El mandatario regional hizo esa afirmación este martes 16 de julio, después de un consejo de seguridad.

El gobernador Luis Pérez haciendo el anuncio, luego del consejo de seguridad en Bello. Foto cortesía de la Gobernación de Antioquia.

Según Pérez, la información inicial provino de un hombre sobreviviente a una tortura, quien afirmó a la Fiscalía que los restos de las víctimas de los combos eran arrojados a los marranos, para que los devoraran. El gobernador no dio más detalles, pero pidió colaboración a la ciudadanía para añadir información a esta denuncia y sacar adelante el caso.

El anuncio de Pérez cogió fuera de base a los investigadores judiciales, pues apenas se trata de una versión preliminar que no ha sido verificada; no obstante, puso la alerta sobre los casos de secuestrados y desaparecidos.

El mandatario regional seguirá liderando los consejos de seguridad sobre la situación de Bello, una tarea que asumió desde que el alcalde César Suárez Mira fue condenado en primera instancia por haber cometido fraude con un diploma de bachiller falsificado (ver la NOTA RELACIONADA: Por fraude capturan al alcalde del municipio de Bello).

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En el consejo de seguridad se resaltó que Bello llevaba 11 días sin homicidios, aunque eso no implica el fin de la oleada de violencia. El pasado 12 de julio, una mujer y dos hombres fueron heridos a bala cerca al Hospital Mental; cuatro días después, otros dos hombres quedaron lesionados en una balacera en el barrio Buenos Aires.

Luis Fernando Betancur Otálvaro, alias “Piolo”. Cortesía.

Este año se han registrado 91 asesinatos en la localidad, por lo que las autoridades pretendían imponer el cierre temprano de los establecimientos comerciales, a la medianoche. Los comerciantes agremiados protestaron y, tras un día de deliberación, la Alcaldía tumbó la medida.

Las que sí están vigentes son la prohibición del porte de armas y de la circulación de pasajeros en motocicletas, así como el toque de queda nocturno para los menores de edad.

El más reciente logro en contra del crimen organizado de Bello fue la captura de Luis Fernando Betancur Otálvaro, alias “Piolo”, cabecilla de la banda “el Mesa”. Los comandos de la Policía lo apresaron el 1 de julio en una finca de Copacabana y le hallaron una pistola 9 milímetros con dos proveedores.

La Fiscalía le imputó el cargo de concierto para delinquir agravado y un juez lo envió a la cárcel como medida de aseguramiento.

“Piolo” es señalado de dirigir una célula de “el Mesa” en Medellín, la cual tiene su centro de operaciones en el barrio Palermo de la comuna 4 (Aranjuez). También es sospechoso de liderar el aparato sicarial de la organización, por lo cual habría ordenado varias ejecuciones. Hasta el momento no le han imputado ninguna.

NOTA RELACIONADA: Tres cabecillas de Bello han caído a prisión por la guerra que promovieron.

El Inspector.

Parece una siniestra regla general, pero cada vez que esta banda ejecuta a uno de sus socios, el crimen queda en la impunidad.

Así se reportó en México la desaparición del exagente del Gaula y miembro de “la Oficina”, Carlos Alberto Zapata, alias “Camilo Carracas”. Foto de cortesía.

También suelen quedar sin esclarecer la mayoría de masacres perpetradas por la facción, pues aunque en esas acciones no se elimina el cadáver, nunca aparecen los testigos o se activa una red de corrupción que desvía la investigación. Para citar algunos ejemplos, porque la lista es interminable, están: la masacre de nueve personas en una finca de Envigado, donde murió el cabecilla alias “Morro” (2012); el cuádruple homicidio en un apartamento de Envigado, donde pereció el mercenario apodado “Yayo” (2009); y la matanza de cinco personas en una vivienda de Guayabal, las cuales integraban la banda “la Unión” (2011).

Basta decir que la justicia colombiana ha sido incapaz de probarle un solo asesinato a los máximos jefes de la organización, como “Rogelio”, “Yiyo”, “Douglas”, “Valenciano”, “Sebastián”, “Beto”, “el Cebollero” o “Frank”.

