La sentencia STP16510-2022 fue proferida el pasado 23 de noviembre de 2022 por la Sala de Casación Penal de la Corte, pero no había trascendido a la opinión pública. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Freyner Ramírez, alias “Carlos Pesebre”, fue condenado a 36 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia. Foto de archivo.

“Carlos Pesebre”, de 49 años, fue integrante del bloque Cacique Nutibara de las AUC en los años 90. Tras la desmovilización de 2003, siguió al frente de su propia organización, “los Pesebreros”, que fungía como uno de los tentáculos de la confederación mafiosa “la Oficina” en el Occidente de Medellín (Robledo, San Javier, La América, Laureles, Belén y Altavista).

Ramírez, capturado en una finca del municipio antioqueño de Urrao en 2013, ya había pagado una condena de 9 años de prisión por concierto para delinquir agravado.

El asesinato que produjo la nueva sentencia ocurrió el 15 de julio de 2005 en la entrada de un local de comida rápida del barrio Los Alpes, adonde fue citado Mauricio Alberto Velásquez Valencia, alias “el Meca”, un lugarteniente de “Carlos Pesebre”.

Según el expediente, a las 9:15 p.m. llegaron dos sicarios en una moto, el pasajero se arrimó a “el Meca” y le disparó tres veces en la cabeza con una pistola.

De acuerdo con la Fiscalía, fue “Carlos Pesebre” quien ordenó la muerte de su subalterno, al culparlo del robo de un dinero de la banda, producto del hurto de hidrocarburos al oleoducto de Ecopetrol.

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En la acusación fue clave el testimonio de un exmiembro de la organización criminal, quien estuvo presente en la reunión en la cual se ordenó el homicidio, cinco días antes del ataque.

Así la describió a las autoridades: “(…) Él (’Carlos Pesebre’) nos dice que con los registros que le había dado Mauricio de lo de la gasolina, los estuvo comparando desde dos o tres meses atrás con los registros que yo le presentaba a solicitud del mismo Carlos, y que él notaba que le falta plata (…). Decía que donde veía el desfalco era en los libros de la gasolina que le mostraba Mauricio. (…). Decía que la suma era grandísima, que está entre 700 y 800 millones (…). Él dijo: la decisión está tomada, con el dolor en el alma, somos hermanos, somos amigos, a Mauricio hay que matarlo”.

La ejecución de la orden le fue encomendada a otros de los cabecillas de “los Pesebreros”, Javier Ventura Marín (“Tatú”), quien la delegó en uno de sus sicarios de confianza, apodado “Nene”.

Por estos hechos, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín condenó a “Carlos Pesebre” en 2016, a 36 años, tres meses y un día por homicidio agravado.

Su defensa apeló la decisión ante el Tribunal Superior de Medellín, argumentando que el testigo estrella de la Fiscalía había incurrido en varias contradicciones en su testimonio. En 2017 el alto tribunal le dio la razón y absolvió al procesado, declarándolo inocente.

Ese fallo fue apelado por la Fiscalía y la Procuraduría, y pasó a su última instancia, una casación en la Corte Suprema, la cual revocó la absolución y revivió la condena contra “Carlos Pesebre”.

Ramírez está recluido en la cárcel de Cómbita, Boyacá, y es uno de los cabecillas de bandas del Valle de Aburrá que le han pedido al Gobierno Nacional que los acepte en las conversaciones para el proyecto de “paz total”.

Javier Ventura Marín (“Tatú”), otro de los involucrados en la muerte de “el Meca”, tuvo un destino similar: asesinado por la propia organización. Tras salir de prisión y ser citado a una reunión, su cadáver fue encontrado en una vía del barrio Castropol, envuelto en bolsas, el pasado 11 de septiembre.

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El Inspector.

La sentencia fue proferida el pasado 30 de julio por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Medellín (Radicado N°0500 16000000 201800468), por el cargo de concierto para delinquir agravado, luego de un proceso de audiencias y juicio oral que se tardó dos años y cinco meses. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”) no aceptó el preacuerdo con la Fiscalía y decidió someterse a un juicio, el cual perdió en primera instancia. Foto cortesía de la Policía.

En el expediente, la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada indicó que “Vallejo”, de 53 años, era el cabecilla financiero de la organización criminal “el Mesa”, que delinque en Bello, Medellín y Bogotá, al igual que un enlace entre dicho grupo y otras bandas de Medellín asociadas a “la Oficina”. Tales estructuras se dedican al narcotráfico, el sicariato, la extorsión y la corrupción de servidores públicos, entre otros delitos.

Desde su captura en una vía de El Poblado, en Medellín, el 6 de marzo de 2018, “Vallejo” siempre sostuvo que era inocente, a pesar de que las autoridades lo presentaron en ese entonces como un pez gordo de la mafia.

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Durante el juicio reiteró que era un comerciante con más de 25 años de experiencia, que aprendió el oficio de electricista y estudiaba Administración de Empresas de forma virtual.

Entre los testigos de la defensa, de acuerdo con el fallo judicial, estuvo el exconcejal bellanita Manuel Oquendo Giraldo (periodos 2008-2011 y 2016-2019), quien comentó que nunca supo de actividades ilícitas por parte de Vallejo; y que por el contrario, lo conoció por sus actividades comerciales como proveedor de logística, sonido, tarimas y silletería, al igual que por sus negocios con el establecimiento de ventas Hipercentro del Bebé, localizado en el parque principal de Bello.

A pesar de esto, otros testigos terminaron hundiendo al procesado, entre ellos algunos exintegrantes de “el Mesa”, como Jader Obeimar Fernández Tobón (“el Chivo”), una de las fuentes clave de la Fiscalía en el caso. Este hombre desentrañó los secretos de la banda, luego de que sus exsocios mataran a su padre John Jairo Fernández en 2015 e iniciaran una serie de extorsiones para quitarle un parqueadero familiar.

Su denuncia tuvo un alto costo. Desaparecieron a su hermana de crianza Leidy Johana López y después desplazaron a varios de sus seres queridos. Finalmente, el 16 de diciembre de 2018, Fernández fue encontrado sin vida en su celda de la cárcel El Pedregal, aparentemente envenenado.

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En la actualidad, “Vallejo” se encuentra recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá. Sin embargo, su defensa solicitó que se estudiara la posibilidad de un traslado a otro sitio, debido a padecimientos de salud. El 29 de junio de 2011, mientras estaba reunido con otros delincuentes de Bello en una urbanización del barrio Castropol de Medellín, el señalado fue víctima de un atentado por parte de un comando sicarial.

Los mercenarios incursionaron disparando en el apartamento, por lo que Vallejo y otros inquilinos saltaron desde una ventana del séptimo piso. Dos personas murieron aquel día, mientras que él sobrevivió con varias secuelas,que hoy agravan su condición médica.

En la sentencia, el Juzgado ordenó la compulsa de copias para abrir otra investigación por la desaparición de Leidy López; y también para indagar si hubo irregularidades en la expedición de salvoconductos para que Vallejo Alarcón portara armas de fuego legales, tras el reciente escándalo de corrupción que involucró a oficiales del Ejército con el trámite de permisos para integrantes del crimen organizado del Valle de Aburrá.

“Se probó en el juicio que Jorge de Jesús Vallejo Alarcón contaba con permiso especial para el porte y tenencia de tres armas de fuego, razón por la cual se ordenará la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue si en el procedimiento adelantado para otorgar los permisos se incurrió en alguna irregularidad”, detalló el fallo.

El abogado de Vallejo Alarcón apeló la condena y el recurso será resuelto en las próximas semanas por el Tribunal Superior de Medellín.

Actualmente, “el Mesa” protagoniza una escalada de violencia en el municipio de Bello, por cuenta de un enfrentamiento con la banda de “Pachelly” que inició en febrero de 2019. Esta situación puso a sus integrantes en la mira de las autoridades, que a la fecha han capturado a otros integrantes de su cúpula, como “el Montañero”, “Malacate”, “el Loco Crazy”, “el Tigre”, “Faro”, “Piolo” y “Jalea”.

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El Inspector.

Se trata de Jorge Oswaldo Zapata Berrío, alias “Jonás”, quien según las autoridades estaba en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá) y obtuvo su libertad condicional el pasado 24 de mayo.

Esta es la reseña del caso publicada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fue la captura de Jorge Zapata Berrío (“Jonás”) en 2016. Un juzgado le otorgó la libertad condicional. Foto cortesía de la Policía.

