Se trata de Carlos Alejandro Mejía Pineda, alias “Queso” o “Pálido”, uno de los máximos líderes de “Caicedo”, una confederación de combos con injerencia en las comunas de Buenos Aires, Villa Hermosa, La Candelaria y San Javier. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Alejandro Mejía Pineda, alias “Queso” o “Pálido”, fue capturado en Sabaneta. Foto cortesía de Policía.

La Dijín y la Sipol de la Policía lo detuvieron el pasado 25 de julio, en el marco de la llamada Operación Alfa, cuando se movilizaba por una vía del sector La Doctora en el municipio de Sabaneta, en un carro de alta gama. En contra había una orden de captura por concierto para delinquir agravado y lesiones personales.

En su reporte del caso, la Policía consignó que el delincuente administra cerca de $3.000 millones mensuales, “producto del tráfico de estupefacientes, extorsión al sector residencial, comercial y transporte”. Además, que “orientaría la materialización de homicidios de venezolanos que estarían incidiendo en actividades delictivas en sus zonas de influencia”.

A eso se suma un extenso prontuario, debido a una trayectoria delincuencial de más de 25 años, en la que fue paramilitar y posteriormente desmovilizado del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sus antecedentes incluyen otra captura en 2017, por la que fue condenado por el cargo de concierto para delinquir.

En el registro a su vehículo le encontraron siete celulares y $20 millones en efectivo, que fueron incautados.

Pese a esto, en la audiencia de control de garantías fue dejado en libertad por el juzgado, el cual consideró que no había elementos probatorios suficientes para mandarlo a prisión de manera preventiva.

La decisión fue mantenida en reserva por las autoridades policiales, que no le encuentran explicación al fallo.

La banda “Caicedo” tiene vocería en la mesa de “paz total” que funciona en la cárcel de Itagüí, a través de Sebastián Murillo Echeverry (“Lindolfo”), uno de los hombres más visibles del proceso de conversaciones con la Casa de Nariño.

En menos de dos meses han sido detenidos con órdenes de captura, y posteriormente liberados en audiencias, seis personas conectadas con la mafia de Medellín al más alto nivel y con delegados de las bandas en esa mesa de paz, lo que está generando suspicacias entre las agencias de seguridad.

Además de “Queso”, en esa lista están Juan Pablo Taborda Samora (“Yordi”), uno de los jefes históricos de “la Terraza”; Diana Olaya y Daniel Muñoz Olaya, esposa e hijo de José Muñoz Martínez (“Douglas”), el principal vocero de dicha mesa y jefe de “la Terraza” y “la Oficina”; y Vilma Granados Avendaño y Luisa Rojas Granados, viuda e hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro cabecilla de “la Terraza” asesinado en 2024, y quien era gestor de paz del proceso.

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A estas dos últimas les concedieron el beneficio de la detención domiciliaria, mientras que a los otros tres les otorgaron la libertad, en un expediente por lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

¿A qué se deben estas decisiones, si se supone que la Policía y la Fiscalía llevaban años reuniendo la evidencia? Esa es una de las cuestiones que queda en el aire, y que deja en el ambiente posibles debilidades investigativas de la institucionalidad o presuntas influencias de la mesa de paz en la rama judicial.

En la misma operación contra “Queso” fueron judicializadas otras personas relacionadas con la banda conocida como “Barrios de Jesús”, “los BJ” o “los Chamizos”, uno de los grupos más fuertes de la organización “Caicedo”, que delinque en la parte alta de la comuna de Buenos Aires.

Al cabecilla Jorge Humberto Arroyave Duque (“Copete”), quien está en la cárcel por otros incidentes, le imputaron nuevos cargos por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

De igual manera, por esos mismos delitos, fueron capturados su hermano Juan David Arroyave Duque (“Yiyo”) y su hija Laura Arroyave Jiménez (“la Doctora”).

Esta última, quien en redes sociales figura como abogada, emprendedora e influenciadora, también fue dejada en libertad en la audiencia de control de garantías.

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El Inspector.

Se trata de Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias “el Montañero”, jefe de la organización criminal “el Mesa”, que delinque en Bello, Medellín. Bogotá, Soacha, Boyacá y varias subregiones de Antioquia, en asocio con el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

“El Montañero”, jefe de la banda “el Mesa”, está de nuevo en libertad. Foto de Manuel Saldarriaga.

“El Montañero” había sido transferido el año pasado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí por gestión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Allí se llevan a cabo los diálogos con el Gobierno, junto a los principales jefes de las bandas del Aburrá que participan en ese proceso.

Fuentes del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) le confirmaron a El Colombiano que está libre desde el pasado 14 de marzo.

“El Montañero” había sido capturado el 26 de octubre de 2019 en una finca de Aranzazu, Caldas. Fue condenado a ocho años de cárcel por concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

Esto quiere decir que apenas estuvo preso cuatro años y cinco meses del total de la sentencia, y que un juzgado de control de penas y medidas autorizó su libertad a pesar de tener a cuestas una investigación por homicidio.

El crimen en cuestión ocurrió el 21 de marzo de 2020 en el patio N°2 de la cárcel de Cómbita, en Boyacá. La víctima fue Alejandro Mazo Pulgarín, alias “Titi”, cabecilla de la banda “Pachelly” y acérrimo enemigo de “el Montañero”.

Mazo murió acuchillado en medio de una riña, y “el Montañero” fue el principal sospechoso, según el expediente que abrió la Fiscalía 9° Seccional de Tunja (noticia criminal N°152046300150 202080072).

“El Montañero” es un viejo conocido del sistema judicial en Colombia. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá ya lo había condenado a 26 años y ocho meses de prisión por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, tentativa de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso privativo.

NOTA RELACIONADA: A “el Montañero” no le sirvió el disfraz contra las autoridades.

La sentencia fue por liderar un asalto a un camión de transporte de valores en 2003, en el barrio Las Flores de Bogotá, en el que fue asesinado un policía de la Sijín. A pesar de esto, apenas estuvo nueve años preso y regresó a la calle en 2013.

Retomó las riendas de “el Mesa”, una organización que cuenta con unos 300 integrantes, dedicados al narcotráfico, el sicariato, la extorsión, lavado de activos, desplazamientos forzados, secuestros y desapariciones.

