La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a seis exintegrantes de la Comisión de Crédito Público por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión señala que los excongresistas probablemente aceptaron promesas remuneratorias de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de votar a favor de operaciones de crédito público.
Los procesados son Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, quienes deberán responder ante la justicia por el presunto delito de cohecho impropio.
De acuerdo con lo reportado por Caracol Radio, la Corte Suprema definió una lista de testigos que incluye a figuras políticas y funcionarios relacionados con los hechos investigados.
Entre quienes deberán declarar está Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y prófugo de la justicia. También fueron citados los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, quienes se encuentran en libertad provisional por vencimiento de términos.
La lista incluye al exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Mauricio Lizcano, al exasesor Jaime Ramírez Cobo y a Óscar Enrique Cárdenas.
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Además, la Corte escuchará al exdirector de Crédito Público José Roberto Acosta, quien se apartó de las sesiones en las que se tramitaron los créditos cuestionados, y al actual ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quien en ese momento integraba la Comisión de Crédito Público.
Las declaraciones buscarán aportar elementos para esclarecer las presuntas negociaciones entre los congresistas y funcionarios del Gobierno alrededor de la aprobación de créditos y la asignación de contratos en sus regiones.
Los contratos que están bajo investigación
Según la investigación, los excongresistas habrían votado a favor de créditos impulsados por el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a cambio de contratos para sus departamentos. La Comisión aprobó préstamos por US$3.500 millones.
La Corte analiza tres contratos que presuntamente habrían sido negociados como contraprestación por esos votos. En Cotorra, Córdoba, se investigan obras por más de $46.000 millones que habrían estado dirigidas a Liliana Bitar, Wadith Manzur y Julián Peinado.
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En Saravena, Arauca, se indaga por un contrato cercano a los $35.000 millones que habría beneficiado a Karen Manrique y Juan Diego Muñoz. En El Carmen de Bolívar, las obras investigadas superan los $12.000 millones y estarían relacionadas con el voto de Juan Pablo Gallo.
¿Cuándo comienza el juicio?
La audiencia preparatoria está prevista para el martes 20 de octubre. En esa diligencia se definirán las pruebas que podrán utilizarse durante el juzgamiento, que se desarrollará en las próximas semanas.
La Corte también rechazó las solicitudes de nulidad presentadas por las defensas, que alegaban posibles vulneraciones de garantías procesales. Entre los argumentos expuestos estuvieron cuestionamientos al juez natural, al traslado de documentos y a la decisión de conjueces de respaldar la detención preventiva de Manzur y Manrique.
Con el avance del proceso, la Corte deberá determinar la responsabilidad individual de los seis excongresistas frente a los señalamientos. Por ahora, las acusaciones corresponden a hechos bajo investigación y la decisión judicial deberá establecer si se cometieron los delitos imputados.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Quiénes son los excongresistas investigados por el caso de corrupción de la UNGRD?
- Los seis excongresistas llamados a juicio son Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz. La Corte Suprema los procesa por el presunto delito de cohecho impropio, relacionado con posibles beneficios a cambio de votos sobre créditos públicos.
- ¿De qué se acusa a los excongresistas en el caso UNGRD?
- La investigación señala que los exintegrantes de la Comisión de Crédito Público habrían aceptado promesas remuneratorias de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de apoyar créditos por US$3.500 millones y favorecer presuntamente contratos en sus regiones.
