El presidente Petro confirmó que viajará a Cali y evalúa convocar por decreto su consulta popular. La tensión crece mientras aumenta el clamor por garantías democráticas.
La de este miércoles será una jornada agitada, pero decisiva en el panorama político. En medio de la zozobra y pesadumbre que persiste tras el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe, el Senado comenzará al fin la discusión de la reforma laboral en su último debate, mientras que el presidente Gustavo Petro se desplazará a Cali, donde habrá una concentración en respaldo a su fallida consulta popular.
Justamente, la expectativa está centrada en si –pese al enrarecido ambiente político–, el jefe de Estado concretará sus amenazas y convocará vía decreto la consulta que le negó el Senado. Ya el documento está listo con la firma de todos sus ministros y solo basta que el mandatario estampe su rúbrica, lo que podría caldear aun más los ánimos entre dirigentes, clase política y otras ramas del poder.
“Debo cumplir mi mandato”, afirmó Petro, quien reclamó por la decisión adoptada el lunes por la mesa directiva del Senado, que –en solidaridad con el congresista Miguel Uribe–, resolvió suspender las sesiones durante 72 horas. Todo esto, justo a que concluyan las sesiones legislativas el próximo viernes 20 de junio.
“(La decisión del Senado) me hizo decir que, dado que significa prácticamente que ni consulta ni reforma laboral por ley salgan, no puedo llevar al pueblo colombiano a un engaño”, alegó Petro, quien abrió la puerta a convocar la consulta. “No tiene nada que ver con el atentado al senador Miguel Uribe y no se deben confundir dos cosas diferentes”, insistió.
No obstante, desde el Senado le salieron al paso al jefe de Estado y desde ya anunciaron que a partir de las 8:30 de la mañana de hoy la plenaria comenzará el debate de la reforma. El presidente de la Corporación, Efraín Cepeda, explicó que hay un compromiso de las bancadas de trabajar “todo el día y la noche si es necesario con el compromiso de poder avanzar y posiblemente hasta dejar aprobada ya la reforma laboral para que vaya después camino a la conciliación con la Cámara de Representantes”.
Inclusive, no descartó que se tomen todo el día para tramitar el proyecto. “Hay total voluntad de las bancadas para sacar adelante la reforma”.
“Esta, sin duda, será la prueba de que podemos trabajar en medio de la diferencia y ante las adversidades”, destacó, por su parte, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), una de las abanderadas del proyecto.
De fondo no solo está el afán por tener lista la reforma antes del 20 de junio y concretar su conciliación frente a lo que acordó la Cámara, sino la votación de la consulta popular 2.0 que radicó el Gobierno. Cepeda fue más allá y explicó que, si los tiempos dan, este mismo jueves comenzaría el trámite o a más tardar el próximo lunes 16 de junio.
Para la profesora Eugénie Richard, de la Universidad Externado, experta en marketing político y comunicación gubernamental, es natural que el presidente Petro esté intentando actuar en el ámbito político, pese al atentado contra Miguel Uribe.
“No podemos mezclar el terrorismo con el ejercicio de la política dentro del juego democrático. Es decir que, si bien podemos pensar que hay un ambiente muy tenso en la clase política y que en estos últimos meses hemos sido testigos de intercambios muy duros entre diferentes políticos, no podemos hacer una relación directa entre esta tensión y el hecho de dispararle a un candidatos presidencial”, dijo a EL COLOMBIANO.
Para la profesora, es un hecho que, pese a las difíciles circunstancias, Petro sigue enmarcado “dentro del juego democrático” y siempre que se mantenga en esa legalidad, es legítimo que siga dándole impulso a su agenda y su proyecto de Gobierno.
Recién este martes, dirigentes y voceros de nueve partidos con asiento en el Congreso sostuvieron una reunión con el procurador Gregorio Eljach. Los políticos llegaron con un mensaje claro: no sienten que el Gobierno ofrezca garantías en materia electoral frente a la contienda de 2026 –particularmente en materia de seguridad–, por lo que insistieron que el procurador Eljach, como jugador neutral, intervenga y medie en el proceso.
Lo anterior, tras desconocer al presidente y al ministro del Interior, Armando Benedetti, como garantes de la justas democráticas. No obstante, ante ello, el funcionario sacó la bandera blanca e insistió en que Petro está dispuesto a “bajar el tono” y hablar con expresidentes, precandidatos y dirigentes.
“El presidente está dispuesto a reunirse con ellos directamente. También lo haría con los expresidentes. Estamos dispuestos a hablar con ellos, a bajar el tono, a concretar unas reglas mínimas, para que no termine pasando lo que quieren los violentos: que nos terminemos matando entre nosotros”, manifestó Benedetti.
Con todo, el encargado de las relaciones políticas dejó más dudas que respuestas frente a si Petro convocará la consulta desde Cali, a donde se desplazará este miércoles. “Firmar el decreto se puede hacer en la Casa de Nariño. No tendría que ser en Cali. Lo que pasa es que siempre se ha querido que el decreto se firme ante la población y las personas que se van a beneficiar de los derechos laborales”.
Aunque el ministro trató de apaciguar los ánimos, Petro una vez más volvió a encender la chispa al responderle al presidente del Senado, que –durante la reunión con el procurador– instó a que haya una reunión con las Fuerzas Militares y la Policía para avanzar en garantías de seguridad para los candidatos y partidos.
Para el jefe de Estado, de fondo hay “sedición” y una búsqueda de golpes por parte del parlamentario, por lo que negó de tajo cualquier encuentro. “No hay reunión con la Fuerza Pública de los jefes de partidos sin la presencia del presidente, comandante de toda la Fuerza Pública. No más sedición y búsqueda de golpes. Aquí se necesita es unión, dialogo y paz. Colombia esta bajo ataque por un enemigo que se llama: mafia”.
Si bien en la arena política los ánimos siguen caldeados, desde la Rama Judicial hubo un mensaje de concertación. Una Comisión Interinstitucional conformada por las cabezas de las altas cortes y la Fiscalía se reunió para evaluar la crisis institucional.
La conclusión fue tajante: “Todos los funcionarios públicos tienen una responsabilidad frente al país y los ciudadanos: desescalar el lenguaje, cambiar la narrativa beligerante y tender puentes de diálogo y concertación”. La Comisión pidió trabajar por “una patria en la que quepan y vivan todos con dignidad, respeto y garantías de sus derechos”.
Lo que ocurra durante la jornada de este miércoles será clave para marcar el derrotero de lo que viene en materia política y electoral. Aunque cada quien desde su orilla buscará defender sus intereses, lo ocurrido con el senador Miguel Uribe Turbay manda un mensaje primordial: por encima de las diferencias, está el futuro del país y la seguridad de las personas. De allí que la concertación y el sano debate de las ideas se imponga a la confrontación.