Una de las maneras en las que suele evadir la justicia, según fuentes judiciales, es mediante el cambio de identidad. En los registros de la rama judicial figura en expedientes penales con tres nombres: Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez, Juan Camilo Hernández Berrío y Gustavo Adolfo Pérez Peña. Con este último fue que obtuvo su libertad.

Por su influencia en el mundo criminal fue llamado a ser vocero de paz en la mesa de paz del Gobierno y las bandas del Valle de Aburrá.

Hasta ahora el Gobierno ha guardado silencio sobre esta libertad, y acerca de la manera en que seguirá participando en el proceso, dado que los demás voceros cumplen con la condición de estar reunidos en la cárcel de Itagüí.

NOTA RELACIONADA: Los voceros de las bandas del Valle de Aburrá en la mesa de “paz total”.

El Inspector.

En diciembre, de acuerdo con el reporte del Inpec, la justicia le concedió la detención domiciliara a Juan Carlos Castro, alias “Pichi Belén”, señalado por las autoridades de ser uno de los máximos cabecillas de la organización criminal “la Oficina” y a su vez líder de la banda “San Bernardo”, que delinque en la comuna 16 de Medellín (Belén).

Este es el análisis realizado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”) tiene una condena de nueve años de cárcel por concierto para delinquir agravado. Foto cortesía de la Policía.

Castro fue capturado el 19 de agosto de 2018 en una cabaña de Tolú (Sucre), hecho que fue ampliamente celebrado por la Alcaldía de Medellín y la Policía, al considerarlo un golpe demoledor contra la mafia. Hicieron énfasis en sus antecedentes, que incluyen una condena de 1997 a 18 años por homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y falsedad material en documento público (radicado 0500131040131997-04077).

Al terminar de pagar esa pena en 2017, volvió a sus andanzas y lo detuvieron al año siguiente, tal cual se indicó. El 15 de marzo de 2019 fue condenado –otra vez– por concierto para delinquir agravado, en un fallo emitido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín.

La nueva pena fue de seis años, tras haber hecho un preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, solo estuvo dos años y cuatro meses tras las rejas, obtuvo beneficios por buen comportamiento y estudio y ahora disfruta de la detención domiciliaria.

NOTA RELACIONADA: “Pichi Belén” cayó sin llegar a ser el capo que pretendía.

La misma circunstancia favoreció a otro jefe de “la Oficina” y de la banda “Picacho”: Carlos Mauricio Soto Isaza, alias “Soto”. La Policía lo capturó el 22 de marzo de 2017 en el barrio La Colina, de Medellín, luego de que en un consejo de seguridad el entonces alcalde, Federico Gutiérrez, solicitara la priorización de este arresto a la Fuerza Pública.

El Ministerio de Defensa publicó en su cuenta de Twitter que era “el segundo cabecilla de la autodenominada ‘Oficina de Envigado’, es uno de los principales responsables del microtráfico y la extorsión en el Valle de Aburrá”.

Su defensa firmó un preacuerdo con la Fiscalía y el 1 de agosto de 2017 fue condenado a nueve años por concierto para delinquir agravado, por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín. No obstante, solo pasó encerrado tres años y cuatro meses, y el pasado diciembre también le otorgaron la domiciliaria.

“Soto” y “Pichi Belén” se suman a una lista de cabecillas de alto perfil condenados que, en tiempo de pandemia, salieron de la penitenciaría por diferentes circunstancias procesales, obteniendo la libertad condicional o la llamada casa por cárcel: Julián González Vásquez (“Barny”), John Ricardo Palacio Adarve (“Richard” o “Rayo”) y Juan Pablo Taborda Zamora (“Yordi”), de “la Terraza”; así como Elkin Triana Bustos (“el Patrón”), de “los Triana”; entre otros.

NOTA RELACIONADA: “Soto” pidió perdón y pagará 9 años de cárcel.

Juan Carlos Castro (“Pichi Belén”) tiene una condena por concierto para delinquir y otra por homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y falsedad en documento. Foto de Carlos Velásquez.

REINCIDENCIA
Uno de los temores con la excarcelación de estos personajes, es que se reactiven las disputas entre combos delincuenciales, tal cual ocurrió en Bello entre 2019 y 2020, cuando el índice de homicidios se incrementó hasta en 145%.

Los protagonistas de esa guerra ya habían cumplido penas carcelarias, y al salir, presuntamente, trataron de reclamar antiguos negocios y cobrar venganzas pendientes: Luis Rodríguez Rodriguez (“el Montañero”), de la banda “el Mesa”; Francisco Mazo Pulgarín (“Pocho”) y Albert Henao Acevedo (“Alber”), de “Pachelly”; y Édgar Pérez Hernández (“el Oso”), de “Niquía Camacol”. Hoy todos están encarcelados de nuevo, con excepción de este último, quien murió por un ataque cardiaco en la cárcel Picaleña de Ibagué (abril 6 de 2020).

Un fenómeno parecido se registra actualmente en Castilla, la comuna del noroccidente de Medellín que tuvo un aumento del 24% en los asesinatos en 2020 (comparado con 2019), según la Administración municipal.

Allá la Policía ha reportado una disputa entre “los Mondongueros” y “los Machacos”, dos estructuras aliadas anteriormente; como presunto líder de la primera está Frank Salazar (“Chichón”), y de la segunda Wilmar Mejía (“Dólar”), ambos en libertad después de pagar sendas condenas por concierto para delinquir, y quienes de nuevo aparecen en los carteles de los más buscados de la ciudad.

Según la estadística del Inpec, de los 97.728 internos del país, 22.627 son reincidentes, es decir, el 23.15%.

En el top 5 de delitos con mayor reincidencia, de acuerdo con esa institución, están el hurto, tráfico o porte de estupefacientes, homicidio, concierto para delinquir y tráfico o porte ilegal de armas.

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EL DEBATE
La ley colombiana señala que una de las funciones de la cárcel es resocializar a los detenidos, aunque casos como los mencionados, en los que un cabecilla regresa a la delincuencia provocando oleadas de violencia, generan inquietud en Medellín. ¿Qué estrategia debería asumir el Estado para evitar esa situación? ¿Es necesario diseñar un plan especial para ellos?

