Se trata de Daniel Muñoz Olaya, quien se había evadido de un operativo en contra del círculo cercano y financiero de su padre, el pasado 9 de junio de 2025, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y su hijo Daniel Muñoz Olaya (recuadro). Fotos de cortesía.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que Muñoz se presentó voluntariamente con su abogado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en la mañana del jueves 17 de julio, donde agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía le leyeron los derechos del capturado.

De igual manera, las fuentes indicaron que entre la defensa del procesado y la Fiscalía hubo una conversación previa, en la cual se preacordó verbalmente que Muñoz se presentaba y el ente acusador le solicitaba al juez una detención domiciliaria que le evitaría la cárcel, de momento.

La investigación en la cual está implicado es adelantada por la Fiscalía Sexta de la Unidad de Lavado de Activos, que desde 2021 rastrea las operaciones financieras de las bandas “la Oficina” y “la Terraza”.

El mes pasado este despacho expidió órdenes de captura contra cinco personas sospechosas de enriquecerse con las ganancias ilegales de esos grupos.

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Además del propio Daniel Muñoz, fueron afectadas su madre Diana Olaya; Juan Pablo Taborda Zamora (“Yordi”), lugarteniente de “Douglas” y líder histórico de “la Terraza”; Vilma Cecilia Granados Avendaño y Luisa María Rojas Granados, la viuda y una hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro cabecilla de la organización, quien fue asesinado en Medellín el 7 de marzo de 2024.

Al momento del operativo todos fueron detenidos, con excepción de Daniel Muñoz, quien no estaba en su domicilio de El Poblado cuando lo allanaron. Extrañamente, su madre sí estaba, pero con un abogado, lo que implica que la información sobre el procedimiento judicial ya había sido filtrada.

En la audiencia de control de garantías, el juzgado les otorgó la libertad a “Yordi” y Diana Olaya, alegando que no había pruebas suficientes para enviarlos a la cárcel. Seguirán vinculados al expediente, pero respondiendo en libertad; mientras que a las familiares de “Pichi Gordo” les dictaron detención domiciliaria.

El caso ha estado rodeado por varias irregularidades, comenzando por la filtración del operativo. Fuentes judiciales le contaron a este diario que “Douglas”, quien está preso en la cárcel de Itagüí, se enteró de las órdenes de captura en contra de sus allegados y mandó un mensaje de advertencia a la Alcaldía de Medellín, sugiriendo que podía desatar una oleada de violencia en la ciudad si aquello ocurría.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que la senadora Isabel Zuleta, quien funge como coordinadora de la delegación del Gobierno en la mesa de Itagüí, habría tratado de evitar la diligencia, algo que ella negó.

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El Inspector.

La acción judicial fue ejecutada este lunes 9 de junio por parte de la Fiscalía Sexta de la Unidad Nacional de Lavado de Activos y la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), y en el recuadro Juan Pablo Taborda (“Yordi”). Fotos de cortesía.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la investigación comenzó en 2021, con el rastreo de dinero, los testaferros y bienes inmuebles asociados a la banda delincuencial.

La captura de “Yordi” se produjo en una vivienda de la ciudad de Armenia, donde le encontraron varios artículos de santería, una práctica pagana a la que se entregó hace varios años.

En el Valle de Aburrá fue detenida Diana Olaya, exesposa de “Douglas”; su hijo Daniel Muñoz Olaya, quien también tiene orden de captura, no estaba en su residencia al momento del allanamiento y las autoridades están en su búsqueda.

En el mismo procedimiento fueron apresadas Vilma Cecilia Granados Avendaño y Luisa María Rojas Granados, la viuda y una hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro líder de la organización, quien fue asesinado en Medellín el 7 de marzo de 2024.

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En la cárcel de Itagüí, donde está recluido, la Fiscalía le notificó a “Douglas” que le imputará el cargo de lavado de activos, al igual que a los demás capturados.

Vale la pena recordar que Muñoz Martínez está pagando una condena de 32 años por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

La apertura de un nuevo expediente en su contra genera expectativas de cara a la mesa de paz entre el Gobierno Nacional y las bandas urbanas del Valle de Aburrá, de las cuales “Douglas” es uno de sus princpiales voceros en la actualidad.

Esta no es la primera vez que sus familiares resultan inmersos en causas penales por lavado de activos. Por ese delito también fueron procesados en el pasado su segunda esposa, Diana Marcela Olaya Galeano, y su hermano Gerardo Muñoz Martínez.

A este golpe contra “la Terraza” se suma la reciente captura de Matías Álvarez Tabares (“Keiler”), otro de los cabecillas, quien precisamente está investigado por el asesinato de su exsocio “Pichi Gordo”.

La Policía lo arrestó el pasado mes de marzo en una casa de lujo en la vereda Llano Grande, en el municipio antioqueño de Rionegro. Esa captura fue por concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, debido a su coordinación del combo “el Faraón”, que administra plazas de vicio en el nororiente de Medellín.

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El Inspector.

Además de él, a este proceso también se unirá José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), otro de los pesos pesados en la historia del crimen de Medellín. ¿Cómo será su participación? En este artículo elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo, indagamos sobre esa situación.

Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) está preso en la cárcel federal de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Foto de archivo.

El anuncio se hizo en la cárcel de Itagüí, en el marco de un evento de socialización de compromisos en el que participaron miembros de ambas delegaciones, el 19 de diciembre de 2024.

“En la perspectiva de entender estas violencias en su sentido histórico, le damos la bienvenida a la mesa en calidad de gestor de paz a Diego Murillo, conocido en otras épocas como ‘don Berna’”, afirmó Sebastián Murillo (“Lindolfo”), vocero de las bandas.

Este nombramiento estuvo precedido por una designación del Gobierno, que el mes pasado les otorgó el estatus de gestores de paz a 18 excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre los cuales figuran Murillo, Hernán Giraldo, Fredy Rendón Herrera (“el Alemán”), Ramón Isaza (“el Viejo”) y Salvatore Mancuso, entre otros.

“Don Berna” fue una de las primeras figuras de la criminalidad que levantó la mano para participar en el proyecto de “paz total” del presidente Gustavo Petro, justo cuando este subió al poder en agosto de 2022. En ese entonces, envió una carta desde su celda en Estados Unidos, poniéndose a disposición para participar en procesos de verdad, justicia y reparación.

Hay que recordar que Murillo fue integrante del Clan Galeano, en la época del cartel de Medellín; luego lideró las bandas “Perseguidos por Pablo Escobar” (“Los Pepes”) y “La Oficina”.

Como paramilitar, fue comandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, con influencia en el Valle de Aburrá, Antioquia y Córdoba. Estuvo en los diálogos de Ralito con el gobierno de Álvaro Uribe, en 2008 fue extraditado y luego condenado a 31 años de cárcel por narcotráfico.

En el evento público con el Gobierno, aparecieron estos voceros de las bandas, de izquierda a derecha: “Albert”, “Juan XXIII”, “Carlos Pesebre”, “Lindolfo”, “el Saya”, “Douglas” (de tapabocas) y “Tom” (tapado). Foto de cortesía.

Detrás de su postulación como gestor de paz, hay una serie de gestiones de sus abogados durante los últimos dos años, tratando de impulsar una norma que permita la repatriación de colombianos encarcelados en Estados Unidos, la cual beneficiaría a “don Berna”. Este tipo de acuerdos ya se aplican con otros países, como China.

