Así como los tigres, Abelardo de la Espriella muerde sin amagar. El presidente ha revolcado por completo la política de seguridad del país y no ha dejado ni despabilar a sus adversarios.
Estos días desplazó sus trajes elegantes, la corbata y hasta la servilleta fina en el bolsillo, para ponerse la de tropero, con verde militar y pantalón de explorador. Ya demostró que su apuesta no es la negociación, sino la ofensiva. Una decisión que le ha traído aplausos y críticas a la par.
Tan cómodos estaban algunos con los ‘mimos’ del Gobierno anterior que los primeros golpes los cogieron con la guardia abajo. En apenas un mes, el nuevo mandatario puso sobre la mesa otra forma de enfrentar a las estructuras armadas y dejó claro que quienes desafíen al Estado tendrán que responder ante la Fuerza Pública. Así como le pasó a Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, quien fue dado de baja la semana pasada en un operativo de la Policía en Riohacha. Antes de eso, se pavoneaba en redes sociales sin temor ni temblor.
Y con razón; hasta hace poco la orden para las Fuerzas Militares era mantenerse “congeladas”. Sin embargo, ahora el que se congele, pierde.
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El nuevo Gobierno cumple hoy su primer mes y ha pasado de todo. Un terremoto lo sacudió desde el primer día y, lejos de amilanarse, el mandatario “rugió”. Pero si hay algo que ha marcado estas primeras semanas es la seguridad y su apuesta por recuperar el control de los territorios, una mano dura que prometió durante toda la campaña.
Uno de los primeros frentes fue la llamada “Paz Total”, la política que Gustavo Petro convirtió en su principal bandera para enfrentar a los grupos armados a través de negociaciones y acercamientos. Varias de esas conversaciones llegaron a su fin y, con ellas, comenzaron a desmontarse algunas de las medidas que habían acompañado esos procesos.
Estocada final a la “Paz Total”
Durante el Gobierno Petro hubo nueve resoluciones de apertura de diálogos con diferentes estructuras armadas. Pero el panorama cambió en agosto. Ya fueron cerradas las conversaciones con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). En este último caso, además, sigue pendiente el cierre definitivo de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT).
A eso se sumaron las resoluciones ejecutivas 368 y 365 de 2026, con las que se confirmó el fin de las conversaciones con el Frente Comuneros del Sur y con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.
La decisión tuvo una consecuencia inmediata para varios de los cabecillas que habían quedado cobijados por estos procesos y fue quedar en la mira de las autoridades. Entre ellos está Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, jefe disidente señalado de múltiples ataques terroristas contra la población civil, la Policía y el Ejército.
Durante años, sus hombres, armados hasta los dientes, llegaban a las comunidades campesinas para reclutar a niños y niñas, bajo el argumento de que todo estaba “a cargo del señor gestor de paz”.
Con esa chapa amable y bajo una figura que les daba protección jurídica, los cabecillas podían moverse mientras el terror seguía en los territorios. Con el cierre de las mesas, la Fiscalía General ordenó reactivar las órdenes de captura que estaban suspendidas y varios de quienes antes tenían silla en una negociación volvieron a quedar expuestos a la acción de las autoridades.
Extradiciones hechas
Otro de los asuntos que había quedado bajo el paraguas de las negociaciones era la extradición de algunos de los principales jefes de estas estructuras. Mientras los procesos permanecían abiertos, sus salidas del país estaban en pausa. Ahora, al cambiar las condiciones, varias de esas decisiones comenzaron a ejecutarse.
Hace apenas unos días fueron aprobadas las extradiciones de al menos tres de los grandes líderes de estas organizaciones.
Uno de los casos más sonados es el de Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, líder de los Comandos de la Frontera y miembro de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Su extradición había sido aprobada desde 2025, pero permanecía aplazada en medio de los diálogos. Ahora el Gobierno autorizó su salida del país.
Junto a él serán extraditados Willington Henao, alias “Mocho Olmedo”, y Carmen Evelio Castillo, alias “Muñeca”, mientras que Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”, y Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, permanecen prófugos. Sus extradiciones también fueron firmadas.
Son precisamente estos dos últimos los que ahora aparecen en la lista de los grandes objetivos del Gobierno. “Ese par de delincuentes no se encuentran a buen recaudo de la justicia, pero ya los vamos a encontrar”, dijo el mandatario.