El abogado Michel Pineda, presidente de la corporación Compromiso Colombia, enfatizó en que la ley no establece ninguna diferencia entre un excarcelado convencional y los llamados “capos”: “Se asume que cuando cumplan ciertos requisitos, pueden obtener la libertad y la oportunidad de reincorporarse a la sociedad”.

Desde su perspectiva, el Estado debe asumir un cuestionamiento de fondo sobre las causas que llevan a las personas a delinquir.

“Desde el punto de vista de las políticas oficiales, valdría la pena que se revisara la actuación de algunos funcionarios, que les suben el perfil a algunos delincuentes solamente para acceder a las recompensas”, aseveró.

En lo que tiene que ver con la resocialización, Pineda comentó que el Estado debería hacer una mayor inversión en programas de formación y creación de empresas para los pospenados, de modo que puedan hallar más fácilmente un trabajo legal, “porque estas son las cosas que generan la paz”.

Una visión diferente expuso Claudia Carrasquilla, exdirectora de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada y asesora en temas de seguridad. “Lo más posible es que estos cabecillas nunca dejen de delinquir. El Estado debe diseñar un programa de seguimiento especial para estas personas, a través de los organismos de Inteligencia”.

Ampliando su idea, propuso que lo ideal es que las agencias de seguridad tengan un canal de comunicación más activo con el Inpec, que genere alertas cuando alguno de estos personajes esté por salir de la cárcel. Esto ya se aplica en algunas ciudades en las que hay un fuerte trabajo interinstitucional, como Medellín.

“Lo otro es establecer una norma que permita a las autoridades hacer un monitoreo de las finanzas, actividades comerciales y movimientos de esos cabecillas recién salidos de prisión, y de sus familias. Si bien es cierto que se debe garantizar esa libertad, ha habido muchos casos de gente que vuelve a delinquir”, precisó.

El académico Andrés Rico, docente de la facultad de Ciencias Políticas de la U.P.B., propuso una estrategia intermedia, que incluya programas sociales, pero también vigilancia gubernamental.

“El problema con los cabecillas es el factor económico, muchos de ellos siguen percibiendo rentas ilícitas durante su estancia en la cárcel, y al salir simplemente continúan el negocio”, acotó.

Agregó que “el Estado debe brindarles herramientas para ayudarles en la resocialización, porque el sistema penitenciario no tiene esa capacidad por sí solo. Esa estrategia debe tener un fuerte componente psicosocial, pero eso sí, estos programas no pueden ser voluntarios, sino de carácter obligatorio, para garantizar que sí cumplan los pasos de la reintegración. Esto debe acompañarse de un Estado vigilante, que aunque para muchos ciudadanos es algo indebido, en estos casos se requiere saber qué están haciendo los cabecillas”.

NOTA RELACIONADA: “El Patrón” y los cabecillas excarcelados sin pagar ni media condena.

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ANEXO: UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
El Departamento de Policía de Kansas City, en el estado de Missouri (EE.UU.), participa en un proyecto especial denominado KC NoVa (Kansas City No Violence Alliance), una alianza entre varias instituciones (gubernamentales, civiles y agencias de seguridad) para reducir la violencia en el área urbana de esa ciudad.
Entre las estrategias de KC NoVa, hay una lista de delincuentes peligrosos que están en libertad condicional o a punto de salir de la prisión. Un integrante de este programa, el cual conversó con El Colombiano, detalló que “un funcionario le hace una visita a esa persona de la lista, y nos aseguramos que tenga un plan de vida para después de la cárcel. Si no lo tiene, buscamos brindarle apoyo con las instituciones que hacen parte de la alianza”.

El Inspector.

Fuentes del Inpec confirmaron  que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga envió la solicitud este lunes 16 de diciembre a la cárcel de Girón, Santander, donde se encuentra el interno pagando una sentencia de 16 años y cuatro meses por concierto para delinquir, tráfico de armas y uso de documento falso. Esta es la reseña de lcaso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En un allanamiento a un apartamento de “Frank” en Envigado (2012), la Policía decomisó estos fusiles FN Herstal de fabricación belga. Fotos de archivo de la Policía.

Al recibir el requerimiento, el Inpec inició una búsqueda en las bases de datos, encontrando que Vargas no tiene más procesos activos en otros juzgados, razón por la cual en las próximas horas le notificarán la libertad condicional.

Estuvo tras las rejas siete años, al parecer logrando rebajas en el tiempo de pena por buen comportamiento y estudio.

“Frank” fue cabecilla de “la Oficina” entre 2008 y 2012, durante uno de los periodos más violentos en la historia reciente del Valle de Aburrá. En ese entonces, luego de la extradición a EE.UU. del fundador Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), la organización que controlaba a todas las bandas de la región sufrió una fractura interna.

Se conformaron dos bandos, cada uno buscando heredar el trono de la estructura: de un lado, el capo Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”) con sus ejércitos privados; y del otro, los hermanos Ericson y Franklin Vargas Cardona, en coalición con otros jefes de la mafia como Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y Felix Isaza Sánchez (“Beto”).

La confrontación incluyó a casi todas las bandas del área metropolitana, aliadas con una y otra facción, y las autoridades calculan que esos choques fueron los responsables de por lo menos el 80% de los 7.000 asesinatos perpetrados en Medellín en esos años.

Ver la NOTA RELACIONADA: ¿Y quién responde por los muertos de “la Oficina”?

ANTECEDENTES

“Frank” fue capturado por la Policía el 17 de febrero de 2012, en un centro comercial de El Poblado, y al momento de la detención portaba una cédula falsa. En los allanamiento a dos de sus propiedades en Medellín y Envigado le encontraron tres fusiles, una pistola, municiones de distintos calibres, 486 millones de pesos en efectivo, 5.000 dólares y 4.000 euros.

Ver la NOTA RELACIONADA: Cayó “Frank” con armas, millones y mucho sigilo.

El 6 de marzo siguiente, en una inspección a uno de sus carros (un automóvil Seat), los investigadores encontraron una sofisticada caleta que se abría con comando de voz. Escondía un fusil AK-47, tres pistolas más, un revólver, proveedores y municiones.

Las autoridades relataron que la organización de “Frank” estaba involucrada en la importación de armas de última generación, como la pistola FiveSeven y el subfisul FN Herstal, diseñados en Bélgica para perforar chalecos blindados.

Ver la NOTA RELACIONADA: Descubren nueva caleta de alias “Frank”.

