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Financiación de campañas 100% estatal y otros cambios que busca la reforma política de Petro

El borrador deberá ser revisado por el presidente Petro para iniciar su trámite de ocho debates en el Congreso. El gobierno pretende modificar 13 artículos de la Constitución.

  • El plan del Gobierno es tener aprobada esta reforma antes de que termine el año legislativo. FOTOS: COLPRENSA
    El plan del Gobierno es tener aprobada esta reforma antes de que termine el año legislativo. FOTOS: COLPRENSA
02 de septiembre de 2022
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Desde el ministerio del Interior dieron a conocer el primer borrador de la reforma política que el Ejecutivo pretende aprobar en el Congreso. El articulado, a falta de su radicación, dice que pretende transformar la política para alcanzar la “democratización en el Estado”.

Este proyecto contiene un total de 16 artículos, agrupados en cuatro ejes que estructuran la reforma política para la democratización del Estado. Estos ejes son: derechos políticos, democracia interna y participación electoral de los partidos y movