Aunque la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) atribuye esa oleada de homicidios a un intento por desprestigiar la mesa de conversaciones con los cabecillas que participan en la mesa de paz con el Gobierno Nacional, lo cierto es que se trata de una disputa interna en la banda “la Terraza”.

Estos son los personajes más buscados de Manrique, señalados de participar en la oleada de homicidios que inició en julio. Foto cortesía de la Policía.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, el primer muerto de la racha violenta fue Johan Daniel Mira Taborda, en la tarde del 25 de julio de 2023. Conducía una motocicleta BWS por las vías del barrio Manrique Central N°2, cuando fue interceptado por sicarios en una moto de alto cilindraje.

Mira Taborda, de 36 años, murió en medio de una lluvia de balas. Su historia era bastante particular: según habitantes del vecindario, vestía atuendos similares al uniforme de la Policía e incluso portaba un carné falso de esa Institución, con el cual simulaba ser policía en algunas situaciones.

El finado prestó su servicio militar en la Policía, entre los años 2006 y 2007, pero una vez terminado no continuó la carrera. “Este sujeto en diferentes actividades que desarrollaba manifestaba ser miembro activo de la Policía Nacional. Manifestamos que no ha sido parte de la institución como policía profesional en el servicio”, advirtió el coronel José Cristóbal Fonseca, subcomandante (e) encargado de la Policía Metropolitana.

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A partir de este suceso, se registraron múltiples ataques sicariales que afectaron el orden público en Manrique, entre los meses de julio y agosto. Las autoridades documentaron ocho asesinatos en las últimas semanas, al parecer todos relacionados con la misma situación, y Manrique, que en 2022 solo registró siete homicidios entre enero y el 26 de agosto de 2022, en idéntico lapso de 2023 ya ajusta 19 (un incremento superior al 150%).

Asesinato de Johan Mira Taborda, quien portaba un carné falso de la Policía. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Entre los crímenes más graves está también un brutal ataque ejecutado el 31 de julio, en el que hubo dos muertos y dos heridos. Sucedió en la carrera 43A con la calle 67 del barrio Manrique Oriental, adonde llegaron los asesinos en una moto de alto cilindraje y acribillaron a los presentes. Murieron  Yeison Alberto Gaviria Aguirre y Milton Alexis González García, de 34 y de 43 años, respectivamente.

Entre el 4 y el 9 de agosto circularon panfletos en varios vecindarios del área, anunciando una supuesta “limpieza social”, con imágenes de calaveras y fusiles, y mensajes como: “Llegó el momento de hacer una nueva limpieza para todos los vendedores y fumadores de drogas, foqueros, mariguaneros, ladrones callejeros, violadores, patinadores de carro, motos y fanfarrones”.

El 11 de agosto se produjo una balacera entre matones en moto, en el barrio Las Granjas, y las balas perdidas dejaron una persona muerta y tres heridas, que nada tenían que ver en la confrontación. El fallecido fue Jhon Jairo Muñoz, de 44 años, un trabajador de una empresa de telecomunicaciones, quien al momento del tiroteo estaba instalando unas redes de comunicaciones.

La situación de inseguridad generó dificultades de movilidad en la comuna, pues muchos taxistas se niegan a hacer carreras a Manrique. La Policía tuvo que reforzar sus patrullajes con 80 uniformados y creó un equipo de agentes judiciales y de Inteligencia para atender la problemática.

Este es el panfleto distribuido en agosto de 2023 en varios barrios de Manrique. Cortesía.

La Alcaldía ofrece hasta $100 millones de recompensa por información que conduzca a los responsables y se están repartiendo volantes con los alias de los más buscados de la zona, sospechosos de participar en la confrontación. Allí figuran 12 personajes: “Don Mármol”, “So”, “Tajada”, “Cerezo”, “Maquiud”, “Rayo”, “Beto”, “Camilito”, “Ochoa”, “Cabe”, “Juanjo” y “Coco”.

El incremento de la violencia generó cuestionamientos de la sociedad hacia la mesa de paz de la cárcel de Itagüí, instalada formalmente el pasado 2 de junio, entre el gobierno de Gustavo Petro y 17 voceros de las principales bandas del Valle de Aburrá. ¿Por qué se disparó la inseguridad, si se supone que todos los peces gordos están participando en el proyecto de paz?, se preguntaron los medellinenses en redes sociales y ante la prensa.

En respuesta, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) emitió un comunicado el 12 de agosto, indicando que estas acciones “buscan enrarecer el ambiente y sabotear el proceso de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá”.

Pero lo que en verdad parece ocurrir es una disputa interna en la organización criminal “la Terraza”, la cual agrupa a todas las bandas que delinquen en Manrique.

Las razones exactas no se han revelado, más allá de las clásicas rencillas territoriales por las plazas de vicio y las cuadras para extorsionar. Sin embargo, los investigadores temen que esto sea el inicio de un relevo en el mando de “la Terraza”, aprovechando que varios de sus jefes tradicionales planean “jubilarse” pactando un acuerdo con el Gobierno, que les permita retirarse conservando parte de la fortuna que cosecharon martirizando a la sociedad.

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El Inspector.

Este es el informe del caso elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La Policía tiene un dispositivo de vigilancia especial en varios barrios de la comuna de Guayabal, en Medellín. Foto de Julio César Herrera.

Una amenaza, una deuda y una cuchillada mortal. No es mucho más de lo que se sabe sobre un asesinato perpetrado en plena vía pública de Guayabal, una comuna del suroccidente de Medellín que registra un incremento del 180% en su indicador de homicidios.

El crimen sucedió a las 9:00 p.m. del anterior sábado 13 de noviembre, en el barrio Santa Fe. Testigos le contaron a las autoridades que una mujer, al parecer dedicada a actividades sexuales, fue interceptada por un motociclista que discutió airadamente con ella.

Segundos después le propinó una puñalada en el pecho, para luego escapar a toda velocidad. Los curiosos que se acercaron no sabían el nombre de la víctima, solamente que le decían “Diana”.

En medio de gritos detuvieron un taxi y la montaron. Uno de los auxiliadores se subió a la silla de atrás con ella, mientras llegaban a urgencias de la clínica Medellín de Occidente, donde los médicos confirmaron su muerte.

La difunta no tenía documentos de identidad y fue registrada como NN de 35 a 40 años. Algunos habitantes de calle del vecindario la conocían, y aseguraron a los investigadores que estaba amenazada por un cliente de sus servicios sexuales, quien la acusaba de haberle robado dinero.

“Ella temía por su vida”, dijeron los mendigos.

“Diana” fue la víctima número 14 de la violencia homicida en la comuna de Guayabal, en lo corrido de 2021 (con corte a noviembre 18).

Según datos del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc), el año pasado a esta misma fecha iban cinco asesinatos, lo que implica un aumento del 180%.

RADIOGRAFÍA DEL DELITO
La comuna 15 es una de las más pequeñas de la ciudad y apenas tiene nueve barrios. Los asesinatos de este año se concentran en tres de ellos, vecinos entre sí: Trinidad (5), Campoamor (3) y Santa Fe (2).

La estadística del Sisc arrojó que 12 de los 14 homicidios ocurrieron en vía pública, como el de “Diana”, y que ella ha sido la única mujer de esta mala racha, los demás occisos fueron hombres. La mayoría de ellos (6) estaban en el rango de edad de los 29 a los 45 años.

En cuanto al método de homicidio, en siete casos se emplearon armas de fuego y en otros siete armas blancas.

El Colombiano consultó analistas de la Fuerza Pública, buscando saber a qué se debe el aumento en las muertes violentas en esta zona. Algunos indicaron que el incremento era previsible, pues el año pasado las cuarentenas redujeron los casos a niveles históricos, y al regresar a la normalidad social era lógico que se retomaran los indicadores frecuentes; sin embargo, nadie esperaba que el crecimiento fuera del 180%.

“En Guayabal no tenemos una causa predominante, como en años anteriores, cuando casi todos los muertos eran por disputas de combos”, dijo una de las fuentes, añadiendo: “Este año vemos casos asociados a robos, intolerancia y ajustes de cuentas por negocios de narcotráfico”.

En cuanto a los homicidios ligados a hurtos, las autoridades han identificados dos hechos. El 27 de abril, en Campoamor, dos hombres asaltaron el local de un comerciante y lo hirieron con una pistola traumática; al intentar escapar, una turba de vecinos iracundos detuvo a uno de los sospechosos y lo mató a punta de golpes y puñaladas.

El 14 de octubre sucedió un evento similar en el mismo barrio, aunque la víctima fue el ciudadano atracado. Dos jóvenes asaltaron a Luis Carlos Fonnegra Londoño, de 72 años, y después le quitaron la vida con arma blanca. La comunidad apresó a los sospechosos y les dio una paliza, hasta que la Policía intervino y los llevó al calabozo.

