En el operativo, con fines de extinción de dominio, resultó salpicado un futbolista profesional. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos dos edificios, ubicados en el centro de Medellín, fueron embargados en el operativo contra los bienes de “la Terraza”. Foto de Esteban Vanegas.

“Estamos ante la extinción de dominio más grande en la historia de Medellín contra una banda criminal”. Así lo aseguró este miércoles 30 de octubre el alcalde Federico Gutiérrez, cuando informó acerca de los 378 bienes y propiedades embargados por el Estado por estar presuntamente vinculadas con “la Terraza”.

Los bienes fueron avaluados en más de $400.000 millones y estaban a nombre de los cabecillas “Chicho”, “Pichi Gordo”, “Guasón”, “Andrés el Cerdo” y “Keiler”, familiares suyos y testaferros. El operativo que permitió dar este golpe fue bautizado como Amonet y fue desplegado tras seis meses de investigación por parte de la Fiscalía y la Dijín (NOTA RELACIONADA: “Chicho” vuelve a prisión y “la Terraza” sigue activa).

Las rentas criminales, producto de homicidios, extorsiones, desplazamientos, narcotráfico y otras actividades delictivas, permitieron a estructura la adquisición de 340 inmuebles, 17 vehículos, 14 establecimientos comerciales y siete sociedades.

“No se trata solo de capturas, sino ir detrás de la plata de las estructuras. Esto sí que les duele”, expresó el mandatario y agregó que el operativo puede animar a las víctimas para que denuncien contando cómo les fueron arrebatadas sus propiedades, que al final pasan a pertenecer a los jefes de las estructuras, en algunos casos con procedimientos ilegales en notarías.

Entre bienes embargados destacan cuatro edificios en el sector El Hueco del centro de Medellín, dos de ellos de 16 pisos y uno a una cuadra de la estación de Policía de La Candelaria. Estos inmuebles, que fueron sellados este miércoles, pasarán a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Los demás son 127 bodegas, 91 parqueaderos, 82 locales comerciales, 17 apartamentos, 14 lotes, 6 casas, 2 chalets y una finca. En locales comerciales hay 4 empresas de inversiones de bienes inmuebles, 3 boutiques, 2 peluquerías, una ferretería, una comercializadora de belleza, una empresa textil, una droguería y un polígono de tiro deportivo, este último propiedad del futbolista antioqueño Andrés Felipe Cadavid Cardona.

Fachada del establecimiento El Viejo Oeste, en el barrio Los Colores, occidente de Medellín. Foto de cortesía.

En sociedades se ocuparon 6 compañías de servicios inmobiliarios y de construcción y una comercializadora de cosméticos; 375 de los bienes están en Antioquia (Envigado, Copacabana, Bello y San Jerónimo), otros dos en Magdalena y uno más en Atlántico.

El primer paso fue el embargo, luego sigue interponer la demanda de extinción de dominio ante el juez (la Fiscalía tiene un plazo de seis meses para hacerlo). El veredicto podría durar hasta cinco años, según los antecedentes.

“Los golpes los vamos a seguir dando hasta el último día de gobierno. Espero que el próximo alcalde no pare esta lucha contra las bandas criminales, porque hay que liberar a Medellín de estas mafias”, sentenció el alcalde Gutiérrez.

UN FUTBOLISTA SALPICADO CON LOS EMBARGOS

“Andrés Cadavid no tiene nada que ver con la banda ‘la Terraza’”, aseveró Mauricio Beltrán, abogado de ese futbolista, en respuesta a esta operación con fines de extinción de dominio, en la que las autoridades incluyeron tres bienes del jugador.

El informe de la Fiscalía indicó que “los bienes eran usados por ‘la Terraza’ como estrategia para evadir la acción de las autoridades y dar apariencia de legalidad a los recursos producto de sus crímenes”.

Y en la lista de posesiones afectadas aparecen un carro, una camioneta Ford Edge y el establecimiento El Viejo Oeste, en el cual se ofrece el servicio de polígono, cursos para el manejo de armas de fuego y venta de accesorios de tiro y caza deportiva. Estos tres bienes pertenecen a Cadavid, futbolista profesional vinculado actualmente al club Deportivo Independiente Medellín.

La camioneta embargada a Cadavid fue presentada por las autoridades, en el marco de la operación contra los bienes de “la Terraza”. Foto de Esteban Vanegas.

