al cadáver del contratista, el pasado 10 de diciembre.

A finales del año pasado, las autoridades estaban desesperadas tratando de dar con el paradero de ‘La Cachona’ y los datos que permitieran su judicialización, porque el sujeto era el causante de una guerra que estaba dejando muchos muertos, desplazados y heridos en la comuna nororiental.

Según una fuente cercana a la situación, ‘Tavo’ se presentó a la Policía y entregó la foto del susodicho, quizá tratando de apoyar esa investigación. De acuerdo con allegados al funcionario, esa habría sido la razón de su homicidio.

El 10 de dicembre, ‘Tavo’ estaba almorzando en un restaurante del centro de Medellín, a media cuadra del centro administrativo La Alpujarra. Llegó un sujeto en una moto de alto cilindraje y se sentó con él a la mesa.

Conversaron unos breves minutos y el visitante se levantó, sacó una pistola y le disparó a la cabeza, matándolo en el acto. Después se fugó en la moto. Todo indica que el victimario y el difunto se conocían.

Las bandas con las que ‘Tavo’ hacía contacto eran de Manrique, Aranjuez, San Javier, Santa Cruz y el Popular. Esta última comuna es la zona de influencia de ‘La Cachona’ y su gente.

Sigue vigente la recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que lleve a la detención de Mejía Soto. Quizá sea una clave para esclarecer el homicido del contratista y, de paso, dar con la persona que delató la entrega de la hoy famosa foto.

NOTA RELACIONADA: ‘LA CACHONA’, el terror de la Nororiental

El Inspector.

La preocupante situación de orden público inició el pasado 19 de marzo, en la parte alta de la vereda Popalito. Dos sujetos encapuchados llegaron con armas hasta una finca del sector La Victoria, a las 5:30 p.m., luego de caminar unos 40 minutos desde la carretera principal.

Levantamiento de los cuatro cuerpos en la vereda Popalito.

En la  vivienda estaban cuatro trabajadores de una cooperativa reforestadora, los cuales fueron intimidados por los agresores y conducidos al patio. En el recinto también estaban una mujer y su niño, los cuales fueron testigos de la ejecución a bala de los hombres.

Los occisos fueron Juan David Ibarra, Julio César Zapata, Duván David Castrillón y el samario Carlos Arrieta.  Los encapuchados le indicaron a la mujer que se encerrara y no saliera hasta las 6:30 a.m. del día siguiente. Aterrorizada, la señora escuchó en la noche los últimos gemidos de dos agonizantes, pero al amanecer solo había muerte en el patio.

Los gatilleros volvieron a hacerse sentir en Barbosa 10 días después, el pasado domingo, esta vez en el área urbana. En un reconocido bar del segundo parque, estaban los amigos Juan David Morales Goez y César Cataño Álvarez, de 23 y 24 años.

Departían junto a la novia del primero y otra amiga. La enamorada se levantó al baño y la otra mujer salió del establecimiento, al parecer a comprar algo. Fue en ese momento cuando se aproximaron dos individuos y acribillaron a balazos a Juan David y César.

Juan David Morales tenía una hija de dos años.

Los difuntos eran conductores de volqueta y no tenían ningún antecedente penal, al igual que los cuatro reforestadores aniquilados en La Victoria.

La Policía advirtió que estos dos crímenes múltiples carecen de relación entre sí, que son hechos aislados.

Precisó el organismo que no hay capturados y que junto a la Alcaldía de Barbosa analizan las medidas a tomar para evitar más incidentes.

El Inspector.

Sin embargo, esta semana anunciaron las tres medidas que ellos consideran suficientes para frenar la creciente racha de homicidios y balaceras entre combos delincuenciales.

Hoy comenzó la intervención masiva al punto crítico del barrio Moravia. Foto de Julio César Herrera.

La primera es la suspensión del parrillero masculino en las motocicletas. La segunda es la restricción a los establecimientos públicos, pues desde ahora y hasta nueva orden la rumba solo será hasta la 1:00 a.m.

Dicha condición excluye a los rumbeaderos de las zonas más cachés, como La 70, la Zona Rosa de El Poblado con el Parque Lleras y el corredor de Las Palmas.

La tercera medida consiste en aplicar tomas masivas con policías y funcionarios de la Alcaldía a seis puntos críticos: los barrios Berlín y Moravia (comuna 4), La Sierra (comuna 8), El Salado (comuna 13), Pedregal (comuna 7) y El Raudal (en el Centro, comuna 10).

En mi opinión también deberían prestarle atención especial a Manrique, Santo Domingo Savio, Doce de Octubre, Castilla, Belén Rincón y Robledo, donde las disputas entre delincuentes han provocado varios tiroteos y homicidios en los últimos dos meses.

El alcalde Alonso Salazar junto al general Dagoberto García, comandante de la Policía Metropolitana, cuando anunciaron las medidas.

La tripleta de medidas ha generado reacciones encontradas, hay quienes están a favor y otros en contra. Entre estos últimos están las personas que utilizan las motocicletas como medio de transporte y de trabajo, así como algunos comerciantes de la vida nocturna.

