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La Procuraduría General de la Nación informó que acaba de abrirle investigación disciplinaria al exvicepresidente de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Andrés Figueredo Serpa, y a la exgerente de Proyectos o Funcional de ese organismo, Dina Rafaela Sierra Rochels, por la posible comisión de irregularidades en el contrato de concesión portuaria celebrado con el Concesionario Sociedad Puerto Brisa S.A.
De acuerdo con las pruebas recaudadas por el organismo de control, en febrero de 2014 los intervinientes en este contrato habrían advertido un error en el cálculo inicial de la contraprestación pactada a favor del Estado y, como consecuencia de ello, la concesionaria habría dejado de pagar a la Nación una suma USD$5.022.129,86 (cerca de 19.342 millones de pesos a precios de hoy) durante los años de concesión ya ejecutados (2010-2013).
La Procuraduría, a cargo de Margarita Cabello Blanco, indicó que tras establecer este valor, en enero de 2016 “el concesionario solicitó a la ANI un reajuste a esta cifra por un aparente error de cálculo que fue aceptado por la Agencia. No obstante, dicha situación no se habría oficializado a través de un documento que modificara lo pactado en los documentos suscritos en 2014”, explicó.
El Ministerio Público también busca establecer si se presentaron falencias en las funciones de supervisión e interventoría al no requerir al concesionario respecto del primer pago que este debía realizar en febrero de 2016, en contraprestación por las aéreas concesionadas.
Nota de la redacción (1 de febrero de 2024): Atendiendo la solicitud de actualizar esta publicación, Andrés Figueredo Serpa y Dina Rafaela Sierra Rochels le aclararon a EL COLOMBIANO que la investigación disciplinaria que se adelantaba en su contra terminó y se archivó definitivamente, mediante auto de la Procuraduría Delegada Disciplinaria del 30 de noviembre de 2023.