El 11 de octubre de 2012 fue condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, a la mencionada pena de 16 años y cuatro meses.

Según los archivos policiales, este hombre de 44 años participó en múltiples disputas mafiosas, bajo el mando de “don Berna”. En los 90 integró la banda “los Pepes” (“Perseguidos por Pablo Escobar”), en una guerra sin cuartel contra el Cartel de Medellín.

En el 2000 ingresó a “la Oficina”, en otra batalla a muerte contra la primera generación de la banda “la Terraza”. En esa confrontación lideró las bandas de los barrios La Milagrosa, El Salvador, Buenos Aires y Loreto.

Por tales antecedentes, su eventual excarcelación genera inquietud entre las autoridades. Su hermano Ericson continúa en una celda de Estados Unidos desde 2013, pagando una condena de 25 años por cargos asociados al narcotráfico.

NOTA RELACIONADA: Jefe de “la Oficina” pagará 25 años en cárcel de E.U.

El Inspector.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano, que despertó las alarmas en las autoridades del área metropolitana.

Así lucía, posterior a su captura en 2012, Félix Alberto Isaza Sánchez, alias “Beto”. Foto de archivo.

Felix Alberto Isaza Sánchez, alias “Beto” o “el Mocho”, uno de los cabecillas históricos de la organización criminal “la Oficina”, está a punto de salir de la cárcel.

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Tunja le concedió la libertad condicional el pasado 31 de agosto, debido a que ya cumplió las tres quintas partes de su condena, al pagar seis años y tres meses de encierro (fue detenido en 2012).

La boleta de libertad ya está en las oficinas de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), donde está preso desde el 10 de junio de 2017. Fuentes del Inpec manifestaron que están revisando en las bases de datos para ver si existen requerimientos judiciales de alguna autoridad; en caso de que no aparezcan, sería liberado este fin de semana.

“Beto”, de 52 años, llegó a ser uno de los máximos cabecillas de “la Oficina” y del crimen organizado del Valle de Aburrá, gracias a su amistad con el capo Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) desde los años noventa.

Lo acompañó en la banda “los Pepes”, en la guerra contra el cartel de Medellín (1991-1993), y siguió a su lado en el exterminio de la organización “la Terraza” (1999-2002) y del bloque Metro de las Auc (2002-2004). En esas contiendas, fue víctima de un atentado con fusil en el municipio de Envigado, en el que perdió la mitad de su pierna izquierda (20/9/00). Desde entonces camina con una prótesis de metal.

Cuando se consolidó la estructura de “la Oficina” en el siglo XXI, “Beto” asumió un lugar en la cúpula. Bajo su autoridad estaba el dominio de los negocios ilícitos en Envigado y Sabaneta, así como las relaciones con los servidores públicos corruptos de la Fuerza Pública y las administraciones municipales.

La empresa criminal se apoderó del bajo mundo en el área metropolitana, sometiendo a los combos barriales a sis designios y coordinando actividades de narcotráfico, sicariato, extorsión, lavado de activos y cobro de deudas mafiosas, entre otras.

Tras la extradición de “don Berna” en 2008, se presentó una violenta pugna interna por el control de “la Oficina” (hasta 2011), en la que “Beto” fue uno de los protagonistas. Al final, sus fuerzas lograron imponerse a los adversarios.

La Policía Antinarcóticos lo capturó el 24 de mayo de 2012 en una casa del corregimiento San Antonio de Pereira, en el municipio antioqueño de Rionegro. Después, la justicia profirió dos condenas en su contra: por hechos de 2009, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín lo sentenció a 9 años por concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, falsedad en documento público y uso de documento falso; y por incidentes de 2004, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín le dictó otra de 5 años, también por concierto para delinquir agravado.

En junio de 2013 la Fiscalía abrió un proceso de extinción de dominio, embargándole 56 bienes (casas, fincas, locales, empresas y vehículos) valorados en 5 millones de dólares, que el cabecilla tenía en Envigado, Sabaneta, Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo.

El gobierno de Estados Unidos, que se fijó como objetivo contribuir al desmantelamiento de “la Oficina”, también le puso la mira a las acciones de “Beto”. En noviembre de 2014, el Departamento del Tesoro le aplicó sanciones financieras y lo incluyó en la Lista Clinton, en compañía de su hermano Nelson Isaza Sánchez (“Nene” u “Omega”), un agente de tránsito de Envigado, sospechoso de apoyarlo en sus actividades ilícitas (ver la NOTA RELACIONADA: Lista Clinton enredó a dueños del Envigado F.C. y a “la Oficina”).

MOTIVOS DE LA DECISIÓN
En su providencia, el Juzgado de Tunja no solo tuvo en cuenta el cumplimiento de las tres quintas partes de la pena. Según el fallo, conocido por este diario, tuvo en cuenta los estudios que realizó “Beto” en la prisión, y que le sirvieron para atenuar los años de condena. En sus evaluaciones y cartillas biográficas, el Inpec conceptuó que su conducta era “buena y ejemplar”, por lo que el juez estimó que “existe un compromiso del interno en su proceso de resocialización”.

En la petición de libertad, el abogado de Isaza aportó, entre otras cosas, una carta firmada por 68 vecinos del barrio El Trianón de Envigado, en la que afirman que el convicto “es una persona solidaria, comunicativa, deportista y líder”.

A pesar de esto, y considerando los antecedentes, la boleta de libertad expedida por el juez generó alerta en las autoridades de Medellín. El comandante de la Policía Metropolitana, general Óscar Gómez, señaló que su Institución está evaluando la situación con la Fiscalía, para revisar si existen otros requerimientos judiciales en contra de “Beto”.

La salida de este hombre se da en momentos en que “la Oficina”, mediante comunicados públicos, viene informando que sus cabecillas están dispuestos a acordar un pacto de sometimiento a la justicia con el Gobierno Nacional. En una carta enviada a la Presidencia de la República, el pasado 13 de marzo, 11 jefes criminales del Valle de Aburrá aseveran que buscan pacificar la zona desarmando a las bandas, y entre los firmantes aparece “Beto”.

NOTA RELACIONADA: La caída de “Beto” amenaza el control de “la Oficina”.

El Inspector.

