El crimen ocurrió a las 7:00 p.m. del 8 de mayo de 2025 en el Mall del Este, un establecimiento comercial localizado en la comuna de El Poblado. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

María del Pilar Zea Cobo fue llevada a la clínica El Rosario de El Poblado, donde murió. Fotos de cortesía.

Según el reporte de la Policía, al estacionamiento de dicho lugar llegó la ciudadana caleña María del Pilar Zea Cobo, de 41 años, conduciendo una camioneta Toyota TX Land Cruiser, en compañía de su novio Jhon Fredy Toro Hincapié, un caballista y disc jockey, conocido en el ambiente musical como DJ Toro.

Su objetivo era reunirse con un comerciante llamado Andrés Arias (“Chino Arias”), quien al poco tiempo llegó en un automóvil Chevrolet Emotion gris, se bajó y abordó la camioneta de la pareja, en la silla trasera.

En ese momento, María del Pilar le pidió a su novio que fuera a comprar dos sodas, mientras ella conversaba con el visitante. El músico cumplió la orden, fue por las bebidas, y a su regreso encontró a la mujer con dos orificios de bala en la cabeza, al parecer propinados con una pistola con silenciador.

La condujo a urgencias de la clínica El Rosario de El Poblado, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.

Cuando la Policía registró la camioneta, encontró dos vainillas de calibre 9 milímetros en el interior. En la revisión de las cámaras de vigilancia del mall, los agentes observaron que minutos después del crimen, un hombre bajó de la parte trasera de la camioneta de la víctima, sosteniendo una bolsa, abordó el automóvil gris y salió del estacionamiento.

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Aunque en principio María del Pilar Zea Cobo fue reseñada como comerciante, fuentes judiciales le confirmaron a El Colombiano que la justicia de Estados Unidos la estaba investigando por su presunta participación en una red de narcotráfico transnacional.

Los expedientes estaban en cortes federales de Florida y Texas, donde otros narcotraficantes la sindicaron de ser una supuesta exportadora de estupefacientes conocida como “la Reina”, la cual empleada una ruta que salía del Pacífico colombiano, con centro de acopio de cocaína en Centroamérica y destino final en EE. UU.

Al parecer trabajaba en asocio con varios carteles, entre ellos el Clan del Golfo.

El FBI y la DEA le pusieron los ojos encima en 2022, con el decomiso de un cargamento de 1,2 toneladas de cocaína en Puerto Limón, una ciudad portuaria de Costa Rica.

Los agentes comenzaron a hacerle los seguimientos pertinentes, así se enteraron que se había cambiado de residencia, de Cali a Medellín, donde habitaba una lujosa propiedad en una loma de El Poblado, con amplios jardines y vista a las montañas del Valle de Aburrá.

También supieron que había adquirido deudas cercanas a los $40.000 millones de pesos con varios carteles, situación que al parecer provocó ese cambio de residencia.

En esas circunstancias, tomó contacto con agentes de la DEA y, según las fuentes consultadas, inició un proceso de cooperación y delaciones a cambio de beneficios judiciales en las cortes de Texas y Florida.

En Colombia, Zea Cobo también era investigada por los delitos de constreñimiento ilegal (2018) y amenazas (2021), aunque ambos expedientes están en etapa de indagación preliminar.

La última aparición pública de la mujer antes del atentado, había sido durante el matrimonio de su hija María Paula Trujillo Zea, quien contrajo nupcias con el cantante de reguetón Pipe Calderón el pasado 10 de marzo en la iglesia La Merced, de Cali. En el opulento festejo, la señora llevó a su hija al altar.

El principal sospechoso del asesinato es el hombre con el cual se había citado “la Reina” en el mall. La hipótesis policial del caso es que se trató de una vendetta ligada al narcotráfico.

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El Inspector.

El protagonista de esta historia es Javer Alexis López Murillo, alias “Toyota”, quien de paso se convirtió en el primer extraditable capturado en 2023 en nuestro país. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La camioneta BMW en la que iban los escoltas de “Toyota”, la cual cayó desde un quinto piso en Medellín. Foto de archivo.

Todo comenzó en 2017, cuando la DEA detectó el ingreso de varios cargamentos de cocaína al estado de La Florida. Salían en lanchas de la costa Pacífica, tenían puntos de acopio en Centroamérica y, como peculiar característica, los bloques del alcaloide estaban marcados con los logotipos de dos marcas reconocidas: Nike y Toyota.

Las pesquisas se concentraron en una red criminal con injerencia en los departamentos de Cauca y Valle, pero aún no estaba claro quién era el traficante que la lideraba.

Hasta que a las 10:45 a.m. del 15 de marzo de 2021 sucedió un hecho insólito en la urbanización Finito del barrio Castropol, en el suroriente de Medellín: una camioneta blindada BMW cayó al vacío desde un parqueadero ubicado en un quinto piso.

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Adentro iban tres personas:el conductor Willer Bermúdez López, de 19 años y nacido en Istmina (Chocó); y los pasajeros Luis Mosquera Aguilar, de 32 y también de Istmina, y Alex Pineda Guerrero, de 38 y natural de Buenaventura (Valle). Este último falleció por el brutal impacto.

Cuando los socorristas llegaron para atender la emergencia, encontraron una caleta dentro del vehículo, con dos pistolas, un revólver y $6 millones en efectivo. El caso rápidamente captó el interés de la Policía.

En las averiguaciones, los vecinos contaron que los accidentados venían de Cali a visitar un inquilino de la urbanización, quien era conocido por organizar jolgorios bullosos con prostitutas en su apartamento. El sitio fue allanado, encontrando otra pistola, $157 millones, 1.500 dólares y 137 municiones de distintos calibres para arma de fuego.

El inquilino resultó ser “Toyota”, el supuesto narcotraficante del Pacífico que la DEA estaba buscando.

Los hombres que cayeron al vacío eran sus escoltas. Portaban cadenas de oro y joyas valoradas en $500 millones.

En las cámaras de seguridad del parqueadero se observó que estaban reversando, al parecer en medio de una discusión, cuando la camioneta aceleró, destruyó el muro de contención y voló hasta un parque infantil.

El coronel Édgar Cárdenas, jefe (e) de la Dirección Antinarcóticos, comentó que a partir de ese caso comenzaron los seguimientos que terminaron con la captura, dos años después, de “Toyota”.

Alias “Toyota” (de blanco) fue capturado con fines de extradición a Estados Unidos. Foto cortesía de la Policía.

LA OTRA “CAÍDA”
Los comandos Jungla lo sorprendieron hace dos semanas, cuando disfrutaba de unas vacaciones en la playa de El Rodadero, en Santa Marta. Frente a la mirada atónita de los turistas, y con sus acompañantes obligados a tenderse en la arena, los policías le pusieron las esposas.

Según el prontuario documentado por la Policía, López Murillo “es uno de los herederos del extinto cartel del Norte del Valle. Manejaba las finanzas dentro de la organización, coordinaba todo lo relacionado con la producción y envíos hacia Centroamérica, y tenía vínculos con carteles de México y Guatemala”.

El detenido fue llevado a la cárcel La Picota, de Bogotá, a la espera de que se resuelva el trámite de extradición. “Toyota” tiene una acusación por dos cargos de narcotráfico en la Corte del Distrito Medio de La Florida, Estados Unidos.

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El Inspector.

Ese anhelo, que disfrutó durante pocos años, se esfumó entre sus dedos el pasado 27 de julio, cuando escoltado por agentes de Interpol y la Dirección Antinarcóticos abordó un avión de la DEA rumbo a una cárcel en Estados Unidos. Allá lo espera la Corte del Distrito Sur de La Florida, para que responda por cargos de narcotráfico.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “Falcon”, “Andrea” o “Babalao” es requerido por una corte del Distrito Sur de La Florida. Foto cortesía de Interpol.

De esta manera se le cayó la careta de empresario exitoso de la construcción y los bienes raíces, con la cual se presentaba ante sus amigos de la farándula y vecinos de la vereda Llanogrande, en el municipio antioqueño de Rionegro.

¿Pero cómo fue que este paisa de 40 años terminó reseñado por los organismos de Inteligencia como alias “Falcon”, “Andrea” o “Babalao”, un socio clave del cartel narcotraficante Clan del Golfo?

AMBICIONES
Una fuente cercana a la investigación le narró a El Colombiano que Valencia Zuluaga se crió en un barrio humilde de la comuna de Villahermosa, en el oriente de Medellín.

“Sus allegados nos contaron que de niño vendía panes, dulces y bombones en los buses, pero que siempre soñó con ser millonario”, relató.

Sus actividades ilegales comenzaron luego de un viaje a España, cuando, siendo joven, se fue a buscar suerte en diferentes trabajos. No logró establecerse, pero quedó deslumbrado por los lujos del Viejo Continente.

En 2008 inició la expansión territorial del Clan del Golfo, desde Urabá hacia varias regiones de Colombia.

Dos narcos de los Llanos Orientales ingresaron a la nómina, Uldar Cardona (“Pablito”) y Ómar Noguera (“Boyaco”), y viajaron a Antioquia buscando socios para expandir su red dentro del Clan.

Un delincuente conocido como “Mogolla” les presentó a Valencia, a quien presuntamente recomendó como una persona deseosa de “camellar en la vuelta”.

“Su primera participación fue en el envío de 10 de kilos de cocaína por una ruta que tenían hacia México”, reveló la fuente. De esta manera surgió la confianza entre los narcos.

La acusación de la corte norteamericana, cuyos testigos son exintegrantes del Clan del Golfo, detalló que entre 2010 y 2021 Valencia, al parecer, invirtió en cargamentos de droga que salían del puerto de Cartagena y de pistas aéreas clandestinas en los Llanos, y eran acopiados en Guatemala antes de llegar a EE.UU.

“Pablito” murió en un operativo policial el 2 de mayo de 2017, en Arboletes; y 21 días después fue capturado “Boyaco”, en San Pedro de Urabá.

Con sus dos jefes directos por fuera del negocio, Valencia heredó los contactos y rutas de exportación. Sus apodos de “Falcon”, “Andrea” o “Babalao” empezaron a retumbar en el bajo mundo.

Según el general Jorge Vargas, director de la Policía, se convirtió en hombre de confianza de Dairo Úsuga (“Otoniel”), el mandamás del Clan, quien le asignó la jefatura del frente Héroes del Caribe, con injerencia en Bolívar y Atlántico, especialmente en puertos de Cartagena y Barranquilla.

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APARIENCIAS
Al mismo tiempo, el implicado se mostraba ante la sociedad como un empresario audaz y de gustos exquisitos. Compró una mansión de 9.000 m2 en Llanogrande, con zona deportiva y piscinas, para una de las cuales mandó a traer agua desde el mar Muerto (Medio Oriente).

Llenó el garaje con más de 30 vehículos, que incluían seis motos customizadas, ocho camionetas, autos antiguos de colección y tres ferraris, en los que solía apostar carreras contra famosos reguetoneros.