Respecto a los ajustes de cuentas, a los que se atribuyen seis de las muertes, en Guayabal no hay actualmente conflictos activos entre bandas, pero la presencia de estos actores genera una tensa calma. La mayoría de grupos se dedican principalmente al tráfico local de estupefacientes, como “la 24”, “Alexpin”, “Cristo Rey”, “el Bolo”, “la Raya”, “la Cueva” y “el Coco”, entre otros.

Entre Trinidad y Santa Fe está Barrio Antioquia, un sector que hace décadas funciona como la mayor plaza de vicio y centro de acopio de drogas de Medellín, por lo que bandas de otras comunas y municipios extienden sus redes hasta Guayabal, para participar en ese mercado ilícito.

Este fenómeno, que no ha disminuido en el tiempo, provoca rencillas que se saldan con homicidios selectivos, y también es un riesgo de corrupción de los servidores públicos. De hecho, el peor caso de corrupción detectado en los últimos años en la Policía está relacionado con los nexos de 23 uniformados con las bandas de Barrio Antioquia; de ellos, 16 fueron enviados a prisión el año pasado.

PROYECTOS DE SEGURIDAD
¿Qué se requiere para mermar la violencia en Guayabal? El secretario de Seguridad, José Acevedo, precisó que si bien hay un aumento de homicidios con relación a 2020, si se compara con 2019 hay una reducción de 10 casos.

Afirmó que la Mesa de Homicidios, en la que participan la Alcaldía y las agencias de seguridad, ya tiene presente la situación de esta comuna, para intervenir “con investigación especializada, que incluye a la Policía del Cuadrante, la Policía Judicial y la tecnología que tenemos. Tenemos una vigilancia especial en los barrios Trinidad y Campoamor, donde hay que tomar acciones institucionales por parte de la Fuerza Pública y la Secretaría”.

Acevedo recordó que está en marcha la construcción de la estación policial de Guayabal (hoy la vigilancia la hace la estación de Belén), la adecuación de la sede de la Seccional de Inteligencia (Sipol) y de un laboratorio de automotores de la Sijín, “esta presencia institucional le ayudará mucho al sector”, dijo. Las obras están proyectadas para empezar a funcionar en marzo de 2022.

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El Inspector.

De acuerdo con investigadores judiciales consultados por Revelaciones del Bajo Mundo, los encargados de esos “trabajos” no necesariamente son integrantes de bandas, sino terceros especializados en esa truculenta modalidad, que trabajan bajo contrato.

Así fueron encontradas las dos mujeres en el barrio La Navarra, de Bello, en límites con Copacabana. El caso está ligado con el hallazgo de la noche anterior en la vereda El Noral de este último municipio. Foto de cortesía.

A las 8:45 p.m. del viernes 18 de junio de 2021, un hombre asustado llegó a la estación de Policía del municipio de Copacabana. Les dijo a los uniformados que acababa de ver un cadáver en la vereda El Noral.

Una patrulla se dirigió a la zona para verificar la información. En el sector conocido como El Chamito encontraron a la víctima, era un área boscosa, sin iluminación cercana ni cámaras de vigilancia.

El cuerpo estaba envuelto en papel adhesivo transparente, también llamado papel chicle. La forma en la que se cometió el homicidio quedó por establecer, pues los técnicos forenses de la Sijín se lo llevaron para Medicina Legal sin abrir el “capullo”. Horas más tarde, fue identificado como Wilson Alfonso Zapata Guisao, de 51 años y contratista de construcción.

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Cinco horas después se presentó un hallazgo similar, no muy lejos de allí. A la 1:40 de la madrugada en el barrio La Navarra, del vecino municipio de Bello, un mendigo alertó sobre los cuerpos a una patrulla que estaba cerca del peaje de Niquía.

En una manga de la diagonal 52 con la avenida 20, a un costado de la vía Bello-Copacabana, fueron dejados los dos cadáveres, envueltos de la misma manera que el caso anterior: con papel chicle y cinta adhesiva. Las víctimas resultaron ser dos mujeres: Diana María Jaramillo Henao y Nubia Isleny Pérez Cárdenas.

Las pesquisas preliminares apuntan a que Nubia, de 50 años, era la pareja de Wilson, y que Diana, de 49, era amiga de él. Los tres vivían en el barrio Cinco Estrellas (comuna de Fontidueño), en Bello, donde Diana además era líder comunitaria. Lo último que se supo es que fueron a cumplir una cita al barrio La Gabriela.

El general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana, declaró que los agentes de la Sijín ya están tras la pista de este caso.

Una situación que resalta es la manera en que envolvieron los cuerpos. Esta es una práctica común en el Valle de Aburrá, ejecutada por criminales expertos en esta clase de labores, que son contratados por bandas ilegales. De hecho, es el séptimo hallazgo de este tipo en el año y, si miramos años atrás, se presenta con cierta frecuencia (ver las notas relacionadas).

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Entre las organizaciones que acostumbran a contratar estos servicios están “la Oficina”, “la Terraza”, “los Pesebreros”, “los Triana”, “los Mondongueros” y “Caicedo”, entre otras.

Las víctimas suelen ser asesinadas en otros lugares, transportadas en vehículos durante la noche y abandonadas en sitios estratégicos, bien sea para evitar ser observados mientras sacan los cuerpos de los carros, o porque se trata de lugares cercanos a las facciones enemigas, para enviarles un mensaje de advertencia.

Otras modalidades detectadas en esta región incluyen abandonar los cadáveres dentro de taxis o automóviles particulares; el desmembramiento de los despojos humanos; la incineración del cuerpo y del lugar circundante; envoltura en sábanas, costales, colchones y basura, o con bolsas plásticas aprisionando la cara; introducción del occiso entero o sus partes en maletas o canecas que se abandonan en la calle; meter a la víctima en un recipiente o una fosa y vaciarle cal y cemento, entre otros.

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La prensa, la comunidad y las redes sociales le han atribuido toda serie de adjetivos a estos hallazgos: embolsados, enmaletados, descuartizados o encostalados, por citar algunos.

Estas aberraciones tienen un factor común: es muy difícil detectar a quienes las cometen y la mayoría quedan impunes. De hecho, las capturas de estos “carniceros” son muy inusuales.

Los investigadores judiciales relataron que, por lo general, las víctimas son asesinadas por una persona, pero es otra la que tiene la misión de deshacerse del cuerpo. De modo que, en el eventual caso de una captura, “es complicado imputarles el delito de homicidio, o tal vez solo en la modalidad de cómplices, que da menos años. También cabe judicializarlos por el cargo de irrespeto a cadáver, que si mucho da tres años de cárcel”, manifestó uno de los agentes.

Algunos de los “despachadores” de cadáveres más conocidos en el bajo mundo son alias “Carracas”, un expolicía del Gaula, señalado de hacerle esta clase de “favores” a la banda “la Oficina” y a las autodefensas paramilitares. Lo último que se supo de él fue que su familia reportó su desaparición en México, en 2014.

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El otro es conocido como “Guateque”, un exparamilitar mencionado en las averiguaciones por la muerte y desaparición de algunos cabecillas de las mafias de Medellín, Envigado y Bello, en la década del 2003 al 2013. Lo último que se supo de él es que se movía en el occidente de Medellín, entre Robledo y San Cristóbal, donde en 2018 fue detenido por la Policía. Un juez lo liberó al día siguiente, y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él.

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Los continuos hallazgos de víctimas, cuyos despojos aparecen de las maneras descritas en este artículo y en las notas relacionadas, hacen suponer que hay más carniceros de su tipo, actuando de forma impune en el Valle de Aburrá, un lugar donde al parecer abundan las personas que pagan por aniquilar.

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El Inspector.

Los residentes de esta zona del noroccidente de la ciudad padecieron un incremento sostenido de los homicidios desde principios de 2020, que osciló entre el 30% y el 35% durante la mayor parte de la anualidad y finalmente terminó en un 21% (a diciembre 25), al contabilizar 35 muertes, contra 29 de 2019. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El bulevar comercial de la carrera 68, en el barrio Castilla, es una de las zonas críticas por el cobro de extorsiones por parte de los combos. Foto de Juan Antonio Sánchez.

Estas cifras resultan extrañas al revisar el balance general, en el que el encierro producido por la pandemia de la covid-19, los pactos de no agresión entre las bandas criminales y los operativos de las autoridades, produjeron una mitigación histórica de los homicidios.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía (Sisc), entre el 1 de enero y el 25 de diciembre se documentaron 357 homicidios en la capital antioqueña, 221 menos que en ese lapso del año anterior, cuando ocurrieron 578.

Esto significó una reducción del 38.2% de los casos y, según la Alcaldía, la menor cantidad de muerte violentas de las últimas cuatro décadas.
Y entonces surge la pregunta: ¿Por qué esto no se reflejó en Castilla? ¿Qué pasó, para que ni siquiera una peste como la covid-19 apaciguara a los sicarios?

EL ESTALLIDO
En enero estalló un conflicto entre organizaciones criminales, que disparó los asesinatos, atentados y balaceras en la comuna. De acuerdo con fuentes de Inteligencia consultadas, se produjo una división interna en “los Mondongueros”, la banda que más hegemonía tiene en el bajo mundo de Castilla.