La decisión causó malestar entre las autoridades de la ciudad, pues ese hombre llamado Freyner Alonso Ramírez García perteneció a las Autodefensas, a la banda “la Oficina” y es considerado el máximo jefe de la “Odín Robledo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), la confederación que agrupa a decenas de combos que actúan en las comunas de Robledo, San Javier, Laureles, La América y Belén, así como en los corregimientos San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”) fue capturado en 2013, en una finca del municipio antioqueño de Urrao, donde sostenía una reunión con varios de sus lugartenientes. Foto de Esteban Vanegas.

También está incluido en la Lista Clinton por parte del gobierno de EE.UU., que le aplicó sanciones financieras por su militancia en “la Oficina”y que en 2014 lo señaló de seguir delinquiendo desde la cárcel.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que “es preocupante, es una puerta giratoria, entran y salen, es volver a tener a estos grandes criminales en la calle. Le pido al fiscal General (Néstor Humberto Martínez) que analice este caso, porque es un retroceso en el tiempo de forma drástica”.

EL PROCESO PENAL
“Carlos Pesebre”fue capturado en 2013 y condenado a nueve años de cárcel por concierto para delinquir agravado, en calidad de jefe de la “Odín Robledo”, tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptó la culpa.

Fue remitido a la cárcel de Valledupar, donde en diciembre de 2014 un juez de Ejecución de Penas le concedió la detención domiciliaria, con el argumento de que Ramírez era padre de cabeza de familia.

Su posible salida, en ese entonces, alertó a la Fiscalía y a la Policía, que le expidieron una nueva orden de captura por un asesinato cometido el 15 de julio de 2005.

La víctima fue Mauricio Velásquez Valencia (“el Meca”), un lugarteniente de “Carlos Pesebre” abaleado en el barrio Los Alpes por la misma organización, que lo acusó de robarse un dinero producto del tráfico ilegal de hidrocarburos.

Se frenó así la excarcelación del cabecilla, y luego del juicio oral, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín lo sentenció a 36 años por homicidio agravado, el 29 de septiembre de 2016. La principal prueba de la Fiscalía fue el testimonio de un exmiembro de la banda, que aseguró haber escuchado en una reunión a “Carlos Pesebre” ordenando la muerte de “el Meca”.

Su defensa apeló, al considerar que el testigo se contradijo en varios puntos de sus seis declaraciones rendidas entre 2010 y 2015, y el pasado martes 17 de octubre el Tribunal lo absolvió en segunda instancia.

Según el fallo, con ponencia del magistrado Miguel Humberto Jaime Contreras, la versión del testigo “no resiste un examen crítico de coherencia y pese al respaldo que se tiene de que pertenecía a la organización, de ahí no deriva que lo afirmado como presenciado por el testigo sea cierto, con mayor razón cuando se denota que muchos de sus conocimientos son de oídas”.

Añadió que, si bien las pruebas de la defensa no demuestran la inocencia de Ramírez, sí introducen dudas, y en este caso la duda se resuelve a favor del procesado (principio legal in dubio pro reo).

El magistrado Jaime expidió una boleta de libertad y la envió el mismo martes a la cárcel Picaleña de Ibagué, donde está recluido Ramírez.

¿Y AHORA QUÉ?
El Inpec informó que todavía no se había producido la excarcelación de “Carlos Pesebre”. Como es habitual, deben verificar en las bases de datos que no existan otros requerimientos por parte de despachos judiciales, y esto puede llevar más de 24 horas.

En las oficinas de la Unidad de Vida y de la Dirección contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía están buscando con urgencia si hay otros procesos pendientes contra el reseñado. El ente acusador aún no define si apela el caso ante la Corte Suprema de Justicia.

Con la caída del expediente por homicidio, solo queda el de la primera condena de nueve años por concierto para delinquir agravado.

Los investigadores están con calculadora en mano, para ver si después del tiempo redimido por buen comportamiento, tras pasar cuatro años y ocho meses en prisión, “Carlos Pesebre” quedaría en libertad condicional o total. La decisión final recae en el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Ibagué.

El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, dijo que “como Alcaldía debemos ser respetuosos de las decisiones judiciales. Por otra parte, nuestra política es de cero tolerancia contra los criminales, sabemos que algunos siguen delinquiendo desde la cárcel, y no cesaremos en la lucha contra las estructuras ilegales”.

Añadió que en la actualidad la “Odín Robledo” tiene una alta incidencia en la violencia homicida que afecta al occidente de la ciudad.

Por su parte, el personero de Medellín, Guillermo Durán, señaló que “como defensores de los Derechos Humanos, no podemos satanizar una orden de libertad de una persona, eso sería ir en contra de sus derechos. Sin embargo, esperamos que su proceso de resocialización en la cárcel se haya cumplido y que esta persona (‘Carlos Pesebre’) no vuelva a atentar contra la ciudadanía. Si la justicia ordenó su libertad, es porque considera que ya puede retornar a la sociedad”.

NOTA RELACIONADA: “Carlos Pesebre” fue condenado a 36 años de cárcel.

El Inspector.

Se trata de Mauricio Alberto González Sepúlveda, alias “el Ronco”, “Felipe” o “Fly”, quien también llegó a integrar la cúpula de la banda “la Oficina” y dirigir sus tentáculos en el sur del Valle de Aburrá.

Mauricio González, alias “el Ronco”, al momento de su captura en la Vía Las Palmas. Cortesía Policía Metropolitana.

“El Ronco”, quien tiene varias capturas en su prontuario, había sido detenido por última vez el 10 de mayo de 2016, cuando  se movilizaba en un automóvil por el municipio de Rionegro.

En la audiencia de control de garantías, ante el Juzgado Segundo Penal Ambulante de Antioquia, la Fiscalía le imputó cargos por secuestro extorsivo, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. González se declaró inocente y el juzgado le dictó medida de aseguramiento en prisión, mientras proseguía el proceso penal.

El encarcelamiento duró hasta esta semana, cuando a la oficina de Dirección de la cárcel El Pedregal llegó una boleta de libertad para “el Ronco”, afirmando que el motivo era “vencimiento de términos”. Con esa orden del juzgado, el cabecilla salió de la celda este jueves 14 de septiembre.

Un organigrama de “la Oficina”, elaborado por la Policía en 2008, muestra a alias “el Ronco” alineado con “el Cebollero”, con quien controlaba las redes de la banda en Itagüí. Foto: Cortesía.