La meta que se había trazado parecía cumplida, hasta que el 7 de mayo de 2021 los comandos de la Dirección Antinarcóticos allanaron su palacio. Lo capturaron, incautaron sus apreciados vehículos y además le encontraron 18 armas de fuego, incluyendo dos fusiles de asalto, nueve pistolas, tres escopetas, miras telescópicas y un visor nocturno.

Fue recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá, y notificado de la orden de extradición, la cual fue avalada por la Corte Suprema el pasado 1° de junio.

Aunque en Colombia se ha declarado inocente de las acusaciones, es probable que busque un acuerdo de confesión con la justicia estadounidense, cerrando así el capítulo más penoso en esta biografía de ambición por el dinero.

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El Inspector.

Luego de la audiencia de control de garantías, un juez le dictó medida de aseguramiento en la cárcel a este hombre, apodado “Falcon”, “Babalao” o “Andrea”.

Dos de los automóviles decomisados a alias “Falcon” o “Babalao”, por presunto lavado de activos del narcotráfico. Cortesía de la Policía.

Tal cual informó Revelaciones del Bajo Mundo, Valencia fue capturado el pasado 7 de mayo en la vereda Llanogrande, y la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas, los cuales él rechazó en el estrado.

Las motocicletas fueron importadas, algunas de ellas customizadas a petición del cliente. Cortesía.

Su abogado, el exfiscal general de la Nación, Mario Iguarán, apeló la medida intracarcelaria emitida por el juzgado.

“Es uno de los denominados ‘narcos puros’, perteneciente al ala financiera del Clan del Golfo, quien presuntamente coordinaba cargamentos de cocaína que salían del Caribe colombiano. De acuerdo con las pruebas, movía alrededor de $60.000 millones mensuales, producto del narcotráfico y otras rentas ilegales, por orden del máximo líder del clan, alias ‘Otoniel’”, declaró Carlos Izquierdo Ortegón, jefe de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada.

Valencia es un coleccionista de motos y autos de lujo, que guardaba en su propiedad de Llanogrande, en Rionegro. Cortesía.

Para la Policía, “Babalao” sería el cabecilla del frente “Héroes del Caribe”, la estructura del clan que tiene injerencia en los puertos de Cartagena y Barranquilla.

La propiedad de Valencia en Llanogrande incluye una casa de 9.000 m2 y una cancha de fútbol de grama sintética. Cortesía.

El general Jorge Vargas, director de esa Institución, lo catalogó como uno de los principales narcos del país. Recordó que en el allanamiento a su propiedad, en Llanogrande, le encontraron un arsenal conformado por dos fusiles, una subametralladora, nueve pistolas, tres revólveres, tres escopetas, 35 proveedores, tres miras telescópicas, un adaptador para subametralladora, tres cañones para pistola y un visor nocturno.

La colección también incluye vehículos antiguos, entre camionetas y camperos. Cortesía.

Según Izquierdo, Valencia “sería dueño de una colección de autos lujosos de alta gama, con aproximadamente 30 vehículos de diferentes marcas (Lexus, Ferrari, Toyota, Mercedes Benz, Volvo, etc.)”. Los ferraris ya eran conocidos por los habitantes de Rionegro, pues por allí se daba sus paseos el sospechoso, a veces en compañía de un cantante de reguetón.

Este fue el arsenal que le encontraron a Valencia en su propiedad. Foto cortesía de la Policía.

El general Vargas reiteró que “estas excentricidades hacen recordar la época de Pablo Escboar y los hermanos Rodríguez Orejuela (capos de los antiguos carteles de Medellín y Cali). Ya estamos compartiendo la información recopilada con las autoridades de Estados Unidos”.

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El Inspector.

Se trata de Maximiliano Bonilla Orozco, alias “Valenciano”, miembro de la cúpula de la organización ilegal “la Oficina” y condenado a 20 años por conspiración para distribuir cocaína en aquel país. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Maximiliano Bonilla es oriundo de Villavicencio, Meta, pero se crió en Medellín. Comenzó su carrera criminal de la mano de Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), uno de los fundadores de “la Oficina” a finales de los 90. Llegó a EE.UU. en diciembre de 2011. Foto de archivo El Colombiano.

El Colombiano tuvo acceso a documentos de su proceso penal (caso criminal N°08-140WFK), que reposan en la Corte del Distrito Oriental de Nueva York, con sede en Brooklyn. De acuerdo con la información, Bonilla envió una petición a dicho tribunal el pasado 27 de abril.

En su misiva, solicitó que lo favorecieran con un confinamiento casero, invocando la Ley de Ayuda, Socorro y Seguridad Económica por el Coronavirus (Ley 116-236 o Cares Act, por sus siglas en inglés), firmada por el presidente Donald Trump el 27 de marzo anterior. Dicha norma, entre otras medidas, instó al Buró de Prisiones (equivalente al Inpec en Colombia) a flexibilizar la autorización de detenciones domiciliarias, para mitigar el impacto de la propagación del virus en las cárceles.

En su argumentación, “Valenciano” invocó una frase del expresidente estadounidense Thomas Jefferson: “El cuidado de la vida humana y la felicidad, y no su destrucción, es el primero y único objeto de un buen gobierno”.

Acto seguido, escribió que encarcelado tenía menos chance de sobrevivir a la pandemia, pues el distanciamiento social es imposible y todo el sistema de ventilación de las celdas está interconectado, lo que hace que contagiarse “sea cuestión de tiempo”.

Alegó que tiene 47 años, presión arterial elevada y colesterol alto, por lo cual consume medicamentos.

También enfatizó que su comportamiento ha sido óptimo y ha recibido clases sobre el manejo de la ira, aeróbicos, yoga, crossfit e introducción al mercado de la bolsa de valores, entre otras; y que ha estado leyendo libros sobre el autocontrol, manejo del estrés y “el coraje para cambiar”.

Bonilla está recluido en la cárcel de Lewisburg, Pennsylvania, y pidió que le concedieran la detención en el domicilio del tío de su suegra, en Carolina del Sur.

Según él, estará en esa casa mientras dure la crisis sanitaria, y regresará a la celda una vez el Gobierno lo autorice.

“NO ES PERSONA CONFIABLE”

Enterado de esta petición, el fiscal de Distrito, Seth D. Ducharme, envió a la Corte una comunicación el pasado 24 de agosto, solicitándole al juez federal William F. Kuntz II que la rechazara.

En su exposición, hizo un recuento del prontuario de “Valenciano” como miembro de “la Oficina”, “la organización heredera de la infraestructura de narcotráfico de Pablo Escobar”.

Señaló que el detenido ascendió hasta ser un jefe de ese grupo, encargado de las operaciones de droga en los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, y socio del cartel mexicano “los Zetas”, con el que exportó más de 45 toneladas de cocaína. “Esto lo convirtió en uno de los narcos más poderosos del mundo”, redactó Ducharme.

El fiscal detalló que “Valenciano” no era confiable, porque ya había traicionado un acuerdo de cooperación con los norteamericanos. Dicho pacto lo realizó con la Fiscalía el 14 de diciembre de 2008, cuando prometió aceptar las acusaciones y que trabajaría como informante de la DEA y la Agencia de Seguridad Nacional (HSI), para obtener rebaja en la sentencia.

Sin embargo, luego de pactar con los funcionarios, regresó a Colombia para protagonizar una guerra por el control de “la Oficina” y sus negocios, en contra de Ericson Vargas (“Sebastián”), otro de los líderes de la organización (hoy preso en EE.UU. también).

La pelea involucró a más de 300 bandas del Valle de Aburrá, que se alinearon con uno y otro capo, y duró tres años. Entre enero de 2009 y diciembre de 2011 hubo 5.859 homicidios tan solo en Medellín, la mayoría atribuidos a esa disputa mafiosa.

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La Casa Blanca asignó una recompensa de 5 millones de dólares por el cabecilla, quien fue capturado el 27 de noviembre de 2011 en Venezuela, y desde allí extraditado.

Ducharme afirmó que no califica para la domiciliaria porque es extranjero, lo que le dificultaría recibir los servicios médicos que ya tiene en prisión; que su edad no lo hace de alto riesgo para covid-19 y que no está comprobado que la presión sanguínea elevada lo haga más propenso al contagio; y que no demostró que en la casa de Carolina del Sur estaría a salvo del virus.

“La historia de violencia y desobediencia lo hace un candidato no confiable para el confinamiento casero, y un peligro para la comunidad, en especial por las mínimas capacidades de las autoridades para su monitoreo (por causa de la pandemia)”, concluyó.

A la fecha, el juez Kuntz no ha emitido su veredicto sobre la petición de Bonilla. Los tiempos judiciales en EE.UU. se ralentizaron por la cuarentena, debido a lo cual el pronunciamiento podría darse en octubre, según fuentes judiciales.

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ANEXO: LOS EXPEDIENTES DE “VALENCIANO” EN COLOMBIA

En Colombia, Maximiliano Bonilla no tiene condenas, pero sí cuatro investigaciones penales en curso. Una de ellas, por concierto para delinquir agravado, data de 2009 y está en etapa de juzgamiento.
Las demás están en “indagación preliminar”, según la Fiscalía: una por el delito de extorsión (2009); otra como indiciado de homicidio (2000); y una más por el asesinato del investigador del CTI, Jaime Piedrahíta, perpetrado por sicarios en 1997 en el municipio de Itagüí.
Por esas investigaciones, tiene órdenes de captura pendientes en nuestro país, por parte de despachos judiciales de Medellín y Bogotá.

El Inspector.

Así lo confirmó su abogado Luis Guerra, quien especificó que el cargo del cual lo acusaron fue conspiración para importar cocaína a EE.UU. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Arredondo Ortiz, alias “Mateo”, se entregó a los agentes de la DEA en Panamá. Foto de archivo.

De acuerdo con el expediente, los hechos ocurrieron entre los años 2010 y 2012, al presentarse una situación en la que Arredondo participó como enlace entre narcotraficantes.

La historia comenzó con Yaneth Vergara Hernández, alias “la Tía”, una narcotraficante interesada en exportar droga desde los puertos controlados por el cartel de “los Urabeños” en el caribe colombiano.

Para ello, la mujer recurrió al jefe de “la Oficina” en aquel entonces, Ericson Vargas Cardona (“Sebastián”), para que ese grupo sirviera de puente con el cartel.

El delegado para la tarea fue Arrendondo Ortiz, quien según su abogado, lo que hizo fue contactar a “la Tía” con Henry López Londoño (“Mi Sangre”), un cabecilla de “los Urabeños”, para que entre ellos acordaran los términos de la exportación.

Las cuatro personas involucradas ya están en prisiones de Estados Unidos, procesadas por cargos de narcotráfico.

Tras la firma de la aceptación de culpabilidad (plea agreement), Arredondo Ortiz fue recluido en el Centro de Detención Federal, una cárcel de Miami. La sentencia está programada para el próximo mes de marzo.