Este hombre es considerado el jefe militar de “los Chatas”, una organización surgida en el municipio de Bello, que rige los destinos de múltiples bandas de la región por su liderato en la confederación mafiosa “la Oficina”. En su momento, las autoridades lo señalaron de coordinar múltiples homicidios y secuestros, aunque no lo acusaron formalmente por esos cargos.

“Jonás” fue capturado el 2 de marzo de 2016 en un edificio del barrio Conquistadores de Medellín y, tras lograr un preacuerdo con la Fiscalía, la justicia lo condenó a seis años y medio de prisión por concierto para delinquir, tráfico de armas y de estupefacientes; sin embargo, gracias a los beneficios otorgados por su comportamiento en la cárcel, solo estuvo preso tres años y dos meses.

En libertad, luego de pagar sentencias similares, también están otros dos integrantes de la cúpula de “los Chatas”: Elkin Mesa Vallejo (“Elkin Chata”) y Édison Maya Ríos (“el Gomelo”).

Tanto “Jonás” como “el Gomelo” están incluidos en la Lista Clinton, luego de que el Gobierno de Estados Unidos les aplicara sanciones financieras en 2015. En el mismo listado aparece el máximo líder de la banda, Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom” o “Carlos Chata”), quien está en la cárcel La Picota de Bogotá; y Jehová Buriticá Hincapié (“Camilo Chata”), que no ha sido detenido (ver la NOTA RELACIONADA: La banda “los Chatas” fue incluida en la Lista Clinton).

DE NUEVO LIBRES

El caso de “Jonás” se suma al de otros jefes importantes del crimen organizado del Valle de Aburrá, que han vuelto a las calles en los últimos años, después de pagar sus respectivas condenas.

De cárceles de Estados Unidos ya salieron algunos socios y cabecillas de “la Oficina”, como “Rogelio”, “Yiyo”, “Gordo Tavo” y “Percherón”.

De prisiones colombianas, volvieron a la calle “el Cebollero” y “el Ronco”, de la banda “la Unión” (Itagüí); al igual que “Beto” y “el Indio”, de “Trianón” (Envigado y Sabaneta).

La lista de los peces gordos excarcelados continúa con “el Montañero”, de la banda “el Mesa” (Bello); “Chichón”, de “los Mondongueros” (Castilla); “Ronald”, de “la Agonía” (San Javier); “Pocho”, de “Pachelly” (Bello); “Chepe” y “Pablo”, del Clan Osorio (Belén y Barrio Antioquia); “Gordo Ruiz”, de “la Camila” (Bello); “Toño”, de “los Paracos del Llano” (San Cristóbal) y “el Viejo Perdomo” (“la Libertad”). Algunos de ellos figuran en carteles de los más buscados y podrían ser apresados de nuevo.

Algunos no aprovecharon la segunda oportunidad y volvieron a delinquir, cayendo a la cárcel otra vez: “Pichi Belén”, de la banda “San Bernardo” (Belén); “Chicho”, de “la Terraza” (Manrique); “Diego Almuerzo”, de “la Agonía” (San Javier); “Titi”, “Lancha” y “Sólido”, de “Pachelly” (Bello); “Elkin Triana” y “Mario Chiquito”, de “los Triana” (Santa Cruz); y “Popeye”, del extinto cartel de Medellín (ver la NOTA RELACIONADA: Las vueltas de “Popeye” con “la Oficina”).

Dos personajes no contaron con suerte y en su regreso al mundo del hampa, perdieron la vida a manos de sicarios. Luis Fernando Castaño Alzate (“Botija”), financista de “la Oficina”, salió de una cárcel estadounidense en 2016, donde estuvo por narcotráfico, y fue abaleado en una vía de El Poblado, el 22 de enero de 2018.

Y Mauricio Arias Guerrero (“Guerrero”), de “Pachelly”, quien había sido capturado en 2013 y condenado por concierto para delinquir, volvió a su barrio Niquía para morir acribillado el pasado 10 de febrero.

La salida de estos jefes de la mafia inquieta a las autoridades del área metropolitana. Fiscales e investigadores judiciales consultados por El Colombiano, quienes pidieron la reserva de identidad por tratarse de procesos en curso, señalaron que para contrarrestar ese fenómeno están implementando un plan de seguimiento especial a blancos estratégicos.

Eso ha permitido imputarles nuevos delitos a peligrosos cabecillas que están próximos a salir de prisión tras purgar sentencias de poca duración. Entre los primeros perjudicados están “Adiel”, “Carlos Pesebre”, “Julián Machete” y “Juancito”, procesados inicialmente por concierto para delinquir, pero después imputados por cargos más severos como homicidio y tortura, situación que prolongará su estancia detrás de los barrotes.

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El Inspector.

Con esas palabras Carlos Arturo Arredondo Ortiz, alias “Mateo”, uno de los jefes de la organización criminal “la Oficina”, quiso excusar su conducta en la Corte del Distrito Sur de La Florida, donde fue condenado a 11 años y tres meses de cárcel.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En el recuadro aparece Carlos Arturo Arredondo Ortiz, alias “Mateo” o “el Señor de la M”. Fotos de archivo.

La diligencia judicial se llevó a cabo en la ciudad de Miami, el 13 de abril de 2018, pero hasta ahora se había mantenido en reserva. El Colombiano tuvo acceso a la transcripción de la audiencia (caso N°17-20720-CR), en la cual fueron expuestos varios detalles de las andanzas ilegales de Arredondo.

Este hombre, de 52 años y oriundo de Itagüí, se vinculó al narcotráfico en su juventud, en los años 80, de acuerdo con el expediente. Fue amenazado de muerte y viajó a EE.UU., donde resultó involucrado en el tráfico de 450 kilos de cocaína; en 1992 una corte de Nueva York lo condenó a dos años y cinco meses de cárcel, tras aplicarle una rebaja de pena por su cooperación en el proceso.

Tras su regreso a Colombia, en la década del 90, Arredondo comenzó a trabajar para el capo narcoparamilitar Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) y su hermano Rodolfo Murillo Bejarano (“Semilla”), quienes al frente de “los Pepes” acababan de derrotar a Pablo Escobar Gaviria y gobernaban el bajo mundo del Valle de Aburrá.

Arredondo fue secretario personal y jefe de seguridad de ambos, conociendo así los secretos de las estructuras criminales en las que participaron, como las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y “la Oficina”, una confederación ilegal que coordinaba a las bandas del área metropolitana. Sin embargo, nunca se desmovilizó, sino que se mantuvo a la sombra tras el asesinato de “Semilla” (2001) y la extradición de “don Berna” (2008).

Por su experiencia y amplitud de contactos, fue designado como miembro de la cúpula “la Oficina”, en particular de los tentáculos de esa estructura en los municipios de Itagüí, Envigado y Sabaneta; en el reino del hampa empezaron a llamarlo también “el Señor de la M” y la Policía y la Fiscalía colombianas lo señalaron de liderar la banda de “Trianón”, que opera en esas localidades.

La Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) le puso la mira en 2014, cuando la Casa Blanca inició una ofensiva judicial contra “la Oficina”. Fue así como el Departamento del Tesoro le aplicó sanciones administrativas y financieras a Arredondo, al incluirlo el 18 de noviembre de ese año en la Lista Clinton y congelar sus transacciones comerciales y bancarias (ver la NOTA RELACIONADA: Lista Clinton enredó a dueños del Envigado F.C. y a “la Oficina”).

EL SOMETIMIENTO

Sabiendo que los estadounidenses lo investigaban, “Mateo” y sus asesores jurídicos se reunieron con agentes de la DEA en Bogotá en 2015, con el propósito de lograr un acuerdo judicial beneficioso, a cambio de cooperación en los casos que llevaba la agencia contra otros narcotraficantes.

Los acercamientos se prolongaron dos años, hasta que en octubre de 2017 se pactó el sometimiento y el cabecilla viajó a Panamá, donde lo recogieron los agentes para trasladarlo a Miami. Estuvo un par de semanas como huésped en un hotel y luego lo recluyeron en el Centro de Detención Federal de esa ciudad, para que comenzara a responder por la acusación.

El crimen por el cual lo procesaron fue conspiración para distribuir cocaína sabiendo que sería importada de manera ilegal a Estados Unidos, que contempla una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua, que para el caso de los colombianos implica 60 años, de acuerdo con el tratado vigente entre ambas naciones.