A juicio de su abogado Michel Pineda, quien también es asesor jurídico de la mesa de paz urbana del Aburrá, la repatriación de los antiguos capos permitiría retomar procesos de verdad y reparación que se han perdido con la distancia.

El jurista indicó que, en términos prácticos, Murillo cumplirá las funciones de gestor de paz a la distancia, desde la cárcel federal de Butner, en Carolina del Norte.

La idea es que participe mediante teleconferencias, pero esto implica un problema extra que ya padeció el pasado 10 de diciembre. “Iba a participar en un evento del Día de las Víctimas, en la finca Quirama de La Ceja (Antioquia), organizado por la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Él tenía toda la voluntad e hicimos las gestiones, y yo viajé a la cárcel, pero la Cancillería incumplió su compromiso de tramitar los permisos con las autoridades de EE.UU. y él no pudo conectase a la cita”, dijo Pineda.

EL REGRESO DE “DOUGLAS”
Otra de las novedades anunciadas fue la designación de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) como vocero de las bandas urbanas. Este cabecilla de las organizaciones “la Terraza” y “la Oficina” estaba preso en la cárcel La Picota, de Bogotá, y fue trasladado a la de Itagüí para sumarse a las conversaciones.

“Douglas” está preso desde 2009, pagando una sentencia de 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Lleva décadas liderando el crimen organizado de Medellín y su área metropolitana, por lo que “su autorización” fue clave para que muchas bandas se integraran a la mesa de diálogos sociojurídicos. Ahora pasará a tener un rol más protagónico.

Muñoz arrastra padecimientos de salud, relacionados con la diabetes mellitus y una enfermedad coronaria ligada al mal funcionamiento de una arteria. Sus abogados han tratado, en vano, de lograr una excarcelación para que siga cumpliendo su pena en detención domiciliaria o libertad condicional.

Gracias a su inserción en el proyecto de “paz total”, por lo menos lograron su traslado al Valle de Aburrá. En el evento de socialización, estuvo presente en la mesa principal portando un tapabocas.

“Medellín transita hacia una paz que no va a tener vuelta atrás. Por ese motivo saludamos la incorporación física y plena de Leonardo Muñoz Martínez, ‘Douglas’, al equipo de voceros y la mesa de Itagüí. Su participación es definitiva para el éxito del proceso”, recalcó el vocero Sebastián Murillo.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), jefe de “la Oficina” y “la Terraza”. Foto de archivo.

El arribo de Muñoz y la designación de Murillo fueron cuestionados por voces críticas de la mesa de paz. Andrés Tobón, exsecretario de Seguridad de la Alcaldía y actual concejal de Medellín, lo consideró “una falta de respeto”.

“Con estas acciones demuestran que sí tienen un control evidente sobre las estructuras en el Valle de Aburrá. ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Se está haciendo la ciega para imputar la línea de mando? Están gobernando desde las cárceles con la complicidad del Gobierno”, afirmó en un video publicado en sus redes sociales.

“Detrás de todo esto está el famoso Pacto de La Picota. ‘Douglas’ estuvo allá y ahora está en Medellín, y todo lo que en su momento se denunció, se está cumpliendo. Sin marco jurídico, por encima de la ley, sin la cabeza de los jueces, están pasando por encima de los colombianos y de los medellinenses”, agregó.

El Pacto de La Picota, como lo denominó la oposición, fue una serie de reuniones entre delegados de la campaña presidencial de Gustavo Petro y varios peces gordos de la criminalidad congregados en esa cárcel de Bogotá, a principios de 2022.

Aunque Petro explicó que dichas reuniones, lideradas por su hermano Juan Fernando, eran solo para explicar su política de paz, quedaron en el aire muchos cuestionamientos, y se especuló que allí se transaron votos a cambio de beneficios jurídicos si el Pacto Histórico llegaba al poder.

Tras el arribo de “don Berna” y “Douglas”, las bandas del Valle de Aburrá se comprometieron a suprimir las extorsiones en 25 barrios de Medellín y Bello durante un mes, entre el 19 de diciembre y el 19 de enero, como una muestra de su voluntad de paz y el reflejo de que, aún tras las rejas, conservan el poder en varias comunas.

El Inspector.

Se trata de José Leonardo Muñoz Martínez, alias “Douglas”, jefe de las organizaciones “La Oficina” y “La Terraza”, y quien está preso desde abril de 2009, pagando una pena de 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Leonardo Muñoz Martínez, alias “Douglas”, uno de los jefes de “la Oficina”. Foto de archivo.

Este miércoles 21 de diciembre, en una entrevista con la emisora La W, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó lo que ya era un secreto a voces: que “Douglas” está en la fila para ser nombrado “gestor de paz”, con sus respectivos beneficios judiciales, como salir de la cárcel.

El jefe de “La Oficina”, la confederación que reúne a las principales bandas del Valle de Aburrá, está en la lista de espera desde el criticado “Pacto de La Picota”, en plena campaña presidencial, cuando delegados de Gustavo Petro adelantaron conversaciones con líderes de la mafia en la citada cárcel bogotana, exponiéndoles su propuesta de “paz total”.

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Una vez Petro llegó al poder, “Douglas” le envió una carta, ratificando su interés de participar en dicho plan. Varios de sus lugartenientes y abogados ya se han reunido con representantes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, abordando las cuestiones preliminares del posible desarme de algunas bandas de Medellín.

Para que se concretara su salida, el entorno cercano de Muñoz Martínez estaba pendiente de dos cosas: la aprobación en el Congreso de la Ley de Orden Público para la Paz Total, y de la expedición del decreto que normatiza a los llamados “gestores de paz”. Ambas cosas ya sucedieron.

Sin embargo, no hay una fecha exacta para su salida de prisión. Uno de los asuntos que sopesa el Gobierno es quiénes deberían salir primero, si los integrantes de la Primera Línea, a quienes en campaña les prometieron ayudarles a dejar la cárcel; o los cabecillas del crimen organizado y otras facciones narcotraficantes.

“Douglas”, además, no es el único que está pendiente del visto bueno del Gobierno. Otros líderes de “la Oficina”, como “Tom” y “Carlos Pesebre”, también esperan el llamado para ser gestores de paz. De momento, Muñoz sigue detenido en Bogotá.

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El Inspector.

En ese entramado están involucrados los excomandantes de las Auc, los líderes encarcelados de “la Oficina” y el Clan del Golfo, tres organizaciones que compartieron en algún momento de su existencia la doctrina paramilitar y los negocios de narcotráfico. Junto a ellos, actúa una serie de corporaciones de DD.HH. y abogados que tramitan los acercamientos con el Estado.

Este es el informe de El Colombiano sobre esta situación, realizado con el apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Leonardo Muñoz (“Douglas”) es uno de los líderes de “la Oficina” que estaría dando directrices frente a los acercamientos con el Gobierno. En esta imagen, el momento de su captura en 2009, junto a su lugarteniente alias “el Compa” (derecha). Foto de archivo.

La propuesta de “paz total” del Gobierno revivió estas gestiones, que a ojos de la opinión pública siempre se han debatido en una balanza: ¿Será que estas personas, las principales perpetradoras de la violencia en Colombia, si buscan la paz? ¿O se trata de una treta para posar de gestores de convivencia, salir de la cárcel y evitar la extradición?

Con base en información de participantes en estos procesos, El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo reconstruyeron la intrincada historia detrás de la búsqueda de paz de las bandas, o como el nuevo Presidente les dice, “las organizaciones multicrimen”.

