Se trata de Jorge Iván Gómez Restrepo, “el Toco”, señalado cabecilla de la banda ‘el Coco’, en cuya contra había una orden de arresto vigente por los crímenes de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

La Policía tenía en la mira a Jorge Iván Gómez Restrepo (“el Toco”) desde 2018, tardaron ocho años en capturarlo. Foto cortesía de la Policía.

La investigación fue adelantada por agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), que durante varios meses le siguieron la pista al sospechoso, quien se movía de manera frecuente entre la capital antioqueña, la Costa Caribe y República Dominicana.

Hasta que lo ubicaron en la noche de este lunes 6 de abril, en una finca de lujo del municipio de San Roque, valorada en 2.500 millones de pesos. En el procedimiento fueron incautadas dos escopetas Remington, ocho celulares, un computador y una cédula con una identidad falsa. Estaba en compañía de varios allegados, quienes no fueron detenidos.

Fuentes judiciales contaron que Gómez Restrepo ingresó al mundo delincuencial a finales de los años 90, en la banda ‘el Coco’, que delinque en la frontera de las comunas de La América y San Javier, en el occidente de Medellín.

Allí estuvo involucrado, presuntamente, en actos de sicariato, extorsión, tráfico local de narcóticos, amenazas y desplazamiento forzado, entre otras conductas. De hecho, en 2018 fue incluido en el cartel de los más buscados de la ciudad.

Se ganó la confianza del jefe de la organización, Julián Alberto Jiménez Monsalve (“Julián Machete”), con quien ascendió en la jerarquía delincuencial hasta terminar de cabeza, al parecer, en negocios transnacionales de narcotráfico.

Esta es la finca de $2.500 millones de pesos en la cual fue capturado “el Toco”, en San Roque, Antioquia.

La Policía rastreó sus viajes a Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y La Guajira, así como a República Dominicana, donde presuntamente coordinaba el despacho de cargamentos de cocaína a través de los puertos.

Una de las líneas investigativas apunta a comprobar si tenía nexos con Zulma Musso Torres (“la Patrona”), una influyente matrona en el mundo criminal de la Costa Atlántica.

La mujer heredó los contactos para el narcotráfico transnacional de las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira (ACGM), gracias a que su hermano Jairo Musso Torres (“Pacho Musso”) fue el subcomandante.

Estuvo al frente del negocio entre 2006 y 2022, cuando se entregó a la DEA en México, de acuerdo con fuentes cercanas al caso.

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Esta situación convirtió a “el Toco” en un objetivo prioritario para las autoridades, en especial desde que el gobierno de Estados Unidos inició un despliegue militar en el mar Caribe en septiembre de 2025, con el propósito de frenar a punta de misiles y artillería el paso de las lanchas cargadas del alcaloide.

Una de las rutas que los estadounidenses pretenden desmantelar es la que parte del Caribe colombiano, pasa por Venezuela, República Dominicana y Las Bahamas, con destino final en el estado de Florida.

A la fecha, la Fuerza Naval de EE.UU. ha lanzado 47 ataques contra embarcaciones, en los cuales han muerto 147 tripulantes, según la Fundación Insight Crime.

En el marco del seguimiento, los agentes se enteraron de que “el Toco’” tenía seis hijos, aunque no los veía con mucha frecuencia; uno de ellos es cantante y DJ.

En Colombia se transportaba en camionetas blindadas 4Runner y Prado, y solía contratar a un chef famoso para que le cocinara tanto a él como a su jefe, “Julián Machete”. También se documentaron algunos de sus encuentros con influenciadoras de redes sociales y modelos antioqueñas.

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La diferencia de aspecto entre el momento de la captura de “el Toco” y su foto del cartel de los más buscados. Cortesía de Policía.

“En 2018, en mi primera alcaldía, incluimos a ‘Toco’ en el cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. Fuimos contundentes: de ocho cabecillas priorizados, siete cayeron. Él se escondió durante siete años, se movió, intentó burlar a la justicia… pero aquí no soltamos a los criminales. El 6 de abril de 2026 saldamos ese pendiente”, celebró el alcalde Federico Gutiérrez.

Por su parte, el director de la Policía, general William Rincón, expresó que “alias ‘Toco’ es un criminal con más de 25 años de trayectoria delictiva, vinculado al Clan del Golfo y a redes de narcotráfico en Estados Unidos y Europa. Su rol articulaba estructuras locales con redes transnacionales, consolidando un engranaje criminal que hoy empieza a desmoronarse”.

Agregó que “desde el Urabá y los principales puertos del Caribe, este cabecilla coordinaba el envío de hasta 3 toneladas mensuales de cocaína en lanchas Go Fast y contenedores. Además, dinamizaba homicidios, desplazamientos forzados y extorsión en el Valle de Aburrá, afectando directamente la seguridad de nuestras comunidades”.

En las audiencias de control de garantías, el juzgado legalizó el allanamiento y la captura; la Fiscalía imputó cargos por concierto para delinquir y desplazamiento forzado, por los cuales Gómez Restrepo se declaró inocente.

Actualmente avanza la discusión entre las partes para definir el tipo de medida de aseguramiento que le impondrán.

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El Inspector.

En el bajo mundo son conocidos como los “invisibles” y los “baby narcos”, dos figuras opuestas en el juego de la mafia. Este es un reportaje de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Luis Tello Candelo (“Negro Frank”) encabezó la lista de extraditados a EE.UU. en octubre; en el círculo de arriba, Jorge Herrera (DJ Regio Clown); y abajo Juan Pablo Leal (“Pablito Tuci”). Fotos cortesía de Policía y archivo.

En una lánguida fila india, con las muñecas esposadas y bajo la mirada penetrante de los agentes de Interpol, desfilaron de uno en uno nueve extraditables solicitados por las cortes de EE.UU.

Sucedió el pasado 31 de octubre en el aeropuerto de Bogotá, donde un avión de la agencia U.S. Marshals Service los esperaba para partir hacia sus eventuales condenas.

Entre los desdichados iba Luis Frank Tello Candelo, alias “el Negro Frank”, señalado de coordinar una ruta de narcotráfico marítimo y aéreo que atraviesa Colombia, Venezuela, Honduras y México.

Estuvo preso en 1996, pero salió a los tres años por vencimiento de términos, cuando su expediente desapareció de la base de datos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En ese tiempo era lugarteniente de Daniel “el Loco” Barrera, cabecilla de una naciente organización con ínfulas transnacionales, que a futuro sería conocida como la Junta Directiva del Narcotráfico.

Luego lo arrestaron en 2010 en Venezuela, junto a su cónyuge Gloria Rojas Valencia, señalados de fungir como enlaces en Suramérica del cartel mexicano “los Zetas”.

Ambos fueron extraditados y procesados por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y cinco años después regresaron a Colombia.

“El Negro Frank” volvió a las andadas, y entre 2018 y 2021 coordinó más despachos de droga por la misma ruta, por lo que la Corte del Distrito Sur de Florida le abrió un nuevo expediente. La Dijín lo recapturó en 2023, y desde entonces estaba a la espera de su segunda extradición en la cárcel La Picota, la cual se materializó cuando abordó ese avión hace cinco meses.

A pesar de semejante prontuario, Tello era prácticamente desconocido para la opinión pública. A diferencia de otros capos, su rostro nunca apareció en el cartel de los más buscados, ni le asignaron estrafalarias recompensas en su contra, ni salió en revistas de chismes relacionado con actrices.

Tampoco fue mencionado su nombre en masacres o atentados sicariales, pese a moverse en el sórdido mundo de la mafia. ¿La razón? “El Negro Frank”, a sus 63 años, hace parte de esa generación de delincuentes denominados “narcos invisibles”, los cuales pululan en la actualidad, cuando el negocio de la cocaína alcanzó rendimientos históricos.

Pero no es el único espécimen “raro” que ha salido a flote recientemente, en el vasto paisaje del crimen organizado.

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“INVISIBLES” Y BABY NARCOS”
El mismo día en que Tello era extraditado por segunda ocasión, la Fiscalía de México anunciaba las capturas de 16 personas implicadas en los brutales asesinatos de dos músicos colombianos, Byron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera (DJ Regio Clown), cuyos restos desmembrados fueron encontrados el 17 de septiembre de 2025 en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

Como móvil del crimen, el ente acusador expuso que “los actos investigativos realizados hasta el momento vinculan la muerte de ambas víctimas con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como ‘tuci’ y ‘coco channel’”.

La hipótesis es que los colombianos fueron acusados, por un narco apodado “Pantera”, de vender drogas sin autorización en su territorio.

Aunque B-King y DJ Regio Clown no tenían investigaciones penales en su contra, en México la sospecha de un capo es una sentencia de muerte.

La Fiscalía presume que Herrera era un joven que usaba su carrera musical como fachada para la venta de tuci en conciertos, que era, ni más ni menos, un “baby narco”.

Esta denominación, acuñada por la Policía colombiana, también aplica a un caso registrado a principios del 2025, cuyo protagonista fue Juan Pablo Leal Velásquez, un muchacho de 27 años conocido en el bajo mundo de Medellín como “Pablito Tuci”, considerado uno de los principales distribuidores de drogas sintéticas en el Valle de Aburrá.

En el barrio Santa Cruz, de estrato bajo, mandó a construir una pequeña mansión de $4.000 millones, con jacuzzi y pasadizos secretos, donde hacía rumbas con DJ, influencers, modelos y traquetos. En una de ellas, el pasado 17 de febrero, fue asesinado su socio Cristian Tobón, originando una balacera de la cual “Pablito Tuci” logró escapar.

La muerte lo persiguió hasta un condominio del municipio de Calima Darién, en Valle, donde el 11 de marzo de ese año fue acribillado por sicarios.

A diferencia de los “narcos invisibles”, los “baby narcos” no son veteranos de perfil anónimo, sino jóvenes extravagantes que se precian de pertenecer a la farándula de la mafia, con un estilo de vida llamativo y jolgorioso.

Usan conciertos y “after parties” para distribuir narcóticos y exponer sus lujos en las redes sociales.

“Los ‘invisibles’ decidieron modificar sus comportamientos, buscando ocultar su identidad y generar un total desconocimiento del responsable de los cargamentos de estupefacientes. Su suspicacia, su experiencia, sus relaciones personales y alcances criminales, los hacen difíciles de detectar. En cambio, los ‘baby narcos’ destinan gran parte de su dinero en opulencias, que van desde su manera de vestir, hasta los lugares donde residen; sus relaciones interpersonales son públicas y ser festivos es una de sus debilidades”, le explicó a El Colombiano el coronel (r) Marco Pulido, exoficial de la Dirección Antinarcóticos de la Policía y analista de criminalidad.

Felipe Botero, jefe de la Oficina Regional Andina de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, relató que “hoy tenemos un fenómeno de fraccionamiento del modelo de narcotráfico, ya no hay grandes grupos jerárquicos como el cartel de Medellín, sino más pequeños y especializados en roles específicos del negocio, que cooperan entre sí”.

En consecuencia, “esto permite el ascenso de jóvenes que provienen de bandas locales, quienes pasan a tener responsabilidades en la red transnacional y se enriquecen muy rápido. Durante un trabajo de campo en el norte de Cauca, por ejemplo, encontramos muchachos de 16 años que ya estaban involucrados y tenían ingresos altísimos”, acotó el experto, refiriéndose a los “baby narcos”.

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GENERACIONES DEL NARCOTRÁFICO
En los últimos 50 años de historia del crimen en Colombia, es posible identificar cuatro etapas del negocio del tráfico de cocaína, cada una con unos representantes conocidos y características particulares.

La primera generación se forjó en los 80, con los grandes carteles de Medellín y Cali, los cuales ejercían el monopolio global de la distribución del narcótico. Estas estructuras funcionaban como conglomerados empresariales, formados por varias compañías y una especie de junta de directiva con presidente ejecutivo.

Conformaron ejércitos de sicarios, instruyendo a grupos de operaciones especiales (para secuestros, masacres y carrobombas) y contratando a las bandas barriales para sus “vueltas” urbanas.

Buscaron incidir en las instituciones del Estado, corrompiendo funcionarios en todas las ramas del poder, mediante la oferta de sobornos e intimidaciones, y asesinando a los servidores públicos que los combatían.

La matanzas que desató el cartel de Medellín para suprimir las normas de extradición, por ejemplo, generaron un nuevo concepto en el extenso diccionario de la violencia en Colombia: el narcoterrorismo.

Aunque la precursora de esta generación fue Griselda Blanco (“la Madrina”), la primera en establecer una ruta de exportación de cocaína hacia el exterior y controlar la distribución en varias ciudades de EE.UU., sus máximos exponentes fueron Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela.

De ellos, solo este último está vivo, purgando sus crímenes en una cárcel de Estados Unidos, a sus 82 años de edad.

El comportamiento estrafalario y los lujos excesivos que derrocharon ellos y sus lugartenientes, sentaron las bases de la “cultura traqueta”, que ha influenciado a miles de jóvenes desde entonces.

La segunda generación se estableció en los 90, cuando los grupos armados como las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), asumieron un rol protagónico en el entramado. Antes, su acción se limitaba al cobro de “impuestos de gramaje” a los capos, por permitirles procesar y transportar la droga en sus territorios, o a establecer convenios de cooperación a cambio de dinero, ejecutando tareas de escolta, atentados y vigilancia de laboratorios clandestinos.

Pero con la caída de los grandes carteles, los guerrilleros y paramilitares tomaron las riendas, no solo para financiar sus respectivas causas, sino para abastecer un mercado internacional que cada vez más demandaba la cocaína.

A diferencia de los narcos de la primera generación, estos no solo tenían interés en los réditos económicos, sino en el control de territorios rurales y sus respectivas comunidades, para asegurar monopolios de cultivo de coca.

Incorporaron otras rentas, que a la postre terminaron invirtiendo en la tecnificación del tráfico de narcóticos: la extorsión generalizada y la minería ilegal de oro.