El hecho en concreto ocurrió entre 2010 y 2012. La narcotraficante Yaneth del Carmen Vergara Hernández (“la Tía”) buscó a “la Oficina” para que le ayudara a establecer los contactos necesarios para exportar droga, a través de una ruta que partía de Urabá y pasaba por Guatemala y México, para luego ser distribuida en territorio estadounidense. Dicha ruta era controlada por el cartel de “los Urabeños” o “Clan del Golfo”.

“La Oficina” delegó a alias “Mateo” para que hiciera la gestión, y este coordinó reuniones entre “la Tía” y uno de los cabecillas de “los Urabeños”, llamado Henry de Jesús López Londoño (“Mi Sangre”), quienes pactaron el envío de la mercancía.

El 18 de enero de 2018 Arredondo firmó un acuerdo de culpabilidad, en el que aceptó su responsabilidad en esa conspiración. Después, como parte de su cooperación para obtener beneficios jurídicos, participó como testigo de la Fiscalía estadounidense en la causa penal contra “Mi Sangre”, quien finalmente fue condenado a 31 años a la sombra (ver la NOTA RELACIONADA: El narco “Mi Sangre” fue capturado en Argentina).

LA SENTENCIA

El expediente de Arredondo llegó al despacho del juez Federico A. Moreno, en la Corte del Distrito Sur de La Florida. Durante la audiencia de condena, el juzgador tuvo en cuenta el antecedente penal de “Mateo” en ese país y cuestionó que varias décadas después siguiera inmiscuido en lo mismo.

“Debo criticar al acusado por involucrarse de nuevo en el tema de la cocaína, pensando tal vez ‘lo hago, consigo dinero, y si me atrapan, vuelvo a cooperar, les digo qué tan peligroso es Medellín y de pronto me dan otros 29 meses de cárcel’”, señaló.

El juez reflexionó sobre la situación de la capital antioqueña. Mencionó que estuvo en la ciudad en los años 80, pero que ha leído artículos periodísticos que hablan de una transformación positiva. “Es un lugar hermoso, la gente se está yendo a jubilar a Medellín. A veces vivimos en el pasado y vemos películas sobre el pasado, y pensamos que es la misma vieja ciudad violenta, pero ya no lo es”, dijo Moreno.

La sentencia contempla 11 años y tres meses de cárcel y una multa de 100 dólares (316.475 pesos). Después será deportado y durante otros cinco años tendrá libertad vigilada.

La defensa no apeló, pues como parte de su estrategia busca que más adelante se aplique la Regla 35, que en el sistema penal estadounidense permite otorgarle una rebaja de la pena a un condenado a cambio de cooperación judicial. Esto implica que “Mateo” podría obtener una reducción de hasta la tercera parte del castigo, si continúa sus delaciones contra la mafia.

Tras escuchar el veredicto, Arredondo expresó: “soy una persona que proviene de una humilde familia católica, de escasos recursos económicos. Solo estudié hasta quinto de Primaria, porque tuve que dejar la escuela para ayudarle a mi padre a mantener el hogar”.

Hablándole al juez, añadió: “le pido a Dios y a usted que sean misericordiosos, para poder regresar a mi casa en un futuro no muy distante, adonde está mi papá, que está muy enfermo de cáncer y recibiendo quimioterapia, después de que mi madre muriera hace seis años. Gracias, que Dios lo bendiga”.

En Colombia, según fuentes judiciales, no hay expedientes ni órdenes de captura vigentes contra “Mateo”, a pesar de haber participado en la organización criminal más peligrosa del Valle de Aburrá.

NOTA RELACIONADA: Presunto cabecilla de “la Oficina” se declaró culpable en EE.UU.

El Inspector.

Este hombre de 44 años, oriundo de Manizales, es un militar retirado, quien se unió a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en los años 90 y llegó a ser comandante del bloque Héroes de Granada. De igual manera, la Policía lo relaciona como presunto cabecilla de la organización criminal “la Oficina”, en la primera década del siglo XXI.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El momento de la deportación de “Duncan” a Colombia, procedente de Perú, en enero de 2016. Cortesía de la Policía,

La sentencia en su contra fue proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Antioquia (radicado N° 2016-01466) y data del pasado 16 de enero, aunque hasta ahora no se había hecho pública.

De acuerdo con el fallo, el crimen comenzó a gestarse en abril de 2005, cuando el bloque Héroes de Granada (BHG) delinquía en el Oriente de Antioquia.

En el municipio de Envigado hubo una reunión entre “Duncan” y miembros del Ejército, los cuales le informaron que los altos mandos habían ordenado operaciones en su zona, por la presencia de grupos armados ilegales. Temiendo que esto perjudicara sus intereses, el cabecilla acordó con los militares que les entregaría a cinco personas, para que fueran presentadas por estos como bajas guerrilleras en combate, a cambio de no entorpecer las acciones del BHG en la región.

EL “FALSO POSITIVO”

El 14 de abril de 2005 los paramilitares secuestraron a tres personas en el casco urbano del municipio de La Ceja, obligándolas a abordar distintos taxis. Las víctimas fueron Yini Montoya Villa, quien conducía una carretilla impulsada a caballo; Carlos Eduardo Osorio Berrío, un adolescente de 17 años que trabajaba en construcción, y Luz Marina Pava López, ama de casa y cultivadora de flores.

Ese mismo día raptaron también a los amigos Carlos Alberto Monsalve Tapias y Jairo Mena Borja, en una carretera de Marinilla. Ambos eran vendedores ambulantes de Medellín, que fueron al Oriente en búsqueda de mejor suerte.

Los cinco retenidos fueron conducidos a Alcatraz, una base que los paramilitares tenían en un paraje rural del municipio de San Carlos. A los dos días, el 16 de abril de 2005, los delincuentes les ordenaron ponerse uniformes camuflados, con el engaño de que los habían apresado por error y los iban a liberar ante el Ejército, para que estos a su vez los presentaran con delegados de la Cruz Roja. Según esta farsa, los uniformes eran para su protección durante el desplazamiento en el monte.

En la vereda Santa Inés de San Carlos, en un sitio conocido como el Alto de la Leona, los delincuentes entregaron las víctimas a un oficial y un pelotón de soldados del batallón Granaderos de la Cuarta Brigada del Ejército, además de un pequeño arsenal para fabricar el montaje. Se simuló un combate a campo abierto, los secuestrados fueron masacrados y presentados como guerrilleros abatidos en la contienda.

“Ese ‘falso positivo’ se dio porque nos iba a meter una operación el Ejército y cuadraron para que ellos se metieran, reportaran las bajas y a nosotros nos dejaran quietos”, confesó en el proceso el desmovilizado Edwin García Cardona, exmiembro del BHG.

LA CAÍDA DE “DUNCAN”
Hernández Ossa se desmovilizó del BHG el 5 de agosto de 2005, pero no se postuló a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, ni participó en las versiones libres. Por el contrario, la Policía cree que siguió delinquiendo, como cabecilla de la banda “la Oficina” en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.

El 7 de noviembre de 2008 fue capturado en Medellín, trasladado a Bogotá y posteriormente condenado a solo tres años de cárcel por cargos de porte ilegal de armas y falsedad en documento.

Un juez capitalino le concedió la detención domiciliaria, validando el argumento de que “Duncan” era padre cabeza de familia, y él se fugó de su casa en Bogotá el 24 de mayo de 2010 (ver la NOTA RELACIONADA: Presunto líder de la mafia se fugó de su casa).

Las autoridades solo volvieron a tener noticias suyas el 31 de diciembre de 2015, cuando Interpol lo arrestó en un restaurante de Lima, Perú.

Tras ser deportado a Colombia, y procesado por la masacre del Alto de la Leona, “Duncan” aceptó la acusación y se sometió a sentencia anticipada. La condena, como ya se dijo, fue de 28 años y 9 meses, los cuales estaba pagando en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

Sin embargo, su defensa logró que lo trasladaran este año a un centro de reclusión militar, en el batallón Pedro Nel Ospina del municipio de Bello, al parecer debido a su pasado como miembro del Ejército, institución en la cual fue suboficial en el grado de Cabo Primero.

Por su presunta militancia en “la Oficina” no tiene ninguna acusación formal en estrados judiciales, tan solo menciones en expedientes ajenos. En su contra sigue activo el proceso por fuga de presos.

Tras aceptar su responsabilidad en el “falso positivo”, Hernández Ossa también manifestó su voluntad de contribuir al esclarecimiento de otros crímenes perpetrados durante su época de paramilitar, según fuentes judiciales.