Esta ruptura, provocada por diferencias entre cabecillas, afectó las alianzas que históricamente tenían con otros grupos ilegales, como “los Machacos”. Hubo asesinatos de lado y lado, algunos de ellos en la comuna vecina del Doce de Octubre, como el perpetrado el 9 de marzo en una panadería del barrio La Esperanza, donde mercenarios motorizados mataron a un hombre y dejaron dos heridos.

Además de este conflicto, “los Mondongueros” también se enfrentaron a “la 40”, otra facción de la zona, con la que tenían rencillas del pasado.

Entre las víctimas de estas disputas estuvo Andrés Parra, alias “Milhouse”, un presunto coordinador de “los Mondongueros”. El 11 de enero conducía un carro en compañía de su esposa y dos niños, cuando los sicarios los atacaron en la calle 98 con la carrera 68 del barrio Castilla; su familia sobrevivió, pero él murió abaleado en la silla del piloto.

Información recopilada por la Fiscalía sugiere que los grupos armados de Castilla no participaron en un pacto de no agresión establecido por varios cabecillas del crimen organizado del Valle de Aburrá, acordado en la cárcel de Cómbita (Boyacá) a mediados del 2019, que redujo los conflictos entre bandas del área metropolitana.

Dicho acuerdo fue motivado por las pérdidas financieras y de otros recursos que estaban teniendo los delincuentes, producto de las disputas con rivales y la ofensiva de la Policía y la Fiscalía, que puso tras las rejas a varios peces gordos.

Al no hacer parte de dicho acuerdo, “los Mondongueros” y “los Machacos” encendieron la mecha de la violencia.

A partir de ese momento, los esfuerzos de las autoridades se concentraron en Castilla. El coronel Ómar Rodríguez, en ese entonces subcomandante de la Policía Metropolitana, declaró que se creó un dispositivo especial para la comuna 5, llamado “Plan Cazador”, con la pretensión de capturar a los principales cabecillas y sicarios involucrados en la confrontación.

El 15 de julio la Policía y la Alcaldía publicaron el cartel de los 22 delincuentes más buscados de esa comuna y ofrecieron $10 millones de recompensa por información que llevara a sus capturas.

Los volantes fueron distribuidos en las principales esquinas del sector, e incluían a cabecillas de “los Mondongueros” como alias “Chichón”, “Víctor M”, “el Tío” y “Mortadelo”; y de “los Machacos”, entre ellos “Dólar”, “James”, “el Cojo” y “Corozo”.

Un informe de la Secretaría de Seguridad señala que en 2020 fueron capturados 30 cabecillas de bandas del Valle de Aburrá, pero ninguno de ellos pertenece a las estructuras de Castilla, por lo que el “Plan Cazador” no ha cumplido su objetivo hasta ahora.

“UN LEÓN DORMIDO”
Las fuentes de Inteligencia afirmaron que la intensidad del conflicto se ha reducido. El pico más alto estuvo en mayo, cuando el incremento fue del 100% en el índice de homicidios comparado con 2019, y en la actualidad ya está en 21%. Sin embargo, el hecho de que ningún cabecilla importante haya sido detenido, mantiene una tensa calma en los vecindarios.

Carlos Arcila, exsubsecretario de DD.HH. de Medellín y líder social del noroccidente de la ciudad, comentó que “el conflicto en Castilla es de altibajos, es un león dormido, se apaga y cuando despierta son muy fuertes los enfrentamientos”.

Explicó que “ahora hay una relativa tranquilidad, pero siguen las extorsiones y las amenazas. La Policía judicializó a varios integrantes de las bandas y eso ayudó a disminuir el enfrentamiento”.

Desde la perspectiva de Arcila, para que Castilla pueda pasar de esa tensa calma a una paz completa, “se necesita una intervención profunda para evitar el reclutamiento de niños y jóvenes, porque estos conflictos aumentan esa necesidad de reclutar de los grupos armados”.

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El Inspector.

La racha negativa comenzó el pasado 9 de enero y a la fecha deja siete muertos y dos heridos por ataques con armas de fuego.

Escena del doble homicidio perpetrado el 10 de enero de 2019 en el barrio Llanaditas, de Medellín, durante un almuerzo familiar. Foto de Manuel Saldarriaga.

El primer homicidio sucedió lejos del sector, al otro lado de la ciudad, en el sector conocido como Belén Zafra. El comerciante Diverney Arroyave Tamayo, de 33 años, salió de su barrio Las Golondrinas hacia aquella zona, con el propósito de cobrar el dinero de una venta de ropa, según sus allegados.

A la 1:00 p.m. del 9 de enero se movilizaba en una moto, cuando un delincuente motorizado lo interceptó y le disparó. La víctima cayó al suelo, pidiendo ayuda, pero fue rematado por el asesino, quien dio la vuelta en la moto y regresó para apretar de nuevo el gatillo.

Dos horas después hubo otro homicidio en la comuna 8 (Villa Hermosa), en el barrio Sucre. Sicarios le quitaron la vida a Luis Miguel Ayala Patiño, de 24, en un ataque que dejó otras dos personas heridas en un taller de mecánica.

El 10 de enero se incrementaron las muertes de forma espeluznante. A las 3:00 p.m. unos sicarios irrumpieron en una casa del barrio Llanaditas, cuando los presentes estaban reunidos en un almuerzo familiar, y acribillaron a Róbinson de Jesús Zapata Ramírez, de 34 años y padre de cinco hijos; y al adolescente Hernán Molina Uribe, de 17, y quien tenía a la novia embarazada.

A las 10:00 p.m. matones motorizados le quitaron la vida a Charly Castaño Marulanda, de 22 años, en la frontera de los barrios Los Mangos y 13 de Noviembre. El joven estaba desempleado y acababa de llegar a su casa, disponiéndose a guardar su moto, cuando recibió los balazos.

Una hora más tarde mataron en el barrio Villatina a Juan Carlos López, de 30 años, cuando caminaba cerca de su vivienda.

El caso más reciente sucedió a las 6:00 p.m. del pasado 13 de enero, en una barbería del barrio El Pinal. Allí los atacantes llegaron por José Alexánder Torres Robledo, de 33 años y apodado “Cuchara”, quien trató de huir, pero fue perseguido y acribillado.

La situación tiene afectados a los habitantes de Enciso, Sucre, Los Mangos, El Pinal, 13 de Noviembre, Llanaditas y Villatina. Por las redes sociales, además, circularon mensajes amenazantes promoviendo un toque de queda.

La Alcaldía y la Policía han dicho que la crisis se debe a un enfrentamiento entre los combos “13 de Noviembre” y “los Conejos”. Lo paradójico es que estas tensiones delincuenciales se diagnosticaron en abril del año pasado, cuando se presentó una alerta en un consejo de seguridad, pero nunca se intervino la zona de manera apropiada y ahora la gente sufre la falta de contundencia de la institucionalidad.

La Secretaría de Seguridad informó que entre los sospechosos de promover la violencia están alias “Negro Junior”, “Calentura”, “Banano”, “Negrura”, “Tarzán”, “Mago” o “Magú”, “Gárgola”, “Orejas” y “Toguiar”, integrantes de “los Conejos”. Por parte de la banda “13 de Noviembre”, los implicados son “Edwin”, “Popeye”, “Soldo”, “Toñito”, “Eric”, “Paraco”, “Mellizo”, “Pablito”, “Chucho”, “Ánderson” y “Camarada”.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien brinde información para capturarlos.

El origen de la confrontación no está claro. Es cierto que se disputan las rentas criminales, aunque por ahora sigue bajo investigación la razón que detonó tantas muertes.

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El Inspector.

De acuerdo con la estadística oficial, en la semana del jueves 27 de diciembre al jueves 3 de enero se registró un asesinato cada 6 horas en promedio.

El 3 de enero de 2019 hallaron un cadáver masculino flotando en el río Medellín, a la altura de la estación Acevedo del Metro. Foto de Edwin Bustamante.

Los asesinos dejaron su huella en Itagüí (5), Bello (3 casos), Envigado (1), Sabaneta (1) y Girardota (1), pero como ya es costumbre, la mayoría de crímenes se concentraron en Medellín (22).

Los días más funestos fueron el domingo 30 de diciembre y el martes 1 de enero, pues cada uno puso 9 muertos en el área metropolitana.

La mayoría de asesinatos, tal cual lo ha reconocido la Alcaldía de Medellín, se deben a acciones del crimen organizado, seguido de los hechos de intolerancia y mala convivencia. Hubo acuchillados, cuerpos lanzados al río, violencia intrafamiliar y ajustes de cuentas. Triste decirlo, pero fue otra típica semana en el Valle de Aburrá.

Entre los hechos más graves, se registró el hallazgo de un cadáver masculino desmembrado, abandonado en tres bolsas de plástico en una vía del barrio Granada, en la comuna de Belén (1 de enero).