En este mar de impunidad sobre los crímenes de “la Oficina”, hay ocho desapariciones forzadas que, si algún día no muy lejano se investigan a fondo, podrían dejar en evidencia a los principales jefes y aliados ocultos de la banda, que hoy disfrutan de la libertad o de condenas judiciales minúsculas, por cargos de poco peso.

Daniel Alberto Mejía Ángel, alias “Danielito”, “Daniel Rangel” o “Daniel Bum”

Fue un agente de Tránsito corrupto del municipio de Envigado, que llegó a convertirse en uno de los máximos líderes de “la Oficina”. Se desmovilizó en 2005 como comandante del bloque Héroes de Granada de las Auc.

Daniel Mejía, alias “Danielito”. Foto de archivo El Colombiano.

Mientras Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), el fundador de la organización, estaba negociando con el Gobierno y los demás jefes paramilitares el Pacto de Ralito, para desmovilizar a las Autodefensas, “Danielito” asumió la jefatura. Queriendo asegurar su poderío, ordenó matar al número dos de “la Oficina”, Gustavo Upegui, y en un atentado dejó herido a uno de sus principales socios, Hugo Albeiro Quintero (“el Patrón de Bello”).

Estos hechos preocuparon a otros miembros de la cúpula, que temían ser los siguientes en la lista negra de “Danielito”, así que “don Berna” y Carlos Mario Aguilar (“Rogelio”) autorizaron aniquilarlo.

El operativo ilegal contó con apoyo de miembros corrompidos del DAS y la Policía, que ubicaron a Mejía Ángel en una finca del municipio antioqueño de Copacabana, en noviembre de 2006.

Lo que le hicieron no ha sido comprobado por autoridades judiciales, pero hace parte de los mitos urbanos de la mafia local: que lo hicieron firmar documentos para el traspaso de bienes, que lo secuestraron y lo mataron de un disparo en la cabeza. Después habrían desmembrado el cadáver, incinerado sus restos en una caneca y arrojado las cenizas en la vía a la antigua cárcel La Catedral, en Envigado.

En esta desaparición, “la Oficina” al parecer dejó ver su cruel ironía, pues en vida, “Danielito” fue el encargado de administrar hornos crematorios en los que varias víctimas de los paramilitares y del narcotráfico fueron quemadas.

Julio César Correa Valdés, alias “Julio Fierro”

Fue narcotraficante y socio del capo Pablo Escobar Gaviria. Según la Fiscalía, tras la muerte del líder del cartel de Medellín, “Julio Fierro” continuó traficando droga hacia Estados Unidos.

Julio Correa, alias “Julio Fierro”. Foto de archivo.

Cuando las autoridades de ese país le abrieron un expediente y solicitaron su extradición, él ya estaba casado con la modelo paisa Natalia París, hecho que aumentó su fama y le dio una notoriedad social que antes evitaba.

Entre 1999 y 2000 estableció acercamientos con las autoridades norteamericanas, para acordar un sometimiento y trato preferencial a cambio de suministrar información del negocio y sus socios.

Esta situación se filtró y otros narcotraficantes decidieron pagar dinero para eliminarlo. Artículos de prensa indican que algunos paramilitares desmovilizados contaron a la Fiscalía que el contrato fue ejecutado por “la Oficina”, que habría raptado a “Julio Fierro” en agosto de 2001 en una finca del municipio de Guarne. Lo retuvieron varias horas, mientras firmaba documentos de traspaso de bienes y lo torturaban, y después lo habrían incinerado en uno de los hornos crematorios de “Danielito”.

Vicente Castaño Gil, alias “el Profe”

Uno de los cofundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en 1997, al igual que promotor de la creación de la banda criminal “los Urabeños” o “Autodefensas Gaitanistas” en 2007. En marzo de ese mismo año, sus antiguos socios paramilitares decidieron eliminarlo, enviando un comando armado a la finca Sal si Puedes, del municipio antioqueño de Nechí.

Vicente Castaño, alias “el Profe”. Foto de archivo El Colombiano.

