En el marco de las investigaciones que adelanta la Procuraduría por irregularidades en los contratos en época de pandemia, este miércoles se conoció que el Ministerio Público abrió investigación contra el gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, y al secretario de Salud, Carlos Tirso Murillo.
Las investigaciones del órgano de control señalan que, al parecer, hubo irregularidades en la celebración de un contrato por 130 millones de pesos con la Fundación Prosperidad e Innovación para el Chocó. Además, acciones indebidas en un convenio por más de 1700 millones de pesos, que tenía un objeto similar al que dio lugar a la suspensión provisional del mandatario departamental. Por este último hecho se abrió proceso contra el secretario.
En una comunicación dirigida a la gobernación, el Ministerio Público advirtió sobre la inconveniencia del Contrato número 0126 de 2019, dirigido a la realización de estrategias de información para la promoción y prevención de la pandemia, y solicitó suspender su ejecución y canalizar los recursos para garantizar los derechos fundamentales a la salud y la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas.
Advirtió el órgano de control que el documento contractual es el segundo en el que la gobernación del Chocó invierte millonarios recursos en campañas publicitarias y capacitaciones para la prevención del Covid-19.
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Investigan al secretario de Salud
En otro proceso disciplinario, la Procuraduría abrió investigación a Murillo Hurta, por presuntas irregularidades en el contrato número 1141 de 2019, por un valor superior a los 1700 millones de pesos, que tenía por objeto la prestación de servicios a través de una jornada de salud para la promoción y prevención, gestión del riesgo y de la salud pública.
El órgano de control busca determinar la existencia de un presunto sobrecosto en el valor del contrato, que fue firmado con la Fundación Etnodesarrollo Social, y que además tenía un objeto similar al 0198 de 2020, por más de 2000 millones de pesos con la Fundación Chocó Saludable, por que se solicitó la suspensión provisional del mandatario por tres meses, para evitar que suscribiera otros negocios jurídicos similares.
Frente a estos contratos llamó la atención de la Procuraduría que Belly Karen Mosquera García figure como representante legal de las dos firmas contratistas.
El ente de control también investiga un supuesto desconocimiento de los principios de contratación estatal, por la presunta suscripción con una persona de naturaleza privada de un negocio jurídico para la realización de actividades que pudieron haberse ejecutado aunando esfuerzos con las Empresas Sociales del Estado del departamento.
Además de eso, la Procuraduría pretende conocer de un supuesto detrimento al patrimonio, teniendo en cuenta que el personal necesario para la ejecución pudo encontrarse en las EPS o haber sido contratado directamente por la Secretaría de Salud del Departamento, para realizar un programa que hace parte de sus actividades misionales.
Por estos hechos, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar las presuntas irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió y el posible perjuicio causado a la administración pública.
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