NOTA RELACIONADA: La persecución al cabecilla “Duncan” terminó en Perú.

El Inspector.

La decisión fue tomada por el Juzgado Primero Penal Especializado de Medellín, en contra de Édison Maya Ríos, de 42 años de edad y apodado “el Gomelo”, quien paga su sentencia en la cárcel El Pedregal, tras aceptar los cargos en el estrado y recibir una rebaja en la pena.

Esta es la reseña del caso, elaborada por el periódico El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La panorámica del penthouse de Laureles, en el cual fue arrestado en agosto alias “el Gomelo”. Cortesía de la Policía.

En el fallo judicial, fechado el 25 de enero de 2016, quedó constancia de que este hombre es uno de los máximos líderes de “los Chatas”, la banda que ejerce la hegemonía delincuencial en Bello y los demás municipios del norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la investigación de la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado, “el Gomelo” se inició en el mundo delincuencial en la década de los 90, trabajando para el clan paramilitar de los hermanos Castaño Gil.

Después se convirtió en la mano derecha de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Carlos Chata”, presunto líder de “los Chatas” y de la organización mafiosa “la Oficina”. Este cabecilla aprovechó los contactos de Maya para emplearlo como su representante en las reuniones clandestinas y como enlace para las sociedades con otras facciones ilegales, como “los Urabeños” y las “odines” (Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico) de “Robledo”, “Caicedo” y “Picacho”, en Medellín.

Su papel “político” dentro de esa estructura se extendió a la parte financiera, siendo delegado para el manejo de varias propiedades, siempre con muy bajo perfil.

“Se pudo establecer que este sujeto al parecer logró lavar el dinero del narcotráfico, constituyendo varias compraventas ubicadas en la capital antioqueña, Valle del Cauca, Chocó, Panamá y Ecuador, a través de las cuales estarían lavando cerca de 50 millones de dólares al año”, consignó la Policía Metropolitana en el informe de su captura, el pasado 3 de agosto (ver la NOTA RELACIONADA: Golpe al corazón de la banda “los Chatas”).

El documento señaló además que en el municipio de Bello “estaba implementando una nueva modalidad de extorsión a las empresas constructoras, además de exigirles sumas de dinero. Para permitir la construcción en los terrenos aledaños donde tenían injerencia, los obligan a conceder empleos a integrantes o familiares de la organización y obtener apartamentos tramitados legalmente para su uso”.

“El Gomelo” fue detenido en un lujoso penthouse de Laureles, en el occidente de la capital antioqueña, al cual se accedía por un ascensor privado que se activaba con tarjeta lectora.

El pasado 10 de diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le aplicó sanciones económicas, al incluirlo en la Lista Clinton, congelando sus transacciones financieras y comerciales (ver la NOTA RELACIONADA: La banda “los Chatas” fue incluida en la Lista Clinton).

En el mismo listado fueron reseñados su jefe “Carlos Chata” y otros dos líderes de la banda: Jeová Buriticá Hincapié (alias “Camilo Chata”) y Jorge Oswaldo Zapata Berrío (“Jonás”).

“El poderoso grupo ‘los Chatas’ está involucrado en el narcotráfico y una serie de crímenes violentos como extorsión, asesinato y robo en nombre de ‘la Oficina de Envigado’”, declaró en ese momento John E. Smith, director (e) de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de El Tesoro.

Hasta ahora, pese a que esta organización es señalada como la más peligrosa del Valle de Aburrá, solo su cabecilla “el Gomelo” permanece tras las rejas.

El Inspector.

De los tres procesados, alias “Tuto” es el que ha salido mejor librado hasta ahora, pues los testigos que la Fiscalía tenía en su contra se retractaron en el juicio.

De izquierda a derecha: José Otalivar Chavarría (“Jotalibán”), Didier Ríos López (“Tuto”) y Julián González Vásquez (“Barny”). Fotos de Archivo.

Julián Andrey González Vásquez, alias “Barny”, fue condenado a 17 años de cárcel por su participación comprobada en tres asesinatos y por concierto para delinquir agravado, en una decisión proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín.

La pena pudo ser mayor, pero el delincuente logró un acuerdo con la Fiscalía, en el cual aceptó la culpa por estos hechos a cambio de una rebaja en el número de años.

Las víctimas, ejecutadas por sicarios de la banda “la Terraza” en 2008, por órdenes de “Barny”, fueron: el empleado bancario Elkin Vladimir Rivera González, el policía Rodolfo Gaviria Barragán y el ciudadano John Edward Chaverra García (ver la NOTA RELACIONADA: Las primeras tres muertes que le endilgan a “Barny”).

El informe que emitió la Fiscalía sobre esta sentencia recordó que “por el homicidio del empleado bancario ya fueron condenados a penas que oscilan  entre 14 y 16 años de prisión, Juan Pablo Taborda Zamora, alias ‘Yordy'; Juan Camilo Rendón Castro, alias ‘Saya'; y Édinson Rodolfo Rojas, alias ‘Pichi'”.

La justicia también condenó, por hechos diferentes, a un mando medio de “la Oficina”: José Otalivar Chavarría Chavarría, apodado “Jotalibán”. Este hombre era el líder de los combos en la comuna 7 (Robledo), a órdenes de “Carlos Pesebre”.

El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín lo sentenció a 31 años y 3 meses de cárcel por doble homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, cinco desplazamientos forzados, extorsión y uso de menores para la comisión de delitos (ver la NOTA RELACIONADA: “Jotalibán” mueve sus fichas para retrasar condena).

De todos los crímenes en los cuales participó este exmilitar, el que terminó llevándolo a la condena fue uno acaecido el 11 de marzo de 2013 en el barrio Aures, cuando los sicarios bajo su mando ejecutaron en vía pública a Carlos Andrés Palacio Adarve, de 25 años, y Edwin Alexis Ríos García (“el Casco”), de 26, quienes se habían retirado del combo “el Acopio”.

Después de esas muertes, cinco familias de la  zona fueron obligadas a abandonar el vecindario por órdenes de “Jotalibán”, quien ahora pernocta en la cárcel La Picota de Bogotá.

Otro cabecilla de “la Oficina” sobre el cual hubo decisiones judiciales en los últimos meses fue Didier de Jesús Ríos López, alias “Tuto”, quien lideraba las bandas del municipio de Itagüí y las comunas de Guayabal y Belén en Medellín. El Juzgado Quinto Penal Especializado anunció el sentido del fallo condenatorio por concierto para delinquir agravado y en las próximas semanas definirá el monto de la pena.

Sin embargo, “Tuto” salió mejor librado que “Barny” y “Jotalibán” en su proceso penal, pues a diferencia de ellos logró eludir (hasta el momento) los cargos por homicidio, que le representarían muchos más años en prisión. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Al momento de su captura en junio de 2014, la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado le imputó cargos por desplazamiento forzado y tres asesinatos: el de Diego Alberto Valencia Echavarría (“Monstruo”), cometido el 20/5/10; el de Jairo Echeverry Restrepo (14/4/13); y el de Reinaldo Herrera Estrada, alias “el Míster”, quien era primo de “don Mario”, el fundador de la banda “los Urabeños” (28/3/11, ver la NOTA RELACIONADA: “Los Urabeños” llegaron a Medellín y con ellos la muerte).

Uno de los principales testigos de la Fiscalía era Jonathan Alexánder Arango Restrepo, alias “la Nea”, quien en su momento pasó de ser enemigo a coordinador de sicarios de “Tuto”. En la actualidad está en la cárcel de Cómbita (Boyacá) pagando una sentencia de 16 años y 9 meses por un homicidio y, según él, fue traicionado por su antiguo jefe.

Al llegar la etapa del juicio oral, tanto “la Nea” como los otros seis testigos se retractaron o se negaron a declarar en contra de Ríos López, por lo que el ente acusador se quedó sin sus principales pruebas para acusarlo por los asesinatos. En consecuencia, el juzgado lo absolvió en primera instancia por los homicidios y los desplazamientos. La causa de las retractaciones no se conoce plenamente, pero las autoridades sospechan que los testigos fueron intimidados.

El Inspector.

El ciudadano, considerado por las autoridades como uno de los criminales más peligrosos del noroccidente de Medellín, es uno de los cabecillas de la “Odín Robledo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico”), la estructura ilegal comandada por Freyner Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”.

José Otalivar Chavarría, alias “Jotalibán”, pernocta en la cárcel La Picota. Cortesía.