Los sicarios de “la Oficina”, siguiendo órdenes de los comandantes “don Berna” y “H.H.”, actuaron en compañía de miembros corruptos de la Fuerza Pública para incursionar en el predio. Al verse rodeado, según el relato de exparamilitares, Vicente Castaño se suicidó con un revólver calibre 32 que portaba. Su cadáver fue desmembrado y arrojado al río, por lo que sus restos nunca fueron hallados.

Por este crimen no hay personas condenadas en Colombia, pero sí en Estados Unidos. Mauricio López Cardona (“Yiyo”), cabecilla de “la Oficina” en ese entonces, confesó su participación en la desaparición del cadáver de Castaño. Por este y otros delitos fue condenado a 8 años de cárcel por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ya pagó su sentencia y en julio de 2016 salió en libertad bajo vigilancia, quedándose a vivir en ese país con un permiso especial concedido por el Gobierno.

Ver la NOTA RELACIONADA: Hallaron la tumba del precursor del paramilitarismo y “los Pepes”.

Nelson Eugenio Aristizábal Martínez, alias “One Two Three”, “Juantutri” o “Uno dos tres”

Señalado por la Policía de Colombia y la DEA de dirigir una red de narcotráfico y lavado de activos para “la Oficina”, en especial para los cabecillas “don Berna”, “Yiyo” y “Douglas”.

Nelson Aristizábal, alias “One Two Three”. Foto de cortesía.

Era dueño y accionista, en compañía de otros siete empresarios, de compañías inmobiliarias, de cárnicos, hoteles y centros de servicio automotriz en el Valle de Aburrá, por medio de los cuales habría lavado al menos 50 millones de dólares para la banda.

Según las investigaciones conjuntas, la ruta de narcotráfico y blanqueo de capitales quedó al descubierto en la Operación Fuego-Hielo de 2008, y hacía tránsito por la Costa Caribe colombiana, Jamaica y Miami. En el marco de los operativos, varios cargamentos de cocaína fueron decomisados, por lo que “One Two Three” habría quedado en deuda con “la Oficina”, por una cifra cercana a los 5.000 millones de pesos.

También peligraba porque una corte de Estados Unidos lo solicitaba en extradición, y sus socios querían evitar delaciones. La organización lo desapareció en 2008. Se cree que lo mataron, pero el cadáver tampoco apareció.

Diego Alejandro Mejía Parra, alias “28”

Desmovilizado del bloque Héroes de Granada y cabecilla de la “Odín Calatrava” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una confederación de combos que delinquía en Itagüí y el sur del Valle de Aburrá para “la Oficina”.

Diego Mejía, alias “28”. Foto de cortesía.

Las bandas bajo el control de Mejía Parra estaban al servicio del capo Maximiliano Bonilla (“Valenciano”), durante aquella guerra interna de “la Oficina” contra el ala de Ericson Vargas (“Sebastián”) desatada desde 2008.

Su desaparición fue orquestada por el bando contrario, en asocio con policías corruptos que simularon un retén vial en el municipio de La Estrella, el 29 de mayo de 2009. Alias “28” conducía un automóvil en compañía de tres colegialas inocentes, que terminaron sufriendo su misma suerte.

Los uniformados, liderados por el comandante de la estación policial de Itagüí, mayor Luis Augusto Manrique, entregaron a los cuatro retenidos a un grupo de sicarios de “la Oficina”, en Barrio Colombia, en el suroriente de Medellín. Jamás de volvió a saber de “28” ni de las jovencitas, pero extraoficialmente se ha dicho que sus cadáveres fueron arrojados al río Cauca, en algún paraje del Occidente de Antioquia.

Ver la NOTA RELACIONADA: Condenaron al Mayor por su obsesión criminal.

 Jader Alberto Botero Jaramillo, alias “Gancho”

Desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Auc, miembro de la organización criminal “la Oficina” y líder de la banda “Pachelly”, su principal tentáculo en el municipio de Bello y el norte del Valle de Aburrá.

Según la denuncia formulada por su familia, desapareció el 14 de julio de 2010, cuando salió de visitar a su madre en Bello rumbo a su apartamento, en El Poblado, al que nunca llegó.

Jader Botero, alias “Gancho”. Foto de archivo.

