Este es el informe del caso elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La Policía tiene un dispositivo de vigilancia especial en varios barrios de la comuna de Guayabal, en Medellín. Foto de Julio César Herrera.

Una amenaza, una deuda y una cuchillada mortal. No es mucho más de lo que se sabe sobre un asesinato perpetrado en plena vía pública de Guayabal, una comuna del suroccidente de Medellín que registra un incremento del 180% en su indicador de homicidios.

El crimen sucedió a las 9:00 p.m. del anterior sábado 13 de noviembre, en el barrio Santa Fe. Testigos le contaron a las autoridades que una mujer, al parecer dedicada a actividades sexuales, fue interceptada por un motociclista que discutió airadamente con ella.

Segundos después le propinó una puñalada en el pecho, para luego escapar a toda velocidad. Los curiosos que se acercaron no sabían el nombre de la víctima, solamente que le decían “Diana”.

En medio de gritos detuvieron un taxi y la montaron. Uno de los auxiliadores se subió a la silla de atrás con ella, mientras llegaban a urgencias de la clínica Medellín de Occidente, donde los médicos confirmaron su muerte.

La difunta no tenía documentos de identidad y fue registrada como NN de 35 a 40 años. Algunos habitantes de calle del vecindario la conocían, y aseguraron a los investigadores que estaba amenazada por un cliente de sus servicios sexuales, quien la acusaba de haberle robado dinero.

“Ella temía por su vida”, dijeron los mendigos.

“Diana” fue la víctima número 14 de la violencia homicida en la comuna de Guayabal, en lo corrido de 2021 (con corte a noviembre 18).

Según datos del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc), el año pasado a esta misma fecha iban cinco asesinatos, lo que implica un aumento del 180%.

RADIOGRAFÍA DEL DELITO
La comuna 15 es una de las más pequeñas de la ciudad y apenas tiene nueve barrios. Los asesinatos de este año se concentran en tres de ellos, vecinos entre sí: Trinidad (5), Campoamor (3) y Santa Fe (2).

La estadística del Sisc arrojó que 12 de los 14 homicidios ocurrieron en vía pública, como el de “Diana”, y que ella ha sido la única mujer de esta mala racha, los demás occisos fueron hombres. La mayoría de ellos (6) estaban en el rango de edad de los 29 a los 45 años.

En cuanto al método de homicidio, en siete casos se emplearon armas de fuego y en otros siete armas blancas.

El Colombiano consultó analistas de la Fuerza Pública, buscando saber a qué se debe el aumento en las muertes violentas en esta zona. Algunos indicaron que el incremento era previsible, pues el año pasado las cuarentenas redujeron los casos a niveles históricos, y al regresar a la normalidad social era lógico que se retomaran los indicadores frecuentes; sin embargo, nadie esperaba que el crecimiento fuera del 180%.

“En Guayabal no tenemos una causa predominante, como en años anteriores, cuando casi todos los muertos eran por disputas de combos”, dijo una de las fuentes, añadiendo: “Este año vemos casos asociados a robos, intolerancia y ajustes de cuentas por negocios de narcotráfico”.

En cuanto a los homicidios ligados a hurtos, las autoridades han identificados dos hechos. El 27 de abril, en Campoamor, dos hombres asaltaron el local de un comerciante y lo hirieron con una pistola traumática; al intentar escapar, una turba de vecinos iracundos detuvo a uno de los sospechosos y lo mató a punta de golpes y puñaladas.

El 14 de octubre sucedió un evento similar en el mismo barrio, aunque la víctima fue el ciudadano atracado. Dos jóvenes asaltaron a Luis Carlos Fonnegra Londoño, de 72 años, y después le quitaron la vida con arma blanca. La comunidad apresó a los sospechosos y les dio una paliza, hasta que la Policía intervino y los llevó al calabozo.

Respecto a los ajustes de cuentas, a los que se atribuyen seis de las muertes, en Guayabal no hay actualmente conflictos activos entre bandas, pero la presencia de estos actores genera una tensa calma. La mayoría de grupos se dedican principalmente al tráfico local de estupefacientes, como “la 24”, “Alexpin”, “Cristo Rey”, “el Bolo”, “la Raya”, “la Cueva” y “el Coco”, entre otros.

Entre Trinidad y Santa Fe está Barrio Antioquia, un sector que hace décadas funciona como la mayor plaza de vicio y centro de acopio de drogas de Medellín, por lo que bandas de otras comunas y municipios extienden sus redes hasta Guayabal, para participar en ese mercado ilícito.

Este fenómeno, que no ha disminuido en el tiempo, provoca rencillas que se saldan con homicidios selectivos, y también es un riesgo de corrupción de los servidores públicos. De hecho, el peor caso de corrupción detectado en los últimos años en la Policía está relacionado con los nexos de 23 uniformados con las bandas de Barrio Antioquia; de ellos, 16 fueron enviados a prisión el año pasado.

PROYECTOS DE SEGURIDAD
¿Qué se requiere para mermar la violencia en Guayabal? El secretario de Seguridad, José Acevedo, precisó que si bien hay un aumento de homicidios con relación a 2020, si se compara con 2019 hay una reducción de 10 casos.

Afirmó que la Mesa de Homicidios, en la que participan la Alcaldía y las agencias de seguridad, ya tiene presente la situación de esta comuna, para intervenir “con investigación especializada, que incluye a la Policía del Cuadrante, la Policía Judicial y la tecnología que tenemos. Tenemos una vigilancia especial en los barrios Trinidad y Campoamor, donde hay que tomar acciones institucionales por parte de la Fuerza Pública y la Secretaría”.

