Fuentes de Inteligencia le contaron a El Colombiano que se trata de “los Tatas”, cuyas acciones criminales comenzaron en el año 2010 en Popayán, la capital caucana. Esta es la reseña del caso, elaborada con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Una cámara de vigilancia captó el momento en el que los policías motorizados se encontraron con los ladrones disfrazados del CTI y la Sijín, antes del tiroteo. Imagen de cortesía.

Según registros policiales y de la Fiscalía, en un principio comenzaron como una célula de delincuencia común, que se dedicaba a atracar apartamentos y locales de motocicletas. Su nombre se lo deben a alias “la Tata”, una ladrona que dirigió los primeros golpes.

Las autoridades ejecutaron varias operaciones para desmantelar a ese grupo entre 2014 y 2017, pero al caer a las cárceles, sus integrantes establecieron alianzas con otras organizaciones, que les permitieron expandir sus operaciones criminales a diferentes regiones.

En el crecimiento de su operación clandestina fue crucial el apoyo de algunos exagentes de Policía de Pasto y de Popayán, que fueron destituidos de la Institución por hechos de corrupción. De acuerdo con la investigación, cuyos detalles fueron conocidos por este diario, esos exservidores públicos instruyeron a los asaltantes en una nueva modalidad de atracos: los falsos allanamientos.

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Benjamín León Gutiérrez (“el Gordo”) y a la derecha Germán Vivas Alzate (“Gafas”), ambos fueron los asaltantes heridos en Laureles. El segundo falleció. Cortesía.

Valiéndose de sus contactos en la Policía, conseguían uniformes y documentación oficial para disfrazarse de autoridad e ingresar a las residencias simulando un procedimiento legal. Una vez adentro, proceden a secuestrar a los inquilinos para ejecutar los robos.

También cambiaron el perfil de las víctimas y comenzaron a atracar las viviendas de jíbaros y narcotraficantes que acababan de reclamar sus ganancias, gracias a información obtenida de fuentes del bajo mundo y de los centros de análisis policiales.

En los últimos años se han documentado asaltos perpetrados por “los Tatas”, además de Popayán, en Armenia (Quindío) y Quibdó (Chocó). Fue esa dinámica criminal la que los trajo a Medellín el pasado mes de abril.

Los investigadores creen que analizaron a su objetivo durante varios días, antes de dar el golpe el fatídico 1° de mayo en el barrio Laureles. A las 9:00 a.m. llegaron en varios vehículos al edificio Praga, vistiendo chalecos y otros distintivos de la Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía.

Con una orden de captura fraudulenta, por el presunto delito de lavado de activos, ingresaron al apartamento de un ingeniero y sustrajeron $17 millones de pesos y joyas, que de antemano sabían que estaban en ese sitio.

A las 9:30 a.m. llegó al edificio una patrulla verdadera de la Policía, para atender un llamado de la ciudadanía por movimientos sospechosos. La motocicleta con los dos uniformados se topó en la calle con tres de los asaltantes, los cuales los intimidaron con pistolas.

El subintendente Juan Esteban Cortés Pérez se les enfrentó y se produjo un tiroteo, en el que él fue asesinado y dos de los ladrones disfrazados quedaron heridos. Los demás se dieron a la fuga en un taxi y varios carros.

Uno de los asaltantes heridos falleció horas después en Policlínica: Germán Vivas Alzate, de 43 años, oriundo de Popayán y apodado “Gafas”, quien tenía varios antecedentes judiciales por hurto y porte ilegal de armas, entre otros punibles.

Con esta imagen la Policía le rindió un homenaje a su héroe asesinado en Medellín. Cortesía.

El otro herido, quien fue llevado a la Clínica Medellín y se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, fue identificado como Benjamín León Gutiérrez (“el Gordo”), también de Popayán y con seis procesos penales abiertos por el delito de hurto. En 2017 había sido capturado y, ahora, por el crimen del policía, le emitieron una nueva orden de captura.

El análisis de las cámaras de vigilancia del vecindario les permitió a los investigadores del caso recuperar una pistola traumática que fue arrojada a un antejardín y localizar dos camionetas Kia Sportage y Renault Duster usadas en el falso allanamiento.

Los agentes de la Sijín también arrestaron a Jhon Steven Cuervo Olarte, de 27 años, sospechoso de conducir uno de los vehículos en los cuales escaparon “los Tatas”.

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó cargos por homicidio, porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado. Se declaró inocente, pero fue enviado a la cárcel como medida de aseguramiento.

Las autoridades recordaron que sigue vigente la recompensa de $100 millones de pesos para dar con los demás integrantes de la organización.

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El Inspector.

Entre 2018 y lo que va de 2021, se han presentado nueve robos en el Valle de Aburrá, en los cuales los atracadores utilizaron uniformes de la Fuerza Pública para incursionar en oficinas, casas, urbanizaciones y locales, de acuerdo con información de la Policía Metropolitana y fuentes judiciales.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el edificio Forum de El Poblado, donde realizaron un asalto mediante un falso allanamiento. Foto de Jéssica Cano.