El abogado Guerra recordó que “Mateo” se entregó voluntariamente a la DEA, diligencia que se llevó a cabo en octubre pasado en Panamá. “Por este motivo, es muy probable que reciba una rebaja sustancial en la pena, del 50 por ciento o más”, señaló el jurista.

El cargo que reconoció ante el juez parte de una sentencia mínima de 10 años y una máxima de 60 (teniendo en cuenta los convenios jurídicos con Colombia). En el caso de “Mateo”, su sometimiento voluntario y posible colaboración en otros procesos penales, como el juicio venidero de “Mi Sangre”, le generarían el beneficio de una condena inferior a los 5 años tras las rejas.

OTRAS INVESTIGACIONES
Arrendo Ortiz, de 57 años y nacido en Itagüí (Antioquia), enfrenta además un proceso de carácter administrativo ante el Departamento del Tesoro. La entidad, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), lo incluyó en la Lista Clinton en 2014, aplicándole sanciones financieras por su presunta participación en una red de lavado de activos y apoyo logístico para “la Oficina”.

Dicho expediente, en el que también están incluidos cabecillas de la organización como “Beto”, “Omega” y el equipo de fútbol Envigado FC, sigue activo.

Por parte de la justicia colombiana, “Mateo” no tiene requerimientos pendientes ni órdenes de captura, aunque figura en organigramas de Inteligencia y ha sido mencionado en algunos procesos de otros miembros de “la Oficina”.

La Policía lo asocia con la “Odín Trianón” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), el tentáculo de la banda en los municipios de Envigado y Sabaneta, pero no ha sido judicializado por ello.

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El Inspector.

Los señalamientos en contra del ciudadano de 58 años, oriundo de Bello, comenzaron el 03/5/16, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de EE.UU. lo incluyó en la Lista Clinton, aplicándole sanciones financieras a él, su núcleo familiar y cuatro empleados, al igual que a once empresas que posee en Colombia, Panamá, Argentina y Guatemala.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano. Revelaciones del Bajo Mundo la comparte, por considerarla de interés para sus lectores.

José Byron Piedrahíta, empresario antioqueño, señalado por el gobierno de EE.UU. de ser patrocinador de la banda “la Oficina”. FOTO: Donaldo Zuluaga.

La Ofac reveló en ese entonces que en su contra también había un expediente en la Corte del Distrito Oeste de Virginia, desde 1997, por el supuesto delito de lavado de activos.

La decisión causó sorpresa en la subregión del Bajo Cauca, donde las compañías de Piedrahíta generan cerca de 600 empleos directos, por medio de las firmas Subasta Ganadera de Caucasia, Frigorífico del Cauca y Arrocera Contadora, entre otras.

Aunque el propietario siempre ha defendido su inocencia, la sanción impuesta por EE.UU. derivó en la apertura de un proceso judicial en Colombia.

Así lo explicó el 18/10/16 Andrea del Pilar Malagón, directora de la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio: “dentro de las investigaciones que se adelantaron a partir de esa inclusión (en la Lista Clinton), la Fiscalía detectó incrementos patrimoniales injustificados desde 1997, que trajeron como consecuencia la imposición de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo con fines de extinción de dominio, en contra de 18 bienes (incluyendo una sociedad)”, que fueron ocupados entre el 12 y el 14 de octubre pasados en Antioquia, Córdoba y Bogotá, los cuales tendrían un valor cercano a los 13 millones de dólares, según el ente judicial.

EL FALLO DEL JUZGADO
Las medidas en contra de las propiedades de José Piedrahíta y su familia fueron aplicadas por la Fiscalía 10 Especializada de la Unidad de Extinción de Dominio (05/9/16), que basó varias de sus argumentaciones en los informes de la Ofac y la DEA.

La defensa del empresario, liderada por la exfiscal Fanny Leal Granados, interpuso ante el juzgado un recurso de control de legalidad, logrando demostrar que el organismo acusador se excedió en sus determinaciones, según el fallo del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Antioquia (radicado 0500 3120 002 2016 0002800), proferido el pasado 28 de marzo.

En el proceso, la defensa explicó que la Fiscalía incurrió en varias anomalías: dijo que los afectados no declaraban renta, cuando su cliente posee la documentación que certifica dichos pagos; que los informes de la Ofac y la DEA – autoridades extranjeras- no se pueden constituir en prueba judicial de un ilícito, tal cual lo señala la Corte Constitucional en la Sentencia T-468 de 2003; que no existía la urgencia para decretar tales medidas, porque no había riesgo de que Piedrahíta comercializara los bienes, pues están hipotecados con el banco, sometidos a la Ley de Reorganización Empresarial (producto de afectaciones económicas por un paro camionero) y porque la misma sanción en Lista Clinton impide su venta.

“La fiscal señaló que la familia Piedrahíta no declaraba renta y que era sospechoso que hubiera adquirido bienes costosos sin dichas declaraciones, algo que no solo constituye una falta de prueba sino una falsedad, porque se probó que él y su familia declaran renta desde hace 30 años”, indicó Wilton Hernández, investigador privado al servicio de la defensa.

La argumentación de los abogados del empresario también cuestionó el hecho de que la Fiscalía hubiese tomado un artículo de prensa sobre el cartel de Cali para anexarlo entre las pruebas, sin la documentación de soporte, y que en la diligencia de embargo hubiera participado un agente de la DEA, quien personalmente registró la habitación de Piedrahíta, sin tener orden para ello y configurando una posible intromisión en la soberanía judicial de Colombia.

Estas situaciones llevaron a la Procuraduría a contemplar la constitución de una Agencia Especial para estudiar el caso, ante una posible afectación de la independencia de la administración de justicia y las garantías procesales (informe de la Procuraduría 114 Judicial II Penal del 12/12/16).

Así las cosas, el Juzgado resolvió “declarar la ilegalidad de las medidas cautelares de embargo y secuestro impuestas por la Fiscalía” y ordenó a la Sociedad de Activos Especiales la entrega inmediata de los bienes, pero validó la legalidad de la medida de suspensión del poder dispositivo de Piedrahíta sobre los mismos, mientras continúa el proceso.

Ahora le corresponde a la Fiscalía decidir si continúa adelante con el proceso de extinción de dominio (fijar las pretensiones), o si archiva las diligencias. Sobre la decisión del Juzgado, la entidad no formuló apelación.

“COMERCIALMENTE ESTOY DESTRUIDO”
José Byron Piedrahíta Ceballos es subteniente retirado del Ejército (1983). Estudió Economía en la Escuela Militar de Cadetes y llegó a ser director del colegio militar José María Córdova.

Según él, comenzó a crear su fortuna en los años 80, cuando compró un par de ferreterías en el centro de Medellín; luego las vendió y se mudó al Valle del Cauca, donde con un socio invirtió en la tecnificación de plantas de sacrificio, con la empresa FrigoYumbo.

En la década del noventa, con la bonanza cafetera, ingresó a la Federación de Cafeteros, adquirió fincas en Sevilla (Valle) y Anserma (Caldas), donde llegó a sembrar más de un millón de matas. Al llegar el siglo XXI, montó empresas en el Bajo Cauca y se especializó en el sector de la ganadería.

Con su compañía DistriPanamá (sucursales en Ciudad de Panamá y Argentina), se convirtió en el segundo exportador de pieles de ganado más grande de Colombia, llevando la mercancía hasta China.

Ahora Piedrahíta dice que, tras la inclusión en la Lista Clinton y el proceso de extinción de dominio iniciado por la Fiscalía, está “comercialmente destruido”.

Se reitera en su inocencia y afirma que sus abogados están aportando las pruebas para demostrarla en los estrados de Estados Unidos. El Colombiano lo entrevistó en su residencia, en Envigado.

¿Cuáles eran los bienes afectados con las medidas cautelares y cuánto valen?
“La Subasta Ganadera de Caucasia, la casa donde vivo (Envigado), una finca en Barbosa (Antioquia), unas bodegas en Bogotá y unas fincas en Arboletes. No tengo exactamente el avalúo comercial, pero tenían hipotecas con Bancolombia de alrededor de 18 mil millones de pesos”.

Como empresario, ¿qué perjuicio le han generado las investigaciones en su contra?
“Me afectó en todos los aspectos, porque yo comercialmente estoy destruido, no tengo posibilidad de vender, mis bienes quedaron con el INRI en sus certificados de libertad, donde aparece que fueron afectados por un proceso de extinción de dominio, y así queden desafectados nadie va a comprarlos. Yo genero unos 600 empleos directos en Bajo Cauca y Antioquia. La empresa DistriPanamá la tuvimos que cerrar, era exportadora de cueros para Asia, ya no podemos exportar, no tenemos cuenta corriente ni vínculos comerciales con nadie. Teníamos unas 25 personas, que fueron despedidas, y en las otras empresas en Colombia tuvimos que despedir otras cien”.

¿Qué salidas ve desde lo empresarial?
“Es complicado, ya en la parte empresarial es muy difícil recuperar el prestigio que tenía antes, hay que volver a empezar con empresas nuevas, sociedades diferentes, porque las de antes ya están prácticamente acabadas”.

Teniendo en cuenta el fallo del juzgado, ¿por qué cree que la Fiscalía le embargó los bienes sin tener pruebas suficientes?
“Considero que hay muchos factores externos y que la Fiscalía se apresuró a hacerlo por la intromisión de entes del gobierno americano”.

Pero adicional a este proceso, hay otros dos en EE.UU., uno penal de 1997 y otro administrativo por la Lista Clinton de 2016, ¿esos en qué van?
“Yo me presenté a la Embajada americana y estoy en el proceso de demostrar mi inocencia con mi abogado, el doctor Luis Guerra”.

El proceso en la justicia colombiana se deriva de las investigaciones en EE.UU., donde afirman que usted financió a “la Oficina” y al cartel de Cali. ¿Eso es verdad?
“Falso”.

¿Y entonces de dónde salió una acusación tan grave?
“Eso viene de una infinidad de denuncias que vengo colocando hace más de 12 años contra estos grupos al margen de la ley, tanto a ‘la Oficina de Envigado’ como a ‘los Urabeños’ y otros grupos armados, por encontrarme yo en esta región del país tan vulnerable a todo esto (Bajo Cauca). Una forma de ellos afectarme ha sido que han hablado algo de mí, diciendo que los he financiado. La Fiscalía no se ha tomado ni siquiera el tiempo para llamarme a que les explique las denuncias que tengo contra esos grupos. No hay ningún detenido. Hay denuncias por extorsión, desplazamiento forzado y asesinato de mis empleados”.

¿Cómo fue ese asesinato?
“Llegaron a una finca mía en San Pedro de Urabá, se apoderaron de la casa, entre ellos alias ‘Mi Sangre’, Henry López Londoño. Entró a beber con unas mujeres y puso a atender al casero de la finca. Dijo que el muchacho miró a una de las mujeres de él y lo mataron. Yo denuncié eso en su momento y ni siquiera se hizo una investigación”.