Alias “Jotalibán”, también apodado “Jotalivar”, “JJ”, “Gonzalo” o “Chalo”, fue capturado por la Sijín el 29 de julio de 2013 en el barrio Calasanz. La Policía lo reseñó como el líder de los combos de la comuna 7, a órdenes de “Carlos Pesebre”, y quién sería el encargado de coordinar el entrenamiento militar de los sicarios en una finca del municipio antioqueño de Guarne, donde recibían instrucción para manejar fusiles.

La Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado le imputó cargos por doble homicidio, desplazamiento forzado, extorsión y concierto para delinquir agravado.

El caso que terminó complicando la situación jurídica del cabecilla sucedió el 11 de marzo de 2013, cuando los matones de la “Odín Robledo” asesinaron a dos jóvenes en el barrio Aures. La razón para haber matado a “Casco” y “Edwin”, como les decían, fue que se negaron a trabajar para la facción. El crimen, además, estuvo acompañado del desplazamiento de 8 personas que lo atestiguaron en plena vía pública.

Chavarría negó los cargos y se fue a juicio con la Fiscalía, sin poder demostrar su inocencia en el estrado. El 26 de marzo de 2015 el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín dictó el sentido del fallo condenatorio y programó la audiencia de sentencia (en la cual se dice el número años a pagar y se argumentan los motivos) para el 12 de mayo.

Ese día, sin embargo, “Jotalibán” no se presentó a la diligencia judicial. En cambio mandó con su cónyuge el texto de una denuncia contra la fiscal que lleva su caso, argumentando que se extralimitó en sus funciones, que todos los testigos en su contra mienten, que la Policía lo acusó falsamente y que, en pocas palabras, es víctima de un complot.

El procesado pidió además que su sentencia se aplazara hasta que otro juzgado resuelva su denuncia contra la Fiscalía. Mientras tanto, esperará en la cárcel La Picota, de Bogotá. Para colmo, su abogado contractual renunció.

Fuentes cercanas al caso indicaron que les pareció muy coincidencial que el texto de la denuncia de “Jotalibán” hubiese sido redactado y asesorado por una abogada exesposa de Didier Ríos López, alias “Tuto”, cabecilla de la “Odín la Unión” y miembro de la cúpula de la organización criminal “la Oficina”, a la que también pertenece “Carlos Pesebre”, el jefe de Chavarría (ver la NOTA RELACIONADA: Monitoreo a 78 teléfonos públicos llevó a la caída de “Tuto”).

Se investiga si detrás de esta movida hay un intento de varios cabecillas de “la Oficina” para frenar los procesos penales, a través de la formulación de denuncias contra los funcionarios que los enviaron a la cárcel.

Por lo pronto, el Juzgado Tercero Penal Especializado fijó una nueva fecha para la audiencia de tasación de la pena de “Jotalibán”, para el próximo 9 de junio. Juristas consultados por Revelaciones del Bajo Mundo estiman que, teniendo en cuenta que hay dos muertos de por medio y varios delitos en la acusación, la sentencia podría rondar los 40 años.

NOTA RELACIONADA: Aseguran a “Jotalibán”, supuesto cabecilla de Robledo.

El Inspector.

Esto han indicado fuentes de la Fiscalía, tras señalar que el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Valledupar, por petición de la defensa del sentenciado, cambió la detención intracarcelaria a la que está sometido, por la domiciliaria. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Freyner García, alias “Carlos Pesebre”, es cabecilla de “la Oficina” y la “Odín Robledo”, con influencia en las comunas 7, 11, 12, 13 y 16 de Medellín, y los corregimientos San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado. Cortesía Policía.

García Ramírez está pagando en la prisión de Valledupar una pena de 9 años de cárcel por concierto para delinquir. Y de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que hace un par de meses lo sancionó incluyéndolo en la Lista Clinton, siguió delinquiendo y orquestando su banda desde la celda.

El argumento con el cual la defensa solicitó el cambio en la medida de aseguramiento es, de acuerdo con las fuentes judiciales, que “Carlos Pesebre” es padre de familia y la jurisprudencia debe velar por la protección de los menores de edad.

Bajo este mismo pretexto recibieron la detención domiciliaria otros dos cabecillas de “la Oficina” condenados, con el agravante de que ambos se fugaron de las casas a las cuales los llevaron: Hernán Darío Giraldo Gaviria (“Cesarín”) en 2014 y Carlos Hernández Ossa (“Duncan”) en 2010.

Voceros del Inpec confirmaron que la solicitud del juzgado llegó en la tarde de este viernes (diciembre 5) al establecimiento de Valledupar. Ahora el área jurídica de esa dependencia analiza la hoja de vida (proceso de sustanciación) del detenido para determinar si no existen otros requerimientos judiciales que obliguen a frenar su salida.

En caso de que no los haya, “Carlos Pesebre” dirá el domicilio en el cual continuará cumpliendo la pena, que será visitado por una trabajadora social, y el Inpec notificará a la Policía del Cuadrante y hará registros periódicos. Se presume que, si no hay impedimentos, su traslado se daría en la tarde de este sábado 6 de diciembre.

NOTA RELACIONADA: Fiscalía les dio voz a las víctimas de “Carlos Pesebre”.

El Inspector.

Los vecinos apenas escucharon los alaridos del adolescente, los tiros y después el silencio. Pocas pistas tenían las autoridades de aquel crimen, cometido el 30 de agosto de 2013. Sin embargo, tres investigadores del Grupo Contra el Terrorismo de la Sijín no estaban dispuestos a que el caso quedara impune. Esta es la reconstrucción de los hechos, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los integrantes de “La Camila” fueron detenidos en la Operación Cronos. Cortesía Policía Metropolitana.

Durante cinco días recorrieron los trechos del principal afluente del Valle de Aburrá. Soportaron lluvias y jornadas de horario intenso, hasta que el 4 de septiembre, en pleno aguacero, divisaron el cuerpo flotando en el río, a la altura del municipio de Barbosa.

Tras rescatarlo, lograron identificarlo. El chico, a quien todos conocían como “Sapín”, era un huérfano que vivía en una sencilla casa del sector La Camila, en Bello. Sus hermanos no tenían ni un peso para el entierro, por lo que los policías gestionaron los recursos y los seres queridos pudieron sepultarlo con su ritual de fe.

Así comenzó una investigación judicial que terminó con la condena de varios de los asesinos más tenebrosos de “La Camila”, una organización criminal con influencia en Bello, Copacabana y Barbosa, dedicada al desplazamiento forzado, sicariato, desapariciones, usurpación ilegal de predios, tráfico de drogas y extorsiones, entre otras atrocidades.

En el expediente, los investigadores también documentaron un ataque contra otro adolescente de 17 años, perpetrado el 1 de junio de 2012. El muchacho, apodado “Alex”, fue acusado por la banda de cobrar vacunas extorsivas a nombre de ellos y no entregarles el dinero. Por eso le propinaron varias puñaladas a un costado de la estación Niquía del Metro, de las que sobrevivió con secuelas graves.

Con la información recopilada, la Fiscalía 26 adscrita a la Dirección contra el Crimen Organizado solicitó las órdenes de captura contra cinco integrantes del grupo: Jhonatan Darío Arango Carmona (alias “Cachorro”), Juan David Hurtado Bedoya (“Caricortado”), Juan Esteban Toro Díaz (“Juanchito”), Yéferson Alexánder Pérez Agudelo (“Tatuado” o “Yéferson”) y Roger Stiven Jiménez Flórez. El quinteto fue arrestado por la Sijín el 4 de febrero de 2014, en la Operación Cronos.

Meses después hicieron preacuerdos con el ente acusador y este lunes dictó sentencia el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín. Por cargos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y concierto para delinquir fueron condenados: a 34 años de cárcel alias “Cachorro”, “Caricortado” y “Tatuado”; y a 36 años, “Juanchito”. De igual manera, Roger Jiménez pagará 7 años y dos meses por concierto para delinquir.

A algunos asistentes a la audiencia de lectura del fallo, en el Palacio de Justicia de Medellín, les llamó la atención que al salir de la diligencia judicial los condenados iban sonrientes. Quizá no les quedó claro que, por ser las víctimas dos menores de edad, no tendrán derecho a rebajas de pena de ninguna clase.

Los dos cabecillas de “La Camila” ya están en la cárcel, purgando sentencias por otros crímenes: el expolicía John Jairo Ruiz Muñetón (“Calvo Ruiz”), pagando 8 años, y Óscar Alirio Cuartas Rojas (“Osquitar”), con seis, ambos por concierto para delinquir.