En una casa del barrio El Congolo, del municipio de Bello, a cuchilladas le quitaron la vida a la señora María Edith Mesa Montoya, de 65 años, y las autoridades sospechan de un familiar drogadicto (1 de enero).

En la vereda El Progreso, del municipio de Itagüí, se produjo un doble homicidio con arma de fuego (31 de diciembre). Las víctimas fueron Cristian Ortiz Ávila y Julián Roberto Mora Correa, ambos de 28 años.

En la cabecera urbana del corregimiento San Cristóbal, en el occidente de Medellín, mataron a Carlos Enrique Henao Martínez, de 38 años. Era propietario de una panadería, hasta donde llegó un joven y le disparó, para luego escapar en una motocicleta (diciembre 29). El informe preliminar de la Secretaría de Seguridad advierte que “este hecho obedecería a la negativa de Carlos Enrique a pagar una extorsión“.

TRIPLE HOMICIDIO EN LA COMUNA DE LAURELES

El episodio más violento sucedió a las 11:30 p,m, del 27 de diciembre, en el barrio Lorena del occidente de Medellín (comuna de Laureles). Dos matones a bordo de una motocicleta NKD roja llegaron al establecimiento Fania Parrilla & Bar, en la calle 43 con la carrera 76, y el pasajero se bajó portando una pistola Glock 9 milímetros con silenciador.

En el lugar departían varias personas, que no alcanzaron a reaccionar ante los disparos. Murieron Hernán Darío Rayo López, de 49 años y propietario del local; Johan Mauricio Ospina Bohórquez, diseñador gráfico de 35, quien departía en el sitio con una amiga; y el comerciante John Fredy Acevedo Roldán, de 50. Quedó herido de gravedad el comerciante John Jairo Cáceres Quintero, de 47 años.

En su huida, los sicarios dejaron abandonadas el arma de fuego (cuya numeración es visible y rastreable) y la motocicleta, las cuales fueron recuperadas por la Policía. A pesar de que el establecimiento está a una cuadra y media de la estación policial de Laureles, los uniformados les perdieron el rastro a los agresores.

Una de las teorías iniciales de las autoridades es que el ataque iba dirigido contra el comerciante John Fredy Acevedo Roldán, a quien algunas personas llamaban “Camellete”, quien recibió un balazo en el pecho y dos en el abdomen. En la base de datos policial figura que residía en el barrio Trinidad y tenía dos investigaciones penales en su contra, una por desplazamiento forzado (del 22 de marzo de 2008) y otra por lesiones culposas (22 de abril de 2009).

Los investigadores tratan de establecer si él era el mismo “Camellete” que delinque hace varios años en el Centro de Medellín, encargado de comercializar los elementos robados por los combos (relojes, celulares, joyas, partes de vehículos) en los centros comerciales Ópera y la Cascada, y en el sector La Bayadera. Al parecer, al homicida le habían dicho que el objetivo tenía escoltas, razón por la cual disparó contra los otros hombres que estaban cerca de él, que a la hora de la verdad ni siquiera se conocían entre sí. La hipótesis no ha sido confirmada ni descartada.

A esta racha de crímenes decembrinos y de enero se le añade otra dificultad: las vacaciones colectivas de la Fiscalía. En la primera semana de diciembre, debido a una resolución interna que ya ajusta varios años, el 85% de los empleados de la Fiscalía, CTI y Medicina Legal salieron a vacaciones, razón por la cual no hay investigadores suficientes para profundizar en los casos.

La situación también frenó varios operativos contra las bandas de la ciudad, que hubieran servido para mitigar la inseguridad en San Javier, Robledo y Altavista, pero que por falta de fiscales no hubo más remedio que agendarlos para la última semana de enero y febrero.

Medellín terminó el año 2018 c0n 626 homicidios y una tasa de 24.75 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El índice viene incrementándose desde 2015 (494 muertes), 2016 (544) y 2017 (582), y las autoridades lo atribuyen, como siempre, a las disputas entre combos delincuenciales.

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El Inspector.

Sus crímenes quedaron al descubierto tras una operación de la Dijín y la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. El caso cobró relevancia porque los mercenarios del grupo estarían implicados en una de las muertes ligadas al hurto de un botín multimillonario del Clan del Golfo.

Esta es la historia elaborada por El Colombiano, que Revelaciones del Bajo Mundo reproduce por considerarla de interés para sus lectores.

En una vía de Manrique mataron a “Deiby”, presunto enlace de “la Oficina de Laureles” con “la Terraza” (sept 17/18). Foto de Santiago Mesa.

Robarle 20.000 millones de pesos a la mafia equivale a invocar una sentencia de muerte. Significa que serás cazado por perros de presa, por hombres de corazón tan negro como los que contrataron para cobrarle con la vida al comerciante Carlos Andrés González Gómez.

Esta persona de 32 años era investigada por las autoridades, por su presunta participación en un asalto del 15 de octubre de 2017 a un edificio de El Poblado, en el que mataron a un caletero y hurtaron la millonaria suma de dinero, al parecer de propiedad del cartel narcotraficante Clan del Golfo. Hoy es difícil saber si él lo hizo, pues la mano de los verdugos actuó primero que la justicia.

El pasado 6 de abril González fue citado bajo amenazas a una edificación del barrio Conquistadores, en el occidente de Medellín. Apenas llegó a la recepción, fue sorprendido por un sicario que le disparó.

Cuando pretendía huir con un compinche en motocicleta, el asesino fue arrollado por un cuñado de la víctima, que esperaba afuera del edificio en un automóvil.

Los mercenarios escaparon corriendo, pero la moto que dejaron en la escena del crimen condujo a los investigadores al hallazgo de una célula criminal secreta, cuyo propósito es tan temido por la sociedad como apetecido por los postores del bajo mundo: matar a quien sea y cuando sea, a cambio de plata.

ESTAFANDO AL DIABLO
El difunto Juan de Dios Perdomo Bonilla había hecho fortuna con una dudosa reputación, pues entablaba negocios posando de agente deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol y representante del Consulado de Malta, sin pertenecer a estas instituciones.

La hipótesis de la Fiscalía es que una de esas negociaciones salió mal y que los estafados, al parecer, resultaron ser miembros de la organización criminal “la Oficina” que invirtieron dinero en la compra y venta de pases de futbolistas.

Para saldar la afrenta, los mafiosos contrataron a la célula sicarial, que envió a dos emisarios a la ciudad de Barranquilla. El 18 de febrero de 2018 acribillaron a Perdomo en un parqueadero, delante de su familia, dejando herido a un sobrino de 14 años.

Tras el ataque, la Policía capturó a uno de los agresores, Kevin Samir López Mejía. Este joven era el propietario de la moto abandonada posteriormente en el edificio en el que mataron al comerciante González, lo que puso a los agentes de la Dijín tras la pista de una organización involucrada en esos dos homicidios.

El celular de Kevin López fue interceptado, lo que llevó a los detectives a identificar a otros miembros del grupo. El muchacho de 27 años hablaba con desparpajo desde la cárcel El Bosque, de Barranquilla. Pedía dinero para su sostenimiento, se jactaba de estar en una celda para él solo, con TV y ventilación, y aseguraba que si la condena era muy alta, se fugaba, “porque la salida de acá es muy fácil”.

La captura del presunto sicario Kevin López, en Barranquilla, fue vital para identificar al resto de la banda. Foto cortesía de Policía.

EL TERRITORIO DE LA JAURÍA
Las interceptaciones telefónicas revelaron que, si bien su principal objetivo era el homicidio por contrato, con cobros que iban de $20 a $100 millones, la célula gestionaba otras rentas ilícitas, como la extorsión y el tráfico de drogas.

El territorio en el que ejercían esas actividades, por lo menos desde 2016, eran los barrios Lorena y Laureles, en la comuna 11 de Medellín, y al parecer iban a incursionar en el sector Ciudad del Río, en el barrio Colombia.

Cada mes cobraban entre $100.000 y $200.000 a algunos establecimientos comerciales del primer y segundo parque de Laureles, la avenida Ochenta y la calle San Juan. Los buses de servicio público tampoco se escapaban.

En sus conversaciones se referían a la droga como “los palitos”, “dulces”, “tamales” y “el mango biche”. Cada vez que expendían o cobraban la extorsión, se identificaban como “los de la vuelta de Laureles” o “los de la tiendita”, refiriéndose a un local de la carrera 80B con la calle 40 que usaban como guarida.

Nadie más podía delinquir en la zona sin su autorización, porque ellos regían con brutalidad. Prueba de esto fue la muerte de Juan David Rendón Betancur, un joven de 27 años que diseñaba tatuajes, joyería y expansores para las orejas.

Sucedió en la noche del 29 de mayo anterior. La banda tenía información de que había personas comerciando droga “de contrabando” – sin su permiso-, por medio de domicilios en Lorena. Fingieron ser clientes e hicieron un pedido de éxtasis y 2CB a la tienda, adonde llegó Rendón con la mercancía, sin saber que se trataba de una celada.