¿Usted ha recibido amenazas?
“No he recibido amenazas, pero sí siento temor, porque veo que en el sector donde yo me muevo las cosas no están bien, en Caucasia estos grupos todos los días cogen más fuerza y el mando lo tienen todavía las personas que están recluidas en cárceles de Estados Unidos y Colombia, entonces mi vida va a estar en peligro. Temo que haya una conspiración en contra mía en cárceles de Estados Unidos”.

NOTA RELACIONADA: Patrocinador secreto de “la Oficina” en la mira de EE.UU.

El Inspector.

Se trata de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”, de 49 años, quien presuntamente está a la cabeza de la banda “los Chatas” del municipio de Bello, y sería el miembro más poderoso en la cúpula de “la Oficina”, la confederación ilegal que controla los hilos del crimen organizado en el Valle de Aburrá.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

E.U. anunció que recibirá la información sobre “Tom”, con absoluta reserva, en el correo electrónico DEA-Bogota-Tips@usdoj.gov. También en los teléfonos 300 683 2586 y 300 685 1375. Foto de Cortesía.

E.U. ofrece el dinero por intermedio del Departamento de Estado y su programa de Recompensas contra el Narcotráfico. En el informe en el cual se reseña esta acción, los norteamericanos señalan a Mesa Vallejo como “un traficante internacional de estupefacientes”, el cual fue “visto por última vez en Medellín”.

La ofensiva estadounidense contra esta estructura comenzó el 17 de septiembre de 2014, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), adscrita al Departamento del Tesoro, incluyó en la Lista Clinton a ocho cabecillas de “la Oficina”, entre ellos a Mesa Vallejo (ver la NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial de E.U. contra “la Oficina”).

El 10 de diciembre de 2015 le aplicaron el mismo castigo a la banda “los Chatas”, considerada el tentáculo de “la Oficina” en Bello y el norte del Valle de Aburrá. En esa oportunidad fueron reseñados los principales lugartenientes de “Tom”: Jorge Zapata Berrío (“Jonás”), Jeová Buriticá Hincapié (“Camilo Chata”) y Édison Maya Ríos (“Gomelo”).

En contra de “Tom” también cursa un expediente en la Dirección contra el Crimen Organizado de la Fiscalía colombiana. Este organismo, en coordinación con la Dijín, ha capturado en el último año a tres de los principales socios del cabecilla, como los citados “Gomelo” y “Jonás”, y su hermano menor Elkin Mesa Vallejo (“Elkin Chata”).

De acuerdo con fuentes del Gobierno americano, el propósito es desmantelar totalmente a “la Oficina” y sus socios. Desde 2014, por lo menos 100 personas y empresas relacionadas con esa red criminal han sido sancionadas con la Lista Clinton, que congela sus transacciones comerciales y bancarias.

El antecedente más cercano de un ofrecimiento de recompensa contra un jefe de este grupo data de 2010, cuando el Departamento de Estado ofreció $5 millones de dólares por Maximiliano Bonilla Orozco, alias “Valenciano”. Este capo fue detenido en Venezuela un año después y ahora se encuentra en una celda de Nueva York, enfrentando cargos por narcotráfico (ver la NOTA RELACIONADA: Video y documentos de la captura de “Valenciano”).

LA POLÉMICA LOCAL
Mientras esto sucede en Estados Unidos, en el ámbito local las autoridades no se han puesto de acuerdo en si “la Oficina” todavía existe o no. El pasado 9 de abril, en entrevista con EL COLOMBIANO, el general José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana, declaró que esa organización “es un mito”.

Añadió: “se debe borrar ya, hay mucho mito alrededor del mismo. ‘La Oficina’ sí existió en su momento. Yo no puedo desconocer que todavía hay personas que pertenecieron a la misma. Hoy día no están confederados. Hay personas en la oscuridad que pertenecieron y ellos creen que no sabemos quiénes son. Hablar de ‘la Oficina’ les genera réditos a algunos analistas y es fácil hablar y decir algo”.

Un mes antes, el secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, había dicho que “el conocimiento que tenemos de las autoridades es que ‘la Oficina’ no existe”.

Fuentes de Inteligencia señalan, sin embargo, que la organización está activa, que incluso negoció un pacto de no agresión con la banda “los Urabeños” y continúa inserta en el tráfico internacional de narcóticos en sociedad con carteles mexicanos y europeos.

Explican que “Tom”, si bien sería el más poderoso del bajo mundo hoy en día, no representa a todos los clanes que componen “la Oficina”, entre los que están las odines (organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico) “la Terraza”, “la Unión”, “Caicedo”, “San Pablo”, “Picacho”, “los Chatas” y “Robledo”.

El último capo que había logrado este agrupamiento general fue Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”, extraditado en 2013 y condenado a 25 años de prisión (ver la NOTA RELACIONADA: Cayó “Sebas” y el mapa del crimen empieza a cambiar).

“La Oficina” y sus combos asociados llevan más de dos décadas operando, dedicándose al narcotráfico, sicariato, cobro de deudas mafiosas, desplazamiento forzado, extorsiones, secuestros y desapariciones.

NOTA RELACIONADA: Primer golpe estructural a la banda “los Chatas”.

El Inspector.

La acción fue coordinada entre la Agencia Antidrogas (DEA) y el Departamento del Tesoro, e incluye al máximo cabecilla del citado grupo delincuencial y a tres de sus lugartenientes, al igual que una empresa relacionada con uno de ellos.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el organigrama de los miembros de “los Chatas” sancionados con la Lista Clinton. FOTO: Cortesía del Departamento del Tesoro de E.U.

“El poderoso subgrupo ‘los Chatas’ está involucrado en el narcotráfico y una serie de crímenes violentos como extorsión, asesinato y robo en nombre de ‘la Oficina de Envigado’”, declaró John E. Smith, director (e) de la Oficina del Tesoro para el Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés).

El presunto líder de la estructura es Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”, quien había sido incluído en la Lista Clinton el 16 de septiembre de 2014, junto a otros cabecillas del crimen organizado del Valle de Aburrá, como “Carlos Pesebre”, “Barny”, “Diego Chamizo”, “Mono Amalfi”, “Fredy Colas”, “Chaparro”, “Pichi Gordo” y “Tuto” (ver la NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial de E.U. contra “la Oficina”).

El organigrama del Tesoro muestra además una foto reciente de “Tom”, tomada el año pasado, en la cual aparece con el cabello corto y frente amplia.

Los supuestos lugartenientes reseñados son Geová Buriticá Hincapié, alias “Camilo Chata” o “Mi Viejo”, quien según la Fiscalía colombiana sería el segundo al mando; Jorge Oswaldo Zapata Berrío (“Jonás”), el presunto cabecilla militar; y Édison Maya Ríos (“el Gomelo”), ligado al ala financiera y las relaciones políticas de la agrupación.

Este último es el único que se encuentra tras las rejas, tras su captura en Medellín el pasado 3 de agosto. Afronta un proceso penal por concierto para delinquir, liderado por la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado (ver la NOTA RELACIONADA: Golpe al corazón de la banda “los Chatas”).

Ser incluido en la Lista Clinton implica recibir sanciones económicas, congelamiento de transacciones financieras con ciudadanos y el mercado estadounidense, así como la prohibición de emplear cuentas bancarias a nivel internacional. En la práctica, también bloquea al afectado en el sistema financiero colombiano.

Además de los cuatro reseñados, fue vinculada la empresa Motos y Repuestos Jota, ubicada en el barrio Juan XXIII de la capital antioqueña (comuna 13). Es un taller de reparación de motocicletas “registrado bajo el nombre de Zapata Berrío”, según el informe del Tesoro.

PERSECUCIÓN BINACIONAL
La banda “los Chatas” delinque en Bello y su influencia se extiende por Barbosa, Copacabana, Girardota y varias comunas de Medellín; también en los municipios del Oriente y el Norte de Antioquia, según información policial.

En la actualidad tienen una alianza con “los Urabeños”, la organización narcotraficante más grande de Colombia, lo que les ha permitido incrementar su negocio ilegal (ver la NOTA RELACIONADA: Alianza mafiosa amenaza a la zona norte).

Pese a esto, la justicia colombiana poco ha avanzado en su persecución. El golpe más fuerte hasta ahora ha sido la captura de “Gomelo”. Los demás reseñados en la Lista Clinton ni siquiera tienen orden de captura y no figuran en los carteles de los más buscados de la Policía Nacional.

“El Departamento del Tesoro continuará persiguiendo a aquellos que favorecen el comercio de drogas ilícitas y la violencia brutal de ‘la Oficina’”, sentenció Smith. Desde 2014, su despacho ha sancionado a 62 personas y compañías ligadas con esa facción, incluyendo al equipo de fútbol Envigado FC, empresarios, caballistas , empleados públicos y comerciantes.

En la actualidad, “los Chatas” tienen la hegemonía del Bajo Mundo en el norte del Valle de Aburrá y operan como una Odín: Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico, que agrupa a la mayoría de bandas del municipio de Bello, como “el Mesa”, “la Meseta”, “la Camila”, “Niquía Camacol”, entre otras.

Sostienen una disputa contra una disidencia de la banda de “Pachelly”, que hasta 2012 era la más fuerte de la localidad. Esta situación incrementó el índice de homicidios en Bello y Barbosa durante el 2015.

NOTA RELACIONADA: Banda de “Pachelly” dispara homicidios por retomar su antiguo poder.

El Inspector.

La decisión fue tomada el pasado 6 de agosto por el juez Douglas P. Woodlock, en la corte del Distrito de Boston, y además de los años en prisión contempla el decomiso de 4 millones de dólares y una multa de 25.000 dólares. Cuando finalice su castigo tras las celdas, estará otros tres años con libertad vigilada.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

“Fredy Colas” fue a Estados Unidos para responder por lavado de activos. Foto de cortesía.

El Departamento de Justicia de E.U. informó que el pasado mes de abril, “Fredy Colas” había realizado un preacuerdo para aceptar la culpa por lavado de activos provenientes del narcotráfico, a cambio de una rebaja en la sentencia.

El delincuente se había entregado a la DEA el pasado 31 de marzo en Bogotá, tras unos acercamientos que duraron al menos un año. En ese tiempo, la Policía y el CTI lo habían arrestado dos veces en Medellín, para liberarlo pocas horas después debido a que en Colombia no tiene órdenes de captura en contra.

Los norteamericanos, en cambio, lo tenían en la mira desde hacía tiempo. El informe oficial de este caso señala que Mira Pérez trabajaba con “la Oficina” desde 2001, una organización con base en el Valle de Aburrá y redes para el tráfico de drogas a nivel internacional y el cobro de deudas de la mafia.

“Para cumplir sus objetivos, los miembros de esta banda se valen de secuestros, extorsiones y uso de la violencia”, señala el reporte del Departamento de Justicia.