Desde entonces sus allegados le perdieron el rastro. En el bajo mundo se especuló que fue secuestrado y llevado a la Costa Atlántica (unas versiones hablan de Córdoba y otras de Barranquilla), donde lo habrían ejecutado y borrado del mapa el cadáver. La desaparición se presentó en el marco de la guerra interna en “la Oficina”, entre las huestes lideradas por “Valenciano” y las de “Sebastián”.

Mientras “Gancho” estuvo al frente, según la Policía, la banda de “Pachelly” estaba alineada con “Valenciano”; tras su ausencia, el mando lo asumieron alias “Guayabo” y “Alber”, y el grupo se cambió al bando de “Sebastián”.

No falta quien diga, en el municipio de Bello, que Jader Botero aún vive, que solo fingió su desaparición para escapar de la justicia y de sus enemigos. Sin embargo, en la actualidad no queda nada de su antiguo poder, su influencia es nula y los negocios ilegales que antes gobernaba, ya son de otros.

Ferney Alonso Moreno López, alias “el Montañero”

Desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Auc, miembro de “la Oficina” y cabecilla de la “Odín Picacho” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), la confederación que agrupa a combos del Doce de Octubre, Castilla y el centro de Medellín.

Ferney Moreno, alias “el Montañero”. Foto de archivo.

Su familia reportó que desapareció el 10 de septiembre de 2012, cuando iba a una reunión en el Centro. Desde ese momento no volvieron a saber de él, aunque se tardaron tres meses para poner la denuncia por desaparición forzada en la Fiscalía.

Según versiones judiciales, “la Oficina” orquestó su asesinato. No hay evidencia física para demostrar un homicidio, pero el trono ilegal que había construido en sus territorios fue arrebatado y entregado a alias “Soto”.

Ver la NOTA RELACIONADA: Denuncian desaparición del cabecilla “el Montañero”.

Carlos Alberto Zapata Herrera, alias “Camilo Carracas” o “Cumbamba”

Fue agente del Gaula de la Policía y miembro de “la Oficina”, presuntamente encargado de secuestros, homicidios, desapariciones y transporte de droga para esa organización.

Desde 2007 figuró en el organigrama de esa banda, en poder de las autoridades, señalado de conformar una red de policías corruptos que servían a la facción, al lado de “Orión” y “Careguayo”; sin embargo, las autoridades nunca lograron imputarle nada.

Estuvo investigado por la desaparición forzada de Vicente Castaño Gil y algunos agentes de la Fiscalía señalaron que él fue quien descuartizó el cadáver con un machete. También habría orquestado asesinatos y desapariciones de otros miembros de “la Oficina” y de la banda “los Urabeños”.

Carlos Zapata, alias “Camilo Carracas”. Foto de archivo.

La Policía de Medellín lo detuvo el 17 de noviembre de 2013 para que respondiera una citación a un interrogatorio, ya que una fiscal lo requería para que expusiera su testimonio sobre el homicidio y tortura de un secuestrador en el año 2000. “Camilo Carracas” manifestó que no estuvo presente cuando sucedió el hecho y fue dejado en libertad al día siguiente, pues la fiscal desconocía todos sus antecedentes y la Policía no se los suministró.

Eso fue lo último que se supo de él en Colombia. Después se especuló que el hombre de 45 años había viajado a México y que allí fue desaparecido, al parecer por asuntos de narcotráfico. Esta versión no había sido confirmada, hasta que el aviso de su desaparición se hizo público este mes.

El diario La Opción de Chihuahua publicó el pasado 9 de agosto una noticia, en la que indicaba que la familia estaba buscando a Zapata Herrera desde hacía tres años. Según la denuncia instaurada en la Procuraduría General de la República de ese país, la última vez que lo vieron fue el 3 de junio de 2014, en Ciudad de México.

Ver la NOTA RELACIONADA: Libertad para “Camilo”, presunto miembro de “la Oficina”.

Por estas desapariciones forzadas solo se han presentado condenas en dos hechos: la de alias “28”, por la cual hay cinco sentenciados en Colombia, incluyendo a cuatro policías; y la de Vicente Castaño, por la que condenaron a “Yiyo” en Estados Unidos.

Al resto de casos los rodea ese manto de impunidad que caracteriza a los crímenes de “la Oficina”, en especial los que implican ajustes de cuentas dentro de la misma organización.