Entre sus exponentes están Diego Murillo (“don Berna”), Carlos Jiménez (“Macaco”) y Víctor Suárez (“Mono Jojoy”), entre otros.

La tercera generación surgió en la década de 2006 a 2016, en cabeza de facciones herederas de las desmovilizada Farc y AUC, y de los antiguos carteles, como el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, “los Rastrojos”, “la Oficina”, “los Pachenca” y “los Paisas”.

Estos grupos operan como confederaciones, que incluyen narcos que manejan las finanzas, pero también un aparato militar para el dominio territorial.

Ya no se dedicaron al monopolio, sino a establecer sociedades con mafias extranjeras que se encargaran de la distribución global del narcótico, lo que facilitó el ingreso a Colombia de delegados de grupos mexicanos, italianos, balcánicos, marroquíes y ecuatorianos, entre otros.

Invirtieron grandes sumas de dinero en negocios legales, perfeccionando las dinámicas de lavado de activos, hasta colonizar mercados de criptomonedas y contrabando de mercancía.

Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, narcotraficante de tercera generación, condenado en EE.UU. Foto cortesía de Policía.

Algunos de sus representantes son Dairo Úsuga (“Otoniel”), Néstor Vera (“Iván Mordisco”), Javier y Luis Calle Serna (“los Comba”) y Maximiliano Bonilla (“Valenciano”), entre otros.

La cuarta generación se caracteriza por una democratización total del narcotráfico de cocaína, para surtir una demanda mundial de 25 millones de consumidores (según la ONU), con la entrada en escena de grupos independientes y sigilosos, que no están inscritos en ninguno de los carteles conocidos, pero que tienen la capacidad asociativa para despachar decenas de toneladas al exterior.

No les interesa el control de zona rurales ni desafiar al Estado, sino más bien camuflarse en la sociedad. “Son pequeñas estructuras que tercerizan muchos procesos, usan nuevas tecnologías y están altamente conectadas con compradores extranjeros”, dijo Ana María Rueda, coordinadora de Drogas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Fue durante la transición de la tercera a la cuarta generación, que aparecieron en escena “los invisibles” y los “baby narcos”, como una nueva forma de interpretar el poder criminal, delegando en otros el ejercicio de la violencia para concentrarse en maximizar las ganancias.

En la actualidad conviven los narcos de varias generaciones, peleando y asociándose entre sí, según la conveniencia. Hay unos de segunda generación, como Luciano Marín (“Iván Márquez”), exmiembro del Secretariado de las Farc; de tercera, como Jobanis Ávila (“Chiquito Malo”), del Clan del Golfo; y de la cuarta, como el fallecido “Pablito Tuci”.

A todos parece esperarles un oscuro final, en una bolsa para cadáver o un indeseado vuelo hacia una corte extranjera.

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El Inspector.

El auge de la cocaína está trayendo toda suerte de criminales extranjeros, algunos de los cuales ven en la capital antioqueña un lugar para establecerse y hacer contactos para la exportación del alcaloide. La siguiente es una investigación de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El sitio en el que fue asesinado el albanés Artur Tushi, en una vía de El Poblado, en Medellín. Foto de cortesía.

Haber cruzado el océano Atlántico hasta el otro lado del mundo, arriesgar el pellejo para supuestamente traficar junto a los principales carteles de la droga, y terminar sin vida en una acera de Colombia, con varios agujeros de bala en el cuerpo.
Ese fue el destino que, según la investigación preliminar de las autoridades, escogió el ciudadano albanés Artur Tushi, asesinado por sicarios el 5 de octubre de 2025 en una vía pública de El Poblado, en el suroriente de Medellín.

Al revisarle los documentos, encontraron que tenía cédula ecuatoriana y residencia permanente en ese país.

Un mes antes, Interpol arrestó en Bogotá al colombiano Samir Rosales Rodríguez, alias “el Químico”, obedeciendo a una Circular Roja solicitada por la Fiscalía de Albania.

El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, declaró el 3 de septiembre pasado que el detenido era “señalado de ser el enlace de las mafias albanesas con presencia en Suramérica. Rosales coordinaba y supervisaba la logística de múltiples cargamentos de cocaína procedentes del Pacífico colombiano, ocultos principalmente en fertilizantes orgánicos, con destino final Albania”.

Aún no se ha esclarecido si hay alguna relación entre esa captura y el asesinato de Artur Tushi, quienes al parecer trabajaban para la misma organización clandestina, pero a los investigadores les llama la atención esa coincidencia.

Por lo pronto, ha quedado en evidencia la febril actividad narcotraficante que los albaneses están liderando en nuestro país. ¿A qué se debe su inusitada presencia?

ORIGEN Y EXPANSIÓN DEL CARTEL
Los traficantes albaneses hacen parte de una mafia que se denomina, de manera genérica, Cartel de los Balcanes. No se trata de una sola organización jerarquizada, como lo fue el Cartel de Medellín en el pasado, sino que el concepto agrupa a un conjunto de estructuras criminales originarias de la Península Balcánica y la antigua Yugoslavia, por lo que también se les llama “la Yugomafia”. Algunas, de hecho, son enemigas entre sí.

Su expansión en Europa comenzó con las Guerras Balcánicas (1991-2001), que finalizaron con la disolución de Yugoslavia. En el éxodo de migrantes por el Viejo Continente se camuflaron delincuentes de Albania, Bosnia, Croacia, Macedonia y Serbia, que instalaron redes en los principales puertos y ciudades, lo que facilitó la extensión de los negocios de estos carteles; un modelo similar siguen en la actualidad grupos latinoamericanos, como el Tren de Aragua (Venezuela) y la Mara Salvatrucha (El Salvador), que aprovechan la migración de sus connacionales para diseminarse.

Artur Tushi, albanés asesinado en Medellín. Cortesía.

Antes se dedicaban al tráfico local de narcóticos, pero entraron a las grandes ligas del juego transnacional de la mano de la mafia italiana, que reclutó albaneses para sus operaciones, en parte debido a su habilidad ampliamente reconocida de dominar varios idiomas. Y estos le aportaron a la alianza su experticia en el negocio atroz de la trata de mujeres, que perfeccionaron explotando sexualmente a las viudas y huérfanas durante la guerra.

De acuerdo con el informe “Redes de cocaína: vínculos entre los Balcanes Occidentales y Sudamérica” (2025), de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), una organización especializada en investigar estos fenómenos, la incursión de los albaneses en nuestro continente empezó en 2009.

Se establecieron primero en Ecuador, enviando delegados que posaban como turistas o inversionistas de propiedad raíz. Los atrajo una economía dolarizada, en la que podían camuflar más fácilmente sus activos; la expulsión de la DEA y del Ejército de Estados Unidos de la base militar de Manta; y un programa instaurado por el presidente de entonces, Rafael Correa, llamado Ciudadanía Universal, que otorgaba facilidades de visado, residencia e inversiones para los extranjeros que quisieran vivir en ese país.

Los delegados de la mafia albanesa usaron documentos falsificados para adquirir varias identidades y contrataron testaferros para comprar empresas navieras, de transporte y logística de exportaciones.

A diferencia de otros grupos, su estrategia de penetración en el bajo mundo nunca fue de confrontación; por el contrario, ofrecieron sus servicios de exportación de cocaína a las organizaciones suramericanas y las contrataron para la vigilancia de las operaciones. Así tejieron fuertes lazos con estructuras narcotraficantes de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y México.

Según el documento de GI-TOC, cobraron un rol más protagónico cuando las antiguas Farc se desmovilizaron en 2016 y dejaron de monopolizar los cultivos de coca, lo que condujo a los principales carteles del mundo a incrementar su participación en el mercado de la cocaína. A esto se han sumado políticas gubernamentales que, de manera indirecta, incentivaron la siembra de coca al reducir la erradicación manual forzada y la fumigación con glifosato.

La confluencia de esos factores tuvo como consecuencia un incremento desbordante del negocio: Colombia saltó de generar 331 toneladas métricas anuales de cocaína en 2013, a 2.664 en 2023, según la ONU. Esto significa que en estas tierras se produce el 71,8% de la cocaína que circula en el planeta (3.708 toneladas en total), y para los traquetos albaneses es la “tierra prometida”.

Sus rutas marítimas suelen partir de los puertos de Guayaquil y Manta (Ecuador); Buenaventura y Barranquilla (Colombia); Maracaibo, Puerto Cabello y Carúpano (Venezuela). Allí contaminan contenedores de banano, camarones e insumos industriales (cemento, arena, pegante), con destino a los terminales del Mediterráneo, la península Balcánica y Europa Central.

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LOS DELEGADOS ECUATORIANOS
Según fuentes de Inteligencia de la Policía y agencias norteamericanas, en Colombia se han detectado operaciones de cuatro facciones del Cartel de los Balcanes: el Grupo Saric, el Grupo Amerika, el Grupo Keka y la Kompania Bello, conformados por integrantes nacidos en Albania, Serbia, Montenegro, Bosnia, Alemania y Rumania, más que todo.

Una de sus características es que se asocian con toda clase de grupos que les puedan proveer cocaína de alta pureza, un transporte seguro y protección para moverse de las ciudades a los laboratorios artesanales. Por eso se les conocen sociedades con el cartel de Sinaloa, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN, “la Oficina”, “los Pachenca” y la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico (NJDN).

Al margen de esas alianzas, la más sólida parece ser con la banda “los Choneros”, de Ecuador, al punto de que a veces, en vez de los propios albaneses, quienes vienen a Colombia son los ecuatorianos, actuando como sus representantes directos. Uno de los más conocidos fue Wilder Emilio Sánchez Farfán (“el Gato Farfán”), arrestado en un operativo conjunto de la Policía colombiana y la DEA, el 10 de febrero de 2023 en la ciudad de Pasto.

Según la investigación, trabajaba en asocio con el albanés Artur Rrapaj, quien articulaba la operación mafiosa desde el puerto de Guayaquil.

Cuando atraparon a “el Gato Farfán” regresaba de una reunión en la selva, con integrantes del frente Oliver Sinisterra de las Farc, con los cuales coordinaba la producción del narcótico en Nariño.

Otros integrantes de “los Choneros” implicados en estas sociedades criminales son Jortman Róbinson Suárez Molina, alias “el Ecuatoriano”, quien murió en un operativo de la Policía el pasado 29 de septiembre, en una finca de Rionegro, Antioquia. Y Rolando Federico Gómez Quinde (“Fede”), capturado el pasado 2 de octubre en el barrio Santa Teresita de Medellín.

Las actividades de los albaneses y sus aliados incluso han puesto nervioso al presidente Gustavo Petro.

El 26 de mayo pasado fue capturado en Emiratos Árabes el albanés Dritan Gjika, un narcotraficante radicado en Guayaquil desde 2009, y señalado de coordinar una de las rutas de exportación de cocaína hacia Europa.

Tras conocer la noticia, Petro trinó: “Esto se llama la junta del narcotráfico, con sede en Abu Dabi, controlan una red de fiscales y a través del CTI, el puerto de Buenaventura. Son autores del asesinato del fiscal paraguayo Pecci, y lograron encubrir los autores intelectuales del asesinato, en la Fiscalía. Han buscado asesinarme sin éxito”.

Fuentes policiales manifestaron que no hay ninguna evidencia de que los albaneses quieran matar a Petro; sin embargo, sí hay preocupación por las crecientes actividades de esa mafia en Colombia.

Esta situación motivó una reunión de alto nivel el pasado 24 de septiembre en La Haya, Países Bajos, entre el general Carlos Triana y el director de la Policía de Albania, Ilir Proda, donde se acordó concretar un plan de acción para desmantelar las tenebrosas alianzas entre las mafias colombianas, ecuatorianas y balcánicas.

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El Inspector.

Desde los 80 han cambiado varios aspectos en el modelo de esta actividad criminal, como la caída de los monopolios y el auge de mercados locales; y otras persisten, como el prohibicionismo y la cultura traqueta. Aquí, un análisis de la evolución del flagelo que no deja en paz al país, elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Fabio Ochoa, excabecilla del cartel de Medellín, regresó a Colombia en diciembre de 2024. Foto: cortesía.

El excapo Fabio Ochoa volvió a Colombia en diciembre de 2024, luego de pagar 25 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU.; mientras que su antiguo socio, Carlos Lehder, volvió en marzo del presente años, tras purgar 33 años por el mismo cargo en aquella nación.

Seguramente se sintieron extraños en unas calles transformadas por la evolución del urbanismo, pero también se dieron que, desde sus tiempos hasta ahora, la droga sigue siendo el principal motor de la mafia. Entonces, ¿qué cambió?

 LOS CAMBIOS

1). Del monopolio a la democracia cocalera
En los 80, los carteles de Medellín y Cali ejercían el monopolio global de la producción y distribución de cocaína. En la práctica, si alguna organización quería participar del mercado, tenía que contar con la bendición de “los Extraditables” o de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, o pagarles una suerte de tributo para poder “trabajar”.

Hoy, si bien existen algunas organizaciones que actúan como carteles y dominan ciertos territorios, entre ellas el Clan del Golfo, carecen de la capacidad para ostentar un monopolio. Actualmente hay múltiples grupos participando en la cosecha, producción, transporte y exportación, que trabajan de manera articulada y cada uno se encarga de un eslabón de la cadena del narcotráfico.

El último monopolio que existió en el negocio lo protagonizó la antigua guerrilla de las Farc, que dominaba vastas áreas de cultivos, pero luego de su desmovilización en 2016, el acceso se democratizó, permitieron el surgimiento de múltiples redes de narcos independientes, la proliferación de 19 mafias extranjeras y la apertura de nuevas rutas de distribución.

En la época de Pablo Escobar y “los Extraditables”, la organización participaba en todos los eslabones de la cadena: el patrocinio de los cultivos de coca; su transformación en clorhidrato de cocaína en los laboratorios, como el de Tranquilandia en Caquetá; su transporte, acopio y exportación por vía aérea, marítima y terrestre, e incluso la comercialización en los destinos, como las calles de Florida, Nueva York y Los Ángeles.