LOS PARAMILITARES
En la desmovilización colectiva de las Auc (2003-06), dejaron las armas 31.671 integrantes, y de manera individual lo hicieron otros 4.798, para un total de 36.469 “paras” sometidos al Estado, según la ARN.

De ese gran número, apenas 4.163 se postularon a los beneficios de la ley Justicia y Paz, comprometiéndose con la verdad, justicia y reparación. Otros siguieron delinquiendo y fueron extraditados, recapturados, asesinados o reclutados por bandas emergentes neoparamilitares.

En 2014 coincidieron tres momentos que impulsaron a los exparamilitares a pedir otra oportunidad a la sociedad: EE.UU. excluyó a las Auc de la lista de grupos terroristas internacionales; salió de la cárcel la mayoría de los 4.163 postulados a Justicia y Paz, tras cumplir la pena alternativa de ocho años; y en La Habana, en los diálogos entre el Gobierno y las Farc, se aprobó el punto sobre participación en política para excombatientes.

Invocando el derecho a la igualdad, varios comandantes propusieron la conformación de un partido político, cuyo nombre sería Alianza de la Unidad Colombiana por la Paz (Aucpaz). Los impulsores de la idea eran Diego Murillo (“don Berna”), Carlos Jiménez (“Macaco”), Ramiro Vanoy (“Cuco”) y Salvatore Mancuso (“el Mono”), todos ellos condenados en EE.UU. por narcotráfico; y los voceros eran Jaime Oviedo Ávila, portavoz del bloque Cacique Nutibara en la reinserción de 2003, y el abogado Michel Pineda, director de la corporación Compromiso Colombia.

La iniciativa fue planteada ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp), pero nunca despegó. Una de las razones para el fracaso es que no todos los exjefes estaban de acuerdo, y los presos en Colombia no le siguieron el paso a los extraditados.

Mediante un comunicado público rechazaron la idea de Aucpaz y desconocieron a los voceros. Entre los firmantes figuraron “Ernesto Báez”, “Julián Bolívar”, “Jorge Pirata”, “el Viejo Isaza” y “Diego Vecino”.

Ocho años después, con la llegada de Petro al poder, los excomandantes extraditados se sumaron al plan de la “paz total”. “Don Berna” y “Cuco Vanoy” expresaron su interés de participar en otro proceso. De nuevo enviaron cartas a la corporación Compromiso Colombia, del abogado Pineda, y a la Oacp.

Este diario conoció que contarían con el apoyo de otros extraditados, como Mancuso y Miguel Mejía (“El Mellizo”), y que uno de los puntos esenciales para su colaboración sería que se apruebe la repatriación.

Los “paras” encarcelados en Colombia también levantaron la mano, aunque por su propia cuenta. El mes pasado enviaron una misiva a la Presidencia, expresando su deseo de coordinar un cese al fuego, el desarme y su aporte a la verdad.

Los firmantes son exmiembros de 32 bloques y frentes paramilitares; el Comité de Presos por la Verdad de Colombia, representado por Francisco Zuluaga (“Gordolindo”); la corporación de la Villa de la Esperanza, de Carlos Jiménez (“Macaco”); y la corporación multiactiva Víctimas, Conflicto y Paz (Vicon), de Jacinto Soto (“Lucas”).

A esa carta se sumaron seis bandas: el Clan del Golfo, “los Caparros” (Bajo Cauca), “los Rastrojos” (Costa Caribe), “los Shottas” (Buenaventura), “la Inmaculada” (Tuluá) y “los Mexicanos” (Quibdó).

“LA OFICINA”
Sus intentos de paz comenzaron a finales de 2015, cuando los abogados de cuatro cabecillas se arrimaron a la Unidad de Vida de la Fiscalía Seccional de Medellín. Leonardo Muñoz (“Douglas”), Julián González (“Barny”), Édinson Rojas (“Pichi Gordo”) y Camilo Rendón (“el Saya”), encarcelados y con penas superiores a los 10 años, ofrecieron ayudar a pacificar comunas, reducir los homicidios y dar información para esclarecer asesinatos, a cambio de beneficios penales con un principio de oportunidad.

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Los cabecillas hicieron dos gestos de paz: entregaron una caleta con 80 armas en una finca del corregimiento Santa Elena, de Medellín, y convencieron de entregarse a la justicia a alias “la Pecosa”, un secuaz que tenía orden de captura por extorsión.

Pese a esto, hubo una gran oposición a la iniciativa dentro de la Fiscalía. Algunos fiscales de Crimen Organizado no vieron con buenos ojos lo que ocurría y el fiscal General (e) de ese momento, Jorge Perdomo, frenó los acercamientos a principios de 2016. La jefa de la Unidad de Vida fue trasladada a otro despacho.

“Douglas” y sus aliados no desistieron, y enviaron abogados a la Secretaría de Seguridad de Medellín, en cabeza de Gustavo Villegas. Con él continuaron gestionando las entregas voluntarias de delincuentes, en las que también participaba el jurista Michel Pineda. En total fueron ocho miembros de bandas los que se sometieron, cinco de ellos en el despacho de Villegas.

En aquel momento, con el acuerdo de La Habana en su etapa final, el gobierno de Juan M. Santos avanzaba en los acercamientos con el ELN.
El MinJusticia expidió el 19 de julio de 2016 el Decreto 1175, que decía: “El Gobierno, con el fin de propiciar acuerdos humanitarios, podrá solicitar a las autoridades judiciales la suspensión de la medida de aseguramiento, de la pena, o solicitar la pena alternativa para miembros o exmiembros de grupos armados organizados al margen de la ley”.

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Los beneficiarios de esa medida actuarían como “gestores de paz” en la calle y el monte, y aunque en principio se dirigía al ELN, en ningún lado decía que no aplicara a otros miembros de grupos armados, por lo que los jefes de “la Oficina” vieron una oportunidad. De hecho, algunos de los delincuentes que se entregaron ante Villegas decían que querían ser gestores de paz.

Al mismo tiempo, algunos contratistas de la Secretaría, en compañía de los abogados, trabajaban en un proyecto de ley para llevarlo al Congreso, que serviría para pactar el desarme de las cerca de 200 bandas agrupadas en la confederación de “la Oficina”.

Sin embargo, Villegas fue capturado en julio de 2017, señalado de nexos con este grupo ilegal, y condenado por abuso de función pública y abuso de autoridad. Esto derrumbó una vez más las intenciones de “Douglas”, quien no tuvo más remedio que seguir pagando su condena de 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

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Otros líderes de “la Oficina”, como Carlos Vallejo (“Tom”), enviaron cartas al Gobierno y pagaron dinero a congresistas y abogados para que hicieran lobby, buscando subirse al bus de la paz con las Farc, pero apenas llegó Iván Duque al poder todos estos intentos se frustraron.

Ahora, con la idea de “paz total” del presidente Petro, “la Oficina” volvió al juego. “Tom”, “Douglas”, “Carlos Pesebre” y otros líderes están de nuevo adelantando gestiones. La Corporación Sinergia, con sede en Medellín, está asesorando algunos de esos contactos con delegados del Palacio de Nariño.

Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) está encarcelado en Estados Unidos desde 2008, aunque sigue buscando acercamientos con el gobierno. Foto de archivo.

EL CLAN DEL GOLFO
Este grupo, que desde su origen se ha autoproclamado “el tercer actor del conflicto armado”, comenzó los acercamientos de paz en 2015, en dos frentes. El primero, gestionado por su cabecilla político Abimael Coneo (“Torta”), consistió en buscar al congresista Iván Cepeda y a la entonces exsenadora Piedad Córdoba para que llevaran su propuesta de desarme a la mesa de diálogos de La Habana.

