En los pasillos de la Casa de Nariño y del Congreso está corriendo un rumor sobre los consejos de ministros. Son varias las voces que afirman que, supuestamente, las reuniones del gabinete del presidente Gustavo Petro se han tornado tensas y que ya se vislumbran dos bandos. Por un lado, están los ministros ‘ideológicos’, como Irene Vélez y Gloria Inés Ramírez; y, por otro, los de experiencia, como José Antonio Ocampo y Cecilia López.
Dicen que las tensiones son duras, porque los primeros le plantean al presidente Petro ser radical con su programa y los segundos lo invitan a ser más conciliador para que las polémicas no opaquen su gobierno. ¿Cuál bando tendrá más peso?
Cumbre policial para bajarle a la incertidumbre
Esta semana, y lejos del foco mediático, se realizó una cumbre de directores de Policía en Bogotá. Estuvieron 16 directores, 17 comandantes de policías metropolitanas y los 32 jefes departamentales. Hubo más de 114 asistentes de todos los rangos y el director, general Henry Sanabria, les dijo que esta fuerza no será debilitada y que, siguiendo los lineamientos del nuevo Gobierno, se le dará un enfoque más humano, pero no para quitarle poder.
También estuvieron el presidente Gustavo Petro y los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Alfonso Prada.
El embajador que pide un juicio
El embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, sorprendió a la Corte Suprema con una peculiar carta. El diplomático radicó un oficio ante la Sala de Instrucción del alto tribunal pidiéndole que lo llame a juicio por cuenta del expediente que tiene abierto desde 2018 por su presunta relación con un caso de narcotráfico.
Muñoz aseguró que es inocente y que quiere probarlo en los estrados judiciales para limpiar su nombre. Lo que pasa es que, al dejar el Congreso, la entidad que debe investigarlo es la Fiscalía.
La queja de un corrupto
El condenado por corrupción Emilio Tapia se le quejó a la Fiscalía porque, supuestamente, no se está teniendo en cuenta que él fue quien ayudó a destapar el escándalo de posible corrupción que azota a Cali por el presunto mal manejo de más de $2 billones de Emcali.
En una carta de 5 páginas le dijo al ente acusador que, a su juicio, se debería tener en cuenta su colaboración judicial para que se le acepte algún trato que le permita reducir la nueva condena que se le avecina por este escándalo.