NOTA RELACIONADA: Los enigmas que rondan al Caso “Rogelio”.

El Inspector.

La principal inquietud nace de las fuentes de información que llevaron a las autoridades al lugar y de quiénes serían los presuntos autores de la masacre.

La Policía tuvo que hacer un rastreo en la zona para dar con la fosa. Foto cortesía Policia Antioquia.

Para contextualizar, recordemos que el pasado 24 de abril un grupo armado de por lo menos 20 sujetos, incluyendo tres con atuendos de la Sijín, incursionaron en una finca de la vereda El Rodeo y secuestraron a 1o de las 23 personas que departían allí.

El paso del tiempo ha permitido que afloren otros detalles que en las primeras versiones pasaron inadvertidos, por ejemplo, que entre los presentes había un sujeto conocido como ‘El Gato’ o ‘El Mago’, quien una hora antes de que llegaran los delincuentes se fue de la finca con su esposa, su hija y una amiga de esta. Dicho personaje, conocido de la familia que organizó el paseo, fue capturado por la Policía en Copacabana hace dos semanas con fines de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.

Otro asunto es que, de acuerdo con la versión de un testigo, los agresores llegaron preguntando por ‘El Gomelo’ y después por ‘Julián’, y que al parecer ninguno resultó ser aquel que buscaban. Luego uno de los secuestradores reconoció entre los sometidos a ‘Barny’, cuyo nombre es Andrés Felipe Vélez, y se lo llevaron junto a los otros ocho hombres y una mujer.

De izq. a der., los secuestrados: Carlos Ignacio Ramírez Cardona, residente en Laureles (Medellín) y comerciante panelero de La Mayorista; Diego Alejandro Gavilanes Agudelo, de Niquía (Bello) y comerciante de celulares; y Tatiana Emilia Monsalve Ortega, residente en España, donde trabaja en una empresa de cosméticos.

Aquí hay que aclarar que por ahora no se ha determinado que esta víctima sea el mismo ‘Barny’ de ‘La Oficina’, como se conoce a un jefe de sicarios que trabaja para el cabecilla ‘Douglas’.

Las autoridades descartaron un motivo extorsivo detrás del incidente, porque a ninguna de las familias le pidieron dinero a cambio de liberación.

En la tarde de antier (sábado 21 de mayo) el Gaula ubicó la fosa en el sitio El Hormiguero de la vereda El Pomar. En cooperación con el Grupo de Búsqueda de Desaparecidos del CTI, exhumaron los cadáveres de ocho hombres y una mujer.

De acuerdo con los primeros indicios, todos murieron de forma violenta y al parecer al poco tiempo de haber sido raptados. No obstante, hay que esperar los estudios de Medicina Legal (análisis de huellas dactilares, carta dental o ADN) para estar cien por ciento seguros  de que sí son las mismas personas de la finca. Además, para saber quién es la décima víctima que falta por encontrar.

INTERROGANTES E HIPÓTESIS

El coronel José Acevedo, comandante de la Policía Antioquia, declaró ayer que los funcionarios llegaron a la fosa gracias a “informaciones obtenidas tras la captura de Jesús Hernández, alias ‘Chaparro’ (el pasado 13 de mayo), y a otros datos suministrados por fuente humana e inteligencia electrónica”.

El oficial no especificó si la información partió del propio detenido o de quienes delataron su posición en un apartamento de Envigado.

Lo curioso es que cuando se presentó el secuestro masivo, hubo rumores en el bajo mundo de que ‘Chaparro’ estaba entre los desaparecidos. El desarrollo de los hechos comprobó que no era así, pero sí resultó haber una relación entre ese hombre y este caso, “cuando el río suena, piedras trae”…

De izq. a der.: Jonatan Orlando Zapata Gañán, comerciante de lociones residente en Medellín; y Juan Camilo Úsuga Lopera, de Las Cabañas (Bello) y conductor de la familia que organizó el paseo a la finca.