Entre el 2012 y 2014, “Fredy Colas” se convirtió en uno de los principales cobradores de deudas para las mafias de Colombia y México, que contrataban a “la Oficina” para recuperar dinero y mercancía que se perdía en las incautaciones de estupefacientes por parte de las autoridades.

“Mira Pérez intervenía en las disputas relacionadas con drogas o dinero de la droga que se perdía, era robado o confiscado por la Policía, y llevaba a cabo investigaciones para determinar quién debía asumir la responsabilidad de lo perdido. A continuación, establecía un calendario de pagos”, precisa el documento. Por este servicio, cobraba una comisión del 40% de la plata recuperada, que luego era invertido para financiar los negocios de la cofradía.

La operación para identificar las redes de “Fredy Colas” comenzó en Boston en 2011, con varios agentes de la DEA que interceptaron numerosas transferencias de dinero en todo el mundo y se infiltraron en el mercado negro del intercambio de pesos.

En dicha investigación se incautaron varios cargamentos de cocaína en E.U., valorados en 15.2 millones de dólares; y en Colombia, 3.9 toneladas de cocaína, 32.000 dosis de éxtasis, 9 kilos de metanfetaminas y una tonelada de marihuana. Además, más de 60 personas fueron detenidas.

El 26 de junio de 2014, “Fredy Colas” fue incluido en la Lista Clinton y el Departamento del Tesoro lo sancionó con la congelación de sus bienes y transacciones comerciales.

Para la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía colombiana, este bogotano de 48 años era el cabecilla de la “Odín Caicedo” (Organización Criminal Integrada al Narcotráfico), el tentáculo de “la Oficina” en las comunas 8, 9 y 10 de Medellín. No obstante, en nuestro país todavía carece de órdenes judiciales en su contra.

NOTA RELACIONADA: ¡Otra vez detienen y liberan a “Fredy Colas”!

El Inspector.

La investación adelantada por la DEA, la Policía colombiana y la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado recopiló información por más de seis, a través de un agente infiltrado, seguimientos, grabaciones e interceptaciones.

Al parecer la defensa de los imputados planea que acepten algunos cargos a cambio de un preacuerdo con rebaja de pena. Foto de archivo.

De acuerdo con las pesquisas, esta trama clandestina empezó cuando varios presuntos miembros de “la Oficina”, que se creían intocables y blindados contra el sistema judicial, fueron incluidos en la Lista Clinton. Por primera vez recibieron sanciones económicas y su rostro apareció en los organigramas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Entre los múltiples reseñados estuvieron Juan Pablo Upegui, accionista del equipo de fútbol Envigado F.C.; Carlos Arturo Arredondo, alias “Mateo”; y el capitán retirado de la Policía, Edward García, apodado “Orión”.

Los cabecillas quedaron sorprendidos y expuestos ante la opinión pública, y empezaron a indagar qué tipo de investigaciones penales se adelantaban en su contra, tanto en Colombia como en E.U.

Tomaron contacto con policías que tenían acceso a información de un grupo SIU (Special Investigation Unit), en el cual trabajan en conjunto investigadores colombianos y estadounidenses. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, les ofrecieron un soborno multimillonario para que les filtraran datos confidenciales sobre las investigaciones en contra de “la Oficina” y los reseñados en la Lista Clinton.

En consecuencia, el pasado 1 de julio fueron arrestados en Bogotá el intendente Andrés Cortés y el patrullero Eduar Arias, al igual que el abogado Óscar Colorado, quien habría participado como intermediario entre estos funcionarios y los mafiosos.

La audiencia de control de garantías se realizó en los días siguientes en el Palacio de Justicia de Medellín, en la cual se legalizaron los arrestos y las incautaciones de documentos y material digital recopilado en los allanamientos a las propiedades de los detenidos. La Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir, violación de secreto, concusión, fraude procesal y uso ilícito de comunicaciones. Al final de la diligencia, el juzgado envió a las tres personas a la cárcel, mientras continúa el proceso.

La Policía Nacional destituyó a los uniformados implicados, al tiempo que se investiga la eventual participación de otras personas en la red de espionaje.

NOTA RELACIONADA: Lista Clinton enredó a dueños del Envigado F.C. y a “la Oficina”.

El Inspector.

De acuerdo con la información policial, Fredy Alonso Mira Pérez, de 48 años, se despidió de sus amigos y familiares el pasado 31 de marzo y salió en un vuelo con escala desde Bogotá hacia Boston, Massachusetts, donde fue recibido por agentes de la DEA. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano en equipo con Revelaciones del Bajo Mundo.

La justicia de E.U. espera que “Fredy Colas” coopere en el expediente contra Ayman Joumaa, el lavador de dinero más buscado del mundo. Cortesía.

Funcionarios cercanos al proceso narraron que los acercamientos entre ese organismo y “Fredy Colas” comenzaron en enero de 2014, con contactos a través de intermediarios en Medellín y Bogotá. Los estadounidenses tienen en su contra una indagación preliminar por lavado de activos a cargo del Equipo de Investigaciones Financieras de la DEA, en la División de Campo de New England, y lo señalan de ser un subjefe de “la Oficina”, una estructura de crimen transnacional con sede en el Valle de Aburrá y redes para el narcotráfico, cobro de extorsiones, secuestro y sicariato.

Tras un par de reuniones en la capital antioqueña en el primer semestre, Mira no asistió a una importante cita con un delegado de la DEA en Bogotá, enviando señales de desconfianza en la negociación.

Estrategia americana

La respuesta de los norteamericanos fue presionarlo. El 1 de julio de 2014 su rostro fue revelado por primera vez, en un organigrama del Departamento del Tesoro, que lo incluyó en la Lista Clinton. El director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de ese despacho, Adam Szubin, lo señaló de integrar una red para el blanqueo de dineros de “la Oficina”, junto a otras 11 personas y 15 empresas ubicadas en Medellín, Cali, Manizales y Aguadas (Caldas), La Pintada y Copacabana (Antioquia).

La divulgación de su foto le trajo consecuencias a este personaje, quien logró mantenerse en el anonimato mucho tiempo. El 9 de noviembre departía con cuatro personas en una discoteca de Las Palmas, cuando la gente lo reconoció y llamó a la Policía. Los uniformados lo trasladaron a la Sijín, donde se confirmó que no tenía orden de captura en Colombia. A las 4 horas lo dejaron libre.

El hecho indignó a la opinión pública y la Policía asignó a uno de sus grupos la misión de iniciar una investigación contra “Fredy Colas” por un supuesto concierto para delinquir.

La notoriedad que estaba tomando aceleró sus negociaciones con la DEA y las reuniones se retomaron en Panamá. A finales de diciembre las partes firmaron un preacuerdo en el cual Mira colaboraría con la justicia estadounidense, a cambio de protección para él y su familia, y beneficios judiciales en aquella investigación preliminar por lavado que adelanta el equipo de New England, a cargo del agente especial Michael J. Ferguson.

El documento lo compromete a no ocultar verdades en los interrogatorios. En caso de sospechas, podría activarse el expediente en su contra (ver la NOTA RELACIONADA: “Fredy Colas” llegó a preacuerdo con el gobierno de E.U.).

Firmado el preacuerdo, pasaron tres meses para su viaje a E.U. En ese tiempo armó parrandas en un callejón que conecta a los barrios Caicedo y Enciso, y anduvo desarmado por las calles.

El CTI lo volvió a detener el 17 de febrero en una peluquería del barrio Los Colores, para confirmar de nuevo, con “vergüenza de las autoridades colombianas”, que no lograron expedirle una orden de arresto. Salió en libertad, la que gozó hasta Semana Santa, cuando partió a E.U.

Objetivos del testigo estrella

Fuentes judiciales confirmaron que contra “Fredy Colas” no hay una acusación formal (indictment) en el sistema penal americano. Por eso viajó en calidad de testigo protegido, como en el pasado lo hicieron “Helenita” y “Careguayo”, otros miembros de la banda.

Según los investigadores, el objetivo de la DEA es que se convierta en un informante contra otros supuestos militantes de “la Oficina”, narcos y testaferros sobre quienes hay escaso material probatorio, entre ellos “Tom”, “Mateo”, “Orión”, “Barny”, “Nene”, “Beto”, “Pichi Gordo” y el “Clan Mejía”, todos ellos reseñados en la Lista Clinton, pero sin indictment en las cortes (ver la NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial de E.U. contra “la Oficina”).

Mira habría llegado a Boston porque en un estrado de allá avanza un proceso penal contra un cabecilla, en el que actuaría como testigo. La identidad del procesado no ha trascendido.

No obstante, para las fuentes consultadas es claro que el testimonio de “Fredy Colas” también servirá para el expediente contra Ayman Saied Joumaa, alias “Junior” o “el Turco”, a quien las autoridades norteamericanas consideran uno de los mayores lavadores de dinero del planeta.

Este hombre, de nacionalidad libanesa y colombiana, es señalado de orquestar una red de blanqueo de activos con estructuras criminales de Latinoamérica, para financiar al grupo terrorista Hezbolá. El 26 de enero de 2011 lo sancionaron con la Lista Clinton y lo incluyeron en el listado de los Narcotraficantes Especialmente Designados, que lo convirtió en un objetivo de alto valor para la justicia de E.U.

El Tesoro lo sindica de articular un mafia transnacional para el narcotráfico y el lavado de activos, empleando rutas que conectan a América, África y Medio Oriente, por medio de casas de cambio, compraventa de vehículos, importadoras fachadas y bancos. Se calcula que blanquea cerca de US200 millones anuales y haría trabajos para narcos venezolanos, colombianos y el cartel de “los Zetas”.

“Los cabecillas de ‘la Oficina’ han aprovechado las redes internacionales de Joumaa y movieron droga desde Colombia por todo el mundo, lo que representa una gran amenaza para los intereses de E.U.”, recalcó Szubin.

Que sigan los procesos aquí

El secretario de Seguridad de Medellín, coronel (r) Sergio Vargas, dijo que “el hecho de que él se haya entregado a la justicia de E.U. a resolver alguna situación, no implica que aquí no se pueda seguir avanzando en procesos por parte de la Fiscalía, ellos deben precisar en qué se puede vincular a este personaje”.

Para la Policía Metropolitana, “Fredy Colas” es presunto cabecilla de “la Oficina” y de la “Odín Caicedo” (Organización Criminal Integrada al Narcotráfico”), una confederación ilegal que agrupa a combos de las comunas 8, 9 y 10.

“Frente a un sinnúmero de informaciones, de que el tipo estaría involucrado con bandas criminales, tiene que seguir la Fiscalía en la construcción de ese proceso”, reafirmó Vargas.

El Colombiano se comunicó con la Embajada de E.U. en Bogotá para obtener su versión oficial, pero voceros de la delegación diplomática acotaron que la DEA no emite declaraciones sobre “casos individuales relacionados con la justicia”.

