La Universidad Nacional atraviesa uno de los capítulos más complejos de su historia reciente, dos rectores en disputa, una comunidad universitaria dividida y un proceso judicial que aún no concluye. El más reciente pronunciamiento del Consejo de Estado aportó claridad en algunos puntos, pero dejó abierta la puerta a un tire y afloje administrativo sobre quién queda finalmente a la cabeza de la principal universidad pública del país.
El alto tribunal ratificó que la elección de Ismael Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional para el período 2024-2027 se ajustó a la legalidad. Con ello, negó los argumentos de los demandantes que pedían tumbar la deliberación del Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de gobierno de la institución. Para los opositores, el proceso careció de “voto limpio” y se apartó de la tradición histórica de la universidad, en la que el rector suele elegirse según el respaldo mayoritario expresado por la comunidad académica en la consulta interna.
Uno de los principales cuestionamientos giraba en torno al uso del método Borda, una aplicación práctica de la teoría de juegos que busca conciliar distintas mayorías a través de un sistema de ponderación de votos. Esta metodología permitió que Peña, quien ocupó el tercer lugar en la consulta con la comunidad, resultara elegido por el CSU.
A pesar de las críticas, el Consejo de Estado fue enfático en que la elección respetó las normas vigentes. La Ley 30 de 1992, que regula la educación superior, no establece un mecanismo específico para la designación de rector y otorga al CSU la facultad de definirlo.“La Sala advierte que el proceso de elección sí cumplió con la mayoría absoluta requerida”.
Otro de los puntos discutidos fue la posesión de Peña en una notaría, lo cual para los demandantes configuraba una irregularidad. Sin embargo, el alto tribunal reiteró que este aspecto no afecta la validez de la elección. “Las irregularidades relacionadas con la posesión no tienen la entidad para afectar la legalidad del acto de elección, comoquiera que se trata de una formalidad posterior a ella, que no está relacionada con la voluntad de la administración para designar”, señaló la providencia.
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Aunque el fallo ratifica la legalidad de la elección de Peña, no implica su regreso inmediato a la rectoría. El Consejo de Estado precisó que se limitó a examinar la validez del proceso adelantado en el CSU y no a resolver sobre el reconocimiento de derechos ni sobre la actual ocupación del cargo. En otras palabras, la sentencia no afecta directamente la designación de Leopoldo Múnera, quien fue elegido meses después en medio de la crisis institucional y hoy funge como rector en ejercicio.
“Esta Sección se limitó a definir la legalidad y no al reconocimiento de derecho alguno, por no ser de su competencia”, se lee en la decisión.
El futuro de la rectoría de la Universidad Nacional no se resuelve con este pronunciamiento. Todavía cursa otra demanda que examina de fondo la controversia sobre la legitimidad de la posesión y la validez del nombramiento posterior de Leopoldo Múnera. Será ese proceso el que finalmente determine quién quedará al mando de la universidad más importante del país.
Mientras tanto, el fallo actual representa apenas un capítulo más en una batalla legal y política que refleja tensiones de fondo: el alcance de la autonomía universitaria, la manera en que se interpreta la tradición del “voto limpio” y el choque entre formalidad jurídica y legitimidad académica.
Lo cierto es que la Universidad Nacional, institución emblemática de la educación pública, se mantiene en el centro de un pulso que todavía no llega a su desenlace final.
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