NOTA RELACIONADA: Cae “el Gordo Ruiz”, cabecilla criminal de Bello.

El Inspector.

De acuerdo con la Fiscalía, la historia comenzó el 3 de noviembre de 2011, cuando un comerciante de la Central Mayorista de Antioquia salía de una caballeriza del municipio de Sabaneta y fue sometido y raptado por un grupo delincuencial.

Carlos Correa, alias “don Pepe”, fue detenido en una urbanización de Sabaneta. Cortesía Policía Metropolitana.

A la semana siguiente al plagio, “don Pepe” y tres secuaces fueron al parqueadero del Almacén Éxito de El Poblado, a recibir una suma cercana a los 17.000 millones de pesos para liberar al comerciante. En ese preciso instante les cayeron los agentes de la Dirección Antisecuestro, capturándolos en el acto (ver la NOTA RELACIONADA: “Don Pepe” y los cabecillas que pasan de agache).

Junto a Correa López arrestaron a Óscar de Jesús Bedoya García, alias “Camellete”; John Alexánder Restrepo Londoño y Jaime Alonso Quiceno Sánchez. A estos dos últimos la Policía los señaló de hacer trabajos logísticos para el cabecilla, como la compra y venta de vehículos y la administración de bienes y propiedades obtenidas de manera ilegal.

El 16 de noviembre siguiente. la víctima se presentó ante las autoridades y dijo que no había estado secuestrado, sino que estuvo de viaje unos días y se ausentó de la ciudad. Tras retirar la denuncia penal, “don Pepe” y sus compinches obtuvieron la libertad.

No obstante, los agentes del Gaula determinaron que el comerciante retiró la denuncia bajo amenazas de muerte, por lo que el proceso se reactivó y la Dijín capturó a Correa López el 19 de abril de 2013, en un apartamento de Sabaneta (ver la NOTA RELACIONADA: Así pescaron a “don Pepe”, supuesto líder de “la Oficina”).

En ese instante, el cabecilla era uno de los máximos líderes de “la Oficina” y de su principal tentáculo en Itagüí, la banda “la Unión”. En la misma sentencia judicial por secuestro extorsivo, también fueron condenados a 20 años y 8 meses dos de los copartícipes del crimen: John Alexánder Restrepo Londoño y “Camellete”, conocido en el bajo mundo por haber sido la mano derecha de alias “Yiyo”, otro jefe histórico de la organización. Ambos están prófugos.

La defensa de “don Pepe” apeló la sentencia y será el Tribunal Superior de Medellín quien resuelva ese recurso.

El Inspector.

La decisión fue tomada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, tras hallarlo responsable por concierto para delinquir agravado y porte y tráfico de armas.

Si las autoridades no lo judicializan por otro delito, "Titi" podría salir de la cárcel antes de cumplir los siete años. Cortesía Policía.

La banda de “Pachelly” tiene su base en el municipio de Bello, Antioquia, con influencia en el Norte del Valle de Aburrá y redes en algunos barrios de Medellín. Sin embargo, en los últimos años se ha venido debilitando, de cuenta de golpes como la captura de “Titi”, realizada por la Sijín el 15 de agosto de 2013, cuando este asistía a una cita médica (ver la NOTA RELACIONADA: Presunto jefe de sicarios cayó en una cita médica).

Según el comunicado de la Fiscalía, “la investigación contra esta banda se inició por las constantes quejas de los habitantes del sector, que se veían atemorizados por las extorsiones, desplazamientos y homicidios a los que estaban siendo sometidos”.

“Titi”, de 37 años de edad, es además desmovilizado del bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). También lo investigan por un cuádruple homicidio ocurrido en Bello el pasado 30 de marzo, donde murió un rival apodado “Moide” (ver la NOTA RELACIONADA: Investigan si matanza de Bello fue un asunto “interno”). Su hermano Francisco Mazo, alias “Pocho”, está capturado y a la espera de la sentencia.

NOTA RELACIONADA: Con “Pocho” se extingue una generación de “Pachelly”.

El Inspector.

Siempre se ha rumorado que el día de su captura, "don Mario" estaba con una famosa modelo y presentadora colombiana, aunque la Policía guarda silencio sobre eso. Cortesía.

El combate dejó cinco personas asesinadas dentro de una camioneta Toyota Hilux de placa oficial, cuya carrocería fue traspasada por tiros de fusil. De acuerdo con la investigación, los occisos fueron el patrullero Víctor Alfonso Ramírez Osorio y el subintendente Watson Eduardo Rojas, ambos integrantes activos del Gaula en ese momento; también fallecieron el subteniente (r) Wálter Mauricio Martínez Chía, exmiembro del Gaula; el civil Eduar García Arroyo yel desmovilizado Frende Alberto Suárez Ramírez, alias “Camarrenga”.

Durante las audiencias, “don Mario” indicó que los funcionarios del Gaula al parecer estaban trabajando para “la Oficina” y al momento de su muerte guiaban a los mercenarios, situación que no ha sido confirmada por las autoridades.

Al final de la audiencia de ayer, a la que asistió por videoconferencia, el condenado pidió perdón a las familias de sus víctimas, y dijo que para él “también era difícil” porque pasaría mucho tiempo en prisión sin sus seres queridos.

La decisión fue tomada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, quien emitió el sentido del fallo condenatorio contra Camilo Piedrahíta Monsalve, alias “la Máscara” o “Lucky”, y Juan Carlos Restrepo Gallego, apodado “Cafés”.

Con este volante la Policía estuvo buscando a los sospechosos de la masacre. Cortesía.

La matanza ocurrió el 19 de septiembre de 2010 en el bar “El Punto Cervecero”, del sector Miramar, en el noroccidente de la ciudad. La gente bebía, bailaba  y charlaba cuando aparecieron los sicarios de madrugada. Iban en una moto y un taxi robado en Belén, y dispararon de manera indiscriminada con pistolas y una subametralladora 9 milímetros.

Murieron  Cruz Elena Agudelo Martínez (38 años), Manuel Guillermo Valencia (23), Johny Alexánder Espitia (25) y dos adolescentes de 16 años, llamados Sandrit Blanco Izquierdo y Manuel Emilio Arias. Ocho personas resultaron heridas. El crimen fue ejecutado por la organización criminal “los Machacos”, que delinque en las comunas 5 y 6.

La Policía imprimió volantes con los alias de los tres principales sospechosos: “Checho” (quien era menor de edad cuando sucedió la masacre), “Cafés” y “la Máscara”. Estos dos últimos huyeron de Antioquia, pero la Policía los arrestó el 9 de julio de 2011, en el municipio de Palmar de Varela (Atlántico). Les incautaron tres pistolas Pietro Beretta, una escopeta de repetición y dos silenciadores, según la Fiscalía.

Tras el fallo condenatorio del juzgado, queda pendiente la audiencia de lectura del fallo, donde el juez expondrá los argumentos de la decisión y el monto de la pena. La Fiscalía ha pedido la máxima sentencia: 60 años, por múltiple homicidio agravado, ocho tentativas de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar. Ambos están en la cárcel de El Bosque, en Barranquilla.

Por su parte, alias “Checho” estuvo escondido en la ciudad de Santa Marta (Atlántico), aunque regresó a Medellín para celebrar su cumpleaños número 18 al peor estilo de los traquetos, con una bullosa rumba callejera. La Policía lo apresó el 27 de agosto de 2011 y lo judicializó por la masacre.

No obstante, lo benefició la Ley de Infancia y Adolescencia, que lo abrigaba en el instante en que empuñó las armas para acribillar a la gente. A los pocos meses volvió a la calle, en libertad. Se dice que regresó a sus escondites de la Costa Atlántica, burlando a la justicia por el momento.

NOTA RELACIONADA: Masacre en el Día del Amor y la Amistad.

El Inspector.

En consecuencia, “Carlos Pesebre” será condenado el próximo 21 de octubre a nueve años de prisión por concierto para delinquir agravado, al igual que Luis Aníbal García Gómez (“Maicol”) y Andrés Felipe Álvarez López (“Andresito”). Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

"Carlos Pesebre" será recluido en la cárcel de Valledupar, Cesar. Cortesía Policía Metropolitana.

En el caso de Javier Ventura Marín Álvarez (“Tatú”), la sentencia será de 10 años porque se suma el delito de desplazamiento forzado.