Cuatro chacales lo sometieron y le advirtieron que ellos eran los jefes de la plaza. Para dejarlo vivir, tendría que pagar $2 millones de multa.

El retenido llamó a familiares y amigos, implorando por un préstamo de urgencia. Fueron más de 10 llamados de angustia, en los que el tono de los captores se volvía más violento. “Contésteme pues, es que a su hermanito lo voy es a picar y se lo voy a mandar embolsado”, amenazó uno de ellos al interlocutor.

La última llamada fue a la 1:40 a.m. del 30 de mayo. Rendón, en medio del llanto, le contó a un hermano que ya le habían cortado el pelo y que lo estaban torturando. Fue lo último que dijo. Su cadáver fue hallado en la madrugada en una acera del barrio El Velódromo, con 34 heridas producidas con destornillador.

Esa vez nadie les pagó por el homicidio, solo lo hicieron para enviar un mensaje: aquí mandamos nosotros.

Aunque fue un golpe duro contra la célula sicarial, aún quedan miembros por capturar. Cortesía.

LAZOS CRIMINALES
La Dijín, la Sipol y la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada se unieron para desenmascarar a la facción que venía dejando esta hilera de muertos, y de la que muy poco se sabía en los corrillos policiales.

Gracias a las interceptaciones, se enteraron que uno de sus principales cabecillas era, presuntamente, Víctor Hugo Benítez (“Repelín”). Su nombre saltó a escena el 14/4/18, cuando fue detenido en el distrito de San Miguelito, en Panamá, portando 200 kilos de cocaína junto a un guatemalteco.

Tras lo sucedido, la jefatura del grupo quedó en cabeza de Juan Pablo Henao Correa (“el Mono”), con sus supuestos coordinadores Carlos Esteban Londoño (“el Cabe”), Esteban Urrea Cano (“Muleta”) y Andrés Pérez Orrego (“el Pulpo”).

Del sicariato se encargaban, al parecer, Santiago Lopera Restrepo (“Peludo”), Didier Torres Gómez (“Didier”), Brayan Múnera Rendón (“Múnera”) y el citado Kevin López Mejía (“Kevin”).

Varios de estos integrantes se coordinaron, según el expediente, para ejecutar otro contrato letal en el que el blanco era Francy Milena Velásquez Vargas, de 32 años y empleada de una óptica de El Poblado.

La acecharon durante una semana y el pasado 18 de julio le dispararon en la cabeza a una cuadra de su casa, en el barrio Triana de Itagüí.

La secuencia de asesinatos paró el 26 de septiembre, cuando los policías capturaron a los miembros de la agrupación, que bautizaron como “la Oficina de Laureles”. A los investigadores les llamó la atención que los cabecillas y coordinadores provenían de familias de estrato alto, que eran “hijos de papi”.

Los ocho detenidos (incluyendo a Kevin) señalaron que eran independientes, pero los agentes encontraron un vínculo con la banda “la Terraza”, que delinque hace más de una década en Medellín.

El enlace entre las facciones era, presuntamente, Arbey Acevedo Restrepo (“Deiby”). Los agentes no alcanzaron a capturarlo porque nueve días antes del operativo, otros sicarios lo aniquilaron cuando conducía una moto por una vía de Manrique Oriental.

En los allanamientos del 26/9/18, a los integrantes de “la Oficina de Laureles” les decomisaron un automóvil, dos motocicletas, una pistola con silenciador y un proveedor expansivo, 3,5 kilos de marihuana, 200 gramos de cocaína y 15 gramos de 2CB.

La Fiscalía les imputó homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado, tráfico de drogas, porte ilegal de armas y concierto para delinquir agravado. Los ocho procesados no aceptaron los cargos. El juzgado les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

En la audiencia de control de garantías, a los procesados les endilgaron precisamente los asesinatos del mánager de futbolistas Juan de Dios Perdomo, el diseñador de tatuajes Juan David Rendón, la empleada Francy Velásquez y el comerciante Carlos González.

Sobre este último, la participación de “la Oficina de Laureles” podría arrojar luces sobre el misterioso caso del robo a la multimillonaria caleta del Clan del Golfo, pues a la fecha se han registrado cuatro muertes ligadas a este hecho, tal cual denunció El Colombiano anteriormente (ver el anexo).

Los detenidos están en los calabozos de la Sijín, esperando la remisión a la cárcel. No han querido decir quiénes los contrataban. Por experiencia saben que hablar tiene un duro precio que se paga en esta vida.

NOTA RELACIONADA: La mortal cacería en Medellín del tesoro maldito del Clan del Golfo.

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ANEXO: EL CASO DEL ROBO DE CALETA AL CLAN DEL GOLFO

El pasado 25 de junio en un reportaje titulado “Un botín de la mafia deja su rastro de víctimas”, El Colombiano denunció una serie de asesinatos relacionados con el robo de 20.000 millones de pesos a la organización criminal Clan del Golfo en Medellín. La historia comenzó el 15 de octubre de 2017, cuando unas personas asaltaron un apartamento en una urbanización de El Poblado, mataron al inquilino Jhon James Palacio Madrid y hurtaron la millonaria suma.

La situación provocó una oleada de retaliaciones, en especial porque, al parecer, quienes robaron el botín no entregaron todas las ganancias a sus jefes. Tras lo sucedido, fue asesinado Jhonattan David Monsalve Acuesta (“Chinga Mala”), en el barrio Campo Valdés (17/10/17).

Luego mataron al comerciante Carlos Andrés González Gómez, en el barrio Conquistadores (06/4/18). Las autoridades presumen que el dinero estaba en su apartamento, y que ese mismo día fue cambiado de lugar.

En el edificio donde él vivía, en el mismo Conquistadores, un grupo ilegal forzó la puerta del garaje y trató de ingresar a su residencia para buscar la caleta, el 13 de abril, sin éxito. En la entrada de esa edificación, mataron el 18 de abril al conductor Wilman Andrés García Correa, cuando llegaba a entregarle medicinas a un inquilino.

A la fecha no se conoce el paradero del botín del Clan del Golfo, pero siguen apareciendo víctimas de esta situación en la ciudad.

El Inspector.

Aunque se cree que puede haber más víctimas en este caso, las autoridades apenas están atando los cabos. La historia quedó expuesta en una investigación periodística de El Colombiano, cuyo título original es “Un botín de la mafia deja su rastro de víctimas”. Por considerarlo de interés para sus lectores, Revelaciones del Bajo Mundo reproduce el reportaje a continuación.

De un apartamento de la urbanización Trigales, en El Poblado, robaron el tesoro de la organización Clan del Golfo o “los Urabeños”, en octubre de 2017. Foto de Róbinson Sáenz.

El vigilante hacía el aseo en la portería del edificio Trigales, en El Poblado, cuando con el rabillo del ojo captó algo extraño en el monitor de las cámaras de seguridad. Desconocidos salían del apartamento 610, cargando unas cajas de cartón. Eran las 00:44 del 15 de octubre de 2017, por lo que era improbable que se tratara de un trasteo. Por radio le ordenó al rondero que subiera a averiguar qué pasaba, y cuando pretendía informar a la empresa de vigilancia, un hombre irrumpió en el recinto, le apuntó con un revólver y le dijo que se encerrara en el baño.

Ajeno a la situación, el rondero caminaba hacia el ascensor. Le llamó la atención que en el parqueadero había una camioneta gris de vidrios polarizados, obstruyendo la salida. En ese instante se abrió la compuerta del elevador. “No se haga matar, que esto no es con usted”, le advirtió un delincuente, empuñando una pistola con silenciador. Pálido del susto, observó que cinco personas, incluida una mujer, abordaban la camioneta, llevando cajas repletas de dinero.

Después de cinco minutos interminables, el vigilante abrió la puerta del baño. Ya no estaba el hombre armado, pero se había llevado el radio portátil y el DVR con la grabación de las cámaras. Recordó que en el 610 vivía hacía dos meses el inquilino Jhon James Palacio Madrid, de 39 años, quien nunca salía del apartamento. Algo grave había pasado.

El reporte preliminar de las autoridades señaló que los patrulleros encontraron la puerta entreabierta, un equipo de sonido encendido y algunos billetes regados en el suelo. En el baño yacía el cadáver de Palacio, con cuatro heridas de puñal en la cabeza.

El general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó en ese entonces que en el lugar había una importante suma de dinero, que fue robada, sin dar más detalles.

Fuentes judiciales, que solicitaron la reserva de la identidad por tratarse de una investigación en curso, explicaron a este diario que el apartamento escondía una caleta de la organización narcotraficante Clan del Golfo, con un botín estimado de 20.000 millones de pesos.

El paradero de la fortuna ilícita se desconoce, pero la codicia por ese tesoro de la mafia está dejando una estela de sangre en las calles de Medellín. El Colombiano conoció que las autoridades investigan cuatro asesinatos, entre ellos el de Jhon Palacio, que al parecer estarían relacionados con el incidente de la caleta.

