Un apartamento de 98 metros cuadrados ubicado en un conjunto residencial al norte de Bogotá, terminó convertido en una de las reparaciones más inusuales derivadas del escándalo de DMG. Resulta que el inmueble fue adjudicado a 4.290 víctimas de la captadora ilegal de dinero, aunque la mayoría posee apenas una fracción mínima de la propiedad.
De acuerdo con los registros, 4.257 de los copropietarios recibieron una participación equivalente al 0,023 % del apartamento, mientras que los demás quedaron con porcentajes incluso inferiores, según información revelada por El Tiempo.
El inmueble forma parte de los 595 bienes que fueron repartidos entre los afectados por la pirámide liderada por David Murcia Guzmán, condenado a más de dos décadas de prisión.
Sin embargo, varios de los beneficiarios aseguran que no sabían que habían recibido parte de esa propiedad. Algunos se enteraron años después, cuando la Secretaría de Hacienda de Bogotá les notificó obligaciones relacionadas con el impuesto predial.
Uno de los adjudicatarios le relató al medio citado que descubrió la situación al recibir un requerimiento tributario asociado a un inmueble que desconocía. Al verificar la información, encontró que figuraba como copropietario del apartamento y que se le exigía responder por una obligación tributaria vinculada al bien.
Otros afectados señalaron que conocieron la existencia de esa participación cuando intentaron acceder a subsidios de vivienda. Según explicaron, las solicitudes fueron rechazadas porque aparecían registrados como propietarios de un inmueble, pese a que en la práctica no cuentan con una vivienda propia.
Según información de la Secretaría de Hacienda, el apartamento tiene un avalúo cercano a los 461 millones de pesos. Bajo ese cálculo, la participación del 0,023 % que posee la mayoría de los adjudicatarios tendría un valor aproximado de 106.000 pesos, una cifra muy distante de las sumas que muchos invirtieron en DMG, que en algunos casos alcanzaron los 20, 30 o incluso 50 millones de pesos.
A casi dos décadas del colapso de la captadora, varios afectados consideran que la adjudicación representa una recuperación mínima de sus recursos y, además, les ha generado responsabilidades propias de la propiedad del inmueble.
La agente liquidadora de DMG, María Mercedes Perry, explicó a ese medio que entre 2011 y 2013 fueron distribuidos 595 bienes inmuebles entre más de 200.000 víctimas reconocidas dentro del proceso. En el caso del apartamento de Santa Bárbara Norte, indicó que no pudo venderse dentro del plazo establecido por la ley, por lo que terminó siendo adjudicado directamente a los acreedores.
Según Perry, la normativa contemplaba que quienes no quisieran recibir bienes como parte de la reparación debían manifestarlo expresamente. De lo contrario, se entendía que aceptaban la adjudicación. Como ninguno de los 4.290 beneficiarios presentó objeciones, la Superintendencia de Sociedades procedió a registrar los porcentajes correspondientes a nombre de cada uno.
No obstante, varios de los afectados sostienen que nunca supieron que se estaba adelantando ese procedimiento ni que debían rechazarlo formalmente para evitar convertirse en copropietarios.
La liquidadora señaló que la legislación no exigía una notificación personal a cada beneficiario. Explicó que las decisiones fueron publicadas mediante los mecanismos oficiales de la Superintendencia de Sociedades, incluyendo la cartelera judicial y la plataforma Baranda Virtual.
También indicó que, una vez quedó ejecutoriada la adjudicación, los gastos y obligaciones derivados del inmueble pasaron a ser responsabilidad de los nuevos propietarios, tal como lo establece la Ley 1116 de 2006.
Perry aseguró que el apartamento se encontraba al día en el pago de impuestos cuando fue entregado a las víctimas. Sin embargo, señaló que actualmente desconoce el monto de eventuales deudas, sanciones o intereses acumulados, pues esa información corresponde a la Secretaría de Hacienda y a los propietarios del inmueble.
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¿Qué harán ahora?
La situación plantea además otro obstáculo para quienes desean desvincularse del bien. Según explicó la liquidadora a El Tiempo, la adjudicación quedó en firme y no puede ser revocada por la Superintendencia de Sociedades. En consecuencia, la única alternativa es que cada copropietario venda por cuenta propia su porcentaje de participación.
Entre los afectados persiste además la preocupación por las consecuencias que podrían derivarse de eventuales deudas tributarias asociadas al inmueble, incluyendo posibles procesos de cobro que terminen afectando su patrimonio.
Según manifestaron algunos de ellos al medio ya mencionado, buscan orientación jurídica para determinar qué opciones tienen frente a una situación que, aseguran, desconocían por completo.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Por qué un apartamento en Bogotá terminó perteneciendo a más de 4.000 personas por el caso DMG?
- Tras el colapso de la pirámide de David Murcia Guzmán, la liquidación incluyó 595 bienes repartidos entre los afectados. El inmueble, ubicado en el barrio Santa Bárbara Norte, no logró venderse dentro del plazo legal, por lo que la Superintendencia de Sociedades lo adjudicó directamente a 4.290 acreedores reconocidos para cumplir con el proceso de reparación.
- ¿De cuánto es la participación de cada persona y a cuánto dinero equivale?
- A la mayoría de los copropietarios (4.257 personas) se les asignó una participación equivalente al 0,023 % del inmueble, mientras que los demás quedaron con porcentajes aún menores. Según la Secretaría de Hacienda, el apartamento tiene un avalúo cercano a los 461 millones de pesos, por lo que una cuota del 0,023 % equivale a unos 106.000 pesos por persona.
- ¿Por qué los afectados deben pagar impuesto predial por un inmueble que no sabían que tenían?
- De acuerdo con la Ley 1116 de 2006, una vez queda ejecutoriada la adjudicación de un bien, las obligaciones, impuestos y gastos pasan a ser responsabilidad de los nuevos propietarios. Como la norma no exigía una notificación individual y se entendía que la cesión era aceptada si no se rechazaba formalmente, los afectados se convirtieron en copropietarios en los registros oficiales y la Secretaría de Hacienda comenzó a notificarles el cobro del impuesto predial.
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