Acevedo recordó que está en marcha la construcción de la estación policial de Guayabal (hoy la vigilancia la hace la estación de Belén), la adecuación de la sede de la Seccional de Inteligencia (Sipol) y de un laboratorio de automotores de la Sijín, “esta presencia institucional le ayudará mucho al sector”, dijo. Las obras están proyectadas para empezar a funcionar en marzo de 2022.

NOTA RELACIONADA: Narcos no dejan de afectar la vida en el Barrio Antioquia.

El Inspector.

Los uniformados, detenidos el mes pasado, prestaban servicio en la estación Belén, a la cual le corresponde la vigilancia de la zona. No obstante, en vez de frenar la delincuencia, la favorecían mediante la omisión de sus deberes y la venta de información clasificada, a cambio de sobornos; incluso, algunos llegaron a venderles droga a los propios criminales y a extorsionarlos para no capturarlos.

Esta no es la primera vez que miembros de la Fuerza Pública han resultado involucrados en el remolino de estupefacientes de Barrio Antioquia, un lugar que, sin el ánimo de estigmatizar, padece un problema histórico. El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo, indagó con fuentes de la Policía, el CTI, la Fiscalía y la Alcaldía, al igual que con algunos residentes, para entender cómo funciona hoy el narcotráfico en la zona, por qué ha sido tan difícil manejar esa situación y qué se debería hacer para superarla.

A pesar de la vigilancia policial, el tráfico de drogas en Barrio Antioquia campea de día y de noche. Foto de Manuel Saldarriaga.

El Barrio Antioquia es una denominación imaginaria, no aparece en el mapa oficial de la ciudad, pero los lugareños y visitantes saben que es un espacio localizado en la comuna 15 (Guayabal), al costado oriental del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, que abarca varias cuadras de los barrios Santa Fe y Trinidad.

“Debido a su historia, ahí se presenta un enquistamiento de la cultura de la ilegalidad en forma de mafia, es decir, cuando las estructuras ilícitas tienen la capacidad de delinquir en una comunidad sin que esto afecte la cotidianidad de las personas”, expresó Boris Castaño, analista de seguridad de la corporación Innova Idea Estrategia.

El exsecretario de Seguridad de Medellín (2017-19), Andrés Tobón, recordó que los fenómenos de ilegalidad se instalaron en la primera mitad del siglo XX, cuando las primeras familias fueron reubicadas junto al aeropuerto, debido al paso del ferrocarril.

“Allí aprovecharon la cercanía con la terminal aérea para dedicarse al contrabando de cigarrillos y licor. Ya en los años 60 y 70, con el cultivo de marihuana en fincas de El Poblado, ingresaron al narcotráfico”, narró.

En esa época el negocio adquirió alcance transnacional con personajes como Griselda Blanco, una residente del barrio que coordinó las primeras rutas de exportación a EE.UU.

NOTA RELACIONADA: Mataron a “La Madrina” de los narcos colombianos.

UN NEGOCIO DE TRES NIVELES
El narcotráfico que campea en el sector se da en tres niveles: el primero, es el espacio local. En Barrio Antioquia delinquen seis bandas tradicionales, conocidas como “la 24”, “el Quinto”, “Alexpin”, “el Coco”, el “combo de Ratón” y “la Cueva”. Se trata de grupos con territorio definido, armamento y estructura de jerarquía piramidal con cabecillas, que administran plazas de vicio y ejecutan actividades de sicariato, vigilancia y extorsión.

Adicionalmente, hay plazas de vicio independientes, que no pertenecen a un combo como tal, sino que son regidas por familias dedicadas al negocio por generaciones, o por un traficante inversionista, como las plazas de “Sancocho”, “Miami”, “el Triángulo”, “Maema” y “la Licorera”.

Estos grupos y plazas distribuyen alucinógenos al menudeo. Por lo general, los consumidores provienen de otros barrios o son turistas. “Se les vende con la condición de que consuman por fuera, aquí no, para no atraer a la Policía”, señaló un habitante, quien solicitó la reserva de su identidad.

Tanto los combos como las plazas independientes, de acuerdo con los investigadores consultados, suelen tener patrocinios y alianzas de grupos de crimen organizado más grandes y de otros lugares del Valle de Aburrá, como “la Oficina”, “la Terraza”, “la Unión” y “San Bernardo”; o de narcotraficantes como “Iván el Barbado” y el Clan Osorio.

NOTA RELACIONADA: Capturan a alias “Chepe” en finca del Oriente antioqueño.

Esos patrocinios son los que definen cuál de las bandas de Barrio Antioquia impone su hegemonía sobre las demás, aunque según los residentes consultados, en la actualidad no hay conflictos y “cada quien está traqueteando en su parche sin problemas”.

En el segundo nivel de esta actividad, están las operaciones como centro de acopio de grandes cantidades de droga, para surtir a otras bandas y plazas del área metropolitana. En Barrio Antioquia se almacenan los estupefacientes enviados desde el Bajo Cauca y el Norte de Antioquia, y los departamentos de Nariño y Cauca, para servir de despensa a otras estructuras y traficantes.

Es así como al sitio llegan delegados de combos del Centro, Doce de Octubre, Itagüí y Belén, entre otros sitios, para comprar mercancía más barata al por mayor y expenderla en sus propios barrios.

