El expresidente Álvaro Uribe, condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, mostró un documento que, según él, lo oficializa como privado de la libertad.
“Esta tarde comparecí al Juzgado de Rionegro para formalizar mi encarcelamiento domiciliario, que ya venía cumpliendo desde el pasado viernes. Con la identificación de preso lucharé para que Colombia derrote en 2026 la naciente mordaza neo-comunista”, dijo el político de 73 años en un video que publicó en sus redes sociales.
Lea más: Crónica de una sentencia: los detalles de la audiencia en la que Uribe resultó condenado
El líder natural del Centro Democrático, entonces, deberá permanecer en su fina en la vereda El Tablazo de Rionegro, al Oriente de Antioquia.
Este viernes 1 de agosto se conoció la sentencia de 1.114 páginas que componen el fallo judicial en contra de Uribe Vélez. Para la justicia, al menos en primera instancia, quedó probado que el expresidente no fue víctima de un complot judicial —como él mismo sostuvo—, sino que fue el determinador de una red que intentó manipular testigos a su favor y, de paso, perjudicar al senador Iván Cepeda.
La justicia fue severa con el expresidente y le impuso la máxima pena que establece el Código Penal para estos casos.
Álvaro Uribe deberá purgar una condena de 12 años en prisión domiciliaria, estará inhabilitado 100 meses para ocupar cargos públicos y tendrá que pagar una multa de 2.420 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Según la jueza, la medida de prisión domiciliaria es necesaria para que “la ciudadanía confíe en las instituciones”, para que se garantice la seguridad del condenado y para evitar riesgos de fuga.
La defensa de Uribe radicó una acción de tutela en la que pedían una medida cautelar: la liberación del expresidente mientras avanza el proceso en la segunda instancia, alegaban que la privación de la libertad era improcedente mientras el fallo tuviera instancias de apelación. Ese recurso puntual fue negado de entrada por el Tribunal Superior de Bogotá.
El Tribubal fue enfático al señalar que “las decisiones de los jueces gozan de la presunción de acierto y legalidad, hasta tanto en las instancias superiores se determine lo contrario; ello permite garantizar la seguridad jurídica, su respeto y cumplimiento, como garantía de los postulados de los artículos 29 y 229 de la Carta Política”.
Ahora, la defensa del expresidente tiene hasta el próximo 13 de agosto –a las 5:00 de la tarde– para enviar los argumentos técnicos de la apelación. El caso será revisado por tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, quienes deberán emitir una nueva decisión antes del 16 de octubre, si no quieren que el caso quede en los alambrados de la prescripción.
Regístrate al newsletter