El modus operandi es similar en todos los episodios: llegan en automotores y motos, portando distintivos de la Sijín, el CTI o el Ejército; también han empleado uniformes de empresas de seguridad, telecomunicaciones o mineras, según el lugar en el que se comete el delito.

Portan armas de corto y largo alcance, y al momento del falso operativo se distribuyen las tareas, entre quienes vigilan el exterior, los que someten a los ciudadanos presentes y aquellos que registran los recintos para cometer el saqueo.

En varios de los incidentes dramatizaron un allanamiento, con la excusa de buscar droga, armas o a una persona con orden de captura.

Así lo hicieron el pasado 26 de julio en el edificio Forum, de El Poblado, en Medellín. A las 10:45 a.m., 15 hombres incursionaron en la torre 1 del complejo de oficinas, armados y portando atuendos de la Sijín y la Policía de Vigilancia, según los testigos.

En el primer piso había 35 usuarios, a los cuales les pidieron celulares y cédulas. “Nos dijeron que estaban en un operativo para capturar a un narco”, narró una afectada.

Otra parte del grupo subió hasta el piso 17 e irrumpió en una comercializadora de oro. La puerta “fue violentada y abierta con un ariete policial”, informó la Administración del edificio en un comunicado.

Se robaron $400 millones en efectivo y 12 kilos de oro valorados en $2.000 millones, según el alcalde Daniel Quintero. A pesar de haber realizado el robo a plena luz del día, y en una zona congestionada de El Poblado, los delincuentes escaparon a la vista de todos, dejando afuera los celulares y cédulas de los visitantes.

“Se está investigando la actuación de los policías del sector. También la versión de algunos vigilantes, quienes dijeron que estuvieron reportando la situación por radio todo el tiempo, pero que en la central de llamadas los enredaban diciendo que no escuchaban”, detalló a este diario una fuente judicial.

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LA HUELLA CRIMINAL

La confusión y el miedo que sintieron los visitantes y empleados de Forum, fue similar a lo que padecieron una madre y sus dos hijos en el condominio San Gabriel, ubicado en la Loma de Los Balsos, de El Poblado. El pasado 16 de mayo, doce hombres disfrazados de Policía sometieron a los dos celadores, quitándoles sus respectivas armas.

Por una ventana ingresaron a la casa de la señora, a las 4:30 a.m., indicándole que tenían órdenes de allanamiento y de captura contra su esposo ausente. La amordazaron a ella y a los infantes, y se robaron una caja fuerte con $500 millones, 70 relojes de lujo y joyas, para un botín total de $3.000 millones.

El 11 de febrero anterior se había repetido la situación en una casa del barrio Santa Mónica, propiedad de una mujer que estaba en la cárcel. Cuatro hombres con atuendos policiales, dramatizando otra diligencia de registro, encerraron a la inquilina en el baño y hurtaron $140 millones en billetes y joyería.

El día antes, a un hotel del barrio El Poblado llegó media docena de supuestos policías, alegando que estaban verificando que no hubiera niños siendo víctimas de explotación sexual. Encerraron a los empleados e inquilinos en un cuarto y registraron otros tres, en los que estaban alojados tres turistas de la India. Usurparon dólares y demás objetos de valor por $98 millones.

Y el 10 de enero de este año, en una urbanización del sector La Mota, ocho hombres entraron con la excusa de mirar una casa para arrendar. Una vez dentro, sometieron al dueño, un abogado y negociante del Centro, indicándole que se trataba de una operación policial. Lo despojaron de $2.300 millones que tenía en una caja fuerte.

Según la Policía, en 2020 hubo dos casos, en 2019 otro y en 2018 uno más. El 15/12/20, cuatro sujetos con prendas de la Dijín sorprendieron al encargado de una compraventa del C.C. Bolívar Amador, en el centro de Medellín. Lo esposaron, diciéndole que estaba detenido, mientras le saqueaban el negocio, quitándole $195 millones en dinero y joyas.

Un caso más extremo sucedió en Envigado el 19/10/20, cuando los “actores” usaron un carro y una moto para interceptar una camioneta. A los ocupantes les contaron que tenían “un requerimiento de la Fiscalía”, los obligaron a guiarlos a su residencia y allá los despojaron de $260 millones.

Entre los golpes más raros estuvo el acaecido el 02/4/18 en el barrio Buenos Aires. Tres falsos uniformados ingresaron a una casa y le advirtieron a la víctima que venían a capturarlo. Si quería evitarlo, le dijeron, tenía que llamar a su hermano – cuyo nombre sabían de antemano – para que hiciera una transferencia electrónica de Bitcoin por $200 millones. Después, le robaron joyas tasadas en $8 millones.

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¿QUIÉNES SON?

Las fuentes judiciales consultadas por El Colombiano indicaron que en esta clase de asaltos participan tres tipos de redes, que actúan en nodos: en el primer eslabón están las personas que venden información, que saben a qué hora y en qué lugar hay caletas, bóvedas y altas sumas de dinero.