Y en el tercer nivel está el tráfico internacional de narcóticos, en especial hacia La Florida (EE.UU.), España, Holanda y Suramérica. Algunos narcos de Barrio Antioquia, a lo largo de los años, ascendieron en la cadena y hoy son exportadores. “Cada que coronan un cargamento, arman fiestas aquí en la cuadra y tiran pólvora”, detalló un residente.

LOGÍSTICA Y CONTROL
Semejante actividad ilícita sucede las 24 horas del día y a la vista de todo el mundo. Para minimizar la intervención de las autoridades, además de la trama de sobornos, los traficantes han desarrollado un complejo sistema de vigilancia.

En cada esquina hay “campaneros” con celular, que avisan sobre la circulación de vehículos y personas extrañas. Algunos lo hacen de forma tan desfachatada, que sacan sillas y muebles destartalados, y se explayan a media calle.

Los administradores de las plazas instalaron sistemas cerrados de TV y sus trabajadores han vandalizado las cámaras de la Alcaldía (instaladas apenas en 2018), para evitar ser grabados en su “jibareo”.

Un suboficial de Policía señaló que “por su cercanía con el aeropuerto, no podemos elevar drones para los seguimientos”.

En las casas en las que se almacena la droga, hay puertas y ventanas blindadas, para retardar el ingreso de las autoridades en los allanamientos.

Algunas viviendas están interconectadas por pasadizos y agujeros, creando una suerte de laberinto por donde se mueven los traficantes.

En la vía pública, el mobiliario ha sido adaptado para camuflar las dosis en postes de luz, materas, bancas de cemento, aceras, árboles y contadores de agua y energía.

Claudia Carrasquilla, exdirectora de Fiscalías de Medellín (2016-17), indicó que en los operativos que lideró al frente de esa entidad, “descubrimos más de un búnker para el almacenamiento de droga y caletas sofisticadas, como una matera en un antejardín, que se abría con un mecanismo automático”.

Castaño señaló que “se ha instalado una economía circular ilícita, que beneficia al expendedor, el vigilante y el comprador. La mayoría de los involucrados tienen arraigo familiar en la cuadra, por lo que nadie los delata. Las llamadas al 123 para denunciar movimientos de droga en Barrio Antioquia son mínimas”.

“Hoy tenemos cuatro o cinco familias grandes, con señoras de bastante edad, que dedican a sus hijos y nietos al tráfico de estupefacientes, con un control de zona que ha devenido en prácticas de corrupción”, acotó Tobón.

En cuanto al abastecimiento de la mercancía, un investigador del CTI contó que “la droga la traen en buses intermunicipales, que llegan a la Terminal de Transportes del Sur, y después van al Barrio Antioquia con la excusa de lavar los vehículos. En esa zona hay muchos lavaderos de buses, y algunos son solo fachadas para descargar la droga”.

En este sector los traficantes tienen mercancía en caletas para surtir a la clientela por dos meses. Ese inventario les permitió sobrevivir al aislamiento social de marzo y abril de 2020, cuando la cuarentena por la covid-19 fue severa, disminuyó el transporte intermunicipal y el abastecimiento de la mercancía.

Según el investigador judicial, “cuando la marihuana que tienen almacenada se pone vieja, le rocían melaza con un spray, la secan con ventiladores y la guardan en peceras. Eso le da un apariencia fresca, y aunque pierde su olor y sabor natural, ellos la venden como marihuana saborizada. En cuanto a la cocaína, la hacen rendir mezclándola con otras sustancias, como lactosa y cafeína”.

PROPUESTAS PARA EL DESAFÍO
Tobón expresó que debe continuarse una línea de investigación que comenzó en la Administración pasada y ha rendido frutos, como la captura del cabecilla “Ratón” y de los 22 policías de diciembre.

“Es un asunto que no solo se puede quedar en capturas, sino que debe incluir planes de renovación urbana. El aeropuerto Olaya Herrera debe convertirse en un gran parque, con Barrio Antioquia de un lado y Belén del otro”, dijo.

Para Castaño, la estrategia que usa la Policía no es suficiente: “El plan de vigilancia por cuadrantes está basado en el apoyo de la comunidad para repeler el delito, pero como eso no se da, se requiere una intervención diferente. El Estado debe comprometerse, con todas sus instituciones, a focalizar acciones por varios años en ese territorio, con el propósito de derrumbar los mitos de la droga y lograr la confianza de la gente. Así se hizo hace 10 años con las famosas cuevas de Barrio Triste, y se logró transformar esa zona”.

En esto coincide la exfiscal Carrasquilla: “Debe haber una acción prolongada en el tiempo, donde a través del trabajo de Inteligencia de la Policía y la Fiscalía puedan detectarse los puntos de expendio, los días y horas de ingreso de la droga y quiénes financian la actividad, para después hacer allanamientos, en una operación sostenida, acompañada de las autoridades administrativas para atender desde lo social a la comunidad”.

Además de esto, agregó, “hay que realizar extinciones de dominio de inmuebles y con acciones administrativas destruir esas casas destinadas a las plazas de vicio”.

El actual secretario de Seguridad, general (r) José Acevedo, contó que el propósito es cambiarle la cara a Barrio Antioquia. “Tenemos una estrategia contra el crimen organizado y la delincuencia común para toda la ciudad, articulada con la Fuerza Pública y los organismos de justicia, y eso incluye a esa zona”, aseveró.