Otro de los objetivos que tiene en la mira el presidente es Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”. A diferencia de otros cabecillas, Mordisco no alcanzó a ser “gestor de paz”, pues fue él mismo quien se apartó de las conversaciones. Ahora, la Fuerza Pública le sigue la pista y hay una millonaria recompensa por información que permita dar con su paradero y capturarlo.
Bombardeos, otro frente abierto
La ofensiva no se ha limitado a las decisiones administrativas o judiciales. En las primeras semanas, la Fuerza Pública realizó tres bombardeos en Norte de Santander y Guaviare contra estructuras del ELN y las disidencias de las Farc.
En el primer bombardeo se reportaron ocho muertos, en el segundo 10 y en el más reciente 20. También hubo capturados y menores de edad recuperados.
Pero estos operativos abrieron otro problema para el Gobierno. La muerte de menores puso la estrategia bajo cuestionamiento y llevó el debate hasta los juzgados, por el riesgo que estos ataques representan para los niños y para la población civil que queda en medio de los combates. Un juzgado ordenó suspender los bombardeos mientras se garantiza que en los lugares donde se ejecuten las operaciones no haya niños, niñas o adolescentes.
¿Qué falta para tumbarla?
Aunque el mandatario va a toda marcha, todavía quedan asuntos que cuelgan del delgado hilo de la “paz total”. No se han expedido las resoluciones para culminar formalmente los diálogos con el ELN, suspendidos desde enero de 2025, ni tampoco para cerrar los procesos con las denominadas bandas urbanas de Buenaventura y Quibdó.
También están pendientes los cierres definitivos de los espacios de conversación sociojurídica con el Clan del Golfo, considerado una de las organizaciones criminales más grandes del país y cuyo proceso comenzó en Catar.
Según datos del Ministerio de Defensa, a julio de 2026, el Clan del Golfo (EGC) se consolidó como el grupo criminal más numeroso, con 10.268 integrantes, un crecimiento del 152 %. Le sigue el ELN, con 7.123 miembros y un aumento del 22 %; el EMC, con 4.480 integrantes y un crecimiento del 109 %; y la CNEB, con 2.359 miembros, un aumento del 108 %.
Estatuto Antiterrorista
Desde la campaña, las comparaciones con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, fueron constantes. Abelardo de la Espriella nunca las rechazó. Por el contrario, entre sus propuestas siempre estuvo la construcción de megacárceles, como las que ya existen en ese país.
Ahora, cuando sus primeras medidas de seguridad empiezan a mostrar resultados, también aparece la necesidad de meterle mano al sistema carcelario.
Hoy, en una misma cárcel pueden terminar desde un ladrón de celulares hasta un peligroso jefe criminal. Y lejos de quedar aislados, muchos siguen delinquiendo, manejando sus negocios e incluso escapando sin mayor estorbo.
Por eso, el Gobierno prepara nuevas medidas para endurecer el régimen para los criminales más peligrosos. Una de ellas será la presentación ante el Congreso de un Estatuto Antiterrorista, que contempla un tratamiento carcelario más estricto para los integrantes de grupos incluidos en la lista de organizaciones terroristas, además de agravantes en las penas durante los procesos de judicialización.
Adicionalmente, el Ministerio de Defensa anunció la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), que estaría a cargo de la Armada y el Inpec.
La idea, todavía en desarrollo, es llevar a internos considerados de alta peligrosidad a calabozos instalados en barcos en altamar, lejos de las cárceles tradicionales y de las redes que les han permitido seguir delinquiendo desde prisión.
No sería algo completamente nuevo. En 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe, dos de los principales jefes criminales de la época fueron trasladados temporalmente a embarcaciones para impedir que continuaran manejando sus organizaciones desde prisión.
El presidente está decidido. Fuentes de su círculo más cercano afirman que no ha parado en estos 30 días y que su propósito es afianzar su vínculo con las Fuerzas Militares. El país apenas pestañea ante sus decisiones, algunas muy polémicas, como el desfile entre cadáveres, episodios que desde ya se ganaron un espacio reservado en la historia de su paso por el Gobierno.
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