Los grupos del siglo XXI, en cambio, operan en redes más complejas, con la participación de múltiples actores, cada uno especializado en un eslabón de la cadena.

Los colombianos ya no se encargan de la distribución final en los países destino, sino que le ceden este trabajo a sus socios; esto le ha dado un mayor protagonismo en el mercado de la cocaína a las mafias de México, Italia, Marruecos, Países Bajos y los Balcanes.

2). Mejor una cárcel en EE.UU. que una tumba en Colombia
En su momento, el lema de “los Extraditables” fue “prefiero una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”, y en él se fundamentó su confrontación terrorista contra el Estado, buscando suprimir la figura de la extradición de las leyes colombianas.

Hoy cambió esta percepción, y es común que los narcos se sometan voluntariamente a la justicia de EE.UU., buscando un acuerdo de culpabilidad (plea agreement) que les genere una sentencia pequeña y la posibilidad de conservar sus fortunas.

“Si entregamos la mitad del dinero, el gobierno norteamericano nos deja vivir con la otra mitad, y nos quedamos en este país con varias ventajas”, confesó en un programa de TV Carlos Ramón Zapata (“el Médico”), exmiembro del cartel del Norte del Valle, quien en 2023 fue detenido a su regreso a Colombia, por seguir en actividades ilegales.

Esto es posible porque también hay una flexibilización de las políticas antidrogas de EE.UU., que permite que la DEA y el Departamento de Justicia busquen negociaciones con los capos. “Esta política fue muy rígida al comienzo, pero ahora EE.UU. ha entendido que es más efectiva una negociación judicial, y los narcos también”, explicó Alejo Vargas, docente y analista de seguridad y defensa.

Entre los narcos que se han entregado a la justicia estadounidense en los últimos años se cuentan los hermanos Javier y Luis Calle Serna (“Doctor” y “Comba”), jefes de “los Rastrojos”; y Carlos Aguilar (“Rogelio”), Mauricio López (“Yiyo”), Carlos Arredondo (“Mateo”) y Fredy Mira (“Fredy Colas”), de “la Oficina”.

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3). Crecimiento de los mercados internos
En los días del cartel de Medellín, la cocaína que se producía era principalmente con fines de exportación, mientras que a los viciosos locales se les ofrecían sus subproductos (perico y basuco), marihuana y LCD; hoy, el mercado interno ha crecido tanto, que los grupos de crimen organizado producen para abastecer plazas de vicio locales, dado que todas las metrópolis colombianas, e incluso en regiones apartadas, hay narcomenudeo de clorhidrato de cocaína.

Como ejemplo, hay dos investigaciones del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC): la primera es el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (2023), que concluyó que el 31,4% de los delincuentes juveniles del país presentaron adicción a la cocaína durante ese año.

La segunda es el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar (2022), que estableció que en Colombia la edad promedio de inicio de consumo es de 13,7 años.

4). Diversificación de las rutas al exterior
En los tiempos de Lehder y compañía, los narcos se abastecían de los cultivos de Bolivia y Perú, y en su trasiego a EE.UU. eran fundamentales las rutas de Centroamérica, las islas antillanas y el mar Caribe.

Hoy las trazados internacionales se diversificaron, explicó Vargas, y los traquetos colombianos abrieron rutas a China, África, Medio Oriente y Oceanía, donde un kilo de cocaína se vende en 200.000 dólares, mientras que en Florida el valor oscila entre US14.000 y US20.000.

La distribución en el Viejo Continente tiene puntos de llegada en los puertos de Amberes (Bélgica), Roterdam (Países Bajos) y la costa mediterránea de España e Italia; de allí se irriga a Europa Central, islas británicas, los Balcanes, la península escandinava y Rusia.

Ecuador y Venezuela cobraron gran importancia como zonas de trasiego y exportación del alcaloide.

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Carlos Lehder, antiguo narco del cartel de Medellín, ya está libre en Colombia. Foto: cortesía de Migración.

LO QUE NO HA CAMBIADO

5). El principal motor de la violencia armada
Tanto en los tiempos del cartel de Medellín como en la actualidad, las millonarias ganancias de la cocaína financian los ejércitos criminales que generan la violencia en el país, en las áreas urbanas y el campo.

El narcoterrorismo sigue, solo que hoy quienes ponen los carrobombas, secuestran y asesinan a los miembros de la Fuerza Pública son las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

Una diferencia latente es que el cartel de Medellín pretendía doblegar el sistema de justicia del Estado, mientras que en nuestro tiempo los grupos armados buscan someter comunidades y territorios específicos, como el cañón del Micay (Cauca), el Catatumbo (Norte de Santander) y el sur de Chocó.

Aunque se diversificaron las rentas ilegales con la minería de oro y la extorsión a casi todas las actividades económicas, el tráfico de cocaína sigue reinando, en parte por la devaluación del peso frente al dólar, que aumentó los ingresos; el crecimiento histórico de los cultivos, hoy tasado en 253.000 hectáreas; el incremento en la capacidad de producción, de 2.600 toneladas métricas anuales de droga de alta pureza; y el aumento del 20% en el consumo mundial en la última década, según la ONU, calculando que 25’255.000 personas han probado la cocaína.

6). Prohibicionismo sigue sin dar resultados
Las atrocidades del cartel de Medellín alimentaron la tesis de la “guerra contra las drogas”, declarada por el Gobierno de Estados Unidos y perpetuada por Colombia. Aunque cada vez le aparecen más detractores a esta política, la verdad es que la comercialización de cocaína sigue siendo ilegal.

“Continúa un régimen de prohibición absurdo en términos de regulación de las drogas, seguimos en la misma guerra contra las drogas, que no ha dado resultados ni en los 80 ni ahora”, opinó Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Gustavo Petro, con el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, ha buscado descriminalizar la siembra para proteger al campesinado, y enfocar su lucha en la interdicción de los cargamentos de cocaína, pero esto ha fomentado un crecimiento nunca antes visto de las cosechas y las importaciones, favoreciendo en últimas a los narcotraficantes.

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7). La anticultura traqueta sigue vigente
En los días de Lehder y Fabio Ochoa se forjaron unos antivalores que se enquistaron en la cultura colombiana, especialmente en la juventud, los cuales hoy persisten: ver una opción de vida en la ilegalidad, el deseo de obtener poder por medio de la violencia y el anhelo de acumular riqueza cueste lo que cueste.

Esta tendencia sigue impactando los proyectos de vida de miles de jóvenes, que cada mes ingresan a las bandas y grupos terroristas por su propia voluntad.

La televisión, el narcoturismo y el comercio de artículos alusivos al cartel de Medellín terminaron por instalar ese modo de ver el mundo en la mente de extranjeros y jóvenes. “Esos usos que impuso el cartel en su momento dejaron rezagos en la cultura paisa que siguen vigentes, eso hay que reconocerlo”, contó preciado.

¿Y qué opinan los comentaristas de Revelaciones del Bajo Mundo? Los leo.

El Inspector. 

Lehder, de 75 años de edad, hizo parte del cartel de Medellín en los años 80, una organización responsable de asesinatos selectivos, secuestros, masacres, carrobombas, magnicidios, corrupción y toda suerte de delitos, pero no pagará por sus penas en esta nación. ¿Por qué? Esta es la respuesta a esa pregunta, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Enrique Lehder Rivas pagó 33 años de cárcel en Estados Unidos y ya está libre en Colombia. Foto cortesía de Policía.

El 28 de marzo de 2025 el cofundador del cartel de Medellín fue detenido por la Policía a su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Con rimbombancia, la institución anunció que lo trasladaría a los calabozos de la Dijín, a verificar su situación judicial.

En las bases de datos aparecía que Lehder fue condenado el 24 de noviembre de 1995 por el Juzgado Regional de Santafé de Bogotá, que lo halló responsable por los delitos de tenencia y conservación ilegal de estupefacientes, armas de fuego y municiones de uso civil y privativo de las fuerzas armadas.

La pena fue de 24 años de cárcel y una multa de $1’250.000, la cual fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Nacional el 5 de agosto de 1996.

En ese momento, Lehder estaba preso en una celda de Estados Unidos, adonde había sido extraditado en 1987 bajo cargos de narcotráfico.

Recuperó la libertad en 2020 y fue repatriado a Alemania, en un movimiento jurídico en el que primó su nacionalidad germana, heredada de su padre. Estuvo allá hasta marzo del presente año, cuando decidió volver al país que atormentó en los 80; sin embargo, una alerta de pasaporte en el software de Migración le provocó la posterior captura.

En su argumentación sobre el caso, el Juzgado 18 de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá, en cuyo estrado fue presentado, explicó que la sentencia que lo afectaba ya prescribió, razón por la cual se decretó su libertad.

“Dado que Lehder fue condenado a 24 años de prisión, es claro que la prescripción de la sanción penal será de 24 años, según lo contemplado en el artículo 89 del estatuto punitivo. Así las cosas, desde el 30 de agosto de 1999, data de ejecutoria de la sentencia a hoy, han transcurrido 25 años, 7 meses y 1 día, lo que permitiría concluir que ha pasado el tiempo requerido para que opere la prescripción de la sanción penal”, expuso la juez Martha Delgado Molina en su auto interlocutorio.

El excapo salió libre en la mañana del 31 de marzo pasado, con una sonrisa en su rostro envejecido y diciendo ante la prensa “¡Viva Colombia!”. Lo acompañaba su abogada Sondra Macollins.

“Lehder recupera su libertad porque su pena estaba prescrita y porque tenía derecho a seguir siendo un hombre libre. Doy gracias a Dios porque en Colombia todavía tenemos institucionalidad, y aunque nos parezca un poco impopular la decisión, triunfó la Constitución y la ley”, recalcó la defensora, quien en sus redes sociales se presenta como “la abogada de hierro”.

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¿UN DESCUIDO DEL ESTADO?
En su decisión, la juez Delgado enfatizó en que el Gobierno de Colombia pudo haber solicitado a las autoridades de Estados Unidos o de Alemania que deportaran a Lehder antes de que la sentencia perdiera validez, pero que no lo hizo por un aparente “descuido”.

“(…) También es cierto que por descuido no se realizó de manera oportuna el trámite correspondiente de solicitud ante el Estado que lo tenía preso, para que lo dejara a disposición de estas diligencias para el cumplimiento de la pena, sino que se permitió salir en libertad y se obró en el entendido que el penado no estaba retenido”, acotó la togada.

Esto implica que durante los 33 años que Lehder duró preso en EE. UU., las autoridades colombianas no le notificaron a la Casa Blanca la sentencia en nuestro país, para que una vez saliera, lo deportaran de inmediato a Bogotá; tampoco lo hicieron ante las autoridades alemanas, en cuyo suelo estuvo desde 2020.

Para estas notificaciones, indicaron fuentes judiciales, hay múltiples mecanismos: peticiones de Cancillería, solicitudes de la Oficina de Asuntos Extranjeros de la Fiscalía, circulares de Interpol y tratados binacionales, ninguno de los cuales se aplicó.

La responsabilidad del aparente descuido recae en las decenas de funcionarios que han dirigido la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía desde 1995 hasta 2023, cuando todavía estaba activa la sentencia.

¿Y ahora qué sigue para Lehder? Las fuentes jurídicas consultadas por El Colombiano, con reserva de identidad, manifestaron que el cartel de Medellín está involucrado en muchos delitos que no han prescrito, como los magnicidios y asesinatos de policías y servidores de la Rama Judicial. “Esos expedientes se pueden reabrir con un interrogatorio a Lehder, quien a diferencia de otros miembros del grupo, como ‘Popeye’, nunca cooperó con la justicia colombiana”, indicaron.

El político Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo e hijo del asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán (1989), señaló que “Ledher es corresponsable de los crímenes del cartel de Medellín. En particular, los cometidos antes de su extradición: el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, declarado por la Fiscalía crimen de lesa humanidad dentro del exterminio del Nuevo Liberalismo. En EE. UU. pagó una condena por narcotráfico, pero no ha respondido ante la justicia por los crímenes cometidos en Colombia”.

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El Inspector.

El crimen ocurrió a las 7:00 p.m. del 8 de mayo de 2025 en el Mall del Este, un establecimiento comercial localizado en la comuna de El Poblado. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

María del Pilar Zea Cobo fue llevada a la clínica El Rosario de El Poblado, donde murió. Fotos de cortesía.

Según el reporte de la Policía, al estacionamiento de dicho lugar llegó la ciudadana caleña María del Pilar Zea Cobo, de 41 años, conduciendo una camioneta Toyota TX Land Cruiser, en compañía de su novio Jhon Fredy Toro Hincapié, un caballista y disc jockey, conocido en el ambiente musical como DJ Toro.

Su objetivo era reunirse con un comerciante llamado Andrés Arias (“Chino Arias”), quien al poco tiempo llegó en un automóvil Chevrolet Emotion gris, se bajó y abordó la camioneta de la pareja, en la silla trasera.

En ese momento, María del Pilar le pidió a su novio que fuera a comprar dos sodas, mientras ella conversaba con el visitante. El músico cumplió la orden, fue por las bebidas, y a su regreso encontró a la mujer con dos orificios de bala en la cabeza, al parecer propinados con una pistola con silenciador.

La condujo a urgencias de la clínica El Rosario de El Poblado, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.

Cuando la Policía registró la camioneta, encontró dos vainillas de calibre 9 milímetros en el interior. En la revisión de las cámaras de vigilancia del mall, los agentes observaron que minutos después del crimen, un hombre bajó de la parte trasera de la camioneta de la víctima, sosteniendo una bolsa, abordó el automóvil gris y salió del estacionamiento.

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Aunque en principio María del Pilar Zea Cobo fue reseñada como comerciante, fuentes judiciales le confirmaron a El Colombiano que la justicia de Estados Unidos la estaba investigando por su presunta participación en una red de narcotráfico transnacional.