Como prueba de paz, en febrero de ese año se entregaron a la Fiscalía 12 miembros de una célula del Clan, en Valle.

El esfuerzo tuvo frutos, pues el Acuerdo de Cuba incluyó el parágrafo 3.4.13, con el título de Sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas, que dice: “(…) El Gobierno en coordinación con la Rama Judicial presentará un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas”, refiriéndose a los grupos herederos del paramilitarismo, como el Clan.

El segundo frente estuvo coordinado por el abogado Diego Álvarez Betancourt (exdefensor de “don Berna” y otros miembros de las Auc), el pastor cristiano Jorge Mercedes y el pastor anglicano Orlando Arce, estos últimos integrantes de la ONG Organización Paz Colombiana.

Este equipo adelantó reuniones con el vicefiscal General Jorge Perdomo, en cuyas manos puso un proyecto para concretar el desarme del Clan a cambio de beneficios judiciales. Esta propuesta no fructificó, en parte porque no hubo respuesta de la Fiscalía y, en cambio, fueron detenidos “Torta” y los dos religiosos, por cargos de concierto para delinquir y lavado de activos.

En septiembre de 2017 el Clan volvió a intentarlo, esta vez con un video en el que su líder Dairo Úsuga (“Otoniel”), declaró: “Queremos hacer parte del fin del conflicto para llegar al desarme total”.

El presidente Santos delegó como representante del Gobierno en este proceso al vicepresidente Óscar Naranjo y al asesor José Noé Ríos; el congresista Iván Cepeda actuaba de intermediario, mientras que a los delegados del Clan los encabezaba la abogada Consuelo Ibeth Parra, desmovilizada de las Auc y defensora de exjefes paramilitares.

Según algunos asistentes, hubo tres reuniones con el vicefiscal Perdomo, ocho con el fiscal general Néstor H. Martínez y 16 con el vicepresidente Naranjo. Ya había sitios definidos para la eventual concentración de los combatientes, como el caserío de Cacarica en Riosucio, Chocó, pero este intento tampoco llegó a puerto.

Hubo cambio de Jefe de Estado y al presidente Duque no le interesó el asunto. Después, el fiscal Martínez presentó al Congreso la Ley 1908 de 2018, “por la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales y se adoptan medidas para su sujeción a la justicia”.

La norma, a diferencia de lo que se había conversado en las reuniones, endureció las penas contras las bandas, aumentó los requisitos para los desarmes colectivos y le puso la lupa a sus abogados y representantes, con una adición al artículo 340A del Código Penal sobre el asesoramiento ilegal, que supone una condena de hasta 20 años por brindar sus conocimientos “para contribuir a los fines de Grupos Delictivos Organizados”.

Desde la promulgación de esa ley, ningún grupo ilegal se ha sometido voluntariamente.

En cuanto a los actuales acercamientos, los delegados de Petro comenzaron a reunirse con los de las Auc, el Clan del Golfo y “la Oficina” durante la campaña presidencial, situación que, según agentes de Inteligencia, le habría dado a ese candidato un impulso electoral, pues las bandas alineadas a esos grupos habrían intercedido en las comunidades para votar a su favor.

En las gestiones aparecen de nuevo los personajes que han venido participando en el pasado, como el congresista Cepeda y el hoy exfiscal Perdomo, quien funge como asesor del Gobierno para estas lides. También los mismos cabecillas y corporaciones, pidiendo una vez más una oportunidad de paz a Colombia.

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El Inspector.

Se trata de un antiguo integrante de la cúpula de “la Oficina”, la organización criminal que regenta el bajo mundo en el Valle de Aburrá; además, llegó a ser el máximo líder de “la Terraza”, uno de los principales tentáculos de “la Oficina”, con redes delincuenciales en cinco comunas de la ciudad y el Suroeste antioqueño.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) ha pagado 12 de los 32 años de cárcel de su condena. Foto de cortesía.

“Douglas” estaba en la cárcel La Picota, de Bogotá, y fue incluido en la lista de seis personajes que serán trasladados a otros establecimientos por orden del nuevo director (e) del Inpec, el coronel Joaquín Medrano Muñoz.

Los demás reseñados son el excomandante paramilitar y narcotraficante Carlos Mario Jiménez (“Macaco”); Juan José Valencia Zuluaga (“Falcon”, “Babalao” o “Andrea”), procesado por ser un presunto narco y lavador de activos asociado con el Clan del Golfo en Antioquia y la Costa Caribe; y José Facundo Castillo, exgobernador de Arauca, señalado de tener nexos con la guerrilla del ELN.

El listado lo complementan Emilio Tapia Aldana, condenado por el célebre cartel de la contratación en la Alcaldía de Bogotá e implicado en el escándalo de corrupción de Centros Poblados; y el excongresista Eduardo Enrique Pulgar Daza, condenado por tráfico de influencias en la rama judicial.

Según la Resolución 001497 del 3 de marzo de 2022, la primera orden firmada por Medrano, “Douglas” y los otros cinco presos serán trasladados “a otro pabellón o centro de reclusión que ofrezca mayores condiciones de seguridad”.

Como justificación para la medida, el documento señaló que “por su perfil y situación de seguridad se hace necesario ordenar sus traslados, a fin de proteger el derecho a la vida de la población privada de la libertad y el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia”.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, añadió que la decisión también se tomó “luego de investigaciones que permiten concluir que algunas personas privadas de la libertad pueden ejercer influencia en los establecimientos en los que permanecen recluidos”.

En el caso de Muñoz Martínez, el traslado será para el pabellón 34 de la cárcel Picaleña, de Ibagué, una penitenciaría en la que ya había estado preso en 2013. En ese entonces fue llevado allá junto a otro jefe de “la Oficina”, Ericson Vargas Cardona (“Sebastián”).

El director del Inpec del momento, general Gustavo Ricaurte, dijo en aquella oportunidad que la remisión de los dos cabecillas se originó “porque es necesario impedir que los detenidos de alto perfil delincuencial afecten el orden, la disciplina en los centros de reclusión o continúen o inicien estructuras delictivas que puedan afectar la seguridad ciudadana“.

Sobre “Douglas”, las agencias de seguridad han manifestado en varias oportunidades que, presuntamente, continuó dando órdenes desde las celdas. Por este motivo ha sido rotado por varias prisiones, que incluyen El Pedregal (Medellín), Cómbita (Boyacá), La Paz (Itagüí), La Picota (Bogotá) y de nuevo Picaleña.

Muñoz fue capturado en abril de 2009, en un apartamento de El Poblado. Luego de cinco años de audiencias y juicio oral, fue condenado a 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

La víctima del caso fue la empleada de una agencia de aduanas de Barranquilla, a quien “la Oficina” secuestró durante un mes en Medellín para cobrarle el dinero que perdió por la incautación de un cargamento de cocaína en el puerto.

Hay que recordar que el cuerpo de custodios de La Picota quedó en entredicho esta semana, cuando se descubrió que el empresario Carlos Mattos, procesado por cargos de corrupción, salía de la celda “como Pedro por su casa”, escoltado por funcionarios del Inpec, para atender diligencias personales en su oficina privada en Bogotá.

Como consecuencia de eso, fueron despedidos de sus cargos los directores del Inpec y de La Picota, en el inicio de una pugna que promete relevar a más funcionarios. La prisión será intervenida, según el ministro de Justicia.

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El Inspector.