Sobre la autoría del crimen, las autoridades coinciden en que se trató de otro episodio en la guerra entre las estructuras delincuenciales de ‘Valenciano’ (Maximiliano Bonilla Orozco) y ‘Sebastián’ (Ericson Vargas Cardona), dos jefes de ‘La Oficina’ que están en pugna desde 2008.

Sin embargo, las dudas aparecen cuando se pretende establecer qué bando ejecutó el ataque. Para el CTI de la Fiscalía, la agresión provino de la gente de ‘Valenciano’ y la hipótesis se basa en que las dos personas capturadas hasta el momento (un hombre de 29 años y una chica de 17, detenidos con un arsenal y dos motos de las víctimas el pasado 2 de mayo en la Loma de Los Bernal) estarían ligadas con la banda ‘El Desierto’, que presta sus servicios a dicho capo.

La Policía, en cambio, presume que el golpe fue dado por los secuaces de ‘Sebastián’. El día en que capturaron a ‘El Gato’, el director Antinarcóticos, general César Pinzón Arana, comentó que el citado cabecilla había dado la orden de matar a este extraditable, pero que él se había salvado del ataque y por eso se llevaron a los demás. ‘El Gato’ fue trasladado de Copacabana a Bogotá y aún no se ha conocido su testimonio respecto al caso.

Y luego del hallazgo de la fosa, el coronel Acevedo indicó que “en la captura de ‘Chaparro’ hubo informaciones que lo vinculan directamente con el hecho (el secuestro), entendiendo que es el jefe de sicarios de ‘Sebastián'”.

Entonces, ¿fueron los de ‘Valenciano’ o los de ‘Sebastián’? Para despejar la ecuación hay que tener en cuenta una cosa: el tipo que buscaba el grupo armado no estaba en la finca, dado que ninguno de los presentes respondía a los alias por los que indagaban (‘El Gomelo’ y ‘Julián’) ni se parecían a la foto que uno de los malhechores tenía en su blackberry para compararlos. Al parecer tampoco fueron reconocidos por el sujeto que coordinó la incursión a la distancia, a quien le enviaron por ese aparato las fotos de los hombres cautivos.

De izq. a der.: Juan Esteban Gómez Martínez, desempleado y residente en Belén (Medellín); y Juan Camilo Gallego Meneses, del barrio San José Obrero (Bello), donde es dueño de un bar. Además de ellos, secuestraron a Franklin Ramírez Galvis, dueño de una empresa de cosméticos con sede en España; a Andrés Felipe Vélez Torres y Diego Alejandro González, de 19 años y recién graduado de bachillerato.

Por eso otra de las hipótesis es que el operativo ilegal fracasó, al no encontrar al objetivo, y que la muerte de los secuestrados se debe a una retaliación por ser conocidos de él, es decir, casi un móvil accidental. Dudo que los hayan matado para evitar que reconocieran luego a los agresores, porque de ser así, no hubieran dejado ir a las otras 13 personas que estaban ese día en la finca (ocho mujeres, tres niños y la pareja de mayordomos, que también los vieron).

Es verdad que la guerra entre estructuras criminales de Medellín ha dejado muchísimos muertos en los últimos tres años (cerca de 5.500 en el Área Metropolitana), pero el caso de Sopetrán marca un punto muy alto en cuanto al daño que ese fenómeno está causando, y hace vislumbrar que a futuro las retaliaciones pueden ser iguales o peores.

Sin querer restarle importancia a otros hechos y víctimas, este es un caso de casos, su resolución debe ser primordial para la Fuerza Pública, porque todo indica que el rastro conduce hasta quienes están dirigiendo los derramamientos de sangre en el Valle de Aburrá.

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Cayó ‘Chaparro’ y revivió el caso de las desaparecidas.

El Inspector.

El afectado con la decisión penal fue el ex comandante de la estación policial de Itagüí, Luis Augusto Manrique Montilla, capturado el 17 de julio de 2009. En el mismo proceso están pendientes del juicio otros tres policías, subalternos del sentenciado.

El de camisa azul es el ex oficial Manrique, durante un traslado a una audiencia.