Por lo pronto, “Fredy Colas” y sus asesores han logrado evitar órdenes de captura en Colombia y E.U., donde cuenta con una Visa para movilizarse libremente, como lo hacía en Medellín.

El Inspector.

Pese al escándalo que suscitó el hecho, el funcionario continúa trabajando y en la nómina de la Alcaldía, situación que ha generado cuestionamientos en parte de la opinión pública. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Con estas imágenes, el Departamento del Tesoro de E.U. reseñó a los hermanos Isaza en la Lista Clinton. Cortesía.

La inclusión de Isaza en el listado data del 19 de noviembre del año pasado, en el marco de una ofensiva del gobierno estadounidense contra las finanzas de la organización criminal “la Oficina” y sus redes de lavado de activos.

Aquel día fueron reseñadas 10 personas y 14 empresas, entre las cuales estuvo el citado funcionario, quien tiene una experiencia de más de dos décadas como agente de tránsito. La Ofac, en cabeza de su director Adam J. Szubin, indicó que Isaza era conocido por los alias de “el Nene” u “Omega”, y que al parecer utilizaba los recursos y personal de la Secretaría de Movilidad para apoyar las operaciones y desplazamientos de los integrantes de “la Oficina”.

En el organigrama de la estructura ilegal también reseñaron a su hermano Félix Alberto Isaza Sánchez, apodado “Beto” o “Muletas”, un confeso líder de la banda que está pagando nueve años de cárcel por concierto para delinquir. Según el Tesoro, “es uno de los traficantes más violentos de ‘la Oficina’, quien sigue delinquiendo desde la prisión” (ver la NOTA RELACIONADA: La caída de “Beto” amenaza el control de “la Oficina”).

Con tales referencias se creía que Nelson Isaza sería despedido de su cargo, pero esto no sucedió. ¿Por qué?

El alcalde de Envigado, Héctor Londoño, explica: “Nosotros hemos averiguado en la Fiscalía si él tiene algún pendiente, y nos han dicho que en absoluto, que no tiene ninguna investigación pendiente”.

El mandatario añade que “entonces tiene que seguir trabajando, porque no lo podemos desvincular, él está en carrera administrativa y tampoco tiene ningún llamado de atención en su hoja de vida, es buen funcionario y nosotros no podemos despedirlo”.

El ejemplo de Isaza, de 47 años y oriundo de Envigado, es similar al de otras personas reseñadas en la Lista Clinton, las cuales tienen procesos investigativos en contra en E.U., pero no en Colombia.

Es el caso del copropietario del equipo de fútbol Envigado F.C., Juan Pablo Upegui; del expolicía Édgar García Arboleda (“Orión”); del supuesto cabecilla Carlos Arturo Arredondo Ortiz (“Mateo”); y de los empresarios Gildardo Bedoya, Luis Fernando Gutiérrez y Adriana Ruiz, entre otros.

El hecho más sonado es el de Fredy Alonso Mira Pérez, alias “Fredy Colas”. Para la DEA y la Ofac es un peligroso cabecilla de la banda, con redes de blanqueo de activos a nivel transnacional. No obstante, ni la Policía Judicial colombiana ni la Fiscalía han podido abrirle cargos por delitos en nuestro país, por lo que ha sido capturado dos veces en establecimientos públicos en el último semestre, y puesto de inmediato en libertad por ausencia de órdenes de captura.

En la actualidad, “Fredy Colas” firmó un preacuerdo para someterse a la justicia de E.U. (ver la NOTA RELACIONADA: ¡Otra vez detienen y liberan a “Fredy Colas”!).

Frente al tema de “la Oficina” y la influencia que esa mafia ejercería en su localidad, el alcalde Londoño responde que “no conocemos a ninguno de sus miembros, los que conocíamos todos están fallecidos o detenidos, aquí lo que hay es algunos dueños de plazas de vicio, hace 10 días capturamos doce y estamos en proceso de judicializar otros”.

El burgomaestre insiste en que “usted puede entrar a cualquier barrio de Envigado y no ve combos, lo que llaman ‘la Oficina’ no tiene asiento aquí, no alteran la tranquilidad del municipio, no vemos presencia de ellos por ninguna parte”.

La inclusión en la Lista Clinton implica para Isaza, en teoría, no poder realizar transacciones comerciales ni financieras con ciudadanos y compañías estadounidenses; en la práctica, tampoco las firmas colombianas y ni los bancos harán tratos con él.

La sanción, sin embargo, no le impide continuar sus labores como servidor público, liderando a los agentes de tránsito y repartiendo amonestaciones y multas a quien encuentre mal estacionado.

NOTA RELACIONADA: Lista Clinton enredó a dueños del Envigado F.C. y a “la Oficina”.

El Inspector.

El presunto cabecilla de la organización criminal “la Oficina”, según confirmaron fuentes judiciales, llegó a un preacuerdo con los agentes estadounidenses que lo perseguían por su presunta participación en una red internacional de lavado de activos. Esta es la reseña del  caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

“Fredy Colas” irá a Estados Unidos para responder por lavado de activos. Foto de cortesía.

Mira Pérez, quien había logrado permanecer en el anonimato por varios años y carecía de órdenes de captura en Colombia, quedó expuesto a la opinión pública cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), adscrita al Departamento del Tesoro de E.U., lo incluyó en la Lista Clinton, congelando sus transacciones financieras en julio de 2014 (ver la NOTA RELACIONADA: “Fredy Colas” pierde el anonimato y cae a la Lista Clinton).

En esa investigación, el Tesoro lo relacionó con el clan Mejía y con las redes de lavado transnacional de Ayman Saied Joumaa, alias “el Turco”, el lavador más buscado del planeta y supuesto miembro del grupo Hezbolá de Medio Oriente.

Pese al señalamiento, “Fredy Colas” continuó su agitada vida nocturna, con viajes entre Cartagena y Medellín. El pasado 9 de noviembre fue detenido por la Policía Metropolitana en las afueras de una discoteca de la capital antioqueña, luego de que algunos clientes del establecimiento lo reconocieron por el afiche de la Ofac.

Apenas estuvo detenido cuatro horas y después dejado en libertad, porque no le hallaron requerimientos judiciales en nuestro país (ver la NOTA RELACIONADA: Dejan libre a “Fredy Colas” porque no tiene orden de captura).

Los acercamientos de “Fredy Colas” con la DEA habrían comenzado a principios de 2014, pero en dos oportunidades el presunto cabecilla no llegó a las reuniones pactadas.

Tras el preacuerdo firmado en diciembre, se presume que viajará a Estados Unidos para ponerse a disposición de la justicia de ese país; no obstante, las autoridades de Colombia no han confirmado que haya salido de aquí.

Otros líderes de “la Oficina” que en el pasado hicieron acuerdos con la DEA son los desmovilizados Carlos Mario Aguilar Echeverry (“Rogelio”) y Mauricio López Cardona (“Yiyo”), entre 2008 y 2009.

Y en los últimos siete años han extraditado a otros miembros y socios importantes como “Botija”, “Sebastián”, “Valenciano”, “don Pacho”, “Gordo Tavo”, “Nano” y el “Tuso Sierra”. Todos responden por las ofensas a la sociedad estadounidense,  ¿y sus víctimas en Colombia? ¿Y sus deudas con la justicia local? Esa respuesta está en el limbo.

NOTA RELACIONADA: ¿Y quién responde por los muertos de “la Oficina”?

El Inspector.

El propósito fue planteado en 2010, cuando el Ministerio de Defensa y la Policía formularon el Plan Corazón Verde, que regiría las acciones de seguridad ciudadana durante el mandato de Juan Manuel Santos. “Desarticular al 2014 las bandas criminales”, decía la meta trazada en la estrategia número 3 de ese plan.

En la actualidad, sin embargo, continúan vigentes cuatro bacrim:“los Urabeños”, también llamados “Autodefensas Gaitanistas”o “Clan Úsuga”; “los Rastrojos”, “Libertadores del Vichada” y “Bloque Meta”. Estas dos últimas son disidencias del antiguo Erpac (Ejército Revolucionario Popular Anticomunista), de los Llanos Orientales.

Esta es una investigación del periódico El Colombiano, realizada con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son los principales objetivos de alto valor estratégico que las autoridades buscan detener a nivel nacional. Cortesía El Colombiano.

“Los Urabeños”, de acuerdo con la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado, tiene en sus filas 2.650 integrantes y es catalogada por esa entidad como “la más grande organización criminal con poder de corrupción dentro de las instituciones del Estado”.

Opera en 17 departamentos de la Costa Atlántica, la zona Andina, Norte de Santander y la Costa Pacífica, con redes en tres continentes y células activas en Venezuela y España.

En esta última nación le capturaron hace tres semanas a un delegado, Víctor Pérez (“Palomo”), señalado de ejecutar cobros del narcotráfico y quien residía en la misma urbanización de las estrellas de fútbol del Real Madrid.

Y la presencia en el país vecino quedó patentada el 10 de noviembre, cuando 8 colombianos fueron masacrados en el estado del Zulia, en medio de una supuesta disputa de “los Urabeños”con otro grupo para consolidar ese corredor de movilidad entre Venezuela y Norte de Santander.

Para rematar, la Fiscalía anunció el 16 de noviembre que dos ‘urabeños’ fueron deportados desde Antofagasta, “a donde se habían trasladado argumentando búsqueda de oportunidades laborales, pero estaban cometiendo delitos contra el Estado chileno”.

No conforme con ser la única bacrim de alcance nacional, esta estructura sigue en proceso de expansión, y sus incursiones a nuevos territorios suelen ser sangrientas.

El defensor del Pueblo, Jorge Otálora, denunció en una carta enviada a los jefes de la Fuerza Pública y al MinDefensa (09/10/14), que esta agrupación incursionó en Barbacoas, Nariño, cometiendo asesinatos y convirtiéndose en “un riesgo para 15.743 habitantes de la cabecera municipal y 15.000 de los corregimientos Junín, Buenavista y Yacualá”.

“Los Urabeños” tienen una alianza por conveniencia con la guerrilla de las Farc y una cruenta pugna contra el Eln en sectores como el sur de Córdoba y Chocó, en donde el enfrentamiento entre las dos facciones en el primer semestre de 2014 produjo el desplazamiento de 3.311 indígenas emberá del Medio y Alto Baudó.

“Venimos debilitando las estructuras jerárquicas del ‘Clan Úsuga’ para acabar lo más pronto posible con su incidencia en los sectores estratégicos del tráfico de drogas”, acotó el general Jorge Rodríguez, director de la Dijín, al anunciar el viernes pasado (enero 9) la captura de “Ómar”, un cabecilla de la banda en Chocó.

La segunda bacrim en importancia y peligrosidad es “los Rastrojos”, herederos del cartel del Norte del Valle, que a punta de operativos y choques con los adversarios perdió su unidad nacional y ahora tiene redes dispersas por seis departamentos. Son 460 integrantes, según la Fiscalía, con base en Cali.