El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, confirmó la detención en su cuenta de Twitter y felicitó a las autoridades por este logro. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

William Moscoso Monsalve, alias “el Chivo”, presunto cabecilla de “la Terraza”. Foto cortesía de la Policía Metropolitana.

Moscoso Monsalve, apodado “el Chivo”, es sobrino de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), el máximo jefe de “la Terraza” y miembro de la cúpula de “la Oficina”, quien se encuentra en la cárcel pagando una sentencia de 32 años por concierto para delinquir y secuestro extorsivo.

Con el arresto de su tío en 2009, “el Chivo” comenzó a tomar relevancia en la organización. Según fuentes policiales, en principio se ocupó de coordinar la distribución de estupefacientes en las comunas de Manrique y Aranjuez.

Las capturas de otros líderes, como “Pichi Gordo”, “Barny”, “Chicho”, “Yordi”, “el Saya” y “Tombolín”, facilitaron su ascenso, hasta convertirse hoy en día en uno de los principales cabecillas de la facción.

“La Terraza” se dedica al sicariato, tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, desplazamientos forzados, trata de personas y demás conductas delictivas, que la convierten en una de las organizaciones criminales más peligrosas del Valle de Aburrá.

La captura de “el Chivo”, de 35 años, se logró este martes 7 de noviembre en un operativo coordinado por la Dijín y la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, en un centro comercial del barrio Los Colores, en el occidente de Medellín.

La mira de las autoridades sigue puesta en la cúpula de “la Terraza”, conformada entre otros por alias “Richard”, “Rayo”, “Tréllez” y “Guasón”, quienes llevan delinquiendo más de una década en la ciudad y están en libertad.

CAPTURAN A UN POLICÍA

En la sede del comando del Departamento de Policía Antioquia, ubicada en el noroccidente de Medellín, fue capturado un suboficial activo por presuntos nexos con “la Terraza”.

Fuentes judiciales informaron que el arresto se presentó en la mañana del miércoles 8 de noviembre, en contra del subintendente Gabino Antonio Murillo Grajales, adscrito al grupo de Carabineros de la Institución.

Su captura se realizó cumpliendo una orden emanada por la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, que le imputará el cargo de concierto para delinquir.

De acuerdo con la investigación preliminar, el subintendente Murillo está señalado de filtrar presuntamente información a la banda y fungir de contacto con otros uniformados corruptos, actividades por las cuales recibiría dinero de “la Terraza”. El caso está ligado con el del cabecilla William Moscoso Monsalve (“el Chivo”).

El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, declaró que “este tipo de capturas demuestran que la Policía y la Fiscalía están comprometidas en el desmantelamiento de las estructuras criminales y que están persiguiendo a los delincuentes, incluso a aquellos que hacen parte de la institucionalidad”.

En la audiencia de control de garantías, la Fiscalía le imputó a “el Chivo” cargos por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Él los rechazó y el Juzgado Segundo Penal Ambulante de Antioquia le dictó medida de aseguramiento en la cárcel. El ente acusador solicitó que lo trasladaran al establecimiento penitenciaria La Modelo, en Bogotá.

NOTA RELACIONADA: Capturado “Tombolín”, el expolicía que trabajaba para “la Terraza”.

El Inspector.

Esta es una investigación realizada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo, que reproducimos por considerarla de interés para nuestros lectores y comentaristas.

Después lidiar con una guerra de combos durante cuatro meses, que lo obligó a huir del barrio, alias “Molacho” debió sentir alivio cuando se enteró de que el nuevo “patrón” de la zona lo estaba buscando para ayudarle.

“Parcero, créame que la vida les va a cambiar – le dijo el cabecilla por celular – ¿Qué más que ya no va a haber conflicto? Es que ya vamos a ser una empresa, parcero. Van a regar la bola en el barrio y le van a decir a la gente que ustedes ya son de ‘la Oficina de Córdoba’, que trabajan conmigo y que ya no hay fronteras invisibles”.

Quien hablaba en ese tono era Alejandro Álvarez Arroyave, alias “Alejo Cachama”. El apodo comenzó a sonar en mayo de 2016, cuando se desató una disputa de bandas en la frontera de las comunas de Castilla y Robledo, que afectó los barrios Córdoba, Caribe, El Progreso y El Volador, y los sectores El Hueco de la Candelaria, Ciudad Central, Los Bloques y Nuevo México (ver la NOTA RELACIONADA: Cuatro conflictos afectan la vida en Medellín).

El motivo de la contienda fue una rebelión dentro de la “Odín Robledo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), la confederación que agrupa a varias bandas del Occidente de Medellín. Su líder es Freyner Ramírez (“Carlos Pesebre”), quien está en prisión, pagando 36 años por homicidio.

La división la lideraron “Alejo Cachama” y su lugarteniente “Gordo Arepas”, que coordinaban un combo del barrio Córdoba. Durante 120 días, el pleito con sus antiguos jefes produjo balaceras, 18 homicidios selectivos y zozobra en la comunidad.

Según la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado, Álvarez pidió apoyo a la “Odín los Chatas”, la estructura que delinque en Bello, la cual le suministró respaldo bélico por orden de su jefe Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”.

Así quedó consignado en interceptaciones telefónicas que el ente acusador presentó en las audiencias de garantías, tras la captura de “Alejo Cachama” el pasado 31 de marzo. “Yo ya estoy trabajando directamente con los señores de la Ofi, con ‘Tom’”, reconoció el procesado en el diálogo con “Molacho”.

El Colombiano tuvo acceso a los audios presentados por la Fiscalía en la diligencia ante el Juzgado 3° Penal Ambulante de Antioquia. El más comprometedor es del 20/8/16, la facción disidente se reparte la frontera de Robledo y Castilla, en una práctica que la mafia impone en Medellín desde los 80 y que todavía, pese al esfuerzo institucional, no desaparece.

LAS NUEVAS FRONTERAS

Tras la insurrección, que terminó en agosto del año pasado, “Alejo Cachama” rebautizó a su grupo como “la Oficina de Córdoba”. Empezó a llamar a cabecillas de otros combos para informarles que ahora el jefe no era “Carlos Pesebre”, sino él, o como dicen en el argot, que ahora había una nueva “razón”.

Determinó quiénes serían los coordinadores de zona, ordenó que cesaran las confrontaciones entre pandillas del área y asignó una nómina de $1 millón mensual para mandos medios y $500.000 para integrantes de menor rango, asegurando que tenía “100 peludos” a su cargo.

En el diálogo con “Molacho”, quien coordina un sector denominado La Favela, definió los límites entre el barrio Caribe y el barrio Kennedy, donde actúa la banda enemiga “la Matecaña”.

– Cachama: “voy a cuadrar pa’ que le suban 500 lucas y una máquina (arma) buena, pa’ que si esos pirobos de ‘la Mate’ llegan a pasar por allá o por La 26, no les nieguen bala”.

– Molacho: “otra preguntica, ¿La Dinamarca es parte de quién?”.

– “La Dinamarca ya es de ellos. ¿O usted tiene pelaos ahí? Dígame cuál es la zona suya, a dónde vamos a limitar”.

– “La parte mía es: Cuadro, Luli y donde limitamos nosotros”.

– “Ya lo de nosotros no es frontera. Necesito saber es dónde limitamos con ‘la Mate’”.

– “Todo el Lineal del Cuadro, padre, y Dinamarca”.

– “O sea, La 26 es de esos manes, de La 26 pa’ acá es de nosotros”.

– “Exacto. De la Iglesia pa’ abajo”.