En el segundo, los que cometen el atraco, que cuentan con apoyo logístico para obtener armas, uniformes y vehículos; y en el tercero, los comerciantes y testaferros que ayudan a blanquear el oro, las joyas, relojes y fajos de plata.

En cuanto a los metales preciosos, la Fiscalía detectó el año pasado a una estructura dedicada a comercializar oro obtenido de forma clandestina en Antioquia y Chocó. El grupo era conocido como “los Bulldozer”, y trabajaba con mineral derivado de la explotación ilícita de yacimientos o de robos.

En noviembre fueron detenidos tres de sus presuntos integrantes. El informe del caso señaló que habrían lavado $120.000 millones, y que su logística incluía “camuflar y movilizar el dinero (de las ganancias) en taxis, vehículos de alta gama, llantas de repuesto o correos humanos”. La plata fue blanqueada en “establecimientos dedicados a la compra y venta de divisas, a la comercialización de metales o al alquiler de maquinaria pesada”, indicó el reporte.

En cuanto a quienes se disfrazan, los investigadores creen que se trata de bandas diferentes. Una de ellas, “los Branchos”, fue descubierta en mayo de 2021. Su especialidad era la piratería terrestre en el Valle de Aburrá, usando el atuendo de la Policía de Carreteras para hacer puestos de control e interceptar camiones con mercancía de valor.

Siete integrantes, entre ellos el cabecilla “Dólar”, fueron arrestados. Según el entonces comandante de la Policía Metropolitana, general Pablo Ruiz, “los Branchos” eran aliados de “el Mesa”, una peligrosa organización de Bello, con redes en Bogotá y otros departamentos, en los que es famosa por asaltar vehículos de transporte de valores.

Otro grupo con antecedentes es la banda “los Pesebreros”. El 10 de junio de 2020, sus integrantes llegaron a una mina de oro del municipio de Zaragoza. Iban en una camioneta con logos de Corantioquia y tenían uniformes de esa autoridad ambiental, para montar la farsa de una inspección administrativa.

Intimidaron a los trabajadores y se llevaron 47 lingotes avaluados en $7.500 millones.

Siete días después, la Sijín detuvo en el barrio La América, de la capital antioqueña, a alias “la Camila”, un miembro de “los Pesebreros”, en cuyo apartamento tenía un chaleco antibalas y cascos de minería. El comunicado policial detalló que “estaría encargado de coordinar hurtos a gran escala”.

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El nodo más enigmático de la cadena son los soplones al servicio de estas bandas, así como la recompensa que reciben por estas informaciones. “En investigaciones, nos enteramos que los dueños del dinero o el oro son los que cuentan a terceros dónde tienen estos botines. Lo dicen bajo el efecto del licor, o en compañía de mujeres prepagos, que tienen contactos con delincuentes”, narró un agente.

Sobre este fenómeno, buscamos una declaración de la Policía. Aunque no fue posible obtenerla, desde la entidad explicaron que de 2018 a la fecha han capturado a 67 personas por vestir uniformes de uso privativo de la Fuerza Pública, cinco de ellas en 2021.

Si sumamos los 10 casos documentados en los últimos cuatro años en el Aburrá (incluyendo el de Zaragoza), la cifra hurtada es de $16.106 millones en allanamientos o inspecciones fraudulentas.

La Policía recomendó a las empresas de seguridad privada, y a la ciudadanía en general, informar de manera inmediata cualquier sospecha en estos procedimientos, para actuar lo más pronto posible.

Y sobretodo, ser muy reservados con la información de los bienes, pues cualquiera podría ser el soplón que active el operativo criminal.

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ANEXO: SIN CAPTURAS POR EL CASO DE FORUM
Sobre el caso del edificio Forum, la administración del lugar señaló que tomaría “medidas preventivas adicionales”, que incluyen un mayor número de vigilantes de una empresa privada y rondas de la Policía de El Poblado.“Por el momento se desconoce quiénes ejecutaron el robo”, indicaron fuentes de la Fiscalía a EL COLOMBIANO. La investigación avanza de la mano de la Sijín, rastreando a los propietarios de tres vehículos sospechosos que fueron inmovilizados en la zona, después del atraco. Tres personas que habían sido detenidas merodeando en los alrededores, fueron dejadas en libertad.

El Inspector.

El hecho ocurrió a las 10:45 a.m. de este lunes 15 de marzo, cuando tres ciudadanos estaban en una camioneta blindada BMW en el conjunto residencial Finito, ubicado en la calle 23 con la carrera 41 del barrio Castropol.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En este vehículo se movilizaban las personas investigadas. Tras caer desde los parqueaderos del quinto piso, uno de los ocupantes falleció. Foto de Edwin Bustamante.

Según las indagaciones preliminares, los hombres venían de Cali  para visitar a un pariente que residía en uno de los apartamentos.

El vehículo era conducido por Willer Andrés Bermúdez López, de 19 años y nacido en Istmina (Chocó); sus acompañantes eran Luis Antonio Mosquera Aguilar, de 32 y también oriundo de Istmina, y Alex Ernesto Pineda Guerrero, de 38 y natural de Buenaventura (Valle del Cauca).

