La radicación de la consulta popular ante el Congreso generó muchas dudas entre gremios y empresarios, sobre todo por los impactos económicos que tendrá si se aprueba, pues de las 12 preguntas, al menos cinco pretenden que las compañías asuman más costos por prestaciones sociales, bien sea por incapacidades o para emplear personas con discapacidad.
Es por esto que la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, Acopi, presentó un cálculo sobre el impacto que tendría si se aplican algunas preguntas.
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Rodolfo Correa, presidente ejecutivo de Acopi, puso como referencia el cálculo de una empresa con 100 empleados, evaluando lo contenido en la pregunta uno “¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?”, la dos “¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?, la cuatro “¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?”, y la cinco “¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?”.
“Pues bien, solo esas preguntas ya le cuestan a esa empresa casi $280 millones al año. Y cuando uno desglosa, ve que el costo de tener dos trabajadores con discapacidad, incluso con los beneficios tributarios, se va a unos $42 millones anuales”, dijo Correa.
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Según el líder gremial, si se pagan dos horas extra diarias, a 30% del personal, y tomando en cuenta el costo del recargo nocturno, esto le representaría un adicional de $160 millones al año a la empresa.
Sobre las incapacidades y licencias menstruales, calculando que se le otorguen a 40% del personal, y que estas se extiendan por tres días, “suman unos $78 millones más, porque son días pagados en los que no hay producción”, sentenció Correa.