Los expedientes estaban en cortes federales de Florida y Texas, donde otros narcotraficantes la sindicaron de ser una supuesta exportadora de estupefacientes conocida como “la Reina”, la cual empleada una ruta que salía del Pacífico colombiano, con centro de acopio de cocaína en Centroamérica y destino final en EE. UU.

Al parecer trabajaba en asocio con varios carteles, entre ellos el Clan del Golfo.

El FBI y la DEA le pusieron los ojos encima en 2022, con el decomiso de un cargamento de 1,2 toneladas de cocaína en Puerto Limón, una ciudad portuaria de Costa Rica.

Los agentes comenzaron a hacerle los seguimientos pertinentes, así se enteraron que se había cambiado de residencia, de Cali a Medellín, donde habitaba una lujosa propiedad en una loma de El Poblado, con amplios jardines y vista a las montañas del Valle de Aburrá.

También supieron que había adquirido deudas cercanas a los $40.000 millones de pesos con varios carteles, situación que al parecer provocó ese cambio de residencia.

En esas circunstancias, tomó contacto con agentes de la DEA y, según las fuentes consultadas, inició un proceso de cooperación y delaciones a cambio de beneficios judiciales en las cortes de Texas y Florida.

En Colombia, Zea Cobo también era investigada por los delitos de constreñimiento ilegal (2018) y amenazas (2021), aunque ambos expedientes están en etapa de indagación preliminar.

La última aparición pública de la mujer antes del atentado, había sido durante el matrimonio de su hija María Paula Trujillo Zea, quien contrajo nupcias con el cantante de reguetón Pipe Calderón el pasado 10 de marzo en la iglesia La Merced, de Cali. En el opulento festejo, la señora llevó a su hija al altar.

El principal sospechoso del asesinato es el hombre con el cual se había citado “la Reina” en el mall. La hipótesis policial del caso es que se trató de una vendetta ligada al narcotráfico.

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El Inspector.

Los alemanes están incrementando su presencia en nuestra nación, actuando como delegados de mafias europeas, y asociándose con grupos delincuenciales colombianos para el tráfico de narcóticos, incluso usando la darkweb. Esta es una investigación periodística realizada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El alemán Patrick Schmitz, experto en delitos por medio de la darkweb y dedicado a la brujería. En los recuadros, las estatuillas encontradas en su casa de Santa Marta. Foto cortesía de la Policía.

Un conflicto mafioso por el control del puerto de Hamburgo, uno de los mayores destinos de la cocaína en Europa Central, es una de las principales hipótesis de las agencias de seguridad para el inusitado aumento en la presencia de narcotraficantes alemanes en Colombia.

El caso más reciente es el de Marcel Mühlbach, quien figuraba en la lista de los 50 criminales más buscados de Europa. El hombre de 44 años construyó una doble vida desde su juventud. Para su familia y el gremio deportista, era un destacado peleador de artes marciales; para el hampa, un habilidoso traficante de drogas de alcance transnacional.

Ingresó al bajo mundo expendiendo metanfetaminas en las discotecas de Alemania, y cuando tuvo contactos se lanzó a la aventura de importar cocaína desde Colombia. Su forma de abrirse paso en la esfera de los narcos fue repartiendo golpizas y apretando el gatillo, por lo que Interpol lo reseñó en una Circular Roja como “armado, violento y extremadamente peligroso”.

Apareció en la lista de los más buscados en 2020, por lo que huyó hacia Turquía; luego, usando un pasaporte falso, tomó un vuelo a Ecuador. Allí, con el apoyo de redes de corrupción local, obtuvo una cédula falsificada a nombre de Fausto Eduardo Castro, y en 2022 se instaló en Colombia.

Según el general William Salamanca, director de la Policía, con esa identidad realizó 22 movimientos migratorios en los últimos dos años, desplazándose por diferentes destinos para asegurar la ruta de exportación de cocaína.

Su travesía terminó el pasado 27 de septiembre, cuando lo capturaron en el municipio de Rionegro, Antioquia.

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EL HACKER SATÁNICO
Antes de cerrarle el cerco a Mühlbach, las autoridades ya habían arrestado en Santa Marta a su compatriota Patrick Schmitz, quien tenía una orden de extradición por narcotráfico a Estados Unidos.

Según el reporte oficial, el extranjero era experto en el manejo de la darkweb, desde donde coordinaba la venta de cocaína y armas, lavado de activos, pornografía infantil, servicios de piratería cibernética (hacking) y transacciones ilegales con criptomonedas.

Se radicó en Colombia en 2015 y convirtió una lujosa cabaña de Santa Marta en su base de operaciones. Le instaló un circuito cerrado de TV para controlar los movimientos externos, y viajaba a hoteles de La Guajira para reunirse con sus principales clientes: los delegados del Clan del Golfo y del Cartel de Sinaloa, quienes lo contrataban por su reputación en la esfera de la ciberdelincuencia.

Desde la darkweb, ese rincón clandestino y encriptado de la internet, conectada compradores en el exterior con los proveedores colombianos, para luego despacharles la droga por contenedores contaminados en los puertos del Caribe. La mercancía pasaba por Centroamérica y su destino final era EE.UU. y Europa.

Las ganancias las invertía en bienes raíces en enclaves turísticos de Magdalena y La Guajira, asesorado por contadores corruptos que ayudaban a encubrir sus transacciones.

Hace nueve años era un blanco estratégico para la agencia Homeland Security Investigations (HSI), que logró ubicarlo en coordinación con la Policía colombiana.

El pasado 7 de julio fue allanada su casa, en el corregimiento turístico de Taganga. Los uniformados quedaron sorprendidos al sentir “una pesada energía en el ambiente”, según contaron después.

Schmitz tenía el recinto plagado de altares de brujería, con esculturas satánicas, calaveras y estatuillas de la santa muerte, la deidad pagana de los narcos mexicanos.

La protección del más allá no le sirvió y ahora está en la cárcel La Picota de Bogotá, pendiente de su trámite de extradición para responder ante la Corte Distrital de Nueva Jersey, EE.UU.

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BUSCANDO CREAR UNA RUTA
La cooperación entre Colombia y la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) permitió otro arresto el 3 de febrero de 2024. Esa vez el objetivo fue Pouya Mohmini, un traficante con nacionalidad alemana e iraní.

Los investigadores creen que vino a nuestro país a concretar el aprovisionamiento de cocaína con la disidencia de las Farc autodenominada Estado Mayor Central (EMC).

Para eso se radicó en el municipio de Jamundí (Valle), donde al parecer sostenía las reuniones con los disidentes, los cuales controlan enormes cultivos de coca y laboratorios de procesamiento en Valle, Cauca y Nariño.

Los agentes lo detuvieron en el barrio Ciudad Jardín, de Cali, y al requisarlo se presentó con una identidad falsa a nombre de Reza Raskshan.

A Mohmini lo buscaba un tribunal de Hannover (Alemania), bajo cargos de tráfico de drogas y armas.

Al parecer está involucrado en un sonado caso registrado en febrero de 2021, cuando las autoridades aduaneras interceptaron un despacho de 16 toneladas de cocaína en el puerto de Hamburgo, el cual había sido enviado desde la costa de Paraguay. El episodio fue catalogado como la más grande incautación de cocaína en la historia alemana.

Otro germano rastreado por los organismos de inteligencia fue Stefan Menge. Este hombre de 52 años al parecer cumplía una función particular: coordinar puntos de acopio de la cocaína colombiana en las islas del Caribe, para reunir grandes cantidades en la ruta de exportación a Europa.

El 14 de julio de 2023 fue detenido en una vía de la ciudad de Santiago, en República Dominicana, conduciendo una moto de alto cilindraje. Lo deportaron a Frankfurt, Alemania, donde tenía un proceso penal por narcotráfico.

Marcel Mühlbach, el narco alemán detenido en Antioquia, que antes practicaba artes marciales. Cortesía.

ANTECEDENTE CERCANO
Hace mucho tiempo que no se registraban capturas tan frecuentes de narcos alemanes en suelo colombiano y sus alrededores. El antecedente más cercano hasta ahora era el de Miro Niemeier Risvanovic, quien en Berlín tenía antecedentes por hurto calificado, extorsión y lesiones personales (de 1996 a 2014).

Viajó a Colombia y se convirtió en socio del Clan del Golfo, administrando una ruta de cocaína en la frontera con Panamá. “El Ruso”, como le decían, enviaba droga en pequeñas cantidades por la selva del Tapón del Darién, empleando migrantes, hasta reunir al otro lado varias toneladas.

Fue capturado en 2016 en Cartago (Valle), junto a once colombianos involucrados en la red. De forma insólita, un juez le dio casa por cárcel, de la cual se fugó a Italia. Allá fue detenido de nuevo y deportado a Colombia en 2017, pero a los cinco meses le volvieron a dar la libertad condicional, tras pagar un soborno de $400 millones por un falso diagnóstico de cáncer.

En ese tiempo de conflictos judiciales, Niemeier enamoró a una patrullera de la Dirección Antinarcóticos que lo investigaba. En contravía de su oficio, la policía se convirtió en su novia y viajaba con él en un automóvil por una vía de Pereira, el 9 de octubre de 2018, cuando el alemán fue acribillado por sicarios.

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO AQUÍ?
Documentos de Europol e informes del centro de pensamiento Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Giatoc), indican que el puerto de Hamburgo es el principal destino de la cocaína que llega por ruta directa a Alemania, que los envíos desde Colombia se han incrementado en los últimos años y que las mafias están en una cruenta disputa por el dominio de ese terminal marítimo.

“La cantidad de cocaína incautada en Alemania se ha multiplicado por siete, de 5 toneladas en 2018 a 35 toneladas en 2023 (…). Y con el continuo exceso de oferta de cocaína en los países de origen (la producción se ha duplicado desde 2014), la ruta de cocaína hacia Alemania está más empleada”, resalta Giatoc.

Los datos de Europol sugieren que Alemania no tiene un cartel propio, sino que su mercado de drogas es disputado por grupos transnacionales como la ‘Ndrangheta italiana, facciones de Los Balcanes y la Mocromafia (conformada por neerlandeses de ascendencia marroquí). Tales organizaciones usan el territorio germano como punto de distribución de los estupefacientes, para llevarlos luego a las plazas de Europa Central y la península escandinava, donde un kilo de cocaína puede venderse hasta por 50.000 euros.

Dada la disputa entre esos grupos extranjeros por el puerto de Hamburgo, contratan a traficantes alemanes para sus operaciones en ese país, y algunos de ellos son enviados a Colombia para consolidar no solo el punto de destino, sino la ruta completa desde el lugar de origen.

Fuentes de Inteligencia le contaron a El Colombiano que los delincuentes alemanes que se han detectado aquí entablaron negocios con el Clan del Golfo, principalmente, y después con el Estado Mayor Central de las Farc. En dichas sociedades no solo se exporta a Hamburgo, sino a otros puertos europeos de mayor importancia estratégica, como Rotterdam (Países Bajos) y Amberes (Bélgica), y los españoles de Algeciras, Valencia y Barcelona (ver mapa).

En menor medida, usan correos humanos para enviar pequeñas cantidades a través de aeropuertos, así como vuelos charter con caletas adaptadas.

Prefieren exportar desde Urabá y el Caribe, al igual que el puerto de Guayaquil (Ecuador), contaminando con droga los contenedores de banano, aguacate y camarón.

Durante su estadía en Colombia, los narcos alemanes suelen asumir fachadas de comerciantes e inversionistas en negocios de propiedad raíz, hotelería, tecnología y comercio electrónico. Se dan “la gran vida”, una que casi siempre termina en la cárcel.

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El Inspector.

La noticia fue confirmada por el director de la Policía, general William Salamanca, durante una visita a la ciudad para conversar sobre seguridad con un grupo de empresarios. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El expolicía Jean Espinosa (recuadro) y Henry Silva (“la Mula”) cayeron en el barrio La Pilarica, de Medellín, cuando iban en un automóvil Mercedes Benz. Fotos cortesía de la Policía.

“Durante nuestra visita a Medellín supervisamos la operación que culminó con la captura de dos presuntos narcotraficantes de ‘La Oficina’: alias ‘Mula’ y ‘La Firma’; este último responsable del tráfico de 3 toneladas de cocaína mensuales, en alianza con carteles mexicanos”, trinó el oficial.

La detención fue realizada por investigadores de la Dijín, quienes lo sorprendieron este jueves 14 de marzo en un automóvil Mercedes Benz en el barrio La Pilarica, en la comuna de Robledo.

En su contra había una orden de captura por concierto para delinquir agravado; sobre Henry Silva Álvarez (“la Mula”), su acompañante, las autoridades indicaron que al parecer fungía como escolta y tiene antecedentes por hurto calificado, tráfico de armas, y uso de documento falso. Lo señalan de participar en el hurto de un vehículo de valores que transportaba oro y platino en Medellín, en 2013.

El automóvil Mercedes Benz en el que iban los capturados fue decomisado. Foto cortesía de la Policía.

En el operativo les incautaron dos pistolas Jericho 9 milímetros con su respectiva munición y cuatro proveedores, $20 millones en efectivo, cuatro celulares, documentos de identidad a nombre de una empresa de seguridad, tres navajas, dos memorias USB y algunos fetiches de santería y esoterismo, que suelen usar los miembros de “la Oficina” para “proteger” sus actividades ilegales.

En particular, les encontraron un libro llamado “Oráculo de las Runas”, una bolsa de tela con ramas y semillas, y varios símbolos de runas en cuarzo dentro de una caja.

“La operación, que contó con la activa participación de las autoridades de Estados Unidos, es el resultado de la fluida cooperación internacional, que tiene entre sus objetivos identificar narcos invisibles, de los cuales hemos capturado 35”, recalcó Salamanca.