Ya fue adjudicado el contrato para la construcción de la estación de Policía de Guayabal, un servicio por ahora se presta desde Belén.
“Con el nuevo comandante de la Policía Metropolitana (general Pablo Ruiz) acordamos compromisos frente a este barrio. La idea no es estigmatizarlo, porque hay gente muy buena allí, pero ya es hora de superar esa situación y normalizarla”, puntualizó.

Acevedo enfatizó en que este trabajo en seguridad estará acompañado de programas sociales que desarrollan otras secretarías, como las de Juventud, Cultura e Inclusión, para ver si entre todos logran exorcizar los fantasmas del narcotráfico que rondan en Barrio Antioquia.

NOTA RELACIONADA: Cárcel para 16 policías de Medellín por nexos con bandas.

El Inspector.

El pasado 4 de diciembre se ejecutó la Operación San Bernardo, por parte de la Dijín, la Sipol y la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado. La acción pretendía desmantelar la alianza ilegal entre varios uniformados de dicha unidad policial, localizada en el suroccidente de Medellín, y las bandas de traficantes de drogas de las comunas 15 y 16 (Guayabal y Belén).

Este es el seguimiento del caso elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Ninguno de los policías e integrantes de bandas capturados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Foto de cortesía.

En ese momento, mediante allanamientos en Bogotá y en la capital antioqueña, fueron capturados 23 policías y 12 civiles, estos últimos presuntos integrantes de “San Bernardo”, “Alexpin”, “la Cueva”, “la 24”, “el Coco” y otros combos del sector Barrio Antioquia, uno de los principales centros de acopio y distribución de alucinógenos del área metropolitana. En los procedimientos también incautaron 48 kilos de marihuana, 200 dosis de tusi (“cocaína rosada”) y 150 de base de coca, 100 gomitas mezcladas con droga y una pistola traumática.

Para el desarrollo de la investigación, fueron claves las pruebas aportadas por dos agentes infiltrados, que desde enero del presente año documentaron la forma en que los servidores públicos recibían sobornos, vendían información clasificada sobre operativos y estaban en la nómina de las bandas, a cambio de omitir sus deberes y facilitar el tráfico de estupefacientes.

Las coimas variaban entre los $3’000.000 y los $30’000.000, y en algunos casos esta nómina era reunida por varios grupos distintos, a modo de recolecta. En el transcurso de las audiencias, que tardaron más de tres semanas, la Fiscalía expuso 40 actos de posible corrupción.

En dos de esos hechos, los uniformados entraron a viviendas que funcionaban como plazas de vicio, y extorsionaron a los dueños para no judicializarlos, devolverles la droga y las armas halladas. Así, en uno de los casos los traficantes les pagaron $45 millones y en otro $40 millones.

En otra de las situaciones detectadas, los policías incautaban la droga de las bandas y posteriormente ellos mismos la vendían, según el ente acusador.

Tras escuchar la evidencia y la postura de los abogados defensores, el Juzgado dictó este domingo 27 de diciembre la medida de aseguramiento intramural en la cárcel de Itagüí en contra de 16 de los funcionarios sospechosos: el intendente Luis Carlos Castilla Garavito y el subintendente Jhony Alberto Arismendy Arismendy; y los patrulleros Leonardo Rafael Olivo Payares, Darwin Palomeque Sepúlveda, Freyman Viveros Bolaños, Lucio Tomás Viveros Meneses, Yéferson Andrés Bolívar Ortiz, Albert Antonio Bolaño Cobo, Luis Carlos Hernández Villamizar, Jhon Hervey Mesa Muñoz, Samir José García Portacio, Juan David Gil Bustamante, Luis Alberto Trilleras Novoa, Tito Alberto López Builes, Edwin Livingston Chávez y Jhon Gustavo Trujillo Sánchez.

A otros seis uniformados les concedió el beneficio de detención domiciliaria: el intendente John Alexánder Mayorquín Sarmiento y los patrulleros Julián Stiven Marín Marulanda, Carlos Alberto Junior Giraldo, Camilo Girón Martínez, John Dairo Graciano Velásquez y Nelson Enrique Galvis Vargas. Otro patrullero, quien había sido sorprendido en flagrancia, fue dejado en libertad.

Los expolicías tendrán que responder por cargos de concierto para delinquir agravado, concusión, cohecho propio y, en algunos de los casos, cohecho por dar y ofrecer, prevaricato por omisión y tráfico de estupefacientes. En las audiencias de control de garantías todos se declararon inocentes.

En cuanto a los civiles detenidos, a tres les dieron libertad y nueve fueron enviados a la cárcel Bellavista: Wbeimar Londoño Escalante (alias “Cortico”), Jhon Jairo Zea (“Roger”), Juan Felipe Saavedra Estrada (“Piña”), Róbinson Alberto Santamaría (“Chino”), Yadir Esneider Rojas Mira (“Sancocho”), Julio César Rivas Mena (“La Mole”), Sandra Milena Durán (“Milena”), Nubia Mercedes Muñoz Restrepo (“Nubia”) y John Alexánder Sepúlveda Ocampo (“Trompón”).

A ellos les imputaron cargos por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar y ofrecer, los cuales tampoco aceptaron en el estrado. Se calcula que dentro de un mes podrían continuar las audiencias, con el escrito de acusación emitido por la Fiscalía.

NOTA RELACIONADA: Detenidos 23 policías por nexos con bandas de Belén y Barrio Antioquia.

El Inspector.