El abogado Beltrán criticó la manera en que las autoridades presentaron el caso ante los medios de comunicación, pues a su juicio mezclaron expedientes diferentes.

“El embargo (de los dos vehículos y la compañía) fue la semana pasada, y la Alcaldía revolvió una cosa con la otra. Ese embargo, que es una medida administrativa, fue solicitado por la Fiscalía en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en el Ejército con el tema de los salvoconductos; en esa investigación se menciona a El Viejo Oeste, y por eso tomaron esta medida cautelar. Pero no tiene nada que ver con ‘la Terraza’”, declaró el jurista.

A mediados del presente año estalló un escándalo sobre presunta corrupción en el Ejército, relacionado con irregularidades en la contratación y la supuesta existencia de una red de militares corruptos que manipulaban la venta de armas y la expedición de permisos especiales para el porte, con el propósito de favorecer a las bandas criminales, entre ellas “la Terraza” (ver la NOTA RELACIONADA: Jefes de bandas, con permisos para portar armas).

La investigación, que está en etapa de indagación preliminar en la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Contrainteligencia Militar, puso la lupa en la Dirección de Control Comercio de Armas (DCCA) y la Cuarta Brigada, por hechos ocurridos en 2016 y 2017. Una de las hipótesis de las agencias de seguridad es que en esa red estarían involucrados establecimientos de tiro deportivo y polígono, al parecer favorecidos con permisos y licencias firmados por los uniformados sospechosos. Fue en ese contexto en el cual las fuentes de los investigadores mencionaron a El Viejo Oeste.

Para el momento de esos hechos, la empresa ubicada en el barrio Los Colores de Medellín, a una cuadra del comando de la Cuarta Brigada, pertenecía a dos socios: Andrés Cadavid y Alexánder Giraldo Santa.

La compañía apareció de nuevo mencionada en una investigación judicial el 22 de mayo de 2018, cuando en las afueras del local unos sicarios hirieron a bala a Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”), cabecilla “la Terraza” y uno de los perjudicados con el decomiso de bienes en la reciente Operación Amoret. En ese ataque, una esquirla de proyectil lesionó en un pie a un administrador del polígono (ver la NOTA RELACIONADA: Ataques contra cabecillas agitan el bajo mundo de Medellín).

Y el siguiente 12 de agosto en el municipio de Bello, mataron a los dos escoltas de Giraldo Santa, el socio de El Viejo Oeste. A raíz de lo sucedido, él le vendió sus acciones a Cadavid y salió de la ciudad.

En entrevista con El Colombiano, el pasado 29 de julio, el futbolista declaró: “Yo no conozco a ese señor (‘Chicho’). Esos hechos no fueron adentro del negocio, por eso a mí ni siquiera me llamaron de la Fiscalía esa vez”.

Añadió que los militares nunca le pidieron sobornos para tramitar las licencias de funcionamiento de la empresa y reiteró: “Yo soy un hombre de bien. Mis actuaciones están a la vista de la gente, todos saben lo que hago, cuándo entreno, cuándo viajo. En ningún momento me han llamado de la Fiscalía, pero no tengo nada que esconder”.

Respecto a la indagación preliminar sobre la trama de corrupción de los militares, el abogado Beltrán precisó que el ente acusador no ha vinculado a su cliente como persona natural, “eso está cerrado, él no está involucrado ni como imputado ni como testigo. Pero la Fiscalía quiso tomar esas medidas cautelares sobre la sociedad comercial, mientras avanza en el caso”.

Luego del embargo de los dos vehículos y del establecimiento, la Fiscalía tiene seis meses para decidir si interpone o no una demanda de extinción de dominio ante un juzgado. “Andrés tiene derecho al debido proceso, vamos a demostrar que esos bienes los consiguió de manera legal con el dinero que ha ganado como futbolista”, acotó Beltrán.

El jurista también emitió un comunicado en el cual reiteró que en las bases de datos de la Fiscalía no figuran anotaciones ni procesos penales contra el deportista y le solicitó al Alcalde de Medellín “que rectifique la información fuera de contexto que entregó a los medios de comunicación, donde señaló a mi cliente como parte de una estructura criminal y testaferro de la misma, además de mencionar que se encontraba capturado”.

Hasta el momento Cadavid no se ha pronunciado acerca de esta situación. Está en concentración para el primer partido de la final de la Copa Colombia, este sábado, contra el Deportivo Cali.