Willer Andrés trató de estacionarse en una de las celdas del parqueadero de visitantes, pero por causas que hasta ahora se desconocen, oprimió el acelerador, saltó los topes de concreto y destruyó el muro de contención, cayendo al vacío desde un quinto piso.

El fuerte impacto, tras la caída de la camioneta BMW desde el parqueadero, dejó expuesta esta caleta en el tablero frontal, dentro de la cual encontraron un revólver y dos pistolas. Cortesía de Policía.

La camioneta se estrelló a un costado de un parque infantil, quedando volcada con las llantas hacia el cielo. El conductor quedó consciente y pidió ayuda a los vecinos, que impotentes trataron de auxiliarlo mientras llegaba una ambulancia. Al sitio acudieron el vigilante, con un extintor, y el pariente que iban a visitar, quien se agarraba la cabeza y caminaba de un lado a otro con desespero, según los videos grabados por varios curiosos.

En el sitio perdió la vida Alex Pineda, mientras que Willer y Luis Antonio fueron rescatados por los bomberos y trasladados de urgencia a un centro médico.

En la mañana de este martes 16 de marzo, el general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, reveló que en la inspección al automotor fueron encontradas tres armas de fuego (un revólver y dos pistolas) en una caleta oculta en el tablero principal, “por lo que los dos sujetos lesionados serán puestos a disposición de la Fiscalía por porte ilegal de armas”. Los artefactos tenían sus respectivos proveedores llenos de balas.

En la BMW también había $6 millones en efectivo y los lesionados portaban cadenas de oro y joyas valoradas en cerca de $500 millones, de acuerdo con las autoridades.

Estas son las tres armas de fuego que, según la Policía, fueron encontradas en la caleta de la camioneta BMW. Foto cortesía de la Policía.

Después de este hallazgo, los policías allanaron el apartamento en el cual iban a hospedarse los visitantes, encontrando otra pistola marca Astra cromada, otros $156’950.950 en efectivo, 1.500 dólares y tres cajitas con 137 municiones para calibres 9 m.m., 22 m.m y 38 m.m. También decomisaron dos celulares y un computador portátil.

Algunos residentes de la urbanización manifestaron que en dicho apartamento eran frecuentes las rumbas, “con mujeres bonitas entrando y saliendo a toda hora”, y que justo después del accidente llegaron varios desconocidos a sacar cajas de forma desesperada.

“Estas personas venían a Medellín esporádicamente, estamos ahondando en la investigación con la Sipol (Seccional de Inteligencia Policial) de Cali, porque son altamente sospechosas”, indicó el general Ruiz.

Fuentes judiciales manifestaron que a ninguno de los tres ocupantes del BMW les figuran antecedentes penales, ni en la base de datos de la Fiscalía ni en la de la Procuraduría. Aún no se conoce a qué se dedicaban, aunque Willer Bermúdez les dijo a los investigadores que era comerciante.

En su contra ya hay una indagación preliminar adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, por el presunto porte ilegal de armas y el supuesto homicidio culposo de Alex Pineda, producto del accidente. Una vez se recupere, podrá rendir los descargos en una audiencia de control de garantías.

El dinero y los demás elementos encontrados en el allanamiento al apartamento que iban a visitar las personas accidentadas. Foto cortesía de la Policía.

Sobre las causas de lo ocurrido, una hipótesis que analizan los investigadores es que al parecer hubo una pelea entre los ocupantes, lo que produjo que el conductor perdiera el control del vehículo.

Otra teoría se fundamenta en un video de seguridad, en el cual se observa el automotor estacionado en la celda. Al lado está el pariente, dando unas indicaciones, y Willer se ubica en el puesto de piloto. Tras sentarse, reversa sin siquiera cerrar la puerta y se lleva el muro de contención, por lo que no se descarta la impericia.

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El Inspector.

El caso fue revelado este lunes (agosto 31), tras un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía Antinarcóticos en cuatro departamentos de Colombia.

Esta es la reseña del hecho elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Una de las propiedades ocupadas a alias “Tata”. Cortesía Fiscalía.

La acción judicial consistió en el embargo y secuestro de 69 bienes e inmuebles con fines de extinción de dominio, los cuales habrían sido gerenciados en su momento por Juan Diego Arango Cano, alias “Tata” o “Tatanacho”, asesinado en 2013.

“Él era un miembro reconocido de ‘la Oficina de Envigado’, encargado de cobrar ‘vacunas’ a sus víctimas para sustentar económicamente a la banda”, declaró Andrea Malagón, directora de la Dirección Nacional de Fiscalías para la Extinción de Dominio. Añadió que los bienes ocupados estaban a nombre de personas de su núcleo familiar y de testaferros.

El coronel Norberto Mujica Jaime, subdirector de la Policía Antinarcóticos, detalló que dichos bienes están valorados en 10.417 millones 353.000 pesos, divididos en 34 inmuebles, 12 vehículos, 19 cuentas bancarias y cuatro locales comerciales.