UNA CITA FATAL
El 6 de abril de 2018 el comerciante Carlos Andrés González Gómez, de 32 años y nacido en el municipio de Ciudad Bolívar, recibió una llamada que lo dejó perplejo. Un tal Darío le dijo que tenía que rendir cuentas por un atentado ocurrido en Las Palmas y lo citó a una reunión en el edificio Moderatto, ubicado en el barrio Conquistadores de Medellín.

Comerciante Carlos Andrés González, asesinado en abril de 2018. Cortesía.

Según el informe oficial del caso, González llegó en automóvil a las 7:30 p.m. de ese día, portando un morral con 3’450.000 pesos en billetes de $50.000. Le pidió a su cuñado que lo esperara con el motor encendido, mientras entraba a la recepción a preguntar por Nando, al parecer la mano derecha de Darío. Ingresó a la edificación, anunció su llegada y a los pocos segundos arribaron dos hombres en una motocicleta Yamaha negra.

El parrillero, cubierto con el casco, se bajó con una pistola 9 milímetros y persiguió al comerciante hasta el parqueadero, donde le quitó la vida a balazos. Cuando quería huir, el cuñado de la víctima embistió la motocicleta con el carro, y no le dejó más opción que correr junto a su compinche.

La moto abandonada la incautó el CTI. Al verificar la placa en la base de datos judicial, los investigadores hallaron una coincidencia. El año pasado (09/9/17) la Policía había detenido a un presunto sicario con esa moto: Kevin Samir López Mejía, con antecedentes por porte ilegal de armas y de estupefacientes.

El mismo muchacho, de 27 años, está implicado en otro homicidio ocurrido el pasado 18 de febrero en Barranquilla. El finado fue Juan de Dios Perdomo Bonilla, de 52 años y quien posaba de agente deportivo; solía andar con carnés y tarjetas fraudulentas de la Federación Colombiana de Fútbol y el Consulado de la República de Malta.

Lo abalearon en plena vía pública y en la reacción policial fue capturado Kevin López, con dos pistolas, tres proveedores y un silenciador. El general Mariano Botero, comandante de la Policía de Barranquilla, indicó a los medios locales que el detenido había sido enviado desde Medellín por una oficina de cobros sicariales, que ordenó la muerte de Perdomo por un negocio que salió mal en la capital antioqueña, aunque sin precisar de qué tipo.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, el comerciante Carlos González hacía parte de una investigación preliminar por su supuesta participación en el hurto de la caleta de El Poblado, aunque a la fecha de su muerte no le habían expedido orden de captura. Lo que sucedió después de su partida al más allá, arrojó mayores intrigas a este expediente.

Juan Perdomo, asesinado en Barranquilla, se identificaba con este carné falso de la Federación Colombiana de Fútbol. Cortesía.

CAZADORES DEL TESORO
Al mismo tiempo que los técnicos del CTI inspeccionaban la escena del crimen, en la que quedó el cuerpo de González, un hecho inusual se presentaba en su apartamento del edificio Azure, a seis cuadras de distancia, en el mismo barrio Conquistadores.

Testigos narraron a los agentes que un grupo de personas entró con llaves al apartamento 801 y extrajo varias cajas de cartón y bolsas negras de basura. Las guardaron en dos camionetas y se fueron. La hipótesis del caso apunta a que allí estaba guardado el tesoro del Clan del Golfo y que lo trasladaron a otro escondite.

A los seis días, a las 3:47 p.m. del 12 de abril de 2018, cinco hombres llegaron a la entrada de Azure. Tocaron el timbre del citófono, mas nadie les abrió. Tal cual consta en las grabaciones de las cámaras de seguridad, de sus mochilas sacaron chaquetas y gorras con los emblemas de la Policía, pero los tatuajes y corte de cabello de uno de los ellos, hacen dudar de que en verdad se tratara de servidores públicos.

Permanecieron 16 minutos ante la puerta de la edificación, con el aparente propósito de simular un allanamiento, y luego se fueron. Se presume que querían subir al apartamento de González y esa idea está respaldada por los hechos de la noche siguiente.

A las 10:33 p.m. del 13 de abril de 2018, las cámaras de Azure captaron a dos hombres que se aproximaron a la puerta levadiza del garaje. Intentaron levantarla a la fuerza, pero no pudieron. Cinco minutos más tarde regresaron con refuerzos, y entre seis personas la alzaron parcialmente, rompiendo el mecanismo de seguridad conectado al motor de la puerta.

Mientras unos cómplices vigilaban afuera, arrimaron en reversa un automóvil Nissan March gris a la rampa de acceso al garaje, para encubrir lo que hacían, y taparon la placa con una chaqueta. Una mujer que hablaba por celular les transmitía las órdenes a los demás, que se pusieron guantes de látex para no dejar huellas y abordaron el ascensor hacia el octavo piso.

Los hombres con atuendo de policías que intentaron ingresar al edificio Azure. Cortesía.

Allí se toparon con una sorpresa: la puerta del apartamento 801 era blindada. Fracasaron forzando la chapa con una barra metálica y como último recurso le dispararon varias veces, sin lograr abrirla. La bulla alertó a los vecinos del 802, que se asomaron y fueron encañonados por los invasores.

El asalto estaba durando más de lo pensado y la banda al parecer se sintió expuesta cuando a la entrada del edificio llegó un domiciliario a las 10:53 p.m. El joven timbraba y nadie le respondía, así que decidió esperar.

Seis minutos más tarde apareció una patrulla motorizada de la Policía. Uno de los uniformados entabló conversación con el domiciliario, al tiempo que su compañero hacía algo que los detectives consideran sospechoso: encendió las luces de sirena de la moto por cinco segundos y luego las apagó. Se cree que era una señal en clave, porque en breve empezaron a salir los asaltantes por el estacionamiento.

Uno de los policías requisó a dos y el colega intentó perseguir a otro, pero todos se evadieron del lugar y se llevaron el carro sin mayor dificultad. Los patrulleros quedaron solos, y apenas en ese instante, a las 11:05 p.m., ingresaron al garaje y reportaron a la central que hubo un intento de robo (para ver los videos de este cas0, HAGA CLICK AQUÍ).

A varias cuadras de distancia, otra patrulla arrestó a dos hombres que tenían una actitud misteriosa, pero tiempo después quedaron en libertad, pues no se corroboró que estuvieran ligados al incidente.

Los desconocidos fallaron de nuevo en la búsqueda del botín, aunque esta trama tendría reservado un episodio más de violencia.

DAÑOS COLATERALES
En el apartamento 802 de Azure, vecino del comerciante González, vivía un ingeniero civil de 40 años, directivo de una firma constructora. El profesional se recuperaba de las heridas sufridas en un ataque a bala ocurrido el anterior 3 de abril en el barrio La Castellana, y aún estaba convaleciente en la noche del día 13, cuando fue encañonado junto a sus familiares por los invasores que trataron de penetrar la puerta acorazada del 801.

El conductor Wilman García fue asesinado en la entrada del edificio Azure, en el barrio Conquistadores. Cortesía.

Desde el atentado, su empresa enviaba con frecuencia al edificio al conductor Wilman Andrés García Correa, de 40 años, para que le entregara los medicamentos que recetó el doctor.

A las 6:30 p.m. del 18 de abril de 2018, cinco días después de la incursión de la banda a la edificación, el chofer llegó al lugar en una camioneta, llevando los remedios como de costumbre. Caminó hasta la entrada de Azure y justo allí fue asesinado a tiros por un joven que lo sorprendió por la espalda.

Para los investigadores, esta muerte podría relacionarse con la del comerciante y analizan si el atentado sufrido por el ingeniero es el mismo por el cual citaron a rendir cuentas a González, en la fecha de su ejecución. Tampoco se descarta que el homicidio de Barranquilla esté ligado con esta historia, por la conexión del supuesto sicario con la moto incautada en el barrio Conquistadores.

Por lo pronto, el caso está repartido en cuatro despachos de la Fiscalía. Lo grave es que el tesoro del Clan del Golfo sigue rodando por la ciudad. Su paradero es una incógnita para las autoridades, que lo persiguen atando los cabos de los muertos que deja a su paso.

NOTA RELACIONADA: Capturan 6 policías por robo de caleta a “los Urabeños”.

El Inspector.

El hecho más reciente fue un doble homicidio, que incrementó la zozobra de la comunidad porque los escenarios de muerte fueron dos buses de servicio público.

En este bus fue asesinado el adolescente de 17 años, en cercanías al parque de San Cristóbal. Foto de Róbinson Sáenz.

De acuerdo con la información preliminar recolectada por las autoridades, en la mañana de este jueves 15 de junio la comunidad vio juntos a Johan Andrés Galeano Cuartas y Alejandro Martínez Barrientos, de 22 y 17 años, respectivamente.