NOTA RELACIONADA: “Guasón” salió de las sombras y cayó a prisión.

El Inspector.

Jhon Fredy Yepes Hoyos, de 38 años y apodado “Clemente” o “el Loco”, se movilizaba en una camioneta Toyota Prado por el municipio de Envigado. Iba en compañía de una modelo fitness —su actual pareja— y su pequeña hija.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El comerciante Jhon Fredy Yepes aseguró que él no era “Clemente”. Su defensa tendrá que demostrarlo ante el juez. Foto cortesía de la Policía Metropolitana.

Las patrullas lo interceptaron a las 7:00 a.m. del martes 11 de junio en la vía Las Palmas, en cercanías al sector La Fe, limítrofe con El Retiro. La Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada había emitido una orden de arresto por concierto para delinquir agravado, la cual le fue notificada por los agentes de la Sijín, que le incautaron $8 millones en efectivo y tres celulares.

Al confirmarse la detención, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, felicitó por redes sociales a la Fuerza Pública y catalogó a “Clemente” como uno de los principales cabecillas de “la Oficina”.

Mientras esto sucedía, Yepes era transportado en una tanqueta escoltada a la sede de la Sijín, en el barrio Caribe. Se aferró a un escapulario y en varias ocasiones les dijo a los policías que se habían equivocado, que él no era ese personaje, sino un comerciante sin problemas con nadie.

CARRERA DELINCUENCIAL
De acuerdo con la investigación de la Policía y la Fiscalía, “Clemente” comenzó a surgir en el bajo mundo en 2008. Lo señalan de trabajar para jefes históricos de “la Oficina”, como “Rogelio” y “Sebastián”.

Su papel en la organización era, supuestamente, el lavado de activos, cobro de deudas y administración de las finanzas, producto del narcotráfico, extorsión y secuestros.

De manera paralela, manejaba inversiones legales, que le permitieron convertirse en propietario de algunos establecimientos comerciales en Medellín.

Los sucesivos golpes contra la estructura, debido a capturas, extradiciones, condenas y asesinatos, allanaron el camino para su ascenso a la cúpula.

En la actualidad, “la Oficina” está dividida en dos bloques: uno es liderado por Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”) y el otro por José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), quienes a juicio de las autoridades gobiernan esta empresa criminal desde la prisión.

“Clemente”, al parecer, eligió sumarse a la coalición de “Tom”, junto a bandas de alto poder delincuencial como “los Chatas”, “Caicedo”, “los Triana”, “Clan Osorio”, “San Bernardo” y “Picacho”, las cuales tienen injerencia en Bello, Barbosa, Copacabana y Girardota; y en las comunas medellinenses de Santa Cruz, Popular, Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria, Doce de Octubre, Castilla, Robledo, Guayabal, Belén y El Poblado.

Esta confederación, que la Policía denomina “Cuerpo Colegiado de la Oficina”, tendría influencia en el 40% de los 350 combos del Valle de Aburrá; un 30% estaría a órdenes de la línea de “Douglas”, denominada “Alianza de Estructuras Criminales”; 20% patrocinados por el “Clan del Golfo” y 10% son facciones independientes.

Fuentes de Inteligencia aseveran que, presuntamente, “Clemente” sería uno de los delegados de la organización para los negocios con mafias internacionales, en especial con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, con cuyos representantes se habría reunido dos veces el año pasado en Medellín y Sabaneta.

El general Óscar Atehortúa, director la Policía, indicó que también sostenía juntas de narcotráfico en la Costa Atlántica, al parecer para acordar los detalles del envío de drogas a Centroamérica, México y Estados Unidos.

En los últimos seis meses, diez agentes de la Sijín se dedicaron a seguirlo. Constataron que solía desplazarse en tres carros y que en ese tiempo cambió tres veces de residencia, una de ellas valorada en $2.000 millones.

Así representan las autoridades los golpes dados a esta línea de “la Oficina”, liderada por “Tom”. Cortesía de la Alcaldía de Medellín.

IMPORTANCIA DE LA CAPTURA
El caso de Yepes fue presentado anoche en Bogotá, por el presidente Iván Duque, quien declaró que “la captura de ‘Clemente’ es otro logro en la lucha contra el narcotráfico”.

Claudia Carrasquilla, jefa de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, explicó que esta detención “es importante porque él es el encargado del manejo financiero del ‘Cuerpo Colegiado de la Oficina’” y añadió que bajo su autorización se habría financiado a combos de la comuna 13, como “la Agonía”, cuya violenta disputa contra sus enemigos ha dejado 49 muertos desde 2018.