“Tata” los usaba, según el informe policial, para darles apariencia de legalidad a los dineros obtenidos mediante cobros ilegales, usando maniobras clandestinas “a través de las inversiones en compra de bienes y grandes extensiones de tierra en el sector rural y urbano”.

La mayoría de los inmuebles (apartamentos, casas, fincas y locales) están ubicados en Antioquia: Medellín (9), Envigado (7), Sabaneta (7), Mutatá (3), Maceo (2), y de a uno en Rionegro, Santa Bárbara, Itagüí, Bello, Caucasia y Puerto Berrío.

Entre las propiedades de Envigado hay un apartamento en Palo de Rosa, una urbanización que fue escenario de una masacre atribuida a “la Oficina” el 7 de agosto de 2009. Aquel día, mercenarios vestidos con prendas de la Sijín entraron a un apartamento y a punta de fusil mataron a dos mujeres y dos hombres, apodados “Yayo” y “Soldado”, quienes actuaban como asesinos a sueldo para la mafia.

La Fiscalía no especificó si el apartamento ocupado fue el mismo donde sucedió la matanza (ver la NOTA RELACIONADA: Acribilladas cuatro personas cuando dormían).

También se ocupó una propiedad en el municipio de Juan de Acosta (Atlántico), una en Pereira y otra en Bogotá.

El asesinato de Arango Cano ocurrió a la 1:30 p.m. del 15 de noviembre de 2013, en el sector Mayorca de Sabaneta. El comerciante de 46 años y padre de tres hijos, estaba en una fonda que había sido de su propiedad en el pasado, ubicada en la carrera 45A con la calle 72sur, cuando un sicario le disparó en la cabeza.

En esta fonda de Sabaneta ocurrió el asesinato de alias “Tata”. Archivo Q’Hubo.

La víctima fue trasladada al hospital de la localidad, donde no fue posible salvarle la vida, mientras que el agresor escapó en un automóvil Renault 19 con sus compinches.

El secretario de Gobierno de Sabaneta de ese entonces, Sebastián López, comentó que “algunas versiones de la gente indican que hacía días lo venían buscando”.

Sobre las causas del homicidio, la Fiscalía informó que todavía son materia de investigación. Una de las hipótesis que se ha manejado en el bajo mundo es que algunos cabecillas de “la Oficina” ordenaron su muerte, acusándolo de haberse cambiado de bando para “los Urabeños” (ver la NOTA RELACIONADA: Con “Patetigre” continuaría la racha de ataques al ala financiera).

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El Inspector.

La víctima, el investigador Fredy Baena Valencia, pertenecía al Grupo Caninos de la Seccional Medellín, encargado de dirigir los perros adiestrados en tareas de rescate, narcóticos y detección de explosivos. También estaba vinculado a una investigación por corrupción.

Baena era un veterano investigador del CTI en Medellín. Foto archivo.

Su cadáver fue hallado a las 10:00 p.m. de este jueves (15 de mayo), en un paraje de la vereda El Saladito, en el municipio de La Estrella, en el otro extremo del Valle de Aburrá, teniendo en cuenta que él vivía en la localidad de Bello.

Sus compañeros narraron que tenía las muñecas talladas, como si hubiese estado amarrado; laceraciones en la espaldas y moretones en la cara, que evidenciaban una tortura. Un proyectil de arma de fuego lo impactó en la cabeza, arrebatándole la vida. Cerca del cuerpo estaba su motocicleta de alto cilindraje Yamaha XT660.

El pasado 5 de marzo, Baena y otros dos investigadores del CTI, al igual que cinco militares (un capitán y cuatro suboficiales), fueron capturados en un operativo conjunto anticorrupción de la Fiscalía y el Ejército.

Según la denuncia instaurada por un ciudadano, en la madrugada del 20 de noviembre de 2013 llegaron varios vehículos militares a su residencia en El Poblado, en el suroriente de Medellín. Unos hombres con atuendos del CTI y el Ejército allanaron la propiedad y registraron al ofendido y a sus escoltas, robando dinero, joyas, celulares de alta gama y armas, por un valor de 500 millones de pesos.

Fue por esta acción que Baena y los otros siete servidores públicos fueron arrestados, de acuerdo con Róbinson Sanabria, jefe de la Unidad Nacional de la Fiscalía para la Investigación de Funcionarios Judiciales. Les abrieron cargos por hurto calificado, peculado por uso y falsedad en documento público.

Pero ocurrió algo insólito en este caso. La ley exige que todos los detenidos deben ser presentados ante un juez de control de garantías dentro de un plazo máximo de 36 horas después de la captura. La audiencia se realizaría en Bogotá y las autoridades no pudieron cumplir ese tiempo, por lo que los ocho procesados fueron dejados en libertad.

Para rematar, Baena, pese a estar inmerso en la investigación penal, no fue separado de su cargo. Tampoco asistió un mes después a la citación para la audiencia de imputación de cargos. A sus 38 años seguía vinculado al CTI, hasta el último día de su vida.

Sobre el fallecido circulaba también una información en los pasillos judiciales e internet, según la cual tendría relaciones clandestinas con integrantes de las bandas “los Chatas” y “El Mesa”, de Bello. No obstante, esta situación no fue confirmada y nunca le abrieron un expediente por ello.