El juez condicionó el preacuerdo al pago de $65 millones a dos víctimas de extorsión y desplazamiento, y la devolución de un parqueadero del que se había apropiado la banda mediante intimidaciones, en el barrio Laureles.

La Policía señala a “Carlos Pesebre” de liderar una facción de la estructura mafiosa “la Oficina”, conocida como la “Odín Robledo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), con influencia en las comunas 7, 11, 12, 13 y 16 de Medellín, y en los corregimientos San Cristóbal y Altavista.

Aunque el preacuerdo levantó ampolla en varios sectores de la opinión pública, que consideran muy baja la pena, la Fiscalía informó que en contra de “Carlos Pesebre” avanzan otras investigaciones por delitos distintos, en las unidades de Vida y Derechos Humanos.

Los reseñados tuvieron vínculos con las autodefensas en el pasado, delinquiendo en el Occidente de la ciudad.

NOTA RELACIONADA: Fiscalía les dio voz a las víctimas de “Carlos Pesebre”.

El Inspector.

En la audiencia, realizada en el Palacio de Justicia de la ciudad, se determinó que las penas serían de 4 años y 3 meses para algunos, 6 años y 3 meses para otros, y 11 años, 7 meses y 15 días para unos cuantos. Sumadas, las condenas representan 87 años y 7 meses a la sombra. Este es el seguimiento del caso, elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fueron presentados los miembros de "los Chivos" capturados en la Operación Perseo. Cortesía Policía Metropolitana.

Las personas afectadas por la decisión judicial son: Hugo Armando Suaza Ramírez (alias “Hugo”), Diego Édison Gallón Caro (“Moquillo”), Andrés Felipe Alzate Cano (“Pipe Gomina”), Luis Felipe Ramírez Cardona (“Pipe Trino”), Róbinson Alejandro Ríos Mejía (“Titico”), Diego Alejandro Ocampo Álvarez (“Diego Rata”), Dany Arley Pérez (“la Nea”), Carlos Fernando Yepes Jaramillo (“Calucho”), Luis Alberto Sepúlveda Giraldo (“Ojón), Sebastián Suaza Ochoa (“Chatán”), Édgar de Jesús Suaza Ramírez (“Mellizo”), Carlos Yonatan Aristizábal Duque (“Digimón”) y Alonso Guerra (“Caposay”).

Todos ellos, de acuerdo con fuentes judiciales, habían aceptado mediante un preacuerdo su responsabilidad por concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de uso privativo de la Fuerza Pública.

La investigación, adelantada por la Fiscalía 37 contra las Bandas Emergentes, había arrojado que estas personas integraban la banda de “los Chivos”, una estructura ilegal dedicada al cobro de extorsiones, tráfico de armas y estupefacientes, sicariato, desplazamiento forzado y amenazas, entre otras conductas punibles.

Los principales afectados por sus acciones eran residentes del corregimiento Altavista y varios barrios de Belén, como El Rincón, La Loma de Los Bernal, Los Alpes, La Palma y La Gloria.

La mayoría de ellos fueron capturados en la Operación Perseo, ejecutada por la Policía y la Fiscalía el pasado 3 de julio (ver la NOTA RELACIONADA: Golpe de la Fuerza Pública al corazón de “los Chivos” ). Los cabecillas de la estructura eran miembros de una misma familia: “Hugo”, su hermano “Mellizo”, y su hijo “Chatán”.

A varios de ellos, como el propio “Hugo”, “Digimón” y “Caposay”, les sumarán otros procesos pendientes en diferentes despachos, por lo cual podrían incrementarse sus días en la celda; a este último, por ejemplo, le resta una sentencia por violencia intrafamiliar.

La mayoría responde por sus penas en la cárcel de El Pedregal, en el corregimiento San Cristóbal.

NOTA RELACIONADA: Cayó el hombre más buscado de Altavista.

El Inspector.

Pero una cosa son los señalamientos y otra los juicios, porque a la fecha, solo dos jefes de esa banda han sido judicializados y condenados por el delito de homicidio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la justicia ha sido incapaz de responsabilizarlos en el estrado por esas muertes? ¿Por qué estos cabecillas de primera línea no han recibido sentencias severas por derramar sangre a través de sicarios?

Cuando ocurrió la matanza de 8 personas en Envigado, el 2 de julio de 2010, la Policía indicó que la causa era la guerra entre "Valenciano" y "Sebastián". A ninguno de ellos le han abierto cargos por eso. Foto de Esteban Vanegas.

Una de las explicaciones es que la mayoría de estos expedientes han sido asumidos por la Unidad Nacional de Fiscalías contra las Bandas Emergentes, cuyo “sello particular” parece ser procesar a la gente por la conducta de concierto para delinquir,  con preacuerdos de por medio. Esto, al fin de cuentas, genera penas inferiores a los 17 años en promedio, que sumados a los beneficios por confesión y buena conducta en prisión, se reducirían aún más.

Frente a estos temas, cada vez pierde más fuerza la Unidad de Vida de la Fiscalía, que judicializa a los sospechosos por homicidios y en esa instancia podría lograr, incluso, la pena máxima de 60 años. Para citar un ejemplo reciente, esta Unidad debería asumir por derecho propio el caso de la masacre de 9 personas en Envigado (31/12/12), sin embargo, una semana después del hecho el expediente fue asignado a la de Bandas Emergentes.

Otra de las explicaciones, de acuerdo con fiscales consultados, es que la consecución de pruebas relacionadas con los homicidios de esta banda es muy difícil por tres razones: cuando determinan una muerte, en la cadena de ejecución del crimen intervienen muchas personas, lo que hace difícil rastrear su participación; la alta capacidad de intimidación a los testigos, que evita formular denuncias y entregar información; y su poder de corrupción, por el cual hay funcionarios públicos infiltrados que se encargan de torcer los procesos.

Entre los argumentos también se tiene que hay fiscales que, por miedo, evitan enfrentarse a estos mafiosos en un proceso penal de largo aliento, con penas de muchos años de por medio. Para estos servidores es mejor hacer preacuerdos y salir rápido del caso. Algunos de ellos lo justifican afirmando que “así se reduce el desgaste del aparato judicial del Estado” y otros simplemente dicen que el Gobierno y la Fuerza Pública son incapaces de protegerlos ante cualquier amenaza. 

En términos concretos, estas son los procesos y condenas contra los cabecillas de “la Oficina”:

Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don Berna”: condenado a 31 años y tres meses de cárcel en Estados Unidos, por el delito de narcotráfico. En el marco de la ley de Justicia y Paz, en el que participa en calidad de desmovilizado, le han imputado varios homicidios perpetrados por la banda “la Terraza” entre 1996 y 2000.

Gustavo Upegui: antes de ser asesinado en 2006, salió absuelto de un proceso judicial por conformación de grupos armados al margen de la ley.

Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias “Rogelio”: procesado en Estados Unidos por narcotráfico y su supuesta participación en la muerte del narcotraficante Francisco Cifuentes Villa, quien para la fecha (2007) era informante de la DEA. También lo investigan por el secuestro de un agente de la Agencia de Inmigración (ICE) en Medellín.

Mauricio López Cardona, “Yiyo”: los mismos cargos de “Rogelio”, salvo el caso de Cifuentes Villa.

Fabio Acevedo, “don Efe”: procesado por concierto para delinquir.

Daniel Alejandro Serna, “Kener”: acusado del homicidio de un joven en 2003 en Amagá y condenado a 6 años por concierto para delinquir, ambos cargos derivados de su militancia en las Autodefensas. Judicializado por fuga de presos. 

Carlos Arturo Hernández Ossa, alias “Duncan” o “Jerónimo”: condenado a 3 años por porte ilegal de armas y falsedad en documento. Le dieron detención domiciliaria en una casa de Bogotá, de la cual se fugó en 2010. En su contra hay una Circular Roja de Interpol.

José Leonardo Muñoz Martínez, “Douglas”: condenado a 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

Franklin Andrés Vargas Cardona, “Frank”: sentenciado a 16 años y 4 meses por tráfico de armas, concierto para delinquir y uso de documento falso. Hubo preacuerdo con la Fiscalía. El Juzgado, inconforme con dicho pacto, ordenó compulsar copias para que se habrán investigaciones por la supuesta participación de “Frank” en las muertes de Efraín Maldonado (“don Efra”) y el empresario de vehículos Robert Bohórquez.

Félix Alberto Isaza Sánchez, “Beto”: condenado a 9 años y 6 meses por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y falsedad en documento público. Hizo preacuerdo con la Fiscalía.