Al principio de este artículo, les explicaba que las autoridades se resisten a aceptar abiertamente la preocupante situación que, por ejemplo, ha producido días de hasta 11 asesinatos en Medellín (como el pasado 24 de febrero), cosa que hace mucho tiempo no se veía.

Al parecer la razón más fuerte para ello es la próxima asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se celebrará del 25 al 31 de marzo en la capital paisa.

Hay desespero por mostrarle al mundo una ciudad hermosa, pujante, segura y amable, que ya superó el estigma de la violencia que tenía en los años 90. Estoy de acuerdo con este propósito, pero no a costa de matizar en exceso un problema.

Tenemos la responsabilidad de presentarles una excelente imagen a los ilustres visitantes, para el bien de Colombia. Pero es más grande la obligación con los medellinenses y paisas en general, de asumir con pantalones que hay una creciente sensación de inseguridad y derramamiento de sangre.

No hay que maquillar cifras de criminalidad y eludir el debate sobre la seguridad. Bienvenidos los del BID, pero también bienvenida la sinceridad.

El Inspector.

Paz en la tumba de Marjorie Kisner.

Este es el texto de la carta:

“En nombre de la familia Kisner Mira y en este momento de inmenso dolor personal y familiar por el vil asesinato de Marjorie, quiero agradecer la solidaridad -virtud moral por excelencia- de entidades públicas y privadas que se unieron a nuestra angustia e hicieron hasta lo imposible por encontrar con vida a la inolvidable hija y sobrina, mientras otras públicas, con tanta obligación, brillaron por su ausencia, silencio y desinterés.

Mi hermana, la madre de Marjorie, y toda la familia, quiere hacer un llamado al programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, para que revise a fondo su funcionamiento pues es inconcebible que para hacer visitas domiciliarias a pos penados de peligrosidad, no se cuente con acompañamiento y protección, como en el caso de Marjorie.

No queremos que otras familias tengan que pasar por la tragedia que hoy vivimos y es para nosotros deber ciudadano y humanitario ineludible, muy por encima de intereses políticos mezquinos, solicitar que se tomen las debidas medidas de protección para quienes continúan este trabajo”.

Hernán Mira Fernández – Profesor Universidad de Antioquia.

NOTA RELACIONADA: VISITA PELIGROSA con horrible desenlace

El Inspector.

Marjorie Kisner Mira, de 34 años.

Un homicidio tiene de luto a la Alcaldía de Medellín y de paso en el ojo del huracán a los procedimientos de atención a los exconvictos que van a reintegrarse a la sociedad.

La víctima fue la psicóloga Marjorie Kisner Mira, de 34 años y quien estaba desaparecida desde el pasado martes. La funcionaria trabajaba en el Programa de Paz y Reconciliación de la Secretaría de Gobierno, en el área de Pospenados.

Aquel día fue a cumplir una visita domiciliaria en el barrio Villa Hermosa, al oriente de Medellín. A las 12:30 p.m. informó que había terminado la sesión y que se dirigía a una reunión en el centro de la ciudad. Fue lo último que se supo de ella.

La Fiscalía activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente, que permite concentrar todos los esfuerzos en un solo caso y obviar trámites burocráticos para actuar. Pero la historia tuvo un desgarrador desenlace, cuando el cadáver de la muchacha fue encontrado a pocas cuadras de la casa adonde fue a cumplir la cita.

Las partes del cuerpo estaban ocultas entre unos bultos de arena en una obra en construcción. Un obrero llegó a las 8:00 a.m. del viernes a levantar los costales, cuando notó que de ellos emanaba la sangre.

El sábado se presentó en la sede de la Sijín el exconvicto que recibió la última visita de Marjorie. Como principal sospechoso del asesinato, fue perseguido por la comunidad. Temiendo un linchamiento, solicitó la protección de las autoridades.

Entre estos bultos hallaron a la víctima, en Villa Hermosa.

El sujeto, de 34 años, fue judicializado por el homicidio agravado de la psicóloga. De acuerdo con la Policía Metropolitana, se trata de un hombre con antecedentes penales de acceso carnal violento, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

En la audiencia preliminar negó el cargo en su contra y fue enviado a prisión (de nuevo) como medida preventiva, mientras avanza el proceso. Las causas para matarla, presuntamente, no se conocen hasta ahora.

Este es el hombre judicializado por el crimen.

Esta desgracia debe servir para que el programa de atención a los pospenados reciba modificaciones. Es cierto que, si una persona está a punto de terminar su periodo de condena, se le dé la oportunidad de reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, cada caso es particular y enviar a una mujer sola a la casa de un hombre con antecedentes de violación, es un riesgo inminente. No sé si, después de lo ocurrido, otras funcionarias estén dispuestas a cumplirlo.

Ahora, no hay que condenar por adelantado al sospechoso, pero sí cuestionar a la Alcaldía por semejante exceso de confianza.

NOTA RELACIONADA: COMO BASURA tratan a sus víctimas

El Inspector.