Las autoridades trabajan en la reconstrucción del último día de Baena, tratando de establecer si fue raptado en algún sitio, o citado a un lugar para matarlo.

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El Inspector.

La acción fue desarrollada por la Dijín y la Dipol en la tarde de este miércoles (marzo 5) en la vereda Popalito. En una de las fincas, la Fiscalía 27 adscrita a la Unidad Nacional contra las Bandas Emergentes autorizó un allanamiento para ubicar un escondite con dinero, que al parecer pertenece a Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, el supuesto líder de la banda y narco más buscado del país. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Esta cantina de leche fue desenterrada en una finca de Sampués, Sucre (diciembre 2013). Contenía dinero de alias "Otoniel". Foto de cortesía.

En el sitio fue capturado un sobrino suyo, Víctor Úsuga, en compañía de otras tres personas, que supuestamente trabajaban con él: Libardo Humberto Zapata Zuluaga, Orlando Gómez Durango y José Urrego Sánchez.

El general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, manifestó que en una mesa de billar había varios fajos de dinero, así como en otras partes de la casa. Se presume que los sospechosos se preparaban para cambiar la plata de lugar.

El resto ha sido desenterrado en el predio, escondido en cantinas de leche. Hasta ahora se han encontrado cerca de 4.700 millones de pesos, pero la búsqueda no ha concluido.

Según fuentes cercanas al caso, la situación comenzó a complicarse cuando los detenidos indicaron que unos policías que habían llegado primero a la finca, para asegurarla antes del allanamiento, se llevaron parte del botín.

Los investigadores iniciaron la cacería y hallaron 330 millones de pesos en el apartamento de un policía de la estación de Barbosa, quien les confesó que otros cinco compañeros estarían implicados en el robo a la caleta.

Fue así como la Fiscalía capturó al teniente William Medina Vega, comandante de Barbosa; al subintendente Luis Páez Camargo; y a los patrulleros Ever Martínez Valencia, Pablo Rúa Cabarcas, René Mazo Correa y Jeisson Morelos Vargas.

Los cuatro supuestos “urabeños” serán procesados por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrato y porte ilegal de armas, pues les incautaron una escopeta calibre 20. Los policías tendrán que enfrentar cargos por prevaricato por omisión y peculado por apropiación, en la audiencia de mañana.

Como antecedente de este episodio, el pasado 12 de diciembre la Policía y la Fiscalía allanaron propiedades de “Otoniel” en los municipios de La Ceja, Medellín y Sampués (Sucre), decomisando 7.800 millones de pesos que estaban ocultos en apartamentos, fincas y bajo tierra, en pimpinas de leche.

En esa operación arrestaron a cuatro personas, incluyendo a su hermana Nini Johana Úsuga David (“la Negra”). El 27 de diciembre se fugaron de la cárcel El Pedregal con una orden de libertad fraudulenta, y hasta la fecha solo la mujer ha sido recapturada en Pereira.

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El Inspector.

Entre los detenidos hay cabecillas de ‘Los Chivos’, ‘La Mano de Dios’ y una facción adepta a ‘Los Urabeños’, como alias ‘La Colmillona’, ‘El Periodista’, ‘El Guerrillo’, ‘Chemín’ y ‘Nega’.

El Escuadrón Antimotines acordonó algunos lugares para evitar asonadas. Cortesía Policía.

La acción de las autoridades comenzó a las 6:00 a.m. de ayer y terminó a la medianoche, contabilizando 44 allanamientos. Varios sujetos lograron escapar, entre ellos un enlace de ‘Los Urabeños’ en el área conocido como ‘El Cucho’ o ‘El Viejo’.

Durante todo el día de hoy y el fin de semana continuarán las audiencias de control de garantías de los detenidos.

El general Yesid Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana, anunció que para consolidar la seguridad en el territorio, la Alcaldía construirá proximamente una estación policial.

Y es que la comunidad de Altavista viene sufriendo bastante por las balaceras, homicidios, amenazas y desplazamientos forzados en cabeza de los tres combos delincuenciales referidos. Esperemos que después de este operativo se calme la situación.

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El Inspector.

Alias ‘Frank’, de 36 años, es el hermano menor de Ericson Vargas Cardona, más conocido como ‘Sebastián’ o ‘Sebas’, el supuesto líder de la organización criminal ‘La Oficina’.

La nueva fotografía de alias 'Frank', revelada el 21 de febrero por la Policía Nacional.

A las 3:00 p.m. de este viernes (17 de febrero), los agentes de Inteligencia de la Policía lo interceptaron con total disimulo, vestidos de civil, sin generar aspavientos. Le notificaron la orden de captura en su contra y se lo llevaron para una sede policial en Guayabal, a confirmar su verdadera identidad, pues hasta ese momento había presentado una cédula falsa.

El general David Guzmán, comandante de la Región 6 de Policía, informó que el detenido tendrá que responder por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y falsedad en documento público. En el carro en que cual se movilizaba, de la marca española Seat, llevaba una peluca, un computador portátil y 6 teléfonos Black Berry.