De acuerdo con la información preliminar, la llamada “Operación San Bernardo” fue ejecutada en la mañana del 4 de diciembre por el Grupo de Investigaciones Internas para la Fuerza Pública de la Dijín, la Seccional de Inteligencia (Sipol) de la Policía Metropolitana y la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Esta es la estación de Policía de Belén, ubicada en el barrio San Bernardo de Medellín, que presta servicio a las comunas 15 y 16. Foto de Jaime Pérez.

La mayoría de uniformados detenidos hicieron parte de la estación Belén en los últimos dos años, entre oficiales y suboficiales, que al parecer tendrían relaciones clandestinas con las plazas de vicio y las bandas de las comunas Belén y Guayabal, en particular del sector Barrio Antioquia, como “la 24”, “Alexpin”, “la Cueva”, “el Coco” y “San Bernardo”.

El informe del caso señala que los uniformados, al parecer, recibían sobornos por sumas mensuales que oscilaban entre los $3’000.000 y los $30’.000.000, cambio de omitir sus tareas de vigilancia y suministrar información reservada a los criminales, de modo que pudieran traficar, asesinar y extorsionar sin interferencias.

Los agentes anticorrupción ejecutaron 24 allanamientos en Medellín y Bogotá, en los que incautaron 48 kilos de marihuana, 100 gomitas mezcladas con droga, 200 dosis de tusi (“cocaína rosada”) y 150 de base de coca, además de una pistola traumática.

NOTA RELACIONADA: Al estrado 26 policías y funcionarios por corrupción en Medellín.

Sobre las capturas, 22 de los policías fueron arrestados con orden de captura y uno más en flagrancia; de igual manera, cayeron 12 integrantes de las mencionadas bandas, involucrados con el pago de las coimas. Entre estos detenidos está alias “Cortico”, quien aparece reseñado en el cartel de los más buscados.

El comandante de la Región N°6 de Policía, general Luis Enrique Méndez, declaró que “los uniformados prestaban su servicio en diferentes estaciones de la Metropolitana del Valle de Aburrá, y habrían faltado a su deber constitucional, incurriendo en la omisión de sus funciones, lo cual favorecía el actuar delincuencial”.

En las audiencias de control de garantías, la Fiscalía imputará cargos por cohecho por dar u ofrecer, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

UNA ESTACIÓN BAJO LA LUPA

La estación Belén de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, ubicada en el barrio San Bernardo, es objeto de varias investigaciones penales por presuntos actos de corrupción.

Además del citado caso, en el que miembros de esa unidad policial favorecieron el tráfico de drogas, también hay expedientes abiertos por fugas de presos.

El 7 de diciembre de 2019 se fugó, al parecer con ayuda de los custodios, Roger Jiménez Flórez (alias “Roger”), cabecilla de la organización criminal “la Camila”, de Bello. Por ese hecho, dos uniformados fueron capturados y otros seis están involucrados en la investigación, pues algunos testigos señalaron a la Fiscalía que los presos les daban dinero para que los dejaran salir de las celdas a visitar a sus familias.

Por si esto fuera poco, el 15 de octubre de 2020 ocurrió una fuga masiva en los calabozos de la estación, en la que 50 detenidos se evadieron. Entre los fugados estuvo Jhonatan Franco Álvarez (“La Rea”), cabecilla de la banda “la Campiña”, de Robledo.

El general Méndez destacó que “es la misma Policía Nacional, la Institución que de manera firme e inquebrantable depura, retira y sanciona a todos aquellos integrantes que se apartan de las adecuadas prácticas profesionales, enmarcadas en nuestro código de ética policial”.

Las audiencias de control de garantías en contra de los 23 detenidos aún no terminan, aunque el juez ya legalizó los procedimientos de captura.

NOTA RELACIONADA: Dos fugas de presos de calabozos policiales en apenas 7 días.

El Inspector.

Se trata del comerciante Josué Fabio Osorio Osorio, alias “Chepe”, a quien agentes de la Sijín Metropolitana arrestaron en la mañana del jueves 23 de abril, en el municipio de Carmen del Viboral. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

A la izquierda, el volante que distribuyeron las autoridades en 2018, en el que mencionaban a “Chepe”. Fotos de archivo y cortesía.

Los uniformados allanaron el predio en la vereda La Chapa, aledaño a la vía que conduce a La Unión, y lo sorprendieron en compañía de varios familiares. Fuentes judiciales precisaron que en la diligencia le incautaron un arma traumática, cuatro celulares y una memoria de almacenamiento USB.

En contra de “Chepe”, de 45 años, había una orden de captura por los cargos de concierto para delinquir agravado y tentativa de homicidio agravada.

De acuerdo con el expediente del caso, que reposa en la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, este hombre es señalado de pertenecer a una estructura conocida como el “Clan Osorio”, la cual se encarga del procesamiento y tráfico de estupefacientes para varias de las bandas más peligrosas del Valle de Aburrá, como “los Triana”, “los Chatas” y “San Bernardo”, entre otras.

Así fue presentada la captura de Josué Fabio Osorio, alias “Chepe”, por parte de la Sijín de la Policía. Foto cortesía de la Policía.

Esas sociedades le habrían permitido a “Chepe”, presuntamente, ascender en la cúpula de “la Oficina”, la macroestructura que aglomera al crimen organizado en el área metropolitana.

En su prontuario figura que ya había sido capturado antes, el 9 de febrero de 2011, junto a sus hermanos Juan Pablo y Jaime Arturo. Ese proceso partió de una investigación penal en la cual fue allanada una bodega de su empresa familiar en el barrio San Javier de Medellín, llamada Jaigás Ltda., donde encontraron base de coca y cocaína.