– “Listo, ya sabe que el límite de nosotros es ahí. De ahí pa’ acá todo es mío. Lo que es Los Lamentos, López de Mesa parte baja, Córdoba, Ciudad Central y Los Bloques era la frontera con ustedes, pero ya no, porque ustedes ya son de esta familia”.

Al menos de palabra, porque siempre ronda la traición, pertenecer a un clan superior genera a los combos el acceso a una nómina, apoyo armamentista y beneficios extra, como lo dijo “Alejo Cachama”: “conmigo van a contar pa’ todo, es más, a usted le puedo poner un abogado mío pa’ que coja el caso suyo de una vez”.

En el mundo del hampa del Valle de Aburrá hubo dos distribuciones importantes de sectores en la última década, según investigadores policiales consultados por este diario. La primera ocurrió tras una ruptura interna en la organización “la Oficina” en 2008, cuando los capos Maximiliano Bonilla (“Valenciano”) y Ericson Vargas (“Sebastián”), así como las bandas bajo su control, se trenzaron en una guerra por el trono ilegal (VER LA NOTA RELACIONADA: Se están matando “entre ellos mismos”).

La pugna concluyó en 2011, con victoria para “Sebastián”. Su enemigo cedió territorios en Castilla, Santa Cruz, Robledo, San Javier, Itagüí y Caldas. Con la extradición a EE.UU. de ambos cabecillas, esa zonificación empezó a tambalear.

Los mismos investigadores señalan que la siguiente división territorial se pactó en 2013 entre “la Oficina” y “los Urabeños”, y el resultado fue que este último grupo estableció sociedades con bandas de La Sierra, San Javier, San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado. Dicho acuerdo, que produjo una reducción en el índice de homicidios, perdura hasta la fecha (VER LA NOTA RELACIONADA: Los intereses secretos detrás del pacto de bandas).

A pesar de este pacto de la macrocriminalidad, que disolvió la mayoría de fronteras entre comunas, desde 2014 se han encendido algunos conflictos que, si bien son de menor envergadura, no dejan de provocar muertes y desplazamientos. Entre ellos estuvo el del combo “Córdoba” contra “Robledo”, y ahora hay tensiones en los territorios limítrofes de “los Chivos” y “los Pájaros” (Altavista), “La Libertad” y “San Antonio” (Villa Hermosa), y el “Clan Osorio” y “La 24” (Guayabal).

Fijar los límites espaciales es crucial para una estructura criminal, pues ello le permite definir las plazas de vicio, el cobro de extorsiones y las responsabilidades ante el mando superior. “El que no quede con nosotros, queda objetivo, porque ya vamos a ser una vuelta donde si ustedes se salen de la línea el que respondo soy yo. Tienen que ser derechos hasta la muerte, pa’ cuando el día de mañana usted esté encanado, yo le puedo hacer respetar su vuelta. Igual como me la van a hacer respetar a mí los señores el día que yo no esté”, prosiguió “Alejo Cachama”, dando a entender que en su jerarquía, al menos de palabra, no le arrebatan el sector a un cabecilla cuando cae a prisión, sino que puede seguir gobernando desde la celda.

LA GUERRA FRÍA

Similar al mundo de la política, en la esfera criminal también hay alianzas, traiciones y derrocamientos que se dan con frecuencia, máxime si se tiene en cuenta que en el Valle de Aburrá hay más de 300 combos.

A juicio de los investigadores, el 65% de estas estructuras hace parte de “la Oficina”, una entidad ilegal que se consolidó en el 2000 y desde entonces ha regido los hilos del narcotráfico, sicariato, extorsión y corrupción institucional. Operativos de la Fuerza Pública, extradiciones, disputas con otros grupos y fracturas internas ocasionaron que hoy esté en su quinta generación de jefes.

Esta era se caracteriza porque no hay un jefe supremo, como antaño lo fue Diego Murillo (“don Berna”), sino una mesa directiva con representantes de cada territorio, que suelen ser los líderes de las confederaciones que la Policía llama Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico (Odín).

Los más poderosos son “Tom” y José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), quien está en la cárcel pagando una pena de 32 años por secuestro y concierto para delinquir. Según la Policía, el primero está con la “Odín los Chatas”; el segundo, con la “Odín la Terraza”.

Ambos están envueltos en una guerra fría, con conspiraciones de lado y lado, pero sin desatar una batalla frontal, pues una carnicería directa podría destruirlos a los dos.

Así pasó con “Valenciano” y “Sebastián”. Pelearon por tres años, hubo 7.000 homicidios en Medellín y al final perdieron dinero, socios y la libertad. La justicia empezó a perseguir cabecillas que antes vivían a la sombra y “la Oficina”, que otrora controlaba al 100% de las bandas, redujo la supremacía.

Las diferencias entre “Douglas” y “Tom”, el heredero de “Sebastián”, nacieron en 2013, con la consolidación de “los Urabeños” en la escena local. El jefe de “la Terraza” no estuvo de acuerdo con permitirles el ingreso, mientras que el de “los Chatas” formó con ellos una sociedad que le permitió incrementar su fortuna (VER LA NOTA RELACIONADA: Alianza mafiosa amenaza a la zona norte).

El abismo se profundizó a mediados del año pasado, cuando “Douglas” inició un acercamiento con las autoridades, buscando someter a las bandas bajo su control a cambio de beneficios judiciales. A su idea se sumaron otros líderes encarcelados, como “Carlos Pesebre”, “Pichi Gordo” y “Barny”, y en la práctica eso se tradujo en la entrega voluntaria a la justicia de 10 integrantes de combos.

Pero “Tom” y sus aliados, que estaban en libertad, se opusieron. “Douglas” no logró convencer a todos los representantes de “la Oficina” y esto le restó poder de negociación. La propuesta de acordar un sometimiento a la ley quedó sepultada en el primer semestre de 2017, con las capturas por concierto para delinquir del desmovilizado Julio Perdomo (marzo 15) y la directora de la ONG Guadalupe Social, Mara Toro (abril 25), piezas clave de la iniciativa (VER LA NOTA RELACIONADA: Banda “la Terraza” busca beneficios con entregas de sus miembros).

Fotografía de reseña de “Alejo Cachama”, cuando fue arrestado por primera vez en 2011. Foto de cortesía.

Tanto las huestes de “Tom” como las de “Douglas” reclaman ser “la verdadera ‘Oficina’” y esta división influye en los clanes más pequeños. Por eso en el diálogo, “Alejo Cachama” le advirtió a su interlocutor: “no estoy inventando parce, yo tengo unos jefes, yo estoy es con los de la Ofi. Todo lo que hago, lo reporto. Cuando yo me le paro a ese man de ‘Pesebre’, a mí me dan el aval de coger eso allá donde ustedes (…). Hablo con esos manes de ‘la Matecaña’ para que sepan que todo eso ahí es de nosotros, para que sepan que si tocan con ustedes tocan conmigo (…)”. Y más adelante: “le voy a explicar la vuelta. ‘Pesebre’ y ‘la Matecaña’ es la misma razón, ellos son ‘Douglas’, ¿si sabe? Nosotros somos ‘Sebastián’”, reiterando que está en el bando de “Tom”.

La silenciosa discordia entre estas dos líneas de “la Oficina”, guardando las proporciones, se asemeja a la de EE.UU. y la antigua Unión Soviética en los días de la Guerra Fría, en especial en el fenómeno de las guerras de laboratorio: no chocaban de frente, sino que patrocinaban pleitos en otros países para medir sus fuerzas. Aterrizando en nuestro contexto, cada bando irrumpió en los terrenos del otro al apoyar, por ejemplo, los levantamientos de “la Oficina de Córdoba” en Robledo y de “la Libertad” en Villa Hermosa.