La historia delincuencial de ‘Frank’ comenzó en los años 90, durante el auge y caída del cartel de Medellín. Allí integró una banda sicarial en el oriente de la capital antioqueña, en compañía de su hermano. Quienes lo conocieron en su momento, dicen que Franklin era más ‘atravesao’ que su pariente.

A mediados de la década inició la guerra entre la Casa Castaño y la banda ‘La Terraza’, y este hombre integró los comandos liderados por la primera facción, a órdenes de Diego Murillo, alias ‘Don Berna’.

‘Frank’,´para ese entonces, ya era temido en barrios como El Salvador, La Milagrosa, Loreto y Buenos Aires. La gente recuerda un episodio de 1999, cuando en plena vía pública le disparó a una exnovia, tan solo para asustarla. Un investigador afirma que las mujeres descontrolan a este personaje, que también es fanático de los caballos y de las fiestas electrónicas y after parties; este último gusto lo comparte con Ericson.

En los años recientes, el protagonismo entre ambos se invirtió. ‘Sebas’ encabezó una guerra al interior de ‘La Oficina’ contra ‘Valenciano’, siendo reseñado por las autoridades y su rostro publicado en todos los medios de comunicación. Incluso asignaron una recompensa de hasta 2.000 millones de pesos por ayuda para capturarlo.

La foto clásica de Franklin Andrés Vargas Cardona, junto a los fusiles Herstal que le incautaron en un apartamento de Envigado.

‘Frank’, en cambio, asumió un perfil bajo. Al parecer se sentía tan invisible, que al momento de su captura estaba desarmado en un sitio público, a plena luz del día.

La Fuerza Pública allanó un apartamento suyo en El Poblado, encontrando un fusil de asalto de fabricación austriaca, una pistola Walter P99, una mira telescópica, municiones de varios calibres, un automóvil Seat, bastantes celulares y USB, así como gran cantidad de joyas, entre ellas 17 relojes de lujo.

En el registro a otro de sus apartamentos, en el municipio de Envigado, incautaron 486 millones de pesos en efectivo, 5.000 dólares, 4.000 euros, 5 computadores portátiles y otro carro Seat. Sin embargo, lo más llamativo de este operativo fue el decomiso de dos fusiles belgas Herstal P90, los cuales disparan proyectiles de calibre 5.7×28 milímetros.

En la historia de la lucha contra el crimen organizado solo se han encontrado 4 de estas poderosas armas en Medellín: la primera fue en un apartamento de la Loma de Los Bernal, en 2010; después, el 12 de enero de 2012, en una residencia del barrio Las Palmas encontraron otro, junto a un arsenal que al parecer pertenecía a una banda de ‘Sebas’ (ver la NOTA RELACIONADA: En Medellín caen armas hasta en el pan).

El general Guzmán declaró que ‘Frank’ coordina los negocios de ‘Sebas’ en ausencia de este último. Al respecto, el mes pasado se especuló sobre la supuesta muerte de Ericson Vargas, sobre todo en los medios de comunicación capitalinos.

Sin embargo, ‘Sebas’ está vivo y fuera del país, en correría por Uruguay; lo acompañan su cónyuge Marcela y dos hijos, desde el pasado diciembre. El capo escribe desde allá a sus familiares.

Es de anotar que el sur del continente, particularmente Argentina, es un destino predilecto para los cabecillas de ‘La Oficina': por allí han pasado ‘Rogelio’, ‘Douglas’, ‘Valenciano’ y ‘Sebastián’.

El Inspector.

El incidente del arma camuflada en el alimento se presentó en el aeropuerto local Enrique Olaya Herrera, de acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana.

Por el arma incautada dentro del pan no hubo capturas, tampoco se ha esclarecido quién la iba a recibir en Carepa. Fotos cortesía de la Policía.

Un escáner de rayos X detectó la pistola calibre 7.65 con dos proveedores, la cual estaba dentro de un pan redondo, metido en la caja de un videojuego. La encomienda tenía como destino el municipio de Carepa, en el Urabá antioqueño.

No menos sorprendente es el arsenal encontrado en un apartamento del barrio Las Palmas, en el oriente de la ciudad, el pasado 12 de enero: un fusil Herstal de fabricación belga y calibre 5.7×28 milímetros (en Colombia se han incautado dos en toda la historia, ambos en Medellín), y dos pistolas FiveSeven del mismo calibre y fabricante.

A la izquierda se ve el fusil Herstal, con mira telescópica y de difícil consecución en el mercado de armas.

También tres pistolas Glock (dos de calibre 45 y otra de 9 milímetros) y dos pistolas Pietro Beretta, además de un par de silenciadores, municiones, radios de comunicación y cuatro motocicletas. En el allanamiento la Policía capturó a María Alexandra Monsalve Mejía, de 19 años, quien estaba en el apartamento de su novio con el arsenal.

La Fiscalía le imputó el delito de conservación de armas y municiones de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares, y el  Juzgado 41 Penal Municipal le impuso una detención domiciliaria como medida de aseguramiento mientras continúa el proceso penal.