La justicia condenó a los tres hermanos por concierto para delinquir. “Chepe” salió de prisión en marzo de 2016 y, según la Fiscalía, volvió al mundo del hampa, en asocio con Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), quien en ese entonces lideraba “la Oficina”.

Entre las funciones que el “Clan Osorio” estaría realizando para esa organización en la actualidad, estaría la coordinación del tráfico de drogas en el sector Barrio Antioquia y algunas plazas de vicio del Centro y Belén. Por este motivo, el alias de “Chepe” fue incluido en el cartel de los más buscados, con una recompensa de hasta $50 millones por información que llevara a su captura.

Este sábado 25 de abril, el alcalde Daniel Quintero se refirió al caso: “Es el golpe más importante de este año a cualquier estructura criminal en Medellín. Este es un mensaje muy importante, no estamos quietos, seguimos operando, y a todos los criminales que crean que ahorita, que se empieza a abrir la economía, pueden salir a delinquir, que sepan que la Policía está lista para actuar en coordinación con la Alcaldía y la Fiscalía”.

Esta es la finca de Carmen de Viboral en la cual capturaron a alias “Chepe”. Cortesía de la Policía.

En la audiencia de control de garantías, el Juzgado Primero Penal Municipal le dictó medida de aseguramiento en la cárcel, por lo que pronto será llevado a la prisión de máxima seguridad de Itagüí. La Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada le imputó cargos por concierto para delinquir agravado y tentativa de homicidio, los cuales rechazó en el estrado.

Según fuentes judiciales, la tentativa de homicidio que le imputaron se relaciona con un ataque sicarial perpetrado en septiembre de 2017 en el barrio Los Alpes, en la comuna de Belén, que al parecer fue ordenado por “Chepe”.

El objetivo fue un exintegrante de la organización apodado “el Mono”, quien recibió 11 balazos, pero sobrevivió gracias a los médicos de la clínica Las Américas.

NOTA RELACIONADA: La justicia condenó a varios “trianas” y a sus corruptos.

El Inspector.

Así se desprende de las primeras indagaciones del hecho, pues los organismos de Inteligencia tenían información sobre la posibilidad de que en la jurisdicción del combo “La 24″ se presentara un ataque de “los Chatas”, por una disputa relacionada con tráfico de drogas.

La inspección técnica a los cadáveres fue realizada por investigadores del CTI de la Fiscalía. Foto: Archivo.

El crimen sucedió este viernes 18 de noviembre en una casa de la carrera 65GG con la calle 19, donde vivía Óscar Norbey Uribe García, de 33 años y apodado “la Olla”. Con él departían otros dos hombres y tres mujeres, vecinas de la cuadra. Según el informe de la Secretaría de Seguridad de Medellín, estaban consumiendo licor y drogas.

A las 5:15 p.m., Edwin Arley Uribe Montoya, uno de los visitantes, salió de la residencia a comprar algunas cosas a la tienda. A su regreso, un sicario aprovechó que abrieron la puerta para entrar detrás de él. Portaba una pistola y disparó contra los presentes.

En la sala murieron Óscar Uribe y Edwin Uribe, ambos de múltiples disparos. Uno de los proyectiles impactó en el tórax de Daniela Quintero Monsalve, de 22 años, quien cayó al suelo gravemente herida.

Las otras tres personas corrieron a esconderse en el baño. El agresor se dio cuenta y oprimió el gatillo en esa dirección. Las balas traspasaron la puerta y una de ellas hirió en el tobillo izquierdo a Nicolás Sebastián Lezcano Gaviria, de 19 años y primo de “la Olla”.

Él se quedó encerrado en el baño, hasta que los ruidos del exterior le indicaron que el asesino había salido de la casa, a bordo de una moto que lo recogió en la entrada.

Los sobrevivientes abrieron la puerta y vieron la aterradora escena en la sala. Las mujeres ayudaron a trasladar a Daniela Quintero a la clínica Las Américas, donde falleció al poco tiempo. Por su parte, Nicolás Lezcano se subió a su moto y por sus propios medios llegó a un centro médico del barrio Córdoba, en el que le atendieron la herida del pie.

Al lugar llegaron agentes de la Policía y criminalistas del CTI de la Fiscalía. El primer hallazgo fue la placa de una motocicleta Kymco negra, la cual había sido robada dos días antes en la calle 32F con la carrera 78 del barrio Laureles, aprovechando un descuido del propietario, quien la dejó mal parqueada en la calle.

La segunda pista llegó al verificar los registros judiciales de uno de los muertos. Edwin Arley Uribe Montoya, un mecánico de 33 años conocido como “la Vaca”, tenía antecedentes como indiciado de dos delitos: uso de documento falso (2008) y hurto calificado (2014).

Por el robo de una motocicleta, “la Vaca” había sido capturado el 4 de diciembre de 2014 y la justicia le impuso una condena de 18 meses. El 13 de junio de 2016 recibió el beneficio de la detención domiciliaria, la cual – según el Inpec – debía cumplirse en una vivienda del barrio Las Cabañitas, en Bello, municipio del que era oriundo.

El vecindario Santa Fe, donde ocurrió el triple homicidio, junto a Trinidad, Tenche y Campo Amor, hacen parte de un sector conocido como Barrio Antioquia, tristemente célebre por ser la principal plaza para la venta de estupefacientes en Medellín.

Varias bandas operan en este codiciado lugar, divididas por manzanas. En la cuadra del ataque, indicaron fuentes policiales, actúa el combo de “La 24″, que al parecer le rinde cuentas a la “Odín la Unión” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), que desde el municipio de Itagüí extiende sus redes en las comunas medellinenses de Belén y Guayabal, incluyendo al Barrio Antioquia.