Fuentes de la Fiscalía explicaron que al parecer hubo un descuido, por lo que el plazo para comenzar el juicio oral expiró. Los errores, al parecer, son atribuibles al propio ente acusador.

La libertad de González no significa que haya terminado el proceso, sino que él tendrá que presentarse (suponiendo que lo haga) cuando sea citado al juicio.

El aparente descuido es grave de por sí, pero mucho más si se tiene en cuenta la trayectoria criminal del personaje. “El Ronco” es desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Autodefensas, integró las bandas “la Unión” y “la Oficina”, tiene encima una condena por concierto para delinquir  y fue capturado en España en 2010, señalado de liderar una oficina de cobros sicariales en Europa.

El secuestro por el cual lo investigan sucedió en 2006, tal cual documentó este blog con su anterior arresto (para conocer más detalles de la carrera delincuencial del exconvicto, vea la NOTA RELACIONADA: El secuestro que regresó a “el Ronco” a la cárcel).

Ojalá que este error de las autoridades no genere más víctimas.

El Inspector.

La historia retorna a la memoria porque este miércoles 4 de marzo se cumplieron seis años desde la tragedia que enlutó a dos familias del oriente de Medellín. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Cindy Lorena Giraldo Correa. Foto publicada con autorización de la familia.

La tragedia comenzó cuando el 1 de marzo de 2009 las colegialas Cindy Lorena Giraldo Correa y María Katerine Cano Patiño, ambas de 17 años, fueron invitadas a una fiesta en la vivienda de Hurtado, ubicada en el barrio Boston de la capital antioqueña.

Las muchachas no regresaron y durante tres días nadie supo de ellas. Hurtado, el anfitrión de la rumba y estudiante de Sistemas, afirmó que desconocía el paradero de las invitadas.

Al amanecer del 4 de marzo, los vecinos llamaron a la Línea 123 porque sentían un olor nauseabundo que provenía de aquella casa, localizada en un segundo piso.

Dos uniformados llegaron a la residencia y lo primero que notaron fue unos bultos de cal y cemento amontonados junto a la puerta. Al tocar, hubo conmoción en el interior y los agentes se alertaron.

El padre de Hurtado, de 66 años en ese entonces, retuvo la puerta para evitar el ingreso de la Fuerza Pública, mientras su hijo de 35 se escabullía por el tejado.

Los policías entraron a la fuerza y en la habitación del sospechoso, la primera a mano izquierda, hallaron una caneca plástica azul, de gran tamaño. Adentro había cemento endurecido, del cual sobresalía una cabellera de mujer. Los uniformados quedaron estupefactos.

Una hora después llegaron los criminalistas del CTI de la Fiscalía, para inspeccionar la escena. Tuvieron que emplear martillo y cincel para fracturar el concreto y extraer los restos mutilados de dos personas, que resultaron ser Cindy Lorena y María Katerine.

En la propiedad también encontraron abundante material pornográfico y diversas prendas de mujer, según el expediente.
Pasado el estupor de la comunidad, el funeral y el pronunciamiento de las autoridades prometiendo justicia, inició un verdadero calvario judicial para las humildes familias.

Debido al alto deterioro de los cuerpos, Medicina Legal no pudo comprobar científicamente que las menores hubiesen sido asesinadas; tampoco logró determinar que hayan muerto por sobredosis de estupefacientes, como se especuló en algún momento.

La ausencia del dictamen científico y de testigos, pues el papá de Hurtado no estaba obligado por la ley a declarar contra su pariente, limitaron la acción de la Fiscalía. Pasaron los años y no se expedía una orden de captura.

Los amigos de las víctimas crearon un grupo en Facebook con la foto de Hurtado, deplorando la lentitud de la justicia. Y en cada anualidad realizaban una marcha para que el caso no quedara en el olvido.

A través de tutelas, los familiares lograron que el expediente cambiara de despacho y la nueva fiscal asignada ordenó la captura del indiciado, que fue realizada por el CTI en diciembre de 2013, en la ciudad de Montería.

María Katerine Cano Patiño. Foto publicada con autorización de la familia.

A Hurtado Arango lo judicializaron por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. Aceptó su responsabilidad, y una semana después fue dejado en libertad. El 2 de octubre de 2014 el Tribunal Superior de Medellín confirmó en segunda instancia la condena a 3 años y 10 meses de prisión por el citado cargo.

El Código Penal contempla que las penas inferiores a 4 años son excarcelables, por lo que “el Descuartizador de Boston” anda libre.

Jacqueline Patiño, madre de María Katerine, se declara abatida por lo que ella considera una injusticia de la justicia. A veces quisiera abandonar la lucha y cremar los restos de su hija, para darle algún descanso al alma, pero no puede.

“La Fiscalía nos prohibe hacer la cremación, que porque están esperando una autorización desde Bogotá para hacer la exhumación y otras pruebas, a ver si se sabe de qué murieron las niñas”, cuenta.

Otra de las tragedias asociadas a esta situación es que Jacqueline es damnificada por el invierno, que le derrumbó una casa que tenía en Enciso hace un par de años. Para rematar, quedó a cargo de una nieta, hija de la adolescente María Katerine, que “a veces llora y dice que se quiere ir para donde la mamá”.

Elsy Correa, la progenitora de Cindy Lorena, saca fuerzas para continuar la batalla jurídica, pese a estar desempleada y viuda hace un año.

Afirma que “este domingo unas ONG van a hacer una marcha por las mujeres, acá en Medellín, allá voy a estar yo. Sigo protestando por tanta negligencia de la justicia”.

NOTA RELACIONADA: La paradoja del Descuartizador de Boston.

El Inspector.

Zapata, un exagente del Gaula de la Policía, apodado “Camilo” o “Carracas”, fue arrestado en la mañana del pasado domingo (noviembre 17) en un puesto de control policial de El Poblado (suroriente de Medellín), cuando conducía un automóvil Volkswagen. Esta es la reseña del personaje, elaborada por el Área de Investigaciones de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el organigrama de "la Oficina" en el cual aparece reseñado "Camilo", desde el 2007. Cortesía.

La Fiscalía 26 Especializada de Medellín había solicitado su captura para someterlo a un interrogatorio, con fines de aclarar un episodio de homicidio y tortura ocurrido hace más de 13 años.

