El expresidente Álvaro Uribe Vélez rompió el silencio en la noche del domingo tras la decisión de la jueza Carmen Helena Ortiz de no archivar su proceso por presunta manipulación de testigos, tal y como lo había solicitado la Fiscalía desde marzo de 2021, en una determinación que duró más de un año en estudio.
En una intervención que tituló “Expropiaron mi reputación”, haciendo referencia implícita a la campaña para las elecciones presidenciales de 2022, dentro de la que él es un crítico del izquierdista Gustavo Petro, el exmandatario leyó un documento de 41 puntos con su defensa.
“Se ha logrado, con la afectación de mi nombre ante la ciudadanía, que yo acepte que no puedo opinar en la vida pública porque hago daño”, continuó.
Esos elementos, que recitó en una intervención de 27 minutos que transmitió por sus redes sociales, sostienen su hipótesis de que –dice él– la jueza Ortiz habría desestimado pruebas que debían hacer que su expediente fuera archivado y fue tajante al asegurar que no manipuló testigos, el delito del que se le acusa.
Lejos de seguir la pretensión de Álvaro Uribe en este caso, el pasado jueves la jueza Carmen Ortiz optó por mantener el proceso abierto. Esa determinación deja al líder político ante la puerta de un posible juicio por manipulación de testigos.
El camino que se abrió desde mediados de 2018 en contra del líder natural del partido Centro Democrático se dio en medio de las investigaciones que estuvo liderando un ferviente opositor suyo, el senador Iván Cepeda, para explorar los presuntos vínculos que este podría tener con grupos paramilitares. Entender el relato que hizo en la noche del domingo el expresidente requiere un breve contexto.
El caso Uribe
Uribe Vélez enfrenta un proceso por supuesto soborno a testigos y fraude procesal que tomó vuelo en julio de 2018.
Ese año, la Corte Suprema de Justicia desestimó una denuncia de Uribe contra el senador Iván Cepeda en la que le acusaba de posible manipulación de testigos. Ese presunto soborno –sostenía el exmandatario– habría ocurrido en medio de sus pesquisas para encontrar testimonios de exparamilitares que lo vincularan con esos grupos armados.
El caso dio una vuelta en la que el demandante terminó siendo el demandado, hasta que la Corte Suprema de Justicia le abrió un expediente por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
Su proceso estuvo en ese tribunal hasta que, con la renuncia del expresidente a su curul en el Senado, en agosto de 2020, se abrió la puerta para que pasará a la Fiscalía. Precisamente, esa instancia pidió en marzo de 2021 que se cerrase su proceso al considerar que no había pruebas suficientes para mantener los folios abiertos.
Ese antecedente lleva hasta la determinación de la semana anterior, cuando la jueza Carmen Helena Ortiz negó la solicitud de la Fiscalía de precluir el caso. El ente acusador había presentado un escrito con seis hechos por los que consideraba que no había pruebas suficientes para mantener el expediente abierto.
Empero, la jueza Ortiz apuntó que aún es necesario recabar más pruebas para determinar si el actual imputado sobornó –o no– testigos; asimismo, consideró que el material probatorio que se ha recogido hasta el momento da pie para que este folio siga abierto. Todo lo contrario a lo que en su momento planteó el ente acusador.
Con esa determinación de la jueza, el proceso penal debe continuar y la ventana para que este litigio lleve al exmandatario a un juicio está abierta. El camino que podría tomar este proceso motivó la respuesta que presentó en la noche del domingo el político de 69 años.
La defensa de Uribe
“Nunca tuve la iniciativa de buscar un testigo, simplemente autoricé al doctor Diego Cadena para corroborar la información que me llegaba. No hay una sola prueba que pueda poner en duda esta afirmación”, aseguró el exmandatario.
Él niega que hubiera buscado al informante del Ejército, Carlos Eduardo López Callejas (conocido como “Caliche”) a través del abogado Álvaro Hernán Prada.
Sobre las posibles conexiones con el presunto exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien habría pertenecido al Bloque Metro de las AUC y es el testigo clave de este proceso, asegura que hay pruebas de que este y “Caliche” eran amigos, una cercanía con la que busca sustentar que estos se hubiesen articulado en medio del proceso para incriminarlo.
En su discurso aparecieron otros nombres clave como el del reo de La Picota Enrique Pardo Hasche, quien era el compañero de celda del testigo clave Juan Guillermo Monsalve, y sus parientes Ricardo y María Mercedes Williamson, con quienes dice no tener vínculos.
Esos nombres aparecen en el expediente por las reuniones que habrían gestionado entre el exabogado de Uribe. Jaime Lombana con Enrique Pardo y Juan Guillermo Monsalve.
Álvaro Uribe también cuestionó a la Juez 28 de Conocimiento de Bogotá por no evaluar las posibles alteraciones que tendría el reloj grabadora de Monsalve con el que este recabó algunas pruebas.
En línea con esa queja, objetó que se desestimaran mensajes de WhatsApp entre ‘Caliche’ y ‘Monsalve’ y que el teléfono móvil del senador Cepeda perdiera la memoria.