En los últimos meses se habían registrado algunos hostigamientos entre los grupos del sector que obedecen a “la Unión” y los que trabajan para “los Chatas”, una organización de Bello que también tiene intereses delictivos en Medellín y Barrio Antioquia.

Es por esto que los analistas presumían que podía presentarse un ataque como el que efectivamente ocurrió. Ahora los investigadores tratan de establecer si la presencia de “la Vaca” en el sitio guarda alguna relación con esa disputa.

NOTA RELACIONADA: Ajustes de cuentas generan dos nuevos horrores.

El Inspector. 

Los asesinatos ocurrieron en la misma zona de influencia de las víctimas, en el lapso de una semana y con una modalidad criminal parecida.

En esta camioneta se transportaba la víctima, cuando los sicarios atacaron. Foto de Róbinson Sáenz.

A la 1:15 p.m. de este martes (abril 21), sicarios a bordo de una motocicleta Pulsar blanca interceptaron la camioneta Hyundai Tucson en la cual viajaba Vélez Gómez, de 48 años y presidente del Consejo Directivo de la Cooperativa de Transportes de Medellín (Cootransmede), que agrupa a cientos de taxistas de la ciudad.

El directivo venía de su casa y estaba a pocos metros de su sede laboral en el barrio Trinidad, cuando las balas lo alcanzaron a él y a su conductor Róbinson Pérez, a través de la ventanilla. Los agresores escaparon a toda velocidad y se presume que habrían actuado en complicidad con los ocupantes de un taxi que también se evadió, de acuerdo con fuentes policiales.

Juan Esteban Vélez, directivo de Cootransmede. Cortesía.

El conductor Pérez alcanzó a ser llevado a la Clínica Las Américas, donde permanece en estado delicado, pero Vélez falleció en la silla del copiloto. Era padre de dos hijas, llevaba casi dos décadas trabajando en el gremio del transporte y era invidente, por causa de un atentado perpetrado en años anteriores.

“Es muy posible que estos hechos estén relacionados”, explicó el secretario Vargas, para referirse a este caso y el de Róbinson Aguirre Carrero, alias “el Mello”, asesinado la semana pasada en el parqueadero de la Unidad Deportiva de Belén (ver la NOTA RELACIONADA: Asesinan al “Mello” después de un partido de fútbol).

Aunque este hombre de 31 años carecía de antecedentes judiciales, en algunas indagaciones policiales era referenciado como supuesto cabecilla en el sector de Barrio Antioquia (que incluye el vecindario de Trinidad, en la comuna 15), encargado de las finanzas ligadas al tráfico de estupefacientes para la organización criminal “la Oficina”.

El funcionario de la Alcaldía no especificó cuál sería la relación entre las dos muertes, no obstante, se investiga si Vélez y Aguirre habrían tenido alguna relación de carácter comercial, toda vez que el primero lideraba una empresa de taxis y el segundo era dueño de una compraventa de vehículos, ambas empresas ubicadas en la misma zona.

El Inspector.

Finalizado el encuentro en la Unidad Deportiva de Belén, ubicada en el suroccidente de Medellín, el ciudadano de 31 años se dirigió al estacionamiento del lugar, al mediodía de este miércoles (abril 15).

Dentro de este vehículo falleció alias “el Mello”, en el parqueadero de la Unidad Deportiva de Belén. Cortesía.

Abrió la puerta de su automóvil Nissan March y se sentó en la silla del piloto. Justo en ese instante llegaron los sicarios, que al parecer llevaban un buen tiempo esperándolo. Uno de ellos se aproximó y con la puerta abierta le disparó a quemarropa, al parecer empleando una pistola con silenciador.

La víctima Róbinson Aguirre Carrero en su juventud. Cortesía.

Testigos del hecho notificaron a la Policía que los agresores escaparon en una moto de alto cilindraje Yamaha Fazer, de color blanco y negro y placa IMR-44B. Según esta versión, huyeron hacia el sur por la carrera 66B, a plena luz del día y en una zona plagada de cámaras de vigilancia.

Aguirre Carrero falleció en el lugar de los hechos. Sus allegados indicaron a las autoridades que era propietario de un local de compra y venta de vehículos ubicado en el barrio Trinidad de la capital antioqueña.

En las bases de datos judiciales no le figura ninguna clase de antecedente; no obstante, fuentes de Inteligencia aseguran que la víctima era conocida por los alias de “el Mello” o “el Mellizo”. Al parecer estaba relacionado con las finanzas clandestinas derivadas del tráfico de estupefacientes en el sector conocido como Barrio Antioquia, la principal plaza de vicio del Valle de Aburrá, que se extiende por las esquinas de los vecindarios Trinidad, Santa Fe, Tenche y Campoamor.

También lo investigaban por ser un supuesto socio de Jorge Mario Pérez Marín, alias “Morro”, un cabecilla de la banda “la Oficina”, el cual hasta el día de su muerte (31 de diciembre de 2012) ejercía el control de los negocios en Barrio Antioquia (ver la NOTA RELACIONADA: Las huellas dispersas de la masacre de Envigado).

Según la Sijín, en la actualidad en esa área operan seis combos encargados del microtráfico de drogas: “la Licorera”, “la 24″, “Alexpin”, “el Coco”, “el Quinto” y el combo de “Ratón”.