En las cuentas de la Policía, el sospechoso tendría acceso a rentas ilícitas semanales cercanas a los $1.200 millones y anuales por $57.600 millones.

Hoy será presentado ante el juez de control de garantías, en el Palacio de Justicia de Medellín, donde su defensa podrá controvertir los argumentos de la Fiscalía.

NOTA RELACIONADA: Alcaldía ofrece $50 millones por cabecillas de “la Terraza” y “Robledo”.

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ANEXO: AFECTACIONES A LA COALICIÓN DE “TOM”

De acuerdo con el organigrama elaborado por la Policía, la coalición de “Tom” dentro de “la Oficina” ha perdido a 17 cabecillas desde 2016.

Entre los capturados figuran, además del mismo “Tom”, personajes de alto perfil criminal como “Lindolfo”, “Elkin Triana”, “Vallejo”, “Diego Chamizo”, “Queso”, “Pichi Belén” y los expolicías “Barbosa” y “Mauricio el Grande”.

En la actualidad, según fuentes judiciales, las riendas del grupo en la calle estarían a cargo de “Jonás”, la mano derecha de “Tom”, quien salió de la cárcel el mes pasado.

El Inspector.

De acuerdo con las pesquisas adelantadas por la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado, Toro Castaño es señalada de utilizar la ONG, presuntamente, como fachada para movimientos financieros de la banda que delinque en las comunas 3 y 4 (Manrique y Aranjuez) de Medellín.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este fue el momento de la captura de Mara Toro, en la sede de su ONG. Foto cortesía de la Policía.

Los policías la arrestaron en la mañana de este martes 25 de abril, en la sede de la corporación ubicada en el barrio Villa Guadalupe, en cumplimiento de una orden judicial. La mujer será procesada por el cargo de concierto para delinquir y falsedad en documento público; su audiencia de control de garantías está programada para esta tarde.

Según el informe policial, “contaba con una cédula y una tarjeta profesional de abogado falsas, que utilizaba para ingresar a los reclusorios y rendir cuentas a sus jefes”. Añade el documento que dichas reuniones en las cárceles serían con cabecillas como alias “Pichi Gordo”, “Barny”, “el Saya” y “Kener”.

Mara Toro, indicaron fuentes judiciales, es la cónyuge de Elkin Fernando Arroyave Cárdenas, alias “Vikingo”, un mando medio de “la Terraza”, quien se entregó a las autoridades el año pasado y fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por concierto para delinquir y desplazamiento forzado (ver la NOTA RELACIONADA: Banda “la Terraza” busca beneficios con entregas de sus miembros).

La directora de la ONG también es hermana de Juan Fernando Toro Castaño, apodado “Fresita” o “Juanfer”, un antiguo cabecilla de la facción, quien fue asesinado en 2011.

La Corporación Guadalupe Social fue fundada en 2009 y desarrolla programas sociales en la zona nororiental de Medellín, por medio de una escuela infantil de fútbol, un comedor comunitario, una asociación de alistadores de buses y jornadas con adultos mayores, entre otros proyectos que incluso han contado con recursos del Presupuesto Participativo de la Alcaldía.

NOTA RELACIONADA: Julio Perdomo será recluido en la cárcel de Cómbita.

El Inspector.

Óscar Mauricio Ramírez Jaramillo, apodado “Mao Tatuajes”, sería, al decir de fuentes judiciales, presunto integrante del ala financiera de la organización ilegal “la Oficina”, aunque para el resto de la sociedad era un criador de ganado y equinos de raza, y amante del fútbol, negocio en el cual también invertía dinero desde sus tiempos de amistad con el hoy fallecido Gustavo Upegui, el expresidente de Envigado F.C.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El ganadero y criador de caballos Óscar Mauricio Ramírez, apodado “Mao Tatuajes”. Foto de cortesía.

Su deceso ocurrió en la madrugada de este domingo (25 de enero), cuando el hombre de 44 años regresaba desde el municipio de Rionegro, adonde había asistido a la 39a Exposición Equina ExpoOriente y departido con otras personas en un bar de la vereda Llanogrande.

“Él siempre andaba en un vehículo blindado, pero no lo hizo esa noche”, narró el alcalde de Envigado, Héctor Londoño, tras recibir el informe preliminar de la Policía.