Detalle de las pistolas FiveSeven con su respectiva munición. Les dicen las 'matapolicías' porque traspasan el chaleco antibalas.

El arsenal, indicó la Policía, pertenecía al combo ‘Las Palmas’, el cual trabaja para Ericson Vargas Cardona, alias ‘Sebas’, presunto cabecilla de la organización criminal ‘La Oficina’.

Para profundizar en el tema, los invito a repasar las siguientes NOTAS RELACIONADAS: El tráfico de armas se refina y aún no tiene freno,

El ‘San Andresito’ de las armas importadas y

Porte de armas de fuego está suspendido en Medellín.

El Inspector.

En un matorral del barrio La Pradera, metido entre costales, había un lanza granadas en buen estado. Es la prueba de que los combos del Área Metropolitana se están armando para una guerra grande, pues este aparato puede destruir el blindaje de un tanque.

Este es el lanza granadas encontrado en un matorral del barrio La Pradera. Sin duda no es para una guerra de esquina a esquina. Foto cortesía Policía.

De acuerdo con el informe policiaco, el arma tiene las siguientes características: lanza granadas RPG soviético, calibre 40mm, alcance 500 metros, empuñadura tipo pistola y con poder de destrucción de 30 metros a la redonda.

El reporte agrega que con esta arma, los criminales “habrían podido derribar los helicópteros que realizan los vuelos nocturnos en esta zona de la ciudad”.

Así fue encontrado el artefacto, por parte de la Sijín. No hubo capturados.

La banda de ‘La Pradera’ es patrocinada por Erickson Vargas Cardona, alias ‘Sebastián’, un cabecilla de ‘La Oficina’.

NOTA RELACIONADA: LAS ARMAS que engañan a la vista

El Inspector.

El crimen ocurrió a la 1:00 p.m. en el barrio Santa Lucía, un pacífico sector residencial del centrooccidente de la ciudad.

Este fue el lugar de los hechos, en el barrio Santa Lucía.

César Augusto Cano Granados, padre de tres hijos de 16, 14 y 11 años, acababa de dejar en su casa a dos de sus pequeños. Su tía, una adulta mayor, se dirigía a visitar un familiar enfermo, y el electricista se ofreció a llevarla.

Abordaron su automóvil y cuando no habían recorrido más de una cuadra, sucedió la tragedia, en la calle 48 con la carrera 92B. Los vecinos dicen que escucharon una balacera, pero no se sabe a ciencia cierta entre quiénes.

Un proyectil, al parecer de revólver, ingresó por el vidrio frontal del carro y perforó el pecho de Cano Granados. Un comerciante informal que estaba cerca, explicó a las autoridades que vio correr a dos muchachos, uno de ellos portando un arma. Le oyó decir a uno: “¡marica, matamos al que no era!”.

El herido fue llevado a la Unidad Intermedia de San Javier en un taxi, pero no logró sobrevivir. Sus allegados lo describieron como una excelente persona, un padre responsable “conocido por todo el mundo en el barrio”.

Varias personas indicaron que vieron entrar a tres presuntos agresores a un edificio, ubicado a unos diez pasos de donde recibió el tiro la víctima. Los tipos se metieron a un apartamento del tercer piso, mientras que la edificación fue rodeada por la Policía y los criminalistas del CTI.

En este edificio se ocultaron los sospechosos, que no fueron detenidos.

En ese momento, se conjugaron dos factores que salpicaron de impunidad e injusticia este incidente. Los uniformados, para poder ingresar al apartamento y detener a los sospechosos, requerían de una orden de allanamiento. De lo contrario sería un procedimiento ilegal y las pruebas encontradas adentro serían inútiles, al igual que las eventuales capturas.

Los criminalistas se comunicaron con el fiscal de Actos Urgentes, pero este se negó a tramitar la orden, salvo si los investigadores conseguían un testigo formal, que declarara con firma y huella haber visto a los sicarios entrando a esa residencia.

A este obstáculo legal (así a muchos no les guste el término), se le sumó la falta de colaboración de los vecinos, justificada por el miedo. Los investigadores comenzaron a buscar ese testigo de forma desesperada, pero la gente se negaba a convertirse en declarante. Todos los datos que se pudieron recopilar, fueron de manera informal.

Pasaron cinco horas y los sospechosos seguían encerrados. Nunca llegó la orden de allanamiento y los criminalistas se tuvieron que ir, para hacer la inspección técnica al cadáver en la Unidad Intermedia. Dos policías se quedaron en una esquina, a ver si los sujetos salían para requisarlos, pero a esas alturas ¿qué armas les iban a encontrar?

Lo único que pudieron hacer fue inmovilizar una motocicleta Yamaha RX-115 de color vinotinto, que estaba parqueada en la acera de acceso y al parecer está relacionada por los hechos.

Formalismos del sistema judicial y la insolidaridad de la comunidad. ¿Quién gana aquí? La delincuencia. ¿Quién pierde?

NOTA RELACIONADA: SIN UN TESTIGO valiente, no hay caso

El Inspector.