De acuerdo con el expediente, el finquero Luis Fernando Valderrama Vélez fue secuestrado por el bloque Suroeste de la Auc en el corregimiento Bolombolo, del municipio de Venecia (Antioquia).

El 9 de febrero de 2000, una comisión del Gaula de Medellín, al mando del teniente Nelson Baracaldo, llegó hasta la tienda Tres Esquinas, de Bolombolo, y se enfrentó a bala con los presuntos secuestradores.

En el primer choque armado resultó herido en el pie el agente Carlos Zapata. En los mismos hechos perdió la vida el supuesto captor Fredy Alberto Ospina Espinoza, alias “el Guajiro”.

Tres personas fueron capturadas después del tiroteo. Sin embargo, un fiscal de la época los dejó en libertad argumentando que no tuvieron nada que ver, y se compulsaron copias para investigar una supuesta detención ilegal.

El secuestrado Luis Valderrama había sido asesinado por los secuestradores antes del operativo.

Tiempo después, un delegado de la Procuraduría notó presuntas irregularidades en el hecho. “El Guajiro”, de quien en principio se dijo que había muerto en el tiroteo, presentaba señales de tortura. La necropsia mostró quemaduras y laceraciones en el pecho, las piernas y los genitales.

El caso pasó de la Justicia Penal Militar a la Ordinaria y por eso la Fiscalía ordenó la detención del exagente Zapata.

El interrogatorio, de acuerdo con fuentes judiciales, se realizó ayer (noviembre 19). El detenido de 43 años se presentó como un comerciante y alegó que no sabía de lo acaecido con “el Guajiro”, porque él fue herido y sacado de la zona con antelación.

El despacho no tenía más pruebas para retenerlo, por lo cual decretó su libertad inmediata, sin saber que en otras oficinas hay indagaciones preliminares contra “Camilo”, un personaje que en el bajo mundo es asociado con la organización criminal “la Oficina” y los paramilitares que habrían orquestado la caída de Vicente Castaño.

LAS SOSPECHAS
Un día después de su reciente captura, el general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, celebró el arresto de “Camilo”, a quien sindicó de ser un supuesto integrante de la “Odín Trianón” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), con tentáculos en el sur del Valle de Aburrá.

No obstante, sus presuntos nexos con la mafia serían más profundos. Desde el 2007, la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) lo incluyó en el organigrama de “la Oficina”. Allí aparece en la misma estructura del hoy condenado Félix Alberto Isaza Sánchez, alias “Beto”, y de dos expolicías presuntamente corruptos que carecen de orden de captura: “Orión” y “Careguayo” (ver la NOTA RELACIONADA: Alias “Beto” firmó el preacuerdo y será condenado).

Al consultar con investigadores que le han seguido la pista desde hace años, señalaron que “Camilo” fue discípulo de dos exintegrantes de la Dirección Antisecuestro que hoy están tras las rejas: el general (r) Mauricio Santoyo, sentenciado a 13 años en Estados Unidos por sus alianzas con las Autodefensas y “la Oficina”; y el mayor (r) Luis Augusto Manrique, quien purga una pena de 28 años por su participación en la desaparición de cuatro personas en Itagüí (tres colegialas y alias “Veintiocho”, enemigo de “la Oficina”). (Ver la NOTA RELACIONADA: Condenaron al mayor por su obsesión criminal).

El primero que al parecer supo de las extrañas relaciones de “Camilo” y otros colegas, fue su compañero del Gaula, el patrullero Henry Wilson Londoño Pineda, conocido como “Gokú”. “Ese muchacho descubrió lo que estaban haciendo y dijo que los iba a denunciar, pero le taparon la boca”, relató un investigador.

El 12 de noviembre de 2006, a las 6:30 p.m., el policía fue tiroteado por dos sicarios abordo de una moto DT blanca, en la entrada de una papelería de Robledo. En el acta de la diligencia, recepcionada por la Fiscalía 246 Seccional, se agregó que el muchacho de 23 años fue impactado en el cráneo y el hombro izquierdo. “Móviles se desconocen”, precisó la reseña del momento.

El episodio que más sospechas ha arrojado sobre “Camilo” fue la muerte de Vicente Castaño, alias “el Profe”, uno de los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

En sus versiones libres ante la Unidad de Justicia y Paz, dos antiguos secretarios privados de este capo manifestaron que el ataque se presentó en marzo de 2007, en la finca “Sal si Puedes” del municipio de Nechí.

Los desmovilizados Bayron Jiménez Castañeda (“Gordo Pepe”) y Rodrigo Alberto Zapata Sierra comentaron que en la desaparición de su patrón participó un comando ilegal integrado por secuaces de los jefes paramilitares “don Berna” y “H.H.”. Según su versión, la acción ilegal fue coordinada por “la Oficina”, en particular por sus cabecillas “Rogelio” y “Yiyo” (ambos sometidos a la justicia de Estados Unidos).

“Cuando Vicente vio que se le entraron a la finca en varias camionetas, se encerró en un baño. Sacó un revólver calibre 32 que mantenía en un bolsito y se disparó. Cuando los invasores tumbaron la puerta, sacaron el cuerpo y lo desmembraron para arrojarlo al río”, relató uno de los investigadores consultados.

Las fuentes hicieron referencia a un video que estaría en poder de un despacho de la Fiscalía en Bogotá, el cual habría sido grabado con mano temblorosa por uno de los mercenarios. “Ahí aparece ‘Camilo’ descuartizando a Vicente con un machete”, precisaron.

Toda esta información, que reposa en expedientes de Justicia y Paz, en declaraciones que han hecho “Rogelio” y “Yiyo” en E.U., y en los archivos de la Dijín, no fue compartida con la Fiscalía 26 Especializada de Medellín. Quizá por eso “Camilo” salió tan campante, después de responder su interrogatorio.

El Inspector.

Se trata de Elkin Fernando Triana Bustos, unos de los fundadores y líderes de la tenebrosa banda ‘Los Triana’, que delinque en la frontera nororiental de Medellín con el municipio de Bello.

Así figura el clan Triana en los carteles de la Policía. Ahora Elkin está libre, la banda sigue activa, ¿regresará a la organización ilegal?

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó este fin de semana sobre la salida del interno, quien en el mundo delincuencial es conocido como ‘El Patrón’.