Las pesquisas iniciales sugieren que su esposa partió antes en el carro blindado, y que Ramírez lo hizo horas después en un auto Renault Clio convencional, en compañía de otras dos mujeres, amigas de su cónyuge.

En el kilómetro 14 + 860 de la Vía Las Palmas, registró la Policía Metropolitana, descendió del automotor porque no se sentía bien y quería vomitar. En ese instante, a las 2:45 a.m., aparecieron sicarios a bordo de dos motocicletas de alto cilindraje y le dispararon, impactándolo en la cabeza.

Los mercenarios huyeron y las muchachas trataron de auxiliarlo, pero ya había fallecido. Pidieron asistencia a los vehículos que a esa hora bajaban por el Alto de Las Palmas, y dos motociclistas las socorrieron y les ayudaron a llamar a la Policía. La diligencia judicial de levantamiento a cadáver finalizó antes de que saliera el sol.

Las fuentes judiciales señalaron a EL COLOMBIANO que “Mao Tatuajes” había retornado a Colombia hacía más de una década, después de pagar cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

Hace cuatro años sobrevivió a un atentado en las afueras de un gimnasio de Medellín, en el que recibió una herida de bala en el pecho.

Ramírez carecía de orden de captura y antecedentes judiciales en Colombia, por lo cual actualmente se movilizaba con tranquilidad por las calles. “El informe que tenemos es que se trataba de un ganadero que vivía en Medellín. Hace unos años sobrevivió a un atentado”, señaló el alcalde Londoño.

Tenía dos hijos y era padrastro de una más. Su esposa, con la cual se había casado recientemente, es abogada y se desempeña como juez laboral.

Hace tres meses fue sorprendido en una requisa de la Policía junto a una discoteca del municipio de Itagüí, cuando portaba un arma de fuego con salvoconducto vencido. “Salió airoso de la situación porque, al parecer, un amigo que lo acompañaba les dijo a los policías que el arma no era de “Mao”, sino de él, y asumió la responsabilidad”, relató un investigador de la Fiscalía, quien solicitó la reserva de su identidad.

Extraoficialmente, se ha dicho que “Mao Tatuajes” sería integrante del ala financiera de “la Oficina”, con supuestos nexos con el cartel mexicano de Sinaloa para el tráfico de narcóticos.

Dos de sus presuntos socios dentro de la organización fueron asesinados a tiros en los dos últimos años: Jorge Pérez Marín (alias “Morro”) y Wilmar Metaute (“Pichi Calvo”).

Tal parece que dentro de la mafia criminal hay un imperativo por borrar del mapa a ese grupo de socios, orquestado por cabecillas de la misma estructura. Por sus muertes, sin embargo, no hay una sola orden de captura expedida.

NOTAS RELACIONADAS: La muerte le puso una cita a “Pichi Calvo” y Una carta habría desatado la masacre de Envigado.

El Inspector.

Se trata del capitán retirado del Ejército, Johan Arenas Rúa, quien en la mañana de este martes (noviemnre 11) fue presentado por las autoridades como el jefe de finanzas de la banda en las subregiones antioqueñas del Nordeste, Magdalena Medio, Occidente y Valle de Aburrá. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El capitán (r) Johan Arenas aceptó la culpa en el estrado y ahora espera la sentencia. Cortesía Policía Antioquia.

Hasta 2008, Arenas fue un oficial con una hoja de vida impecable, con más de 13 años en la Institución. Esto lo llevó a integrar el Batallón de Infantería N°37 Guardia Presidencial desde 2006, el cual custodia las sedes del poder Ejecutivo y Legislativo en Bogotá, entre ellas el Palacio de Nariño.

Como miembro de dicha unidad militar, protegía no solo al Primer Mandatario de Colombia, sino a los familiares que vivían con él en la sede presidencial.

El 16 de agosto de 2007, durante un acto público por la conmemoración del aniversario N°79 del citado batallón, el presidente Álvaro Uribe Vélez valoró “el esfuerzo de ustedes por cuidar a quienes trabajamos en las instalaciones de la Casa de Nariño, de estos edificios públicos adyacentes, por cuidar a mi familia, por cuidarme a mí. Muchas gracias, son detalles de la vida democrática que tocan el fondo del alma”.

Acto seguido, el Jefe de Estado impuso condecoraciones a nueve miembros de la Guardia, incluyendo al capitán Arenas, quien recibió una medalla en el grado Mérito Militar.