El monto de la pena, que debió ser más alto por los agravantes (menores de edad implicadas y su pertenencia a la Fuerza Pública), se derivó de un preacuerdo con la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron el 29 de mayo del año pasado cuando, por órdenes del mayor, un grupo de uniformados interceptó un automóvil Mazda 6. El vehículo era conducido por Diego Alejandro Mejía Parra, alias ’28’, en compañía de Yudy Castillo Mira y Laura Cristina Echeverry, ambas de 17 años, al igual que de Jenifer Puerta Saldarriaga, de 18.

Las muchachas, que eran ajenas a los truculentos negocios de ’28’, pagaron por estar con él en el momento equivocado. El vehículo y sus ocupantes fueron llevados a la estación de Itagüí, donde el oficial abordó el carro y en caravana con otro automóvil condujeron en la noche hasta el sector Industriales, al suroriente de Medellín.

Las familias de las jóvenes, durante una marcha en la que clamaron justicia.

Allí les entregaron los rehenes a tres tipos armados, que esperaban en una camioneta Toyota. Manrique les dijo que “tocaba tumbar” a las muchachas porque conocían a mucha gente. El objetivo era Mejía Parra, pero las mujeres eran evidencia que había que desaparecer, según la lógica de esos criminales. Nunca más se volvió a saber de ellas.

Este caso se presentó en un momento en el cual Itagüí era azotada por una creciente oleada de homicidios, deribada de la guerra entre la banda ‘La Unión’ y una disidencia liderada por ’28’. Ese municipio comenzó a convertirse en el lunar del Área Metropolitana y la presión política agobiaba a sus autoridades.

Al parecer los jefes de Manrique lo citaron, una de tantas veces. El general Dagoberto García, comandante de la Policía Metropolitana, y el coronel Carlos García Cala, subcomandante del mismo departamento, le habrían dicho al mayor que frenara ese problema a como diera lugar. Por este asunto, los dos altos oficiales están siendo investigados hoy en día.

Por mi oficio de periodista, conocí a Manrique personalmente. Su obsesión contra Mejía Parra era desmedida. En varias ocasiones, cuando coincidíamos en una de las tantas escenas de homicidios en su jurisdicción, le escuchaba decir: “el día que maten a ’28’, Itagüí se arregla”.

Pero con la muerte de ’28’ no se solucionaron los problemas de Itagüí. En cambio, empezó el infierno de Manrique.

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El Inspector.

De acuerdo con los familiares de las víctimas, los muchachos salieron de sus casas a las 9:30 p.m. del pasado domingo 15 de noviembre. Vivían en el sector La Torre, de Belencito, y al parecer se dirigían al vecino barrio San Javier.

Ayer encontraron dos de los cuerpos, en el sector Los Charcos de Belencito. Foto de Juan Diego Zapata.

Se llamaban Juan David Puerta Arango, de 23 años; Anderson Pérez Grisales, de 21; y Jesús María Florez Urrego, de 31. Tenían varias cosas en común: el vecindario, la amistad, el desempleo y la paternidad, porque el primero tenía dos hijos, el segundo una y el tercero tres.

El lunes siguiente fue descubierto el cadáver de Jesús María en una zona semirural de Belencito, conocida como Los Charcos. Fue asesinado de múltiples cuchilladas.

Juan David y Anderson vivían en La Torre, igual que Jesús María.

Pero cuando los técnicos criminalistas hicieron la inspección a su cuerpo, no se percataron que en la misma zona estaban los otros dos. Solo hasta que alguien llamó a la Línea 123, el martes siguiente, no se supo de su paradero.

Anderson y Juan David estaban en el mismo cuadrante del anterior, separados entre sí por unos 30 metros. Los homicidas los maniataron con cordones de calzado y les propinaron muchas puñaladas.

Cuando se supo la noticia en La Torre, la gente salió a la cuadra principal a lamentar la situación. Buscando una explicación para el triple homicidio, comenzaron a quejarse de las disputas entre combos, que según ellos han generado fronteras invisibles entre los barrios de la Comuna 13, a la cual pertenece Belencito y por ende La Torre.

Este asunto, por el cual un habitante de una cuadra corre peligro de muerte al cruzar ciertos límites imaginarios, que demarcan la territorialidad de un combo, se repite en otras comunas de Medellín. Sobre todo el Doce de Octubre, Robledo y Popular.

El Inspector.