Espinosa, de 45 años, es un viejo conocido en el bajo mundo de la capital antioqueña. De acuerdo con fuentes judiciales, fue investigador de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), adscrito a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Fue destituido con otros dos uniformados, por haber retenido ilegalmente y asesinado a un presunto ladrón de carros, aunque por esos hechos nunca fue condenado.

Runas en cuarzo incautadas a “la Firma”, al parecer usadas para la adivinación. Foto cortesía de la Policía.

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Tras su salida de la Institución, comenzó a trabajar para la organización criminal “Doce de Octubre”, como socio del cabecilla Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”). Se involucró con temas de narcotráfico, extorsión, sicariato, secuestro y cobro de deudas mafiosas.

Con el auspicio de “Soto”, se ganó la confianza de uno de los máximos líderes de “la Oficina”, la empresa mafiosa que regenta a las bandas del Valle de Aburrá: Ericson Vargas Cardona (“Sebastián”), quien hoy está preso en Estados Unidos.

“La Firma” había sido capturado en un retén el 11 de agosto de 2012, cuando viajaba en un automóvil Chevrolet Swift por la autopista Bello-Hatillo, en inmediaciones del municipio de Copacabana. En ese momento, el cabecilla era acompañado por un civil y otro policía corrupto de la estación Laureles de Medellín.

En la inspección al vehículo le encontraron un fusil, una escopeta de doble cañón y una pistola. Por esta situación fue condenado a 15 años de cárcel, por el delito de porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar.

Al salir de prisión, al parecer regresó a sus actividades delictivas. Según fuentes policiales, estableció negocios con el narcotraficante Juan José Valencia Zuluaga (“Falcon”, “Andrea” o “Babalao”), para exportar cocaína desde la Costa Atlántica hacia Centroamérica y Estados Unidos. Este último fue detenido y también extraditado en 2022.

Las autoridades no especificaron si el Gobierno de Estados Unidos pedirá a “la Firma” en extradición.

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El Inspector.

El pasado 29 de febrero se produjo la captura de Wilmar Alexánder Mejía Panesso (“Dólar”) en una casa de la carrera 75A con la calle 97 del barrio Castilla, que al parecer funcionaba como centro de acopio y distribución de drogas.

Alias “Veneno” y “Dólar” (en el recuadro), presuntos miembros de “los Machacos” capturados en una casa que funcionaba como centro de acopio de drogas, en Medellín. Fotos cortesía de la Policía.

Cuando la Sijín de la Policía la allanó de sorpresa, el cabecilla estaba acompañado de dos compinches, al parecer dedicados a empacar dosis de marihuana y cocaína: José Yesid Espinoza (“Veneno”) y Eduar Andrés Urán. Este último se resistió al arresto y terminó con un balazo en la pierna derecha.

En el registro a la vivienda, los uniformados encontraron 10 municiones de fusil calibre 5.56, una chaqueta y dos chalecos reflectivos oficiales de la Policía Nacional, así como un kilo de marihuana y 300 gramos de cocaína.

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A Andrés Felipe Guerra Toro (“Polo”) le incautaron un arma de fuego, dos celulares y 8 millones de pesos. Foto cortesía de la Policía.

“Dólar” fue llevado ante el juez de control de garantías para responder por los cargos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, uso ilegal de uniformes de la Fuerza Pública y porte ilegal de municiones.

No es la primera vez que cae a la cárcel, pues tiene antecedentes penales por homicidio y porte ilegal de armas. En el pasado fue uno de los lugartenientes del capo Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), líder de “la Oficina”, y le manejó varios negocios de narcotráfico en la Costa Atlántica y San Andrés.

El 11 de febrero de 2024 fue había sido capturado el segundo al mando de “los Machacos”, James Bresney Zea González (“James”), de 44 años, quien fue sorprendido en una vía pública de la ciudad de Neiva (Huila).

James Zea, presunto cabecilla de la banda “los Machacos”. Cortesía.

Ese mismo día también fue detenido en una finca del municipio antioqueño de Porce, celebrando su cumpleaños, otro de los presuntos coordinadores de la organización, Andrés Felipe Guerra Toro (“Polo”), de 40 años, quien al parecer se encargaba del manejo de los dineros de las extorsiones y el tráfico de drogas.

El 28 de septiembre de 2023, en los barrios Castilla y San Martín de Porres, fueron detenidos otros nueve integrantes del grupo, en el marco de la misma investigación de la Fiscalía.

NO ACEPTARON LOS CARGOS

En las audiencias, tanto “Dólar” como “James” y “Polo” se declararon inocentes, pero un juez los envió a la cárcel de manera preventiva, mientras el proceso penal sigue su curso.

A “James” le imputaron la presunta participación en el asesinato de Ómar de Jesús Guiral Zapata (3 de octubre de 2021), un conductor de aplicaciones móviles de 50 años, acribillado por sicarios en un billar del barrio Pedregal.

De igual manera, la Fiscalía le endilgo un doble homicidio perpetrado el 13 de febrero de 2023 en el barrio Brasilia, de la comuna de Aranjuez. Allí sus matones le dispararon al comerciante  Jorge Albeiro Rojas Gaviria, quien al parecer estaba amenazado por no pagar una extorsión de $20 millones y tuvo que huir de Castilla un mes antes; en el hecho también murió el barbero Rodrigo Alberto Martínez Valencia, quien trató de defenderlo.

La organización delincuencial se dedica al sicariato, extorsiones, secuestros, narcotráfico, cobro de deudas mafiosas, amenazas y desplazamientos forzados, entre otros negocios clandestinos.

Luego de estas detenciones, las autoridades indicaron que “los Machacos” quedaron al mando de otro cabecilla apodado “Morocho”, quien de paso se convirtió en el próximo objetivo a capturar.

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El Inspector.

Ese anhelo, que disfrutó durante pocos años, se esfumó entre sus dedos el pasado 27 de julio, cuando escoltado por agentes de Interpol y la Dirección Antinarcóticos abordó un avión de la DEA rumbo a una cárcel en Estados Unidos. Allá lo espera la Corte del Distrito Sur de La Florida, para que responda por cargos de narcotráfico.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “Falcon”, “Andrea” o “Babalao” es requerido por una corte del Distrito Sur de La Florida. Foto cortesía de Interpol.

De esta manera se le cayó la careta de empresario exitoso de la construcción y los bienes raíces, con la cual se presentaba ante sus amigos de la farándula y vecinos de la vereda Llanogrande, en el municipio antioqueño de Rionegro.

¿Pero cómo fue que este paisa de 40 años terminó reseñado por los organismos de Inteligencia como alias “Falcon”, “Andrea” o “Babalao”, un socio clave del cartel narcotraficante Clan del Golfo?

AMBICIONES
Una fuente cercana a la investigación le narró a El Colombiano que Valencia Zuluaga se crió en un barrio humilde de la comuna de Villahermosa, en el oriente de Medellín.

“Sus allegados nos contaron que de niño vendía panes, dulces y bombones en los buses, pero que siempre soñó con ser millonario”, relató.

Sus actividades ilegales comenzaron luego de un viaje a España, cuando, siendo joven, se fue a buscar suerte en diferentes trabajos. No logró establecerse, pero quedó deslumbrado por los lujos del Viejo Continente.

En 2008 inició la expansión territorial del Clan del Golfo, desde Urabá hacia varias regiones de Colombia.

Dos narcos de los Llanos Orientales ingresaron a la nómina, Uldar Cardona (“Pablito”) y Ómar Noguera (“Boyaco”), y viajaron a Antioquia buscando socios para expandir su red dentro del Clan.

Un delincuente conocido como “Mogolla” les presentó a Valencia, a quien presuntamente recomendó como una persona deseosa de “camellar en la vuelta”.

“Su primera participación fue en el envío de 10 de kilos de cocaína por una ruta que tenían hacia México”, reveló la fuente. De esta manera surgió la confianza entre los narcos.

La acusación de la corte norteamericana, cuyos testigos son exintegrantes del Clan del Golfo, detalló que entre 2010 y 2021 Valencia, al parecer, invirtió en cargamentos de droga que salían del puerto de Cartagena y de pistas aéreas clandestinas en los Llanos, y eran acopiados en Guatemala antes de llegar a EE.UU.

“Pablito” murió en un operativo policial el 2 de mayo de 2017, en Arboletes; y 21 días después fue capturado “Boyaco”, en San Pedro de Urabá.

Con sus dos jefes directos por fuera del negocio, Valencia heredó los contactos y rutas de exportación. Sus apodos de “Falcon”, “Andrea” o “Babalao” empezaron a retumbar en el bajo mundo.

Según el general Jorge Vargas, director de la Policía, se convirtió en hombre de confianza de Dairo Úsuga (“Otoniel”), el mandamás del Clan, quien le asignó la jefatura del frente Héroes del Caribe, con injerencia en Bolívar y Atlántico, especialmente en puertos de Cartagena y Barranquilla.

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APARIENCIAS
Al mismo tiempo, el implicado se mostraba ante la sociedad como un empresario audaz y de gustos exquisitos. Compró una mansión de 9.000 m2 en Llanogrande, con zona deportiva y piscinas, para una de las cuales mandó a traer agua desde el mar Muerto (Medio Oriente).

Llenó el garaje con más de 30 vehículos, que incluían seis motos customizadas, ocho camionetas, autos antiguos de colección y tres ferraris, en los que solía apostar carreras contra famosos reguetoneros.

La meta que se había trazado parecía cumplida, hasta que el 7 de mayo de 2021 los comandos de la Dirección Antinarcóticos allanaron su palacio. Lo capturaron, incautaron sus apreciados vehículos y además le encontraron 18 armas de fuego, incluyendo dos fusiles de asalto, nueve pistolas, tres escopetas, miras telescópicas y un visor nocturno.

Fue recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá, y notificado de la orden de extradición, la cual fue avalada por la Corte Suprema el pasado 1° de junio.

Aunque en Colombia se ha declarado inocente de las acusaciones, es probable que busque un acuerdo de confesión con la justicia estadounidense, cerrando así el capítulo más penoso en esta biografía de ambición por el dinero.

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El Inspector.

A la zona portuaria están llegando sicarios de Medellín, Cali, Chocó y otros departamentos, patrocinados por narcos que quieren ascender en el trono. El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo investigaron lo que ocurre, y en este informe se los contamos.

La zona portuaria de Cartagena es una de las plataformas de exportación de cocaína más usadas en Colombia. FOTO: ARCHIVO.

El mototaxista Richard Montalvo se disponía a darle las buenas noches a su familia, antes de dormir, cuando el sicario entró a su casa del barrio El Pozón, en Cartagena. Frente a sus seres queridos, los disparos sumergieron al conductor de 38 años en un sueño del que nunca despertó.

A los tres días, los fogonazos de otra pistola iluminaron brevemente la calurosa noche del barrio El Bosque. En el asfalto quedó tendido Daniel Viloria, de 60 años, y a su lado dejaron una hoja manuscrita con una peligrosa advertencia.

“Así le va a pasar al combo de Pati Pati y de Jose Abogado”, decía el panfleto, el cual estaba signado por las “Auténticas A.G.C.”, la sigla de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o, como les dice la Policía, el Clan del Golfo.

Estos crímenes hacen parte de la racha de muertes que ha sacudido a la Ciudad Heroica en los últimos meses. Los periódicos locales han documentado 39 casos de sicariato en el primer trimestre de 2022, en medio de las disputas entre organizaciones narcotraficantes.

El Colombiano indagó lo que sucede con fuentes de Inteligencia y de la zona, las cuales coincidieron en que esta crisis empezó a gestarse el 7 de mayo de 2021, cuando la Policía allanó un condominio de lujo en la vereda Llanogrande de Rionegro, Antioquia.

En la operación fue capturado Juan José Valencia Zuluaga, un acaudalado personaje que posaba de empresario y coleccionista de autos deportivos, pero que escondía un oscuro secreto.

En el bajo mundo era conocido con los alias de “Falcon”, “Andrea”o “Babalao” y, según el expediente judicial, era el supuesto jefe del frente Héroes del Caribe, la estructura con la que el Clan del Golfo maneja sus negocios en Cartagena. El cargo lo obtuvo gracias a la confianza que despertó en Dairo Úsuga David (“Otoniel”), el máximo comandante del Clan en ese entonces.

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Una de las funciones de este grupo, dada su hegemonía ilegal en la ciudad, es cobrarles un “impuesto” a todos los narcotraficantes que exporten droga por cualquiera de los 53 muelles de la zona portuaria. El cobro oscila entre $1 millón y $2,5 millones por kilo de cocaína embarcado.

En sus días de jefatura, indicaron las fuentes, “Falcon” le reportaba a “Otoniel” sumas que rondaban los $50.000 millones al mes por ese rubro.

EL DESORDEN
Debido a la captura, “Falcon” tuvo que delegar sus negocios en tres lugartenientes, alias “Simanca”, “el Abogado” y “Pati Pati”. Sin embargo, ellos no infundían el mismo respeto entre las hordas de la mafia, y los narcos que antes pagaban el impuesto portuario se rebelaron.

A su desprestigio contribuyó la detención de “Otoniel” en octubre del año pasado, porque sin los grandes capos en el ruedo, los encargados ya no tenían el respaldo suficiente para torear a la jauría de traficantes desesperados por exportar su veneno blanco.

Incluso los propios “Simanca”, “Pati Pati” y “el Abogado” dejaron de rendirle cuentas al Clan y, al parecer, se quedaron con millonarias rentas de los “impuestos” por despachos de droga para carteles mexicanos, balcánicos, italianos y colombianos. El trío se enemistó con muchos peces gordos.

El Clan no se quedó de manos cruzadas y, para reorganizar la casa, envió a un grupo especial de mercenarios liderados por “el Gomelo”, los cuales empezaron a matar a todos aquellos que consideraban cercanos a los traidores.

Fue así como empezaron a rondar los panfletos que amenazan al combo de “Pati Pati” y compañía, firmados por las “auténticas A.G.C.”.