Dairo Alberto Muñoz Torres, “el Indio”: capturado y procesado por concierto para delinquir.

Jean Fernando Espinoza, alias “Yam” o “la Firma”: el expolicía firmó un preacuerdo con la Fiscalía y será condenado a 15 años de cárcel por porte ilegal de armas de uso civil y militar. 

Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, “el Compa”: condenado a 36 años por secuestro extorsivo, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”: procesado por concierto para delinquir en Colombia y solicitado por narcotráfico en Estados Unidos. Aún no ha sido extraditado.

Maximiliano Bonilla Orozco, “Valenciano”: procesado por concierto para delinquir en Colombia y solicitado por narcotráfico en Estados Unidos. Espera la sentencia en una cárcel de Nueva York.

Alirio de Jesús Rendón Hurtado, “el Cebollero”: condenado a 4 años y 2 meses por concierto para delinquir, con preacuerdo con la Fiscalía. Y sentenciado a 13 años y 3 meses por lavado de activos.

Fabio Édison Gómez Ruiz, “Riñón”: tras realizar un preacuerdo con la Fiscalía, fue condenado a 17 años de cárcel por homicidio agravado y tentativa de homicidio de agravado, por un tiroteo de 2003, en el que sicarios bajo su mando mataron a dos personas e  hirieron a otra. También está judicializado por concierto para delinquir.

Hugo Albeiro Quintero, “el Patrón de Bello”: condenado a 7 años y medio por concierto para delinquir agravado. Ya está en su casa, con libertad condicional, tras cumplir las dos terceras partes de la pena.

Hernán Darío Giraldo Gaviria, “Cesarín”: condenado a 20 años y 9 meses por ser el autor intelectual del homicidio del empresario Argemiro Salazar en 2009.

Víctor Manuel Quintero Alzate, “Víctor Colas”: tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía, será condenado a 6 años y un mes de cárcel por concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

César Augusto Correa López, “don Pepe”: condenado a 38 años y 6 meses por el asesinato de un investigador del CTI en 1997. Absuelto de un proceso por extorsión. Actualmente está libre.

Adiel Fabián Covaleda Guzmán, “Adiel”: después de firmar un preacuerdo con la Fiscalía, lo condenaron a 6 años por concierto para delinquir y falsedad en documento público.

Édinson Rodolfo Rojas, “Pichi”:  capturado y procesado por concierto para delinquir con fines de homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes.

El anterior registro demuestra que muy pocos de los presuntos líderes de “la Oficina” están respondiendo por homicidios ante la justicia. Y entonces, ¿quién responde por los muertos de “la Oficina”?

El Inspector.

El Tribunal Superior de Medellín, en su fallo de segunda instancia, confirmó la condena contra el cabecilla de ‘La Oficina’, pero modificó el monto. En consecuencia, la sentencia inicial de 32 años y 7 meses se redujo a 13 años y 3 meses de cárcel.

Escena de la presentación de 'El Cebollero', tras su captura en 2008 en El Poblado.

Los magistrados que respondieron a la apelación de la defensa, consideraron que en principio hubo una aplicación inadecuada de los agravantes del delito, y al reestructurar el caso se benefició al procesado. El alivio para Rendón también cobijó su bolsillo, pues antes debía pagar una multa de 28.335 millones de pesos, y ahora la suma está en 7.402 millones 235.400 pesos.

Teniendo en cuenta que ‘El Cebollero’ está en la cárcel desde el 21 de mayo de 2008 (hace cuatro años y cinco meses), le quedarían 8 años y 10 meses de condena por cumplir. Con seis años tras las rejas alcanzaría el tiempo suficiente (75% de la pena) para solicitar la libertad condicional, igual que han hecho otros cabecillas del crimen organizado como ‘El Patrón de Bello’, ‘Elkin Triana’ y ‘Bolillo’.

Esta situación podría variar si le aplican otras rebajas o, en contraposición, se ejerce presión política para prolongar su encarcelamiento, pues Rendón Hurtado tiene poderosos enemigos en ese gremio, desde el presidente Juan Manuel Santos (que ya hizo sancionar a un juez que le cambió la detención intramural por domiciliaria) y el exalcalde de Medellín Alonso Salazar.

El sentenciado continúa afirmando que es inocente, víctima de las envidias de otros comerciantes, y su defensa está decidida a sacarlo una vez más de la cárcel. El abogado Gustavo Salazar Pineda apeló otra vez e instauró un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, para que el máximo tribunal le conceda la libertad a su prohijado.

La condena por lavado de activos surgió de una investigación de la Fiscalía iniciada en el 2000. El ente acusador demostró que ‘El Cebollero’ blanqueó dineros de ‘La Unión’, una banda criminal al servicio de ‘La Oficina’ en el municipio de Itagüí y el sur del Valle de Aburrá.

El exdirectivo de la Central Mayorista de Antioquia posee también en su prontuario una condena por concierto para delinquir (de 4 años y 4 meses), tras aceptar que había financiado actividades de ‘La Unión’. Hoy en día está en la cárcel El Pedregal.

Para retomar este caso desde el principio, les recomiendo leer las siguientes NOTAS RELACIONADAS: Sentencian a ‘El Cebollero’ por lavado de activos, El hospital de ‘La Oficina’ y Cuatro añitos para un cabecilla de ‘La Oficina’.

El Inspector.

La sentencia pudo ser más alta, pero el procesado Wilder Alonso Sierra, de 24 años, había aceptado los cargos en la audiencia de garantías del pasado 23 de febrero, por lo cual le concedieron una rebaja de la mitad de la pena.

Él era William Román, un líder cuyo sueño era lograr que el corregimiento de San Cristóbal progresara.

El asesinato ocurrió el 10 de julio de 2011 en la vereda Travesías de San Cristóbal, cuando dos sujetos golpearon la puerta en la casa de William, quien tenía 42 años. Cuando él abrió, le dispararon en la cabeza y huyeron con rumbo desconocido.

El condenado Wilder Sierra, alias 'Pocillo'.

La Sijín capturó a ‘Pocillo’ el 22 de febrero y el 25 de mayo el Juzgado 17 Penal del Circuito de Medellín le aplicó la condena por homicidio y porte ilegal de armas, que hoy paga en la cárcel Bellavista.

Para las autoridades, el móvil del asesinato es claro: en su calidad de líder comunitario, Román denunció en múltiples oportunidades, ante los medios de comunicación y las autoridades, una creciente ola delincuencial en San Cristóbal, traducida en amenazas a la población y cobro de extorsiones al transporte público.

La delincuencia organizada lo vio como un obstáculo y matándolo lo sacó del camino. La condena de ‘Pocillo’, en consecuencia, debe ser el principio de la persecución policial, pues todavía quedan el otro sujeto que participó en el sicariato y aquellos que ordenaron la muerte.

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El Inspector.

La sentencia fue proferida en primera instancia por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, que lo halló culpable por el delito del lavado de activos agravado, le impuso una pena de 32 años y 7 meses de cárcel y una multa de 28.335 millones de pesos.

Alirio Rendón, alias 'El Cebollero', de 48 años.

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, el procesado administró los dineros obtenidos ilegalmente por la banda criminal ‘La Unión’, que delinque en el municipio de Itagüí como una extensión de la organización mafiosa ‘La Oficina’. Esto sucedió, como mínimo, entre los años 2000 y 2005.

Rendón Hurtado, quien fue miembro del consejo de administración de la Central Mayorista de Antioquia, era comerciante de licores, ganado, frutas, legumbres y leche, además de fundador de múltiples cooperativas que asociaban trabajadores de la plaza de abastos más grande la región.

En estas actividades, según la investigación, ‘El Cebollero’ camuflaba el capital ilícito para hacer el blanqueo del dinero e inyectarlo en el torrente económico como si fuera bien habido.

Resulta paradójico que fueran los propios integrantes de la banda ‘La Unión’ capturados quienes delataran a su exjefe, y ahora son testigos protegidos por el Estado.

A lo largo del proceso, el comerciante de 48 años sostuvo que era inocente y víctima de las envidias de los grandes comerciantes, que lo veían como una competencia.  Para él, su patrimonio de 500 mil millones de pesos surgió de negocios en regla.

En contra de ‘El Cebollero’ ya existía una condena de 4 años y seis meses de prisión (ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín) por concierto para delinquir, también por pertenecer a ‘La Unión’.

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El Inspector.