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Las comunidades indígenas del Chocó están encerradas en una jaula de miedo, zozobra y violencia, y su carcelario es el conflicto armado que parece oprimirlas hasta el extremo de quitarse la vida, o al menos intentarlo. Así describe Hugo Neth Bailarin la situación que atraviesa su pueblo Embera, que ya ha reportado 22 suicidios y alrededor de 50 intentos en lo que va de 2023.
Esta problemática es tan alarmante que la Defensoría del Pueblo emitió mensajes de urgencia al Gobierno para atender lo que parece convertirse en una crisis de salud mental en los territorios indígenas de ese departamento. De acuerdo con la entidad, los suicidios de 15 mujeres y 7 hombres, entre ellos menores de edad, están directamente relacionados con la presión que ejercen los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona: ELN y el Clan del Golfo o las AGC.
Lo cierto es que la guerra parece sofocarles la vida, la cultura y hasta la espiritualidad. Para Hugo Neth, comisionado de la juventud regional y quien hace parte de la mesa indígena, la comunidad ya no puede caminar libremente como lo hacían antes, no pueden buscar alimento y están sometidos al confinamiento extremo o a al desplazamiento forzado.
En ese sentido, la gravedad del asunto es que los pueblos se están separando y “así ya no nos podemos comunicar con la naturaleza y estamos perdiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la forma de vestir y de pensar. Ya no tenemos tanta espiritualidad para protegernos”, le explicó Hugo Neth a este diario.
Atentiendo a ese llamado, la Defensoría ha lanzado por lo menos 6 alertas en lo corrido del año para que las autoridades competentes brinden el acompañamiento necesario a estas víctimas del conflicto que, en palabras de Hugo Neth, ya no saben qué hacer porque “cada día se suicidan más, esto parece una pandemia”. Según la entidad, los casos de suicidio se han registrado en seis municipios del departamento: Bojayá, Alto Baudó, Quibdó, Bahía Solano, Bagadóy Lloró.
“Les pedimos al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud del Chocó, a las alcaldías municipales y a todos los entes con competencia que establezcan programas de atención y se movilicen hasta los territorios afectados. Sabemos de las afugias de las que son víctimas estas comunidades, a las que se tienen que enfrentar a diario, pero la vida tiene sentido, vale la pena vivirla, y el Estado está en la obligación de proteger sus derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad”, enfatizó Carlos Camargo, Defensor del Pueblo.
Periodista de la sección Actualidad.