Al mismo tiempo han matado a personajes vinculados a la organización, lo que para los investigadores demuestra que hay fricciones: el expolicía Edward García (“Orión”), estrangulado y abandonado en un carro en Envigado, el 16 de diciembre; el comerciante Carlos López (“Cejas”), abaleado en Rodeo Alto a los dos días; y el comerciante Elkin Agudelo (“Gnomo”), hallado el 25 de abril en El Escobero, dentro de una maleta.

¿SON O NO SON “LA OFICINA”?

A pesar de evidencias de este tipo, la Policía sostiene que “la Oficina” no existe. Su director, el general Jorge Nieto, en entrevista con El Colombiano el pasado 22 de enero, declaró: “ya no existe ‘la Oficina’ como tal. Aquí ha habido golpes fuertes contra esa estructura, pero quedan unas organizaciones que nos preocupan (…). Trabajan independientes, con economías ilegales. Pero una ‘oficina’ como esas que existían hace mucho tiempo, no creo que exista”.

Esa percepción no es compartida por otras entidades. El Gobierno de EE.UU., por medio del Departamento del Tesoro y la DEA, incluyó a “la Oficina” en su lista de objetivos desde 2014 y aplicó sanciones financieras a más de 100 personas y entidades, sindicadas de participar en sus redes de lavado de activos.

El pasado 31 de mayo cuatro ciudadanos y cinco empresas ligadas a los empresarios Pedro y Santiago Gallón Henao fueron incluidas en la Lista Clinton. Según el Tesoro, su enlace con “la Oficina” es “Tom”, por cuya captura los estadounidenses ofrecen hasta 2 millones de dólares.

La Alcaldía de Medellín también considera que él es la cabeza visible de esta organización y lo ratificó el 2 de junio, cuando en su cuenta de Instagram publicó que las autoridades han detenido a 17 objetivos de alto valor y que solo les falta el susodicho cabecilla de “la Oficina”.

Lo cierto es que, llámese como se llame, los combos de la ciudad obedecen a una estructura superior, a la que le rinden cuentas de finanzas, le aceptan subcontratos criminales, le piden apoyo para librar batallas y permiso para incursionar en nuevos territorios.

La muerte de Jonathan Buriticá, alias “Gordo Arepas”, a manos de su propio combo el pasado 20 de septiembre, fue el episodio final de la disputa entre “la Oficina de Córdoba” y la “Odín Robledo”. El móvil fue que pretendía entregarse a la justicia y delatar a sus socios.

“Alejo Cachama” aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó por homicidio, concierto para delinquir, cohecho, tráfico de armas y drogas, y está en la cárcel de Cómbita, Boyacá. Quizá ahora lamente las promesas que le hizo a su lugarteniente: “parcero, empiéceles a inculcar a los pelaos que ya son los mismos y que lo digan con orgullo, porque ustedes ya están es con bandidos de verdad”.

NOTA RELACIONADA: Capturan a “Alejo Cachama”, líder del combo de “Córdoba”.

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ANEXO 1: ESCUCHE EL AUDIO DE LA INTERCEPTACIÓN TELEFÓNICA

Para escuchar apartes de la conversación que la Fiscalía interceptó a alias “Alejo Cachama” y “Molacho”, el pasado mes de agosto, haga click en el siguiente enlace: http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/asi-definen-las-bandas-las-fronteras-de-medellin-HY6760876

El Inspector.

Este acto se suma al sometimiento en las últimas semanas de alias “el Cabe”, uno de los cabecillas de esta facción que opera en el nororiente de Medellín. ¿Qué hay detrás de tantas entregas?

A la izquierda, José Leonardo Muñoz, alias “Douglas”; a su lado, Juan Carlos Bedoya Duque (“el Cabe”). Fotos de cortesía.

La Alcadía de Medellín reportó este miércoles 12 de octubre que tres miembros de la banda se entregaron de manera voluntaria en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad. Se trata de Jairo Alonso Gallego (alias “Gallego” o “Jerónimo”), Víctor Alonso Pérez (“Víctor”) y Elkin Fernando Arroyave (“el Vikingo”).

En el acto de rendición, agentes del CTI hicieron efectivas las órdenes de captura que pesaban contra ellos, por cargos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado agravado. En la posterior audiencia de control de garantías, el juez les dictó medida de aseguramiento en la cárcel de Itagüí.

Esta entrega se suma a la de Juan Carlos Bedoya Duque, alias “el Cabe” o “Cabezón”, quien de la misma manera se había presentado a la Secretaría de Seguridad hacía dos semanas. También le dictaron medida de aseguramiento en la cárcel.

Ninguno de los cuatro presentados aceptó las imputaciones de la Fiscalía en las audiencias, con el objetivo de entablar una negociación (preacuerdo) más adelante y lograr una rebaja de penas más beneficiosa, como es costumbre con los integrantes del crimen organizado en Colombia.

Más allá del gesto, hay qué preguntarse por qué “la Terraza” está gestionando la entrega de sus integrantes. ¿Qué buscan con estas movidas?

Fuentes judiciales señalaron que cuando “el Cabe” se apareció ante las autoridades, dijo que lo hizo obedeciendo órdenes de José Leonardo Muñoz Martínez, alias “Douglas”, el máximo líder de la banda y uno de los jefes históricos de “la Oficina”.

Este hombre, quien está en prisión desde 2009 y paga una condena de 32 años por secuestro extorsivo y concierto para delinquir, le ordenó al subalterno que se entregara como un “gesto de paz”. Idéntica instrucción recibieron “el Vikingo”, “Gallego” y “Víctor”, aunque pensaban que por la muestra de “voluntad” no irían a la cárcel, sino que la justicia los premiaría con detención domiciliaria. Por eso la decisión del juez los sorprendió.

Esta no es la primera vez que “la Terraza” promueve situaciones de este estilo. A finales del año pasado, jefes de la organización como “Barny”, “Pichi Gordo” y “el Saya” (todos bajo el mando de “Douglas”) se acercaron a la Fiscalía para confesar algunos delitos y colaborar con información para varios expedientes, con el fin de obtener beneficios judiciales.

En las primeras reuniones, facilitaron la entrega de un delincuente apodado “la Pecosa” y guiaron a los agentes hasta una caleta con 80 armas. Se comprometieron además a promover desarmes de jóvenes de los combos y pacificar sectores en conflicto de Medellín, pero la negociación se cayó el pasado febrero por diferencias internas en la Fiscalía (ver la NOTA RELACIONADA: Alianza ilegal crece mientras las autoridades discuten).

El ente acusador señala que estas nuevas entregas de “la Terraza” no significan que se hayan retomado aquellas negociaciones. No obstante, es evidente que la estructura delincuencial sigue buscando por otros medios un acercamiento con la legalidad.

Abogados que conocen la situación, y hablan bajo reserva de identidad, comentan que el propósito de esta organización es legalizar a sus cabecillas como “gestores de paz” del conflicto urbano, con el objeto de lograr rebajas sustanciosas de condenas, indultos o amnistías como las que el Gobierno le ha prometido a la guerrilla de las Farc en la mesa de La Habana.