Algunas personas los señalaron de estar cobrando extorsiones (“vacunas”) a los buses y a locales comerciales del parque de San Cristóbal, y al parecer le avisaron a la banda del sector, que comenzó la cacería.

Cada uno de los muchachos abordó un bus diferente, para salir de la zona, sin percatarse de que los seguían.

El primer ataque sucedió a las 2:20 p.m. en el bus en que viajaba Johan Galeano, justo cuando transitaba por la vereda La Loma. Según la narración de los testigos a la Policía, dos hombres tocaron el timbre para bajarse por la puerta trasera. Cuando el conductor detuvo la marcha, uno de ellos le acertó un disparo en la cabeza al joven.

Luego huyeron con rumbo desconocido, mientras el busero se dirigía a la Unidad Intermedia de San Javier, adonde el pasajero llegó sin signos vitales.

Quince minutos después ocurrió el segundo incidente, en la cabecera corregimental. El informe inicial de la Secretaría de Seguridad precisa que el adolescente Martínez al parecer le estaba cobrando la “vacuna” al conductor, y en ese instante subió un asesino. Obligó a los pasajeros a descender del vehículo, condujo a la víctima hasta la silla trasera y allí le disparó tres veces.

Por el momento no se ha establecido cuál banda delincuencial perpetró los homicidios.

NOTA RELACIONADA: Muerte de cabecilla y sicariato afectan a Robledo y San Cristóbal.

El Inspector.

La Alcaldía ofreció 30 millones de pesos para quien dé información que conduzca a las capturas de estas personas, cuyos grupos delictivos actúan  en las comunas 5 y 7 (Castilla y Robledo).

Estos son los volantes que distribuye la Policía, ofreciendo la recompensa contra alias “el Diablo” y su enemigo “Gordo Arepas”. Cortesía Policía Metropolitana.

Tal cual lo ha venido denunciando Revelaciones del Bajo Mundo, a mediados del año hubo una división interna en la Odín Robledo (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), cuando un combo del barrio Córdoba se reveló en contra de su coordinador de zona, William Alberto Duque Ciro, alias “el Diablo”. La facción disidente es liderada por Jonathan Stuart Buriticá Gil, apodado “Gordo Arepas”.

El enfrentamiento, al parecer originado por el manejo del cobro de “vacunas” extorsivas en la zona, ha generado el asesinato selectivo de más de 1o personas, especialmente en los sectores El Hueco de La Candelaria, Córdoba, Caribe, Ciudad Central y La Quintana (ver la NOTA RELACIONADA: Cuatro conflictos afectan la vida en Medellín).

El último episodio de esta pugna sucedió a las 8:45 p.m. de este domingo 14 de agosto, cuando varias personas departían en las afueras de una taberna en el sector El Hueco de La Candelaria. De súbito aparecieron unos sicarios con pistolas y un fusil, disparando contra los presentes.

En el acto murió Adrián Durfay Cano Gómez, de 33 años. Otras tres personas resultaron heridas y fueron transportadas al hospital Pablo Tobón Uribe, por un taxista a quien un sujeto armado obligó a detener la marcha y subir a los lesionados. El vehículo quedó abandonado en la entrada del centro médico.

En esa misma cuadra se produjo otro asesinato el pasado 1 de agosto, donde la víctima resultó ser un joven apodado “Fox” (ver la NOTA RELACIONADA: Nueva víctima por disputa de combos en noroccidente de Medellín). El motivo de ese crimen también está ligado al violento pleito entre las huestes de “el Diablo” y las de “Gordo Arepas”.

El Inspector.

Se trata de la organización criminal “Pachelly”, que dominó el bajo mundo del norte del Valle de Aburrá hasta 2012, pero lo perdió de cuenta de las sucesivas capturas de sus líderes e integrantes y la expansión del clan de “los Chatas”.

El 24 de marzo de 2015, los sicarios asesinaron al conductor y a una pasajera de un bus, en el barrio Niquía de Bello. Cortesía.

En las cuentas de la Policía Metropolitana, “Pachelly” era una de las más fuertes Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico (Odín), es decir, una confederación de pandillas que lideraban la criminalidad de Bello, Barbosa, Copacabana y Girardota, además de tener redes en algunas comunas de Medellín.

Las autoridades se enfocaron en desmantelarla y desde 2011 a la fecha fueron encarcelados los representantes de su línea de mando: “Guayabo”, “Alber”, “Lancha”, “Guerrero”, “Nando”, “Sólido”, “Pocho” y “Tití”, entre otros.

El vacío de poder provocó que algunas de las principales bandas de Bello, que antes trabajaban para ellos, se alejaran de esa estructura. Fue el caso de “Niquía Camacol”, “el Mesa” y “la Camila”, que terminaron aliándose con “los Chatas”, la otra “Odín” de la zona, liderada por Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”.

Esta agrupación capitalizó la caída de “Pachelly” y estableció una sociedad criminal con “los Urabeños”, la banda más poderosa de Colombia.

La pérdida de influencia delincuencial y los constantes golpes a manos de rivales y de la Fuerza Pública, provocaron una división interna en “Pachelly”, de acuerdo con fuentes de Inteligencia. Un grupo se sumó a la alianza con “los Chatas”, mientras que el otro se quedó al margen, disidente, tratando de conservar los pocos territorios en los que aún controla la ilegalidad.

“El objetivo de ‘Carlos Chata’ es tomar el control total de ‘Pachelly’, es por eso que le viene inyectando grandes sumas de dinero a ese proyecto, para absorber a la totalidad del grupo, ya que muchos de ellos no han accedido al nuevo cambio”, señaló un investigador judicial.

Prueba de esta situación fue el operativo de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) realizado el pasado 23 de marzo, en el cual fueron arrestados 13 presuntos militantes de “Pachelly” en los departamentos de Antioquia, Cauca y Valle: alias “Hummer” o “el Paisa” (mando medio), “Rubén”, “Bolívar” (encargado del microtráfico de drogas), “Ramón”, “Juanka”, “Daniel” o “Conejo”, “el Indio” o “Janer”, “Cindy”, “Gorgojo”, “Yibe”, “Blanca”, “Wilmar” y un adulto mayor sin apodo.

En las acciones policiales fue interceptada una encomienda en el aeropuerto de Rionegro, la cual contenía 1.000 millones de pesos en billetes de $50.000. Según la Dijín, esa plata era enviada desde Norte de Santander por “los Urabeños” (principales socios de ‘los Chatas’), como pago a una red de “Pachelly” por trabajos ligados al tráfico de drogas y la extorsión.

Con la supremacía criminal de “los Chatas” y sus asociados, los cuatro municipios del norte del Valle de Aburrá experimentaron esa engañosa calma, en la que las muertes se disminuyen, pero se incrementan las extorsiones, intimidaciones y corrupción.

Este fue el panorama hasta principios de 2015, cuando comenzaron a presentarse homicidios múltiples, asesinatos selectivos de jefes de combos, hallazgos de cadáveres y una creciente sensación de inseguridad. ¿Qué ocurrió en el bajo mundo, para que esa calma se terminara?

SANGRIENTA RETOMA DEL CONTROL

De acuerdo con funcionarios de la Policía y la Fiscalía, que solicitaron la reserva de sus identidades, a finales de 2014 salió de la cárcel José Domiciano Carrillo Montoya, alias “Sólido”, quien había sido condenado a seis años por concierto para delinquir (ver la NOTA RELACIONADA: Otro cabecilla de “Pachelly” cae a prisión).

Las indagaciones preliminares señalan que, presuntamente, asumió el mando de la facción disidente de “Pachelly” que se opone al dominio de “los Chatas”, y a sangre y fuego ha tratado de recuperar su antiguo poder.

José Carrillo, alias “Sólido”. Cortesía Policía.

La otra ala de “Pachelly”, que ahora trabajaba con “los Chatas”, estaría liderada por alias “Vallejo”. Este cabecilla sobrevivió al famoso atentado de la urbanización Portón de Hungría, en el barrio Castropol de Medellín (29 de junio de 2011), cuando un comando sicarial atacó a varios miembros de esa banda en un apartamento del séptimo piso, provocando que varios se arrojaran por la ventana (ver la NOTA RELACIONADA: “Así ejecutaron una masacre frustrada”). El hecho de que ahora “Vallejo” trabaje con quienes antes quisieron matarlo, refleja que no solo la política es “dinámica”, sino también la criminalidad.

En el marco de las disputas entre las dos facciones, la comunidad de Bello ha padecido una serie de asesinatos que, si , bien no todos tienen un móvil esclarecido, tienen la rúbrica del crimen organizado.

El 24 de marzo, los sicarios abordaron un bus de servicio público en el barrio Niquía. Asesinaron a la pasajera Paula Arenas Espitia, de 34 años, y al conductor Ómar Antonio Hernández.

El 27 de marzo mataron a balazos al mensajero José Jesús Torres López, de 51 años, cuando conducía una moto por el barrio Niquía.