NOTA RELACIONADA: Matan a dos supuestos trabajadores de alias “Morro”.

El Inspector.

El primer ataque ocurrió a las 11:00 a.m. de ayer en el barrio Laureles, cuando la víctima se desplazaba en un automóvil Mazda 2 blanco. La investigación inicial arroja que unos mercenarios en moto tirotearon a José Elpidio Franco, apodado “Conejo”, usando un arma con silenciador. Incluso uno de los homicidas, al parecer, abrió la puerta del automotor y remató al conductor de 32 años.

Cuando conducía este vehículo fue asesinado alias "Conejo", en plena avenida Nutibara. Foto de Mauricio Palacio.

Después abandonaron la motocicleta Pulsar en una estación de gasolina cercana. Las autoridades constataron que tenía una placa falsa y había sido robada días atrás. El secretario de Gobierno de Medellín, Jorge Mejía, advirtió que el finado tenía una orden de captura por tráfico de armas.

Cuatro horas después, en el barrio Santa Fe, dos tipos en moto llegaron hasta la esquina de la calle 21 con carrera 59 y abalearon a las personas que estaban allí sentadas. Algunos alcanzaron a correr y después de desplomaron; una hipótesis sugiere que alguien respondió al fuego disparando y en el sitio quedó abandonado un silenciador.

Tres heridos fueron llevados a una clínica, donde falleció Carlos César Cortés Peláez, de 29 años y conocido con el alias de “Cachetes”, según la Policía.

La investigación preliminar sugiere que los dos ataques están conectados y que los occisos habían sido trabajadores de Jorge Pérez Marín, alias “Morro”, supuesto cabecilla de “la Oficina” aniquilado el pasado 31 de diciembre, en la masacre de nueve personas en Envigado (ver la NOTA RELACIONADA: Una carta habría desatado la masacre de Envigado).

Una de las teorías policiales es que “Morro”, “Conejo” y “Cachetes” tendrían nexos con la ilegalidad en el Barrio Antioquia, un sector de la comuna 15 (Guayabal) conformado por los barrios Santa Fe, Trinidad, Tenche y Campo Amor, caracterizado por el frecuente e histórico tráfico de estupefacientes.

En las labores judiciales habrá que determinar si, detrás de las citadas muertes, la mafia pretende un cambio de liderazgo ilegal en Barrio Antioquia, o evitar un retaliación de los secuaces por el homicidio de “Morro”.

El Inspector.

El hecho sucedió a las 4:00 a.m. de hoy, en la carrera 46A con la calle 29C. Los delincuentes llegaron en camionetas, con el pretexto de realizar un allanamiento en un apartamento de un segundo piso.

Este es el lugar de los hechos. Fotos de David Sánchez.

El celador quiso verificar la información con su empresa de seguridad, pero fue encañonado y reducido por los falsos uniformados, al igual que su compañero.

El comando armado penetró hasta el bloque indicado y con un mazo forzó la puerta. Una vez en el apartamento abrió fuego contra las siete personas que se encontraban allí, usando fusiles de calibre 5.56 y pistolas 9 milímetros. Dos hombres y dos mujeres murieron en el lugar.

Un sujeto escapó de la muerte arrojándose por el balcón, hecho que le produjo varias lesiones. Otro hombre y una femenina se salvaron de este ataque, el cual habría sido ejecutado cuando los objetivos estaban dormidos.

Los familiares estuvieron presentes en el procedimiento de inspección.

Ninguno de los agresores ha sido detenido por el momento. Antes de escapar, se robaron la CPU del computador en el cual se guardaban las grabaciones de las cámaras de vigilancia.

La víctimas fueron Jorge Iván Ardila Ossa, de 27 años y apodado ‘Yayo’, y Jorge Mario Arango Sánchez, conocido como ‘El Soldado’. A ellos los acompañaban las jóvenes Kelly Johana Alzate Estrada, de 21 años, y Johana Alejandra Betancourt, de 23.

El general Dagoberto García Cáceres, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que los hombres fallecidos tenían antecedentes penales por porte ilegal de armas y de estupefacientes.

La causa del crimen sería una retaliación entre combos delincuenciales. Al parecer la disputa tiene su origen en el Barrio Antioquia, una zona del suroccidente de Medellín donde se libra una batalla por el control del tráfico de estupefacientes.

Los hombres aniquilados eran de esa zona y se presume que estaban refugiados en el apartamento de Envigado. El general García indicó que ‘Yayo’ y ‘El Soldado’ eran investigados por sus presuntos nexos con el combo ‘El Coco’.

El Inspector.

Para la Policía, detrás de la matanza del barrio San Pablo hay una guerra de combos por las plazas del narcotráfico en la zona.

Este fue el establecimiento en el cual se produjo el múltiple crimen.

El ataque fue ejecutado a las 8:20 p.m. de ayer, en el establecimiento público de la carrera 54 con la calle 16A. Los agresores utilizaron pistolas de calibre 45 y 9 milímetros, y luego de derramar la sangre se evadieron.

Las víctimas fueron Diego Alejandro Pérez Amariles, de 23 años y administrador del local; Conrado Vallejo Zuluaga, taxista de 34; Francisco Luis Tobón Puerta, de 45 y asistente de camarógrafo; y José Édgar Roldán Rojas, de 38 y natural de Cundinamarca.

La hipótesis preliminar sugiere que una batalla de combos originada en el vecino Barrio Antioquia, debido a una reestructuración en el control de las plazas de vicio, se extendió llevando la muerte hasta San Pablo.

El Inspector.