Esta fractura interna en el frente Héroes del Caribe del Clan está siendo aprovechada por organizaciones procedentes de otros departamentos, las cuales tratan de asegurar una ruta de narcotráfico que salga de los puertos.

Una de ellas está conformada por una alianza de traquetos caleños y chocoanos, que también distribuyeron panfletos presentándose como “Organización militar Salsas Mexicanos”, buscando infundir terror en los rivales.

“La Oficina” también está enviando a sus matones desde el Valle de Aburrá. En Cartagena las gente los nombra de distintas formas, como “los Paisas”o “los de Robledo”, porque algunos de los sicarios detenidos eran de la comuna 7 de Medellín (Robledo), donde actúa uno de los tentáculos de la facción.

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Las muertes derivadas de este conflicto comenzaron a finales de 2021 y aumentaron en lo corrido del presente año, afectando a varios barrios, en especial a Olaya Herrera y El Pozón, así como al corregimiento de La Boquilla. Aunque algunas de las víctimas tenían anotaciones por tráfico de estupefacientes, las balas también han alcanzado a inocentes.

Al mediodía del 13 de enero de 2022 dos asesinos entraron al cementerio Jardines de Cartagena, en el barrio El Recreo. Dispararon contra dos de los asistentes a un funeral, los cuales quedaron heridos, y por error mataron al guía turístico Dilson De La Rosa Ahumada, de 61 años.

Su muerte fue lamentada por el gremio del turismo y la sociedad cartagenera, y le puso la lupa a lo que estaba ocurriendo en La Heroica.

Estos son algunos de los panfletos que han circulado en las calles de Cartagena y en las escenas del crimen. Fotos de cortesía.

“LOS MONTADORES”
En el centro del problema está el deseo de las bandas por controlar la zona portuaria, que no solo les facilitaría la exportación de sus propios cargamentos, sino el cobro de los “impuestos” a los demás.

Tener el control implica más que regentar el bajo mundo de la ciudad. Se requiere tener infiltrados en las instituciones de vigilancia, inversiones en las empresas fachadas que fungen como comercializadoras (importan y exportan mercancía) y, sobre todo, apadrinar a “los montadores”.

El mayor Pablo Uribe, investigador de la Dirección Antinarcóticos de la Policía en la región Caribe, explicó que así se denomina en el argot ilegal a las personas dedicadas a “montar” la droga a las embarcaciones, en diferentes modalidades, como la contaminación de contenedores o la instalación de cilindros “parásitos” bajo el casco del buque.

El Clan, o la organización que domine los muelles, cita a reuniones a “los montadores” y les ordena que notifiquen cada vez que alisten un cargamento. Por ese trabajo reciben comisión, pero ahora que hay una confrontación y nadie sabe a ciencia cierta quién es el jefe, quedaron en medio del fuego cruzado.

El mayor Uribe indicó que este desorden criminal, en el que abundan los delatores para perjudicar a sus enemigos, ha favorecido el trabajo de las autoridades. La Dirección Antinarcóticos ha incautado este año 7,4 toneladas de cocaína en los muelles de Cartagena, siendo la zona portuaria en la que más decomisos se han presentado (en Santa Marta van 2,1 ton. y en Buenaventura 1,8 ton.).

La pérdida de esos estupefacientes exacerba las peleas entre los narcos, así como la persecución policial.

Álvaro José Barrios Díaz (“el Abogado”) fue capturado en septiembre pasado en el barrio El Laguito; y Alexánder Simanca Cabrera (“Simanca”) fue detenido en marzo en Chía, Cundinamarca.

Ahora la cacería se concentra en “Pati Pati”, el último que queda de los antiguos lugartenientes renegados de “Falcon”. La Policía espera atraparlo antes de lo que hagan los sicarios de la manada de narcos que ofendió.

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El Inspector.

Fuentes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía y del Gobierno estadounidense le confirmaron a El Colombiano que estas son las organizaciones internacionales que más recursos invierten en los cultivos de coca, insumos químicos, laboratorios de producción de cocaína, bodegaje, transporte marítimo y aéreo de la mercancía. Eso, en otras palabras, significa que son las principales financiadoras de estas actividades ilícitas en el país y, de manera indirecta, de la violencia que eso genera.

Este es un reportaje de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo, sobre estas sociedades de crimen organizado transnacional que afectan la seguridad de Colombia, Antioquia y Medellín.

Ismael “el Mayo” Zambada (arriba) y Nemesio “el Mencho” Oseguera, jefes de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, respectivamente. Fotos de cortesía y archivo El Colombiano.

El cartel de Sinaloa, también conocido como “la Federación”, es el que lleva más tiempo en el negocio. Se forjó en 1989 y estableció alianzas con los carteles de Medellín y de Cali; y cuando estos fueron desmantelados en los años 90, supo conservar los contactos con los herederos del narcotráfico colombiano.

El de Jalisco, en cambio, es una estructura más nueva, creada a sangre y fuego en 2010, pero con una capacidad de expansión que ya supera a sus competidores.

CARRERA CRIMINAL
Al cartel de Sinaloa lo conforman tres grandes empresas confederadas: la de Joaquín “el Chapo” Guzmán, extraditado en 2017 y condenado a cadena perpetua en EE.UU.; la de Juan Esparragoza (“el Azul”), que algunos suponen muerto desde 2014, pero no hay cadáver para confirmarlo; y la de Ismael “el Mayo” Zambada.

Ante las desgracias de sus socios, cuyos negocios quedaron en manos de familiares, “el Mayo” se convirtió en el máximo líder de la organización. A sus 74 años de edad, es uno de los narcos activos más antiguos, y esa experiencia le ha servido para sostener una federación con tentáculos en los cinco continentes.

El cartel de Sinaloa domina pasos fronterizos y plazas de vicio en territorio estadounidense, en los que por décadas ha posicionado la cocaína colombiana como un producto de “alta calidad”.

Su principal enemigo en la actualidad es el cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Surgió en 2007 como un comando sicarial al servicio de otras facciones, distinguiéndose por sus métodos sanguinarios de intimidación. En ese entonces se hacían llamar “los Mata Zetas”, porque estaban en guerra contra el cartel de “los Zetas”.

Con este cartel el gobierno de EE.UU. ofrece recompensa contra “el Mencho”. Foto: cortesía.

En 2010, luego de las capturas y muertes de varios capos en dicho pleito, el grupo heredó rutas y contactos de narcotráfico, y se transformó en el CJNG. Su jefe es Nemesio Oseguera, alias “el Mencho”, un cultivador de aguacate que se convirtió en asesino.

Bajo su mandato, el cartel de Jalisco desplazó a las organizaciones rivales dentro de México y en EE.UU., al punto de pelearle las plazas de tú a tú a Sinaloa.

La DEA calculó en 2019 que la fortuna ilegal de “el Mencho” rondaba los US$1.000 millones. Aunque el negocio más lucrativo para él es el tráfico de metanfetaminas y opioides como el fentanilo y la heroína, que están de moda entre los consumidores globales, la cocaína significa un rubro importante.

En el mercado colombiano, indicaron fuentes policiales, el CJNG reemplazó al cartel del Golfo y a “los Zetas”, que hasta 2016 eran los financiadores mayoritarios junto a Sinaloa. Dichos grupos cedieron terreno tras los arrestos y asesinatos de sus máximos líderes.

La Casa Blanca ofrece US$10 millones de recompensa por información que lleve a la captura de “el Mencho” y US$15 millones por “el Mayo”.

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INTERESES EN COLOMBIA
Agentes de Inteligencia indicaron que en nuestro país, los carteles de Sinaloa y Jalisco financian los cultivos y la producción en los enclaves cocaleros de Nariño (eje Tumaco-Barbacoas), Cauca, Putumayo, Norte de Santander (Catatumbo) y Antioquia (triángulo de Valdivia, Anorí y Tarazá).

Su preocupación es lograr una cocaína de alta calidad, pues esto es lo que les permite posicionar su marca entre los consumidores de EE.UU., Europa, Asia y Australia.

El cartel con la millonaria recompensa contra “el Mayo” Zambada. Foto de cortesía.

Eso explica por qué cada vez es más común encontrar a sus delegados negociando en persona en Colombia, tal cual analizó El Colombiano en un reportaje anterior. El último capturado en Cali, hace dos semanas, fue Brian Olguín Berdugo (“Pitt”), representante de Sinaloa.

“Los mexicanos están pagando la producción por adelantado. ¿Qué otro agrocultivo tiene la venta garantizada antes de la cosecha? Ninguno”, reflexionó un agente judicial.

Estos narcos también patrocinan laboratorios clandestinos, insumos químicos y refinerías ilegales. De manera indirecta fomentan el robo de combustible de los oleoductos de Ecopetrol, pues el crudo se usa como disolvente de la hoja de coca, para darle mejor consistencia; en dicho proceso, se contamina el medioambiente.

Estos estímulos a la fabricación de cocaína han mantenido un nivel constante en la producción colombiana, a pesar de la reducción en las hectáreas cultivadas.

Según el último monitoreo de cultivos de la ONU, en 2019 había 154.000 hta, que mermaron a 143.000 hta en 2020. A pesar de esto, en ese mismo periodo la producción potencial de hoja de coca fresca subió de 993.100 toneladas métricas a 997.300 tm; y la producción potencial de clorhidrato de cocaína aumentó de 1.137 tm a 1.228 tm.

¿Cómo es posible que con menor cantidad de hectáreas, se produjera más cocaína? Pues los mexicanos, en compañía de sus aliados colombianos, lograron un mayor rendimiento en el proceso. Según la ONU, en 2019 los narcos obtenían 6,7 kilos de cocaína por cada hectárea sembrada, mientras que en 2020 ese rendimiento subió a 7,9 kilos.

De esta bonanza también se han beneficiado carteles de otras naciones, como los italianos, españoles, neerlandeses, balcánicos y marroquíes, que surten sus plazas con el producto colombiano.

Entre los principales socios de Sinaloa y el CJNG están el Clan del Golfo, “los Pachenca”, disidencias de las Farc, la nueva “Junta Directiva del Narcotráfico”, “los Puntilleros”, “los Pelusos”, el ELN, “la Oficina” y “la Cordillera”, así como el cartel de los Soles (venezolano).

Con ellos pactan los pormenores de la producción, el transporte interno y la exportación a EE.UU. por vía marítima, aérea o terrestre. Estos acuerdos suelen hacerse en reuniones en apartamentos de Miami, Ciudad de México, Acapulco, Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Caracas.

Uno de los asuntos que llama la atención a los investigadores es que la guerra que sostienen Sinaloa y CJNG por las plazas de México y EE.UU. no se ha trasladado a los centros de producción en Colombia. Por el contrario, aquí “mercan” en paz, sabiendo que la despensa alcanza para todos.

Más allá de esta situación, el dinero que pagan los mexicanos se convierte en armas y recursos logísticos con los que los grupos locales sostienen conflictos en Chocó y el litoral Pacífico, Bajo Cauca, Catatumbo, Arauca y los Llanos. A pesar de esto, en Colombia no hay un solo proceso judicial contra “el Mayo” y “el Mencho”, quienes a la sombra instigan el negocio que pone a sangrar a Colombia.

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ANEXO: OTROS CARTELES MEXICANOS EN EL NEGOCIO

- Aunque el CJNG y Sinaloa son los carteles predominantes en el mercado transnacional de la cocaína colombiana, hay otros grupos mexicanos que también participan de este negocio y les compran directamente a los productores colombianos. Entre ellos están: el cartel del Golfo, el cartel Arellano Félix, el cartel de Oaxaca y la organización Beltrán Leyva, principalmente.
- También hay facciones mexicanas que comercializan cocaína colombiana, pero no adquieren la mercancía en nuestro país, sino que se la compran a los carteles más poderosos, que al importarla a México actúan como distribuidores mayoristas. Entre los minoristas están “los Viagras”, “los Cuinis”, “Plaza Nueva” y “Santa Rosa de Lima”.

El Inspector.

El incremento de estas “cocinas” clandestinas va de la mano de traficantes y químicos independientes, que trabajan para el mejor postor, incluyendo a las bandas del área metropolitana, el Clan del Golfo y la guerrilla del Eln.

El momento en que los policías de la Dirán y el Goes allanaron la finca en la vereda El Zarzal la Luz, de Copacabana. Foto cortesía de la Policía.

El hallazgo más reciente fue el 11 de marzo de 2020 en la vereda Zarzal La Luz, del municipio de Copacabana. Investigadores de la Dirección Antinarcóticos de la Policía (Dirán) lograron infiltrar una red que traficaba base de coca desde el departamento de Cauca, y la traía a Antioquia en motos de alto cilindraje acondicionadas con caletas.

Los encargados de coordinar esa ruta son apodados “Luis” y “Yeison Aristides”, según fuentes cercanas al caso. El infiltrado, que decidió colaborar con las autoridades porque estos le quedaron mal en un negocio, ayudó a instalarles unos dispositivos GPS a las motos, en un taller de mecánica localizado en el sector La Bayadera, zona céntrica de Medellín.

El rastreo a las motos permitió encontrar una vivienda semirrural de Copacabana. Allí era descargada la base de coca, para su procesamiento y transformación en cocaína, en un laboratorio artesanal dentro del recinto.

Policías de la Dirán y del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) llegaron al sitio y fueron recibidos a tiros desde un cerro colindante. De acuerdo con las pesquisas iniciales, el laboratorio era custodiado por presuntos integrantes del Frente de Guerra Urbano Nacional Camilo Torres, de la guerrilla del Eln. Los uniformados respondieron al fuego, y tras un intercambio de disparos, los delincuentes escaparon por la maleza.

Al ingresar a la finca, no había nadie. El laboratorio estaba equipado con compuestos químicos (1.320 galones de insumos líquidos y 665 kilos de sólidos) , recipientes para destilar, hornos microondas y demás implementos necesarios para fabricar el estupefaciente.