El 28 de marzo, en el sector La Navarra, encontraron el cuerpo sin vida de Felipe Morales Sánchez, de 23 años, muerto por asfixia mecánica. Al día siguiente, abandonaron el cadáver de Johny Vásquez Granda, de 28 años, en el kilómetro 3 + 160 de la autopista Medellín-Bogotá.

El 30 de marzo, en el sector Calle Vieja, arrojaron en una acera el cadáver de un NN de 20 a 25 años de edad, al parecer asesinado mediante asfixia mecánica.

El 31 de marzo fue encontrado el cadáver del taxista Samuel de Jesús Barrantes Lenis, con heridas de arma de fuego y metido en la maleta de su taxi, abandonado frente a un colegio del barrio El Cairo. El occiso se había desmovilizado de las Autodefensas y desde el año pasado conducía un taxi.

El 11 de abril asesinaron a bala a Lorena Viera Mosquera, de 23 años y estudiante de Fotografía. Conducía una moto por el barrio Las Cabañas, cuando la atacaron. En el acto también falleció la criatura de seis meses que llevaba en su vientre.

El 12 de abril mataron a tiros en una vía pública del barrio Zamora a Duván Zapata Giraldo, de 19 años, quien estaba bajo detención domiciliaria por un proceso penal.

El mismo día, varios hombres encapuchados asaltaron una finca de la vereda Tierradentro, donde amordazaron a una pareja de esposos y a su hija. Saquearon el lugar y robaron un campero con su respectivo remolque, cuatrimotos, minimotos y una moto Yamaha Rhino 700, que su propietario alquilaba en la pista de un estadero ubicado en la vía a San Pedro de los Milagros.

El 26 de abril encontraron otro cuerpo en la autopista Medellín-Bogotá, esta vez en el kilómetro 5, un hombre NN de unos 50 años, con heridas de arma blanca; un día después, la misma vía fue testigo de otro macabro hallazgo, cuando las autoridades divisaron a Carlos Evelio Henao Mira, de 39 años, en un potrero del kilómetro 1 + 500, con varios impactos de bala.

A estos crímenes de Bello, se suman los 9 perpetrados en el vecino municipio de Copacabana en lo que va de 2015. Entre ellos, el de un occiso arrojado en la misma autopista, con las manos y los pies amarrados, envuelto en sábanas y con la cabeza embolsada, una víctima más de la asfixia mecánica.

En el municipio de Barbosa van 15 homicidios, incluyendo el de un mototaxista de 60 años, llamado Mauricio González, a quien los sicarios tirotearon el 15 de abril en el barrio El Porvenir.

“La banda de ‘Pachelly’ quiere retomar el control en este sector donde ellos delinquen. Como pasaron a ser una banda de menor poder, quieren retomarlo, entonces están generando unos enfrentamientos entre las bandas que allí delinquen”, respondió en su momento el general José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana.

Los episodios reseñados demuestran una vez más que el índice de homicidios del Valle de Aburrá aumenta o disminuye por las dinámicas del crimen organizado, más allá del supuesto control de la Fuerza Pública. Los actores ilegales que hoy azotan a Bello y las localidades vecinas son conocidos de vieja data, ¿hasta cuándo las comunidades tendrán que sufrirlos?

NOTA RELACIONADA: Cayó “el último gran capo” de la banda “Pachelly”.

El Inspector.

A mediados de agosto se instauraron en el Doce de Octubre (comuna 6) y Castilla (comuna 5) estas decisiones de la administración municipal. Las personas con menos de 18 años no podían circular por las calles entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.; y los establecimientos comerciales donde se vende y consume licor tendrían que cerrar a la medianoche.

Una panorámica de la escena del crimen, en el barrio Miranda.

Ambas zonas, ubicadas en el noroccidente de la ciudad, registraban los incrementos más peligrosos en cuestión de asesinatos, tiroteos y enfrentamientos entre combos delincuenciales. Pero en el primer fin de semana de aplicación de las restricciones, la violencia tuvo un descenso notable y solo ocurrieron dos homicidios.

Era apenas cuestión de tiempo para que estas ideas se aplicaran en otros lados, aunque una circunstancia especial aceleró las decisiones para las comunas 3 (Manrique) y 4 (Aranjuez). En la mañana del pasado 26 de agosto, unos sicarios abordo de dos motos y un automóvil irrumpieron en un local de compraventa de motocicletas, en el barrio Miranda.

En este local fueron tiroteadas las cuatro personas.

Allí masacraron a balazos a cuatro personas: los hermanos Rodrigo de Jesús y Arley Morales Cardona, propietarios del establecimiento; Eduard Ferney Jaramillo Ramírez, comerciante de motos; y Yamil Edilson Arango Vera, un conductor que llegó al sitio en el momento equivocado, para cobrar un dinero.

Esta matanza no fue el único incidente criminal que ese miércoles sacudió al nororiente de Medellín. En la tarde, dos hombres fueron asesinados en casos aislados, pero en el mismo barrio: Santa Inés. Y en la noche, un atentado en vía pública de Manrique dejó a tres muchachos heridos a bala.

Dos días después, el alcalde Alonso Salazar anunció el toque de queda y el cierre temprano de establecimientos en Aranjuez y Manrique. A la vez, dijo que por el buen comportamiento de la gente en el Doce de Octubre, los comerciantes podrían abrir sus negocios hasta la 1:00 a.m.

Las medidas tienen puntos a favor y en contra, aquí están algunos de ellos, según las percepciones de la ciudadanía:

DEBILIDADES: a) El comercio sufre pérdidas millonarias. b) Varios habitantes dijeron que con estas medidas, se castiga a los ciudadanos de bien por lo que hacen unos violentos. c) La vida nocturna de los barrios desaparece.

FORTALEZAS: a) Se redujeron los asesinatos. b) Se incrementó la vigilancia policial. c) Se evita que los menores corran peligro en los parches nocturnos.

AMENAZAS: a) Por las pérdidas económicas, puede haber desempleo. b) Estigmatizar a la juventud. c) Como las medidas son focalizadas y no integran al Área Metropolitana, el problema puede mudarse a las comunas vecinas.

OPORTUNIDADES:  a) Los adolescentes pueden compartir más tiempo con sus familias. b) Una evaluación certera de esta experiencia, significará una aplicación con menos errores en otros lugares. c) Prevención de riñas y accidentes por exceso de licor y rumbas desaforadas.

¿Y ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con estas medidas?

El Inspector.

Sin embargo, esta semana anunciaron las tres medidas que ellos consideran suficientes para frenar la creciente racha de homicidios y balaceras entre combos delincuenciales.

Hoy comenzó la intervención masiva al punto crítico del barrio Moravia. Foto de Julio César Herrera.

La primera es la suspensión del parrillero masculino en las motocicletas. La segunda es la restricción a los establecimientos públicos, pues desde ahora y hasta nueva orden la rumba solo será hasta la 1:00 a.m.

Dicha condición excluye a los rumbeaderos de las zonas más cachés, como La 70, la Zona Rosa de El Poblado con el Parque Lleras y el corredor de Las Palmas.

La tercera medida consiste en aplicar tomas masivas con policías y funcionarios de la Alcaldía a seis puntos críticos: los barrios Berlín y Moravia (comuna 4), La Sierra (comuna 8), El Salado (comuna 13), Pedregal (comuna 7) y El Raudal (en el Centro, comuna 10).

En mi opinión también deberían prestarle atención especial a Manrique, Santo Domingo Savio, Doce de Octubre, Castilla, Belén Rincón y Robledo, donde las disputas entre delincuentes han provocado varios tiroteos y homicidios en los últimos dos meses.

El alcalde Alonso Salazar junto al general Dagoberto García, comandante de la Policía Metropolitana, cuando anunciaron las medidas.

La tripleta de medidas ha generado reacciones encontradas, hay quienes están a favor y otros en contra. Entre estos últimos están las personas que utilizan las motocicletas como medio de transporte y de trabajo, así como algunos comerciantes de la vida nocturna.

Al principio de este artículo, les explicaba que las autoridades se resisten a aceptar abiertamente la preocupante situación que, por ejemplo, ha producido días de hasta 11 asesinatos en Medellín (como el pasado 24 de febrero), cosa que hace mucho tiempo no se veía.

Al parecer la razón más fuerte para ello es la próxima asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se celebrará del 25 al 31 de marzo en la capital paisa.

Hay desespero por mostrarle al mundo una ciudad hermosa, pujante, segura y amable, que ya superó el estigma de la violencia que tenía en los años 90. Estoy de acuerdo con este propósito, pero no a costa de matizar en exceso un problema.

Tenemos la responsabilidad de presentarles una excelente imagen a los ilustres visitantes, para el bien de Colombia. Pero es más grande la obligación con los medellinenses y paisas en general, de asumir con pantalones que hay una creciente sensación de inseguridad y derramamiento de sangre.

No hay que maquillar cifras de criminalidad y eludir el debate sobre la seguridad. Bienvenidos los del BID, pero también bienvenida la sinceridad.

El Inspector.