Esta sería la tabla de salvación de “Douglas” y otros jefes el crimen organizado del Valle de Aburrá, para no envejecer en la cárcel o pasarse la vida huyendo de la Fuerza Pública. La banda narcoparamilitar “los Urabeños” está realizando aproximaciones similares desde el año pasado, enviando abogados y asesores espirituales con propuestas de negociación a la Fiscalía y la Casa de Nariño.

Mientras todo esto se mueve por debaj0, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cree que los miembros de “la Terraza” se están entregando por la “contundente” presión de las autoridades. “La presión debe continuar, quiero felicitar a la Policía, al Ejército, a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad. Es un mensaje muy importante, de que tenemos que ir recuperando la seguridad en la ciudad. Esa zona de confort para la criminalidad se acaba, pasamos a la ofensiva”, declaró.

Como en otras oportunidades, queda la impresión de las estrategias de los criminales están dos pasos adelante de la ley. Hoy, cuando la ciudadanía colombiana piensa en posconflicto y no descarta la idea de incluir en él a todos sectores, entre ellos a las bandas, muchos lobos se están poniendo el disfraz de oveja.

NOTA RELACIONADA: Los intereses secretos detrás del pacto de bandas.

El Inspector.

Según ese organismo oficial, los delincuentes le exigían a los familiares de la víctima el pago de 3 millones de dólares para liberarlo.

El capturado Gustavo Cadavid, junto al vehículo acondicionado para transportar a las víctimas. Fotos cortesía de la Policía.

El secuestro se produjo el pasado 4 de octubre en una zona céntrica de Medellín, cuando a Francisco Fabián Arroyave Upegui lo encañonaron unos sujetos que vestían prendas de uso privativo de la Fuerza Pública y estaban armados con fusiles y pistolas.

El afectado, nacido en Colombia y nacionalizado en la nación norteña, lleva 11 años viviendo en Estados Unidos con sus familiares, los cuales empezaron a recibir las llamadas extorsivas. Mientras tanto, al comerciante lo amenazaban para “realizar el traspaso de todos sus bienes a nombre de terceras personas, quienes son testaferros de ‘La Oficina'”, dice el informe oficial del caso.

Para adelantar esas diligencias, a Arroyave lo movían de un lado a otro con los ojos vendados, abordo de un automóvil Renault Twingo gris, blindado y con vidrios semipolarizados. “El carro había sido acondicionado para ese tipo de transporte, es más caro el blindaje que el mismo vehículo”, acotó hoy el general Humberto Guatibonza, director de la Diase.

Los policías identificaron el automotor y lo siguieron hasta una casa en el municipio de Caldas, Antioquia. En el subsecuente allanamiento rescataron al ciudadano y capturaron a Gustavo Adolfo Cadavid Restrepo, quien al parecer lo custodiaba. El ofendido relató que el traspaso obligado de los bienes se iba a diligenciar en una notaría de Envigado y que después lo iban a matar.

ANTECEDENTES

El secuestro extorsivo es una práctica de vieja data en ‘La Oficina’. Uno de los casos más sonados ocurrió en diciembre de 2005, cuando raptaron, sin saberlo, a un detective encubierto de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Luis Peña Peña, alias ‘El Supervisor’.

El presunto narcotraficante Luis Alberto Peña Peña, alias ‘El Supervisor’, ‘El Mono de Antioquia’ o ‘El Hijo del Zapatero’, contrató a la banda para que retuviera a Luis Ortiz, un gringo con el cual había hecho tratos para enviar cocaína a Estados Unidos. La razón fue que las autoridades decomisaron un cargamento cercano a las dos toneladas de mercancía y el narco le echó la culpa al contacto. No lo iban a liberar hasta que respondiera por la plata.

‘La Oficina’ lo secuestró en las afueras del hotel Dann Carlton de Medellín. Lo llevaron a una finca y, cuando lo tenían con un arma en la boca, este confesó que era un agente infiltrado de la ICE. Les entregó las llaves de la habitación y la clave de la caja fuerte, los hampones asustados fueron a verificar y allí encontraron su identificación.

Le pidieron disculpas, lo regresaron en carro al hotel y hasta se ofrecieron a matar a ‘El Supervisor’ a manera de compensación. El agente infiltrado rechazó la oferta. Por este caso, tanto ‘La Oficina’ como Luis Peña Peña quedaron en la mira de la ICE, que ofrece hasta 5 millones de dólares de recompensa por el presunto narcotraficante.

Otro rapto bien conocido fue el de la tramitadora aduanera Margarita Socarrás Baquero en enero de 2008. ‘La Oficina’ la responsabilizó por la incautación de 479 kilos de cocaína en la Costa Atlántica y la retuvieron 33 días en un apartamento de Medellín, hasta que pagara 1.432 millones de pesos como compensación. Luego de abonar 750 millones, la liberaron.

Por este secuestro extorsivo, la justicia condenó el pasado 24 de septiembre al cabecilla José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, a pagar 32 años de cárcel. Su hombre de confianza Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, apodado ‘El Compa’, recibió una sentencia de 36 años por el mismo hecho.

El Inspector.

Así lo anunció hoy el juez Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, durante la audiencia de sentido del fallo en el Palacio de Justicia.

Así fueron presentados en Bogotá 'Douglas' (izquierda) y 'El Compa', después de su captura en Medellín.

‘Douglas’, apodado también ‘El Mono’ o ‘La Tía’, observó la diligencia a las 2:45 p.m. a través del sistema de videoconferencia desde un salón de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.

El proceso judicial en su contra ha durado 2 años y 10 meses y parece que no terminará a su favor, pese a que en la misma providencia lo absolverán por cuatro delitos por los cuales lo investigaban.

El primero de ellos es la desaparición forzada de Adrián Arboleda Rendón, ocurrida el 4 de febrero de 2008 en el municipio de Bello. Este funcionario, patrullero adscrito a la Sijín de la Policía Metropolitana, era familiar de Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, un peligroso oponente de ‘La Oficina’ (ver la NOTA RELACIONADA: El ocaso del narco más buscado del país).

El segundo es un episodio de extorsión en una finca del corregimiento San José del Nus, en el municipio antioqueño de San Roque.

El tercer y el cuarto hecho por los cuales lo declarán inocente son los homicidios de Juan Guillermo Álvarez Ramírez y Elkin Vladimir Rivera González, acaecidos en 2008 en casos diferentes.

La futura sentencia por concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo partiría de una pena mínima de 26 años y seis meses, según el Código Penal, y el monto se definirá en la audiencia de lectura del fallo, para la cual no hay una fecha definida aún (podría tardar otro mes).

El secuestro en mención sucedió el 28 de enero de 2008 en la ciudad de Barranquilla. La ofendida fue Marcela Socarraz, de acuerdo con el proceso, quien trabajaba en una empresa comercializadora.

‘La Oficina’ al parecer camufló un cargamento de droga en un envío de dicha corporación, el cual fue incautado por las autoridades. Por tal motivo, la banda la responsabilizó, fue raptada y retenida en Medellín durante 33 días, hasta que pagó cerca de 480 millones de pesos por su libertad (luego tuvo el coraje para denunciar).

Junto a Muñoz Martínez será sentenciado su lugarteniente Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, llamado ‘El Compa’, por concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y tráfico de estupefacientes.

Otros dos colaboradores de ‘Douglas’ también pagarán sentencia por su complicidad en el tráfico de estupefacientes (cocaína) y porte ilegal de armas: Sergio Alejandro Salazar y Estefanía Cardona Rendón.

NOTA RELACIONADA: Sacaron a los cabecillas de su zona de influencia.

El Inspector.