El organismo estatal comunicó que la boleta de libertad fue expedida en la noche del viernes pasado, ordenando la excarcelación del residente de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.

La condena de 40 años fue por los punibles de homicidio y porte ilegal de armas. Triana Bustos estaba detenido desde 1999, pero salió beneficiado por “una redosificación de la pena” que acortó nueve años de la sentencia. También precluyó una investigación por fuga de presos y obtuvo otro descuento del 10 por ciento de la pena.

Hay que decir que las autoridades tampoco encontraron pruebas firmes para vincularlo con otros delitos como concierto para delinquir, desplazamiento forzado, extorsiones y demás conductas ilegales que la Policía le atribuye a la organización criminal que lideró.

La decisión de otorgar su salida la emitió en definitiva un juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Boyacá. La libertad es condicional, queda parte de la condena por cumplir, aunque tal parece que podría ser en la calle.

Elkin Triana estuvo un largo tiempo a la sombra, hasta que el año pasado su nombre volvió a mencionarse por el cuestionado pacto de bandas de Medellín, impulsado por una Comisión de Notables civiles y el cual logró reducir el índice de homicidios durante los Juegos Suramericanos (en marzo).

‘El Patrón’, según comentaron los Notables, participó en ese proceso junto a otros cabecillas como ‘Douglas’, ‘Cesarín’ y ‘Don Fabio’. El pacto se rompió pasados los Juegos y la guerra se reactivó en los barrios de la ciudad.

La estructura delincuencial de ‘Los Triana’ existe desde finales de la década de los noventa y tiene su origen y actual asentamiento en la comuna 2 (Santa Cruz), después se expandió a Bello.

A la cabeza siempre estuvieron los hermanos Elkin y John Fredy Triana Bustos (alias ‘El Gordo’) y el primo Carlos Mario Triana Vásquez (apodado ‘Mario Chiquito’).

John Fredy 'El Gordo' Triana fue capturado en 2008 en la ciudad de Bucaramanga.

Tras la captura del trío en diferentes años (el último fue John Fredy en 2008), la organización fue liderada por alias ‘Jimmy Harol’ y ‘Bolillo’, los cuales ya se encuentran en la cárcel, al igual que otros cabecillas importantes como ´Producto’, ‘Cheroky’ y ‘Moo’.

La agrupación es una de las más poderosas del Área Metropolitana, debido a su estricta jerarquización interna y recursos económicos, tanto así que ha sobrevivido pese a que los jefes están en la cárcel. Además de los ingresos por la actividad criminal (ajustes de cuentas, extorsiones, tráfico de drogas, etc.), al parecer ha invertido en negocios legales como la compra de buses de servicio público y establecimientos comerciales (entre ellos mueblerías) en áreas de estrato alto de la ciudad.

De igual manera, hay que denunciar que no ha sido objeto de una operación contundente de la Fuerza Pública para desmantelarla. Es muy ilógico, pero es lo mismo que ocurre con las otras organizaciones fuertes y reconocidas del Área Metropolitana, a las cuales las autoridades solo golpean “por los laditos”, nunca de raíz; algunos ejemplos son: ‘Los Mondongueros’, ‘El Pesebre’, ‘La Oficina del Doce’, ‘Los Chatas’ y ‘Pachelly’.

‘Los Triana’ se habían mantenido alejados de la guerra de bandas del Área Metropolitana, originada por el fraccionamiento al interior de la mafia de ‘La Oficina’. Su poder económico le permite ser independiente, aunque en el último año los organismos de Inteligencia detectaron un movimiento expansionista.

En todo el 2010 esta organización sostuvo una lucha contra el combo del ‘Sinaí’ en la parte baja de Santa Cruz, que dejó muchos asesinatos y desplazamientos. Al parecer también se expandieron hacia las comunas 1 (Popular) y 4 (Aranjuez), cerrándoles el paso a las bandas patrocinadas por alias ‘Valenciano’, uno de los máximos capos de ‘La Oficina’.

La situación confirmó que ‘Los Triana’ habían dejado su neutralidad en el pleito y se aliaron con la facción de la mafia liderada por ‘Beto’ y ‘Sebastián’.

Esos movimientos tenían inquietos a los investigadores, sobretodo porque hace varios meses Elkin Triana estaba disfrutando de las 72 horas de libertad que concede la ley penal por buen comportamiento y cumplir la tercera parte de la condena. Se pensaba que quizá orquestaba a ‘sus muchachos’, pero nada de eso se ha podido comprobar.

El Inspector.

El hecho ocurrió el pasado domingo en un parqueadero del barrio Aranjuez, al nororiente de la ciudad. Allí estaba parqueado el vehículo de servicio médico, cuando llegó el menor y con una llave maestra abrió la puerta.

Este es el adolescente aprehendido, junto a la ambulancia que robó.

Emprendió la huida y fue aprehendido por la Policía en proximidades a la estación Madera del metro, en el municipio de Bello. La ambulancia modelo 95, avaluada en 40 millones de pesos, fue recuperada.

El quinceañero no dijo para qué se había hurtado el vehículo y menos quién lo mandó (y no está obligado a declarar).

El presente caso no solo contempla un hurto como modalidad delictiva, también implica una infracción de tránsito, pues el pelao carecía de licencia de conducción. Circunstancias estas que no importaron, porque ya fue dejado en libertad.

Al anunciar este incidente, la Policía informó que en lo que va de este año han sido aprehendidos cerca de 100 menores delincuentes. ¿Cuántos de esos estarán tras las rejas? Poquísimos, tan solo aquellos involucrados en delitos de “alto impacto” como violaciones, asesinatos o secuestros extorsivos.

En los crímenes más comunes, como el porte ilegal de armas, lesiones personales, hurto y posesión de narcóticos, la ley es más floja.

La Policía invita a los padres de familia a que ejerzan mayor control sobre sus hijos, pero si ellos están trabajando todo el día y no les queda tiempo para vigilar, el Estado con sus leyes debe reprender a estos menores y por lo menos inspirarles alguna clase de respeto por el prójimo.

Claro, pero si un muchacho se roba una ambulancia y no pasa mayor cosa, ¿qué respeto podrá tener por las normas? Y ustedes, ¿qué opinan?

NOTA RELACIONADA: EXTRAÑAS DECISIONES de la justicia

El Inspector.