Miguel Barreto De Sousa
Director del Observatorio de Paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano

“La conversión o transformación de un grupo alzado en armas en un grupo político civil, que se integra dentro de los mecanismos de plataformas del sistema democrático, es el corazón de casi todos los procesos de paz en el mundo. Esto es lo que en la literatura anglosajona se llama bullets for votes, cambiar las armas por los tarjetones electorales. Eso es lo que ha pasado con guerrillas, grupos armados en el mundo, en que como condición precisamente para que acepten dejar las armas sean garantizados algunos tipos de condiciones de participación política, sea la conversión por ejemplo de una guerrilla en un partido político, como lo que ocurrió con el FMLN, en El Salvador, o el caso, por ejemplo, de Irlanda del Norte, con el IRA. Esa es la transformación de los conflictos: no está en juego la eliminación de las Farc en cuanto a un grupo que tiene su visión de Estado, democracia y desarrollo, sino que dejen las armas y participen en el juego democrático, compitan por los mismos votos. En ese sentido es muy común que existan mecanismos de favorabilidad política, que es precisamente lo que está en juego con lo acordado en La Habana. Esa solución inicial de tener una representación, que pasa por tener voz, pero no voto, es un compromiso interesante. Necesariamente en un periodo posterior los desmovilizados tendrán que hacer su camino de conquistar o no el corazón de las personas. No se le está pidiendo a las personas que voten por las Farc, sino que acepten que un grupo deje de ser guerrilla y se convierta en un partido político”.

Luisa Fernanda GarcÍa
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario

“Si bien uno de los aspectos cruciales de los acuerdos de La Habana es la participación en política por parte de las Farc, no conocemos el texto final de lo acordado, ni la forma como operaría la ampliación de los espacios democráticos para los desmovilizados, ni su incorporación a la política. Se ha planteado de manera ambigua por parte del Gobierno, que excombatientes de las Farc integrarían corporaciones como el Senado o la Cámara de Representantes, sin saber a ciencia cierta cuáles serían las condiciones para ello. A grandes rasgos, los aspectos generales del acuerdo se refieren a: una apertura democrática con la reforma al sistema electoral, la reducción del umbral de participación política, la abolición de personería jurídica para la creación de partidos, la creación de unas circunscripciones especiales con representación en el Congreso y un sistema integral de seguridad. La legitimación democrática de los reinsertados como soporte de la democracia, hace que con umbrales muy bajos, exguerrilleros sean elegidos a cargos de representación popular. Ello los legitima como verdaderos actores políticos, dejando de lado el carácter de terroristas. Adicional a ello, se transgrede el artículo 122 de la Constitución, que sanciona con la inhabilidad el ejercicio de cargos públicos cuando media una sanción penal. Aún si los miembros de las Farc fueran beneficiados con una amnistía, la Corte Penal Internacional estableció que los crímenes cometidos por las Farc se enmarcan en crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

Andrés Felipe Bernal Blanco
Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda

“El Presidente Juan Manuel Santos fue claro al referirse a la participación política de las Farc, y se puede ser cauteloso. De entrada, lo anunciado genera problemas en términos de representatividad. Por un lado, si bien la vocería sin voto durante la implementación de los acuerdos no implica tener capacidad para tomar decisiones, sí genera representación. Partidos pequeños como el Mira, el Polo Democrático y la Alianza Verde pueden no tener los congresistas suficientes para aprobar o desaprobar las iniciativas que cursan en el Congreso, no obstante, su presencia, argumentos y oposición política logran influir en el trámite legislativo y eso, al igual que cualquier vocería de las Farc, se llama representación política.

Por otro lado, asegurar un número determinado de curules para las Farc genera problemas de legitimidad en dos posibles situaciones. Una, si las curules son adicionales a las ya existentes, esto socavaría el ejercicio político que han hecho los demás partidos al enfrentarse a las reglas del juego democrático para superar el umbral electoral. En este caso, las Farc tendrían, sin necesidad de convencer a los ciudadanos, mas curules que algunos partidos. Y dos, si las curules hacen parte del paquete fijado por la Constitución, esto iría en detrimiento de la representación de los demás partidos, pues las Farc serian el único partido seguro para los próximos ocho años y obligaría a los demás partidos a entrar en una contienda por menos puestos en el Congreso”.

Darío Acevedo Carmona
Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional (sede Medellín)

“Escribo esta breve nota sin conocer el contenido final sobre el tema, ya que hasta el momento solo nos presentaron la envoltura, mas no el contenido. No hay ninguna objeción para que las Farc, una vez entregadas o dejadas sus armas, se transformen en movimiento político y participen en elecciones en pie de igualdad con los demás partidos. Lo que parece una exageración es que se les otorgue ventajas, como la creación de circunscripciones electorales especiales ubicadas en territorios bajo su influencia o que se realicen reformas electorales para darles poderes que no han obtenido en franca lid. Eso es premiar el terrorismo y reconocerles, sin razón, que ellos representan a esas poblaciones.

Es inadmisible que se otorguen curules a responsables de delitos de lesa humanidad o crímenes atroces, porque significa una clara violación al derecho internacional de los derechos humanos y un acto de impunidad violatorio de las penas establecidas por la Corte Penal Internacional, de la cual somos signatarios, y en ese sentido, una afrenta a la ciudadanía.

No es claro que en 2018 se hagan valer esos impedimentos.Tampoco es lógico que de manera gratuita y sin someterse a consideración del electorado se adelante una reforma para darles trato de oposición, en detrimento de quienes, desde reglas vigentes y la institucionalidad, obtuvieron esa calidad, aunque este Gobierno no la haya reconocido. La guerrilla nunca fue oposición, sino subversión. Gobierno y guerrilla deben entender que en las negociaciones no se debe sobrepasar los límites tolerables y las líneas rojas que la ciudadanía ha expresado de múltiples maneras”.