Su líder más visible, “don César”, se planteó la meta de unificar las huestes, pero cada día pierde terreno con “los Urabeños”, que son más exitosos en fomentar alianzas con bandas locales adonde quiera que llegan sus tentáculos.

En los Llanos Orientales pelean por el dominio territorial “Libertadores del Vichada” y “Bloque Meta”, sumando entre ambos 300 militantes.

La balanza se inclina hacia el grupo del Vichada, dirigido por “Pijarvey”, gracias a un pacto con “los Urabeños”, que le enviaron refuerzos para fortalecer sus acciones.

OTRAS AMENAZAS
Las bacrim no son el único reto en términos de delincuencia organizada. La Fiscalía y la Policía distinguen tres tipos de organizaciones, según su tamaño e influencia territorial: Tipo A). Las bandas que operan en más de un departamento, como las bacrim. Tipo B). Con presencia en varios municipios a la vez, como “la Cordillera”, “la Oficina” y “la Constru”. Tipo C). Actúan en varios barrios o comunas, al estilo de “la Empresa” (Buenaventura), “la Terraza” (Medellín) y “los Pamplona” (Rionegro, Antioquia).

En una categoría inferior están los combos y pandillas cuya nocividad se circunscribe a un solo barrio o esquina (ver la NOTA RELACIONADA: El listado de los combos que azotan a Medellín).

Luis González, director de Seccionales y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, dijo que están identificadas 1.005 bandas de crimen organizado. Tienen una alta participación en los 12 delitos que más denunciaron los colombianos en 2014: hurtos, tráfico de drogas, tráfico de armas, porte de armas, homicidio, abusos sexuales, extorsión, lesiones personales, secuestro, daños al medio ambiente, minería ilegal y corrupción.

El vicefiscal General, Jorge Perdomo, en una ponencia sobre Crimen Organizado y Posconflicto (21/8/14), explicó que el ente acusador viene implementando un plan a 5 años contra el fenómeno, para entender sus características y definir las herramientas jurídicas para atacarlo. “Hoy confundimos una organización a la que se puede imputar el concierto para delinquir, con una agrupación de personas que sencillamente cometen delitos en coautoría. Las organizaciones criminales tienen vocación de permanencia en el tiempo”, reiteró.

UNA LUCHA INACABABLE
Según el Ministerio de Defensa, en el último año capturaron a 2.687 miembros de las bacrim y la delincuencia organizada, y 21 murieron en operativos. Se destacó la aprehensión en Brasil de Marcos Figueroa (“Marquitos”), el terror de La Guajira.

Les incautaron 975 armas de fuego y 68.825 municiones, siendo el principal logro que 947 municipios (el 86% del país) no tuvieron “presencia efectiva” de esas facciones.

La Fiscalía agregó que los departamentos con mayor número de capturados fueron Antioquia (518), Valle (322), Córdoba (176), Norte de Santander (119) y Atlántico (106).

Entre los datos más preocupantes está la detención de 82 funcionarios estatales y uniformados de la Fuerza Pública con nexos con esos grupos, sobre todo con “los Urabeños” (27 arrestados).

El defensor Otálora señaló que en algunos municipios de Córdoba, como Lorica, Moñitos y Tierralta, el abuso de las bandas es tal que “controlan los horarios para ingresar y salir de la zona e imponen trabajos forzados a los habitantes”.

Mas esas no son las costumbres más aberrantes. El Colombiano denunció en agosto que “los Urabeños” estaban trasquilando con tijeras a los jóvenes que lucieran el pelo largo en el corregimiento de Currulao, en Turbo (Antioquia), con el pretexto de que no querían pandilleros en el área.

Y la Policía reveló que “Pijarvey”, en los Llanos,marcaba a “sus” mujeres con un tatuaje en la nuca que decía “Pija” sobre una araña.

A esto se suma la aparición de nuevos clanes como las Autodefensas Unidas de la Tercera Generación, que delinque en Barrancabermeja; y las Fuerzas Urbanas Revolucionarias (Fur), creadas por exparamilitares y desertores de las Farc en el Bajo Putumayo.

Con ese panorama, es previsible que este año tampoco se extinguirán las bacrim, con el agravante de que el fenómeno se agudice por la eventual desmovilización de las Farc y el papel que asuman miles de sus combatientes, expertos en tareas útiles a los fines del acaudalado crimen organizado.

De esta manera la Policía anunció su compromiso de acabar con las bacrim a 2014, en su página oficial de internet.

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ANEXO: LA DEA SE ENFOCA AHORA EN LOS JEFES DE SICARIOS

Cada vez que un capo de la mafia es arrestado, el mando de su estructura criminal es asumido por el jefe de sicarios. Así pasó con el cartel del Norte del Valle, con “los Rastrojos”, “la Oficina”, el Erpac y otras bandas que han sembrado el terror en Colombia e inundado de cocaína las calles de Estados Unidos.

La reflexión la hace Ken W.*, alto funcionario del gobierno estadounidense en América Latina, quien atendió a El Colombiano en la Embajada de Bogotá.

“Nosotros cambiamos la forma de trabajar hace tres años. Cuando los ‘Combas’ (máximos cabecillas de ‘los Rastrojos’) se entregaron (2012), la razón número uno fue que sus sicarios de confianza habían sido capturados y extraditados antes”, relató.

En 2010, los organismos de Inteligencia de ese país iniciaron un estudio del crimen organizado colombiano tomando como base el cartel del Norte del Valle y su evolución.

Determinaron que, por lo general, cada líder organiza su empresa ilegal en cinco departamentos con sus respectivos gerentes: un cabecilla encargado del lavado de dinero; otro con la función de sobornar y corromper a funcionarios públicos; uno responsable del transporte de la droga; una jefatura encargada de la fabricación de estupefacientes; y un grupo de mercenarios para la seguridad y la guerra contra otros.

En la parte superior de ese organigrama, además del patrón, suele haber un subdirector y miembros de su familia.

“Cada vez que se presenta una decapitación de la red, quien toma el control es el jefe de sicarios, porque tiene armas y poder militar, y conoce todo lo de la organización, las otras partes no”, explicó el diplomático.

Por las funciones de su cargo, el jefe de sicarios debe conocer todo el entramado de la banda, para brindar seguridad a la producción y transporte de los alucinógenos, servicio de escolta a los cabecillas, cobro de deudas a clientes y combate de enemigos. Nadie como él sabe cómo opera un grupo mafioso.

“Con eso empezamos a hacer nuestro enfoque – prosiguió -, no solo en el jefe de la organización, sino en la estructura de sicarios, por dos razones:porque si no cortamos como con un cuchillo esa parte de la organización, ellos serán la próxima generación; y además porque la parte de la banda que más causa daño a este país son los sicarios, que están matando gente sin pudor alguno”.

Ejemplos de delincuentes que empezaron como matones y ascendieron a la cúpula tras las desgracias de sus jefes, hay por montones:desde “Berna” en Antioquia y Córdoba, hasta “Chupeta” y “Rasguño” en Valle del Cauca, pasando por “Cuchillo” en los Llanos, “Diego Rastrojo” en Cali, “Sebastián” en Medellín y “Chepe” en Bajo Cauca. Todos fueron pedidos en extradición.

En 2014 se hizo más evidente este enfoque del gobierno norteamericano en su lucha contra el crimen organizado transnacional. El Departamento del Tesoro incluyó en la Lista Clinton, congelando sus transacciones financieras, a delincuentes especializados en el sicariato.

Fue así como en el listado quedaron “Martín Bala” y “el Negro Orlando”, dos violentos mercenarios que surgieron del bajo mundo caleño, hasta convertirse en cabecillas y aliados de “los Urabeños”en su guerra contra “los Rastrojos”. Con ellos también designaron a “Visaje”, el delegado de ese clan en Norte de Santander y España.

De la misma manera, el Tesoro afectó a los líderes de “la Oficina”, y no solo a los distinguidos por su manejo del tráfico de drogas y finanzas, sino por su ascendencia en el ala militar de la banda que azota al Valle de Aburrá:“Beto”, “Orión”, “Tom”, “Diego Chamizo”, “Carlos Pesebre”, “Barny”, “Pichi Gordo”, “Tuto” y “Chaparro” (ver la NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial de E.U. contra “la Oficina”).

“Los cuadros de mando de ‘la Oficina’ intimidan y asesinan a ciudadanos y oficiales, incluyendo a valientes compañeros de la Fuerza Pública e investigadores judiciales de Colombia”, declaró al anunciar el listado Adam J. Szubin, el director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de E.U.

PREOCUPADOS POR VACUNAS
“Ahora que hablamos de sicarios, en mi opinión, el negocio de la extorsión en más sucio, más organizado y menos conocido en este país (Colombia), pero afecta a más inocentes que el tráfico de drogas”, comentó Ken W*.

Analizando los reportes de la Policía, no existe un solo departamento donde no se presenten casos de “vacuna” extorsiva al comercio, el transporte, residencias, obras públicas, fincas, minería o fábricas.

Este fue uno de los 12 delitos que más denunciaron los colombianos en 2014, según la Fiscalía. Yde acuerdo con el MinDefensa, el año pasado se registraron 4.888 casos de extorsión, lo que significó un aumento del 1,7% con relación a 2013, aunque es sabido que el subregistro, por los hechos no denunciados, es mayor.

“Y pensando en nuestra responsabilidad compartida, ahora que bajó la cantidad de droga que salía de aquí, más del 50% en producción y exportaciones; y eliminamos los grandes carteles y las bacrim, menos al ‘Clan Úsuga’, ¿cómo podemos ayudar a Colombia?”, se preguntó el funcionario. Y añadió: “La respuesta es disminuyendo homicidios relacionados con el narcotráfico y el otro crimen predatorio que es la extorsión. ‘La Oficina’ es el modelo malo de extorsión y homicidio, y por eso estamos enfocándonos en eso en este momento” .

*Nombre cambiado por petición de la fuente.

El Inspector.

Las últimas acciones son por cuenta del Departamento del Tesoro, la DEA y la Corte del Distrito Sur de La Florida, que incluyeron en la Lista Clinton a ocho presuntos cabecillas y capturaron con fines de extradición a un abogado sospechoso de narcotráfico. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Cabecillas de "la Oficina" en la Lista Clinton: 1) "Fredy Colas". 2) "Carlos Chata". 3) "Diego Chamizo". 4) "Barny". 5) "Carlos Pesebre". 6) "Tuto". 7) "Mono Amalfi". 8 ) "Chaparro". 9) "Pichi Gordo".

Según el informe del Tesoro, además de estar involucrada en el tráfico de estupefacientes, esta estructura provee con “violentos servicios” a los grupos armados, cobro de deudas de drogas, extorsión y asesinatos por contrato.

“Los cuadros de mando de ‘la Oficina’ intimidan y asesinan a ciudadanos y oficiales, incluyendo a valientes compañeros de la Fuerza Pública e investigadores judiciales de Colombia”, dijo Adam J. Szubin, el director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de la entidad financiera.