Incautaron 73.5 kilos de cocaína y 18.5 kilos de base de coca, al igual que varias marquillas para identificar la mercancía al momento de su distribución.

El siguiente golpe fue el pasado 20 de junio, en el municipio de Concepción, en el Oriente antioqueño. La Dirán encontró otro laboratorio, esta vez en un campamento de madera dentro del bosque, que vertía desperdicios contaminantes a las aguas del embalse de Guatapé.

Ahí decomisaron 259 kilos de cocaína, 113 kilos de base de coca, 1.125 kilos de insumos sólidos y 2.070 de líquidos, según el informe del caso. Algo que llamó la atención de los investigadores es que también había varios moldes de marquillas y una de ellas, con las siglas YZY, era igual a la encontrada en el laboratorio de Copacabana, tres meses antes.

A la izquierda de la línea roja, las marquillas encontradas en Copacabana; a la derecha, las de Concepción. Fotos cortesía.

ACERCÁNDOSE A MEDELLÍN

Fuentes de la Policía contaron que hace cinco años comenzó a incrementarse la instalación de laboratorios de droga en cercanías y dentro del Valle de Aburrá.

Estar cerca del perímetro urbano trae varias comodidades a los traficantes: 1). Facilidades para negociar, adquirir y transportar insumos químicos, camuflándose en la dinámica comercial y de movilidad vial de las ciudades más pobladas; 2). Evitar las áreas selváticas, en las que hay conflictos armados activos y presencia constante del Ejército (por ejemplo en el Bajo Cauca); 3). Conseguir más socios y clientela, por cuenta de las múltiples organizaciones delictivas que habitan en el área metropolitana.

Frente a esto último, hay múltiples casos documentados. El 4 de septiembre de 2013, el CTI y el Gaula Militar encontraron un laboratorio en la vereda La Pretel, de San Pedro de los Milagros, municipio vecino de Bello. El 14 de agosto de 2014 la Sijín destruyó otro en la vereda El Espinal de la misma localidad.

Se presume que en la administración y vigilancia de esas “cocinas” participaban el Clan del Golfo y la banda “los Chatas” de Bello, en sociedad.

El 25 de agosto de 2015, en un paraje limítrofe de los municipios de San Rafael y Alejandría, el Ejército descubrió lo que calificó como “el laboratorio más grande detectado en Antioquia en los últimos cinco años”. Se trató de un cristalizadero conformado por 11 construcciones rústicas, con capacidad para producir dos toneladas semanales de base de coca y ganancias mensuales cercanas a los $9.500 millones.

Los militares indicaron que la dueña del entable era la confederación criminal “la Oficina”, en particular “los Chatas”, que para ese momento estaban al frente de esa empresa ilegal.

El 8 de marzo de 2017, en el occidente de Medellín, fue capturado Braimer Muñoz Rivera (“Reblujo”), uno de los cabecillas de “los Chatas”. En el informe de la detención, la Policía detalló que “estaría a cargo de extorsiones y desplazamientos forzados, apropiándose de inmuebles con documentos falsos en Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, donde mantendría pequeños laboratorios de cocaína”.

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El 3 de septiembre de 2016 hubo otro hallazgo en una finca de la vereda El Zarzal, en Copacabana. Con información de inteligencia de la Embajada del Reino Unido, agentes del CTI y soldados de la Cuarta Brigada allanaron una propiedad recreativa, empleada para el alquiler y realización de fiestas con reguetoneros y DJ populares.

Allí había un laboratorio en el cual mezclaban cocaína con pegante para construcción, con el propósito de evadir los controles para su exportación. Los investigadores recuperaron 300 kilos del estupefaciente e indicaron que al cuidado de la mercancía estaba la banda “la Viña”, cuya base de operaciones es la comuna de Manrique, en el n0roriente de Medellín.

Otra banda urbana involucrada en la instalación y manejo de laboratorios es “el Tapón”, de Bello. Según la Fiscalía, administra estos entables para surtir la demanda de drogas en el Valle de Aburrá y las subregiones del Norte, Nordeste y Oriente, en alianza con grupos como “el Mesa”, el Eln y la disidencia del frente 36 de las Farc.

Su cabecilla, Fernando Jiménez Ruiz, alias “el Caníbal”, fue capturado el 25 de agosto de 2018.

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Los hallazgos de laboratorios, instalados por diversas bandas, continuaron el 15 de mayo de 2018 en otra finca del corregimiento Popalito, en el municipio de Barbosa; el 30 de agosto de 2018, en la vereda El Venado, de Girardota; y el 17 de septiembre de ese mismo año, en la vereda Los Alpes, de Marinilla. Estos tres hallazgos, al parecer, también guardan relación con organizaciones criminales del Aburrá.

Hasta el momento, ningún jefe mafioso del área metropolitana ha sido juzgado por la instalación, vigilancia o administración de estos laboratorios, que cada vez se construyen más cerca de la capital antioqueña.

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El Inspector.

Su captura se produjo en una zona rural, desde donde al parecer coordinaba negocios de droga, sicariato y secuestro, entre las disidencias de las Farc y las bandas del municipio de Bello.

Fernando Alberto Jiménez Ruiz, alias “el Caníbal”, al momento de su traslado a Medellín, desde el norte de Antioquia. Foto cortesía de la Cuarta Brigada.

La Cuarta Brigada del Ejército informó que este sábado 25 de agosto, un puñado de delincuentes hostigaron con disparos una patrulla militar, en límites de los municipios de Toledo y San Andrés de Cuerquia. Los uniformados persiguieron por el monte a los sospechosos, hasta encontrarlos y capturarlos en un sector conocido como Loma Grande.

Entre los detenidos estaba “el Caníbal”, acompañado por un grupo de cinco escoltas, extintegrantes de los frentes 18 y 36 de la guerrilla de las Farc. Les incautaron dos fusiles, una escopeta, dos pistolas, una granada, municiones, tres libras de pasta de coca y equipos de comunicación.

Inteligencia Militar y la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada llevaban una investigación sobre Jiménez Ruiz. señalándolo de ser un socio narcotraficantes de Ricardo Abel Ayala, alias “Cabuyo”, el jefe de los subversivos que siguieron delinquiendo en nuestra región.

Así figuraba “el Caníbal” en el cartel de los más buscados de 2005. Foto cortesía de la Policía.

La historia criminal de “el Caníbal” comenzó en el municipio de Bello, en los años noventa. Allí llegó a ser cabecilla de la banda “el Tapón”, en el sector del mismo nombre, una zona que la mafia convirtió en el principal centro de acopio y distribución de drogas del norte del Valle de Aburrá.

En los archivos judiciales le figuran investigaciones por el asesinato de dos agentes del Gaula (2002) y fuga de presos (2004); incluso estuvo en el cartel de los más buscados de la Policía (2005).

Perteneció a los bloques Metro y Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y se desmovilizó de este último grupo en 2005. Fue procesado por la ley de Justicia y Paz y salió de la cárcel en octubre de 2015, para volver a la ilegalidad.

Este personaje, según las autoridades, tendría a su cargo la administración de laboratorios de cocaína, con los cuales no solo suple la demanda de exguerrilleros, sino también de las plazas de “el Tapón” y otras facciones de Bello, como “el Mesa” y “Pachelly”. Adicionalmente, estas tres bandas prestan servicios de sicariato, extorsión y secuestro para disidentes.

“Alias ‘el Caníbal’ está abriendo plazas de vicio en Yarumal, Ituango y San Andrés de Cuerquia. No sabemos si lo está haciendo en alianza con los disidentes o si les está pagando un impuesto ilegal”, indicó el general Carlos Rodríguez, comandante de la Región N°6 de Policía, en un informe publicado por El Colombiano el mes pasado. Y agregó: “ese convenio entre ellos debe existir, sino él no podría llegar hasta esos lados”.

El convenio ilícito entre los reseñados grupos de Bello y los “farianos” se ejecuta en Ituango, Briceño, Valdivia, Toledo, Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Santa Rosa de Osos, Guadalupe, Anorí, Amalfi, Vegachí y, por supuesto, Bello.

Tras la captura, “el Caníbal” fue trasladado en helicóptero a Medellín. El domingo 26 de agosto en la audiencia de control de garantías, la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir y porte ilegal de armas. El juzgado le dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

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El Inspector.

La estructura mafiosa envió jóvenes del Valle de Aburrá al departamento de Nariño, para pelear el territorio contra las disidencias de las Farc. Por considerar que el tema es de interés para los lectores de Revelaciones del Bajo Mundo, publicamos el reportaje, cuyo título original es La guerra que armó ‘la Oficina’ por la cocaína de Tumaco”.

Estas fotos son evidencia de la guerra entre las Aupac, financiadas por “la Oficina”, y las disidencias de las Farc. Las víctimas que allí aparecen están desaparecidas. Cortesía de la Policía.

Los dos muchachos de tez de ébano, sentados en un tronco cortado en la selva del Litoral del Pacífico, saben que van a morir. Los rodea un puñado de enemigos, ataviados con ropa camuflada y fusiles, que les toman fotografías para enviarlas a su patrón como evidencia de que la guerra es en serio.

Las imágenes en las que aparecen sometidos estos jóvenes, y otros más que nunca regresaron a sus casas, hacen parte de la evidencia obtenida por agentes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, que investigan una red de la organización criminal “la Oficina”, tejida desde Medellín para extender los tentáculos en Tumaco, Nariño.

De acuerdo con la investigación, conocida por El Colombiano, la orden de incursionar en el mercado del narcotráfico del Pacífico Sur provino, supuestamente, de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), el jefe de esa estructura mafiosa del Valle de Aburrá.

La directriz fue emitida a principios de 2017. En ese entonces, “la Oficina” se limitaba a enviar compradores de droga a Tumaco, para atender la demanda de su clientela en México, Centroamérica y Europa. Sin embargo, la aparición de grupos disidentes de las Farc cambió la dinámica del comercio ilegal y les exigió a los forasteros impuestos de gramaje y de salida de la mercancía, lo que aumentó los costos para la banda y le cerró puertas en algunas rutas.

En consecuencia, sus cabecillas decidieron que lo mejor sería dominar un territorio, para acceder a cultivos y laboratorios propios.

El interés en la zona es claro: desde allí se exporta el 60% de la cocaína producida en Colombia, según la Armada, y se cultiva cerca del 30% de la mata de coca. El último censo de Naciones Unidas (2016) indicó que había 23.148 hectáreas sembradas, y fuentes policiales comentan que la cifra se duplicó a la fecha.

Un reportaje de este diario, titulado “Tumaco, la central mundial de la cocaína”, reveló a finales de 2016 cómo algunos lugareños roban el combustible del oleoducto trasandino de Ecopetrol para producir un refinado especial que sirve de solvente en el procesamiento de la coca. Le llaman “cochinillo” y le da una calidad superior a la droga.

A esto se suman la multiplicidad de ríos con salidas al Pacífico, junglas insondables y una porosa frontera con Ecuador, que favorecen la clandestinidad de las operaciones.

Por esas circunstancias, los principales verdugos del crimen organizado han posado sus garras en el área en los últimos años: “los Rastrojos”, Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el Eln, “la Gente del Orden”, Guerrillas Unidas del Pacífico y traficantes de distintas latitudes, tantos que no se pueden contar con las dos manos. Solo “la Oficina” faltaba por participar en el festín, y su arribo, como el de los demás, sería con sangre y plomo.

Las fotos de la guerra fueron recuperadas de celulares incautados y las tomaron entre junio de 2017 y mayo de 2018. Cortesía Policía.

FORASTEROS
El montaje de la red le fue delegado a la “Odín Caicedo” y a la “Odín Picacho” (Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico), dos de las subestructuras de “la Oficina” en el oriente y el noroccidente de Medellín. En mayo de 2017 comenzó la migración de jóvenes de las comunas de Manrique y Villa Hermosa; así como de los barrios Mánchester y La Gabriela, del municipio de Bello; y Machado, de Copacabana.

Al llegar a Nariño se sumaron a una célula de personas reclutadas en el terreno, que se hacían llamar “Renacer” o “los Matamba”.

El recibimiento en el sur del país tuvo como anfitrión a John Benítez Mejía (“Cusumbo”), un exsicario de la capital antioqueña y antiguo paramilitar que trabajaba para el Clan del Golfo, organización que lo envió desde la Costa Caribe para dirigir los negocios en Tumaco.

Como “Tom” es aliado de ese cartel desde 2013, “Cusumbo” les ayudó a instalarse en el municipio de Mosquera. Fuentes cercanas al caso indicaron que se establecieron dos campamentos, uno de 60 hombres y otro de 30, en la vereda Alto Guandipa. Según la Alcaldía, en ese poblado apenas habitan 630 personas en 77 viviendas, muchas de ellas construidas en tablas sobre las riberas.

William Duque Ríos, alias “Fantasma”. Cortesía de la Policía.

Por parte de “la Oficina”, los encargados de la nueva cuadrilla eran, al parecer, una cofradía de hermanos conocidos como Los Duques, entre los cuales están alias “Duque”, “el Gordo Gualo” y “Fantasma”, nacidos en Valle del Cauca y con conexiones en la costa Pacífica. Ellos, con influencia en combos de Robledo y Doce de Octubre, constantemente viajaban entre Medellín, Cali, Mosquera y Tumaco, garantizando el flujo de dinero y armas.

Una vez conformada la estructura, escogieron un nombre rimbombante para posicionarse entre la jauría de bandidos que atormentan a la población de aquel paraje olvidado por el Estado: Autodefensas Unidas del Pacífico, o por su sigla, Aupac.

“Las Aupac son financiadas cien por ciento por ‘la Oficina’”, aseveró un oficial que las persigue, quien solicitó la reserva de su identidad.

Implantaron las extorsiones y amenazas a la comunidad, que se acrecentaron con cada patrullaje de los delincuentes encapuchados y con armamento de alto calibre.

Pronto extendieron sus acciones de Mosquera a las localidades de Francisco Pizarro, Olaya Herrera, La Tola, El Charco y Tumaco, explotando los corredores fluviales de los ríos Tapaje y Patía.