Al final de su discurso, Uribe Vélez resaltó la gratitud hacia estas personas e hizo énfasis en que “aquí cumplen una tarea, la de apoyar un designio, una patria sin terrorismo guerrillero, sin terrorismo paramilitar. Una patria sin narcotráfico. Una patria sin corrupción. Una patria que con la entereza de la fuerza pública, la firmeza del Gobierno, el seguimiento de todos a la Constitución, el valor de sus armas, haga que las nuevas generaciones vivan felices en su suelo”.

Sin embargo, el camino que tomaría luego este oficial, traicionaría ese sueño.

DE OFICIAL CONDECORADO A CABECILLA DE BANDA
En 2008 Arenas se retiró de las Fuerzas Armadas y se dedicó a la vida civil, presuntamente como empresario del gremio de taxis. Su camino volvió a cruzarse con las autoridades cuatro años más tarde, aunque esta vez del otro lado de la ley.

Capitán (r) Johan Arenas Rúa. Cortesía.

En un operativo de la Policía en el municipio antioqueño de Remedios (24/7/12), perdió la vida Jorge Iván Arboleda, el líder de “los Urabeños” en la subregión del Nordeste.

Los investigadores judiciales que lo seguían comenzaron a buscan a sus socios y así emergieron dos apodos: “Marcos” y “el Capi”. El poder lo asumió el primero de ellos, de nombre John Jairo Restrepo, pero también fue dado de baja en otro operativo (16/2/14) en el municipio de Maceo.

Los agentes continuaron el seguimiento y determinaron que, tras esta última muerte, se incrementó el poder de “el Capi”, al punto que la organización criminal le encomendó el manejo de las finanzas en el Nordeste, el Magdalena Medio, el Valle de Aburrá y el Occidente, según el relato del coronel Ramiro Riveros, subcomandante de la Policía Antioquia.

Incluso, añadió el oficial, “coordinaba cargamentos de cocaína por vía marítima hacia Centroamérica”.

El ascenso en la estructura llevó a este personaje a trabajar con el jefe político del grupo: Albeiro Feo Alvarado, alias “Benavidez”. Con su intermediación, “el Capi” ganó más vuelo y comenzó a extender sus redes en el área metropolitana.

El CTI de la Fiscalía y la Policía enfocaron sus esfuerzos en descubrir quién era este hombre misterioso, que en tan poco tiempo había cobrado tal importancia en el bajo mundo.

El cerco empezó a cerrarse con la captura de su patrón “Benavidez” en Tolima, el pasado 28 de septiembre (ver la NOTA RELACIONADA: Capturan a “Benavidez”, supuesto político y negociador de “los Urabeños”).

Aunque “el Capi” ya manejaba un bajo perfil, le tocó reducir sus acciones. No obstante, ya las autoridades lo habían identificado: era Johan Arenas Rúa, aquel valeroso capitán conmemorado por el Presidente de la República.

Investigadores del CTI adscritos a la Dirección de Policía Judicial contra el Crimen Organizado, en equipo con la Fiscalía, lograron expedirle una orden de captura por concierto para delinquir agravado. Al trabajo se sumó la Policía Antioquia, logrando ubicar a “el Capi” en la tarde del pasado domingo (noviembre 9), cuando estaba almorzando en un restaurante de la vereda Carrizales del municipio de El Retiro, en la vía a Santuario.

Los policías lo llevaron a la estación local para verificar sus antecedentes y hasta allá se desplazaron los agentes del CTI para notificarle el arresto.

Esa misma noche la Fiscalía 22 de la Dirección contra el Crimen Organizado solicitó el allanamiento a un apartamento del Edificio Punta Luna, en el barrio Calasanz de Medellín, el cual presuntamente era utilizado como “oficina” por la banda. Allí incautaron 7.3 millones de pesos, celulares y equipos de cómputo.

Este lunes (noviembre 10) “el Capi” fue presentado ante el Juzgado Tercero Penal Ambulante de Antioquia, donde aceptó el cargo de concierto para delinquir agravado que le imputó el ente acusador. Le dictaron medida de aseguramiento y lo enviaron a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, según fuentes cercanas al caso.

De esta manera va llegando el ocaso en la carrera de Arenas Rúa, al pasar de protector de altos funcionarios, a custodio de los dineros de la mafia.

El Inspector.