En la Lista Clinton ya había sido incluido el pasado mes de julio Fredy Mira Pérez, alias “Fredy Colas”, presuntamente vinculado a una red de lavado de activos y cabecilla de la banda en el oriente de Medellín (ver la NOTA RELACIONADA: “Fredy Colas” pierde el anonimato y cae a la Lista Clinton).

Ahora fue añadido Julián González Vásquez (“Barny”), supuesto miembro de la “Odín la Terraza” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico) e investigado por la muerte de dos policías antinarcóticos en la entrada del Jardín Botánico (12/7/12). También están Diego Muñoz Agudelo (“Diego Chamizo”), y Juan Carlos Mesa Vallejo (“Carlos Chata”).

En la lista negra del Tesoro hay otros cinco integrantes de la organización, presos en cárceles de Colombia por cargos de homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir: Freyner Ramírez (“Carlos Pesebre”), Didier Ríos López (“Tuto”), Rubiel Medina (“Mono Amalfi”), Jesús Hernández (“Chaparro”) y Édinson Rojas (“Pichi Gordo”).

Lo grave sobre estos últimos es que, según el informe de E.U., “continúan coordinando operaciones criminales desde la prisión”.

Frente a este tema, el coronel (r) Sergio Vargas, secretario de Seguridad de Medellín, advirtió que “la Alcaldía no tiene la capacidad para hacer ese tipo de controles, esa información podrían tenerla la Policía o la Fiscalía”.

Y respecto a la ofensiva extranjera, opinó que “uno de los escenarios sobre el que se debe hacer un mayor esfuerzo en la lucha contra el crimen es el de atacar las finanzas. Eso permitirá debilitar toda la estructura, ahí hay un reto para los organismos de justicia y seguridad en Medellín”.

Y AQUÍ NO TIENEN ORDEN DE CAPTURA
Sobre los implicados en la Lista Clinton, es importante agregar que por tercera vez en menos de tres meses, el gobierno de Estados Unidos reseñó públicamente a supuestos cabecillas de “la Oficina”, sobre los cuales las autoridades colombianas ni siquiera tenían orden judicial de captura ni aparecían en los carteles de los más buscados. Los últimos rostros en ser mostrados fueron los de “Diego Chamizo” y “Carlos Chata” o “Tom”.

Fuentes de Inteligencia señalan que “Diego Chamizo”, también conocido como “la Garza”, es el presunto cabecilla del combo “Barrios de Jesús”, “los BJ” o “los Chamizos”, que delinque en la parte alta de la comuna 9 (Buenos Aires) de Medellín. De la misma manera, sería uno de los supuestos líderes de la “Odín Caicedo” (Organización Criminal Integrada al Narcotráfico), una confederación de bandas que trabajan para “la Oficina” en el oriente de la capital antioqueña.

Entre las primeras anotaciones que le hicieron en la ciudad, está una del 25 de agosto de 2006, cuando una patrulla de la Policía Metropolitana lo detuvo para una requisa en el barrio Las Palmas. Estaba en compañía de Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”, uno de los máximos líderes de “la Oficina” (extraditado en 2013), y de otros lugartenientes apodados “Víctor Colitas” y “Teletubi”.

Todos portaban armas de fuego con salvoconducto, que les fueron decomisadas temporalmente por una restricción que estuvo vigente algunos días. A ninguno lo arrestaron.

Pese a algunas quejas de la comunidad, que lo señalan de ser uno de los causantes de asesinatos, extorsiones y desplazamientos en Medellín, nadie lo ha denunciado formalmente y la Fuerza Pública y la Fiscalía no han logrado expedirle una orden de captura.

Para el Tesoro, sin embargo, Muñoz Agudelo “es un integrante de vieja data de ‘la Oficina’, que trabaja para el cabecilla ‘Fredy Colas’”, según consta en el informe publicado ayer por la entidad.

De “Carlos Chata” tampoco hay orden de captura vigente, pese a que ha sido reseñado en procesos judiciales contra otros jefes de “la Oficina”, como el condenado Franklin Vargas Cardona, alias “Frank” (ver la NOTA RELACIONADA: “Los Chatas”, dos décadas delinquiendo con impunidad).

La Policía lo considera el supuesto jefe de la “Odín los Chatas”, el principal clan criminal de Bello y el norte del Valle de Aburrá, que se dedica al cobro de extorsiones, narcotráfico, sicariato, usurpación ilegal de predios y desplazamientos forzados, entre otras conductas.

El pasado enero, el general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, le declaró la guerra a esta estructura ilícita, en respuesta al atentado contra dos uniformados en vía pública. Pese a esto, sus hombres no han conseguido judicializarlo. Para el Tesoro, la influencia de “Carlos Chata” va más allá de Bello y “se extiende a través de Medellín”.

El tercer cabecilla de “la Oficina” reseñado y públicamente mostrado por el Tesoro en los últimos tres meses, fue “Fredy Colas”, quien tampoco tiene orden de arresto en Colombia.

ABOGADO EXTRADITABLE
De otro lado, la Dirección Antinarcóticos de la Policía anunció que, en apoyo con la DEA, capturó a un asesor jurídico de la banda.

El abogado Luis Zapata, apodado "el Hijo". Cortesía Policía.

El abogado Luis Felipe Zapata Córdoba, apodado “Pipe” o “el Hijo”, fue arrestado en el Centro Administrativo La Alpujarra, adonde iba a defender en las audiencias a sospechosos de “la Oficina” y “los Urabeños”, al igual que desmovilizados de las Autodefensas.

Este profesional es teniente retirado del Ejército y exmiembro del CTI de la Fiscalía. Entre sus clientes está Wálter Román Jiménez, alias “el Tigre” o “Ramón Chaqueta”, cabecilla condenado de la banda “la Unión” de Itagüí (ver la NOTA RELACIONADA: Autoridades enjaularon a “el Tigre” de Itagüí).

De acuerdo con el reporte de Antinarcóticos,  “el proceso contra él inició en 2012, cuando coordinó junto a su padre Raúl Zapata Calderón, el envío de 1.500 kilos de cocaína desde Cali hasta la isla de Roatán (Honduras), recibiendo un pago de 1.5 millones de dólares”.

Aquel año fue detenido y extraditado el padre (hoy paga una sentencia de 11 años), situación que ahora enfrenta “el Hijo”, quien es requerido por la Corte del Distrito Sur de La Florida.

De ser enviado a Norteamérica, el jurista se uniría a varios jefes de “la Oficina” procesados en E.U., cuyas declaraciones han servido a la DEA para identificar los bienes y socios. Allá están, entre otros, los capos “don Berna”, “Rogelio”, “Yiyo”, “la Firma”, “Valenciano” y “Sebastián”.

El Inspector.

Como principal lugarteniente del hoy extraditado Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”, emergió el mote de “Fredy Colas”. Por información de la ciudadanía, las autoridades lo señalaban de ser el líder de los combos de las comunas 8 y 9 de Medellín, pero no lograron expedirle orden de captura, ni siquiera tenían una identificación plena que pudiera ayudar en su persecución.

“Fredy Colas” se mantuvo como un enigma hasta ayer, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó su fotografía en un organigrama, señalándolo de ser “un importante subjefe (underboss) en la organización criminal conocida como la Oficina”. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así presenta a "Fredy Colas" el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Cortesía.

Su nombre, de acuerdo con el expediente que le abrieron en Estados Unidos, es Fredy Alonso Mira Pérez, nacido en Bogotá, quien hoy cumple 47 años de edad.

Habitantes del barrio Buenos Aires, donde “Fredy Colas” se crió, aseguran que le gustan los vehículos de alta gama y que con frecuencia es visto con hermosas modelos en conciertos de música electrónica en Medellín y Cartagena.

Entre las escasas anotaciones policiales que hay en su contra, está una detención en las afueras de una discoteca de El Poblado, cuando al parecer llevaba varias pastillas de éxtasis, una droga sintética.

El capo “Sebastián” también vivió en Buenos Aires, por lo cual establecieron una amistad desde la juventud. Cuando estalló la guerra contra la facción de “la Oficina” que lideraba Maximiliano Bonilla (“Valenciano”), “Fredy Colas” se alineó con su amigo.

En la actualidad, Inteligencia de la Policía lo señala de ser el supuesto líder de la “Odín Caicedo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una especie de confederación ilegal que rinde cuentas a “la Oficina” y agrupa a varios combos de Villa Hermosa y Buenos Aires.

Estados Unidos comenzó a interesarse en él tras la extradición de “Valenciano”, en diciembre de 2011. “Si quieren atrapar a ‘Sebastián’, sigan a ‘Fredy Colas’”, les dijo el capo a los investigadores que lo arrestaron en Venezuela.

En octubre de 2013 fue extraditado su patrón y amigo “Sebastián”, quien como parte de su negociación con las autoridades norteamericanas comenzó a suministrar información. En consecuencia, el pasado 26 de junio el Departamento del Tesoro incluyó a “la Oficina” en la Lista Clinton, con lo cual congela las transacciones financieras con bienes y empresas supuestamente ligadas a esa estructura mafiosa, y prohibe a los estadounidenses comerciar con ellos.

LAVADO DE ACTIVOS
En la investigación del Departamento del Tesoro y la Agencia Antidrogas (DEA), basada en la Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico, se incluyó en la Lista Clinton a otras 11 personas, señaladas de conformar, presuntamente, una red de lavado de activos para “la Oficina” y “Fredy Colas”.

Esta red también estaría ligada con uno de los blanqueadores de dinero más perseguidos del mundo, Ayman Saied Joumaa, alias “Junior” o “el Turco”, cuya labor, de acuerdo con el gobierno de E.U., es conseguir dinero con mafias de Latinoamérica para financiar al grupo Hezbolá de Medio Oriente.

“Los miembros de ‘La Oficina’ han utilizado con éxito las redes internacionales de Ayman Joumaa para mover la droga colombiana por todo el mundo”, declaró Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.

Los afectados por la decisión de ese organismo son ciudadanos oriundos de Antioquia, conocidos como el clan Mejía: Pedro Claver Mejía Salazar, señalado de ser el supuesto líder de la red; los hermanos Víctor Gabriel, Juan Carlos y Andrés Camilo Mejía Alzate; los hermanos Jesús Rodolfo, José Guillermo y José Albeiro Barco Mejía.

De igual manera, figuran en el organigrama Rosalba Alzate Giraldo, José Alejandro Mejía Alzate, María Leivy Mejía Alzate y Humberto Antonio Bedoya Espinosa.

En el expediente fueron afectadas 15 empresas relacionadas con este grupo familiar, entre las cuales hay firmas de productos estéticos, construcción, inversiones, hoteles, promotoras turísticas y canteras. Las entidades están localizadas en Medellín, La Pintada, Copacabana, Manizales y Aguadas (Caldas).

NOTA RELACIONADA: “Sebastián” es ahora un preso de Estados Unidos.

El Inspector.