Montaron tres cocinas para procesar cocaína, que fueron visitadas en diciembre de 2017 y febrero de 2018 por socios del cartel mexicano de Sinaloa, quienes viajaron desde Guadalajara.

Un informe de la Policía señala que presionaban a los pescadores “para transportar cocaína desde los laboratorios, a través de los afluentes del río Patía, hacia lugares que contaban con caletas subterráneas para su almacenamiento”. A estas guacas las marcaban por GPS, para que las lanchas contratadas por un mexicano apodado “Abelito” recogieran la mercancía y la sacaran a altamar.

Las ganancias se enviaban directamente a Medellín, a las arcas de “la Oficina”.

LA BALANZA DE LA GUERRA
La febril actividad de los recién llegados exasperó a las facciones locales, en especial la de Víctor Segura Palacio (“David”), quien lidera una tropa de excombatientes de la columna móvil Daniel Aldana de las Farc. Él y sus secuaces no iban a permitir que “esos paisas” invadieran sus tierras.

Así empezó una sangrienta confrontación, que dejó varios muertos en los centros urbanos y veredas. Entre los ataques que más agobiaron a la población, están el perpetrado el 21 de julio de 2017, cuando unos sicarios irrumpieron en el cementerio de Mosquera a la mitad de un funeral, y mataron a dos personas e hirieron a otra; y el del 16 de junio del mismo año, cuando ocho delincuentes llegaron en lancha al barrio Nueva Esperanza, hicieron ráfagas al aire y arrojaron una granada, que dejó un lesionado.

Diego Fernando Duque Ríos, alias “Gordo Gualo”. Cortesía de Policía.

En ese entonces, el alcalde de Mosquera, Johan Vásquez, denunció que las disputas entre grupos armados provocaron el desplazamiento forzado de 250 familias.

En plena confrontación empezaron a circular por redes sociales las fotos de los combatientes cautivos, que un bando le enviaba al otro para infundir terror en sus almas; en algunas casos, las imágenes eran de cadáveres desmembrados, que luego eran arrojados al agua.

Los mercenarios llegados del Valle de Aburrá no soportaron por mucho tiempo el rigor de la selva, con los calores infernales, la humedad que dificulta respirar, los mosquitos con sus enfermedades y la falta de comodidades. Se fueron yendo, al punto que en diciembre de 2017 ya solo quedaban sosteniendo el combate los negros contratados en la zona, la mayoría provenientes de Mosquera y del sector Bocas de Satinga.

Sucesivos golpes de la fuerza pública, además de la cacería de los enemigos, diezmaron a las Aupac. El 11/6/17 fue detenido en Cali el expolicía Johan Duque Ríos (“Duque”); y el 06/10/17 fue abatido “Cusumbo” en Alto de Guandipa, durante un operativo policial en el que murió tiroteado en una embarcación. Para rematar, en El Peñol, Antioquia, arrestaron a “Tom”, y desde ese momento mermó el flujo de plata transferida por “la Oficina” para esa la guerra (ver la NOTA RELACIONADA: Capturan a “Duque”, el expolicía que coordinaba una banda).

PACTO DE BANDIDOS
Tratando de salvar lo que quedaba de las Aupac, los dolientes nombraron un reemplazo de “Cusumbo”: Alberto Rodríguez Pérez, alias “Caliche”, un exparamilitar del bloque Mineros, quien sostuvo la confrontación hasta mayo del presente año.

El amplio conocimiento del territorio, el favorecimiento de algunos sectores de la comunidad y la experiencia de combate de “David” y sus disidentes, inclinaron la balanza en su contra, por lo que “Caliche” contempló otra salida: la negociación.

El plan era entregarle el arsenal y los hombres que se quisieran pasar de grupo, a cambio de un pacto de paz y un acuerdo para comerciar con la cocaína. Los detalles de la propuesta que le iba a realizar al exguerrillero los discutiría primero con sus jefes en una reunión en una urbanización de Cali, el pasado 16 de mayo.

Cuando estaban en plena conversación, policías antinarcóticos allanaron el apartamento. Capturaron a “Caliche”, a William Duque Ríos (“Fantasma”) y a Milciades Mejía Cuello (“Junior”), tío de “Cusumbo” y supuesto jefe logístico del grupo.

En la junta estaba presente Diego Fernando Duque Ríos (“Gordo Gualo”), pero en ese instante no tenía orden de captura, por lo que lo dejaron en libertad. Su detención se materializó el 31 de mayo en la misma ciudad, mientras recorría un centro comercial.

“Esta estructura tenía capacidad narcotraficante, de extorsión y control de territorio. Su línea de mando queda sin control en Tumaco”, declaró el general Jorge Nieto, director de la Policía.

Tras las capturas de los cabecillas, 21 jóvenes de las Aupac que quedaron huérfanos mandaron un mensaje al grupo antinarcóticos, indicando que se querían entregar, porque estaban aguantando hambre y temían que la gente de “David” los asesinara.

Claudia Carrasquilla, jefa de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, viajó para coordinar el sometimiento de la banda, acordado para el 18 de mayo. Iba con 30 comandos de la Armada y la Policía, pero el mal clima impidió que el helicóptero despegara, por lo que solo pudieron aterrizar en Alto de Guandipa 24 horas después.

“La comunidad nos recibió de forma hostil, aunque logramos dialogar. Les dije que yo sabía que allá vivían de la coca, como muchos campesinos, pero que solo íbamos por los muchachos que se querían entregar”, relató la fiscal.

De los 21 que esperaban, apenas aparecieron dos. Los demás habían sido expulsados de la vereda por “David”, no sin antes reclamarles las armas y municiones. Los hombres que se sometieron, de 18 y 21 años, fueron procesados por concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Las autoridades consideran que la estructura bélica de “la Oficina” en Nariño quedó desmantelada, aunque su interés por ese mercado no ha muerto. Todo apunta a que ahora quieren hacer un trato directo con “David”, el otrora enemigo, para comprarle la droga que se produce en sus dominios.

NOTA RELACIONADA: Las mafias detrás de la ruta de la cripa entre Cauca y Medellín.

El Inspector.

El cristalizadero, como también se le llama, funcionaba en un área rural ubicada en un monte del Oriente antioqueño, en límites de los municipios de San Rafael y Alejandría.

Esta es una de las estructuras artesanales que componían el laboratorio de “los Chatas”. Cortesía Cuarta Brigada.

El general Leonardo Pinto Morales, comandante de la Séptima División, recalcó este martes (25 de agosto) que este es el laboratorio más grande detectado en Antioquia en los últimos cinco años. Las tropas de la Cuarta Brigada lo ubicaron luego de tres meses de pesquisas, pues la comunidad sabía de movimientos sospechosos en la zona, pero no tenía claro el punto exacto donde funcionaba.

El informe de los militares dice que el cristalizadero estaba compuesto por 11 construcciones rústicas, que contaban con aparatos “con los más altos estándares tecnológicos” para procesar la droga y con capacidad de producir dos toneladas semanales de base de coca, aproximadamente.

El estupefaciente tenía como mercado principal al Valle de Aburrá, y la mercancía de más alta pureza era enviada a  Centroamérica y Estados Unidos.

En el lugar no hubo personas capturadas, pero el Ejército informó que “los trabajos de Inteligencia Militar determinaron que quienes estaban realizando la producción de base de coca en este cristalizadero habrían desarrollado su actividad ilegal previamente en funciones de extorsión, microtráfico y sicariato a órdenes de los máximos cabecillas de ‘la Oficina'”.

Dichos cabecillas serían de la banda “los Chatas”, una de las estructuras más poderosas dentro de la confederación criminal “la Oficina”. Su líder, según las autoridades, es Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”.

En el procedimiento de registro y destrucción del laboratorio participaron integrantes de la Policía, que judicializaron los insumos químicos y la droga incautada (213 kilos de cocaína y 195 kilos de base de coca). Las autoridades, sin embargo, no especificaron si por estos hallazgos se expedirá alguna orden judicial contra los cabecillas de “los Chatas”.

Esta no es la primera vez que descubren un complejo cocalero de esta banda, a la cual le habían detectado otros en el municipio de San Pedro de los Milagros, que al parecer operaba en asocio con “los Urabeños” (ver la NOTA RELACIONADA: Alianza mafiosa amenaza a la Zona Norte).

El Inspector.

Según ese organismo oficial, los delincuentes le exigían a los familiares de la víctima el pago de 3 millones de dólares para liberarlo.

El capturado Gustavo Cadavid, junto al vehículo acondicionado para transportar a las víctimas. Fotos cortesía de la Policía.

El secuestro se produjo el pasado 4 de octubre en una zona céntrica de Medellín, cuando a Francisco Fabián Arroyave Upegui lo encañonaron unos sujetos que vestían prendas de uso privativo de la Fuerza Pública y estaban armados con fusiles y pistolas.

El afectado, nacido en Colombia y nacionalizado en la nación norteña, lleva 11 años viviendo en Estados Unidos con sus familiares, los cuales empezaron a recibir las llamadas extorsivas. Mientras tanto, al comerciante lo amenazaban para “realizar el traspaso de todos sus bienes a nombre de terceras personas, quienes son testaferros de ‘La Oficina'”, dice el informe oficial del caso.

Para adelantar esas diligencias, a Arroyave lo movían de un lado a otro con los ojos vendados, abordo de un automóvil Renault Twingo gris, blindado y con vidrios semipolarizados. “El carro había sido acondicionado para ese tipo de transporte, es más caro el blindaje que el mismo vehículo”, acotó hoy el general Humberto Guatibonza, director de la Diase.

Los policías identificaron el automotor y lo siguieron hasta una casa en el municipio de Caldas, Antioquia. En el subsecuente allanamiento rescataron al ciudadano y capturaron a Gustavo Adolfo Cadavid Restrepo, quien al parecer lo custodiaba. El ofendido relató que el traspaso obligado de los bienes se iba a diligenciar en una notaría de Envigado y que después lo iban a matar.

ANTECEDENTES

El secuestro extorsivo es una práctica de vieja data en ‘La Oficina’. Uno de los casos más sonados ocurrió en diciembre de 2005, cuando raptaron, sin saberlo, a un detective encubierto de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Luis Peña Peña, alias ‘El Supervisor’.

El presunto narcotraficante Luis Alberto Peña Peña, alias ‘El Supervisor’, ‘El Mono de Antioquia’ o ‘El Hijo del Zapatero’, contrató a la banda para que retuviera a Luis Ortiz, un gringo con el cual había hecho tratos para enviar cocaína a Estados Unidos. La razón fue que las autoridades decomisaron un cargamento cercano a las dos toneladas de mercancía y el narco le echó la culpa al contacto. No lo iban a liberar hasta que respondiera por la plata.

‘La Oficina’ lo secuestró en las afueras del hotel Dann Carlton de Medellín. Lo llevaron a una finca y, cuando lo tenían con un arma en la boca, este confesó que era un agente infiltrado de la ICE. Les entregó las llaves de la habitación y la clave de la caja fuerte, los hampones asustados fueron a verificar y allí encontraron su identificación.

Le pidieron disculpas, lo regresaron en carro al hotel y hasta se ofrecieron a matar a ‘El Supervisor’ a manera de compensación. El agente infiltrado rechazó la oferta. Por este caso, tanto ‘La Oficina’ como Luis Peña Peña quedaron en la mira de la ICE, que ofrece hasta 5 millones de dólares de recompensa por el presunto narcotraficante.

Otro rapto bien conocido fue el de la tramitadora aduanera Margarita Socarrás Baquero en enero de 2008. ‘La Oficina’ la responsabilizó por la incautación de 479 kilos de cocaína en la Costa Atlántica y la retuvieron 33 días en un apartamento de Medellín, hasta que pagara 1.432 millones de pesos como compensación. Luego de abonar 750 millones, la liberaron.

Por este secuestro extorsivo, la justicia condenó el pasado 24 de septiembre al cabecilla José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, a pagar 32 años de cárcel. Su hombre de confianza Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, apodado ‘El Compa’, recibió una sentencia de 36 años por el mismo hecho.

El Inspector.

El Juzgado 18 Penal Municipal les dictó medida de aseguramiento en la cárcel al intendente Agael Estivenson Berrío Macea y al patrullero Hamilton Palacio Palacio, ambos policías activos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín); también a los patrulleros Heberto Manuel Gamarra Iriarte y Maicol Ríos Agudelo, del Comando de Reacción Motorizada (Coram), así como al ciudadano Ronald Eimer Arango Pérez, presunto dueño de la droga en cuestión.

Al momento de la captura, los cuatro policías estaban activos. Escena de la audiencia en el Palacio de Justicia. Foto de cortesía.

De acuerdo con la investigación realizada por el CTI de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 30 de agosto del año pasado en un hotel vecino del estadio Atanasio Girardot, en el occidente de Medellín. Allí se iba a efectuar una transacción de narcotráfico, cuando aparecieron los cuatro funcionarios con un informante.

Los policías se llevaron los 14 kilos de cocaína y no reportaron la situación a sus superiores ni dejaron registro alguno del operativo. Luego, tal parece que el asunto comenzó a salírseles de las manos y quisieron legalizar parte de lo hurtado.

Fue así como uno de los sospechosos se apareció con 6 kilos de la mercancía en la estación, diciendo que los había incautado en el Barrio Antioquia, cuando alguien los abandonó y huyó.

El CTI capturó a estas cinco personas el pasado martes 17 de enero y las audiencias de control de garantías duraron toda la semana en el Palacio de Justicia. La Fiscalía les imputó los delitos de tráfico de estupefacientes agravado, abuso de autoridad y falsa denuncia, los cuales ellos rechazaron en el estrado. Los funcionarios fueron separados de sus cargos.

También se emitió orden de captura en contra del informante, quien está prófugo y al parecer se quedó con el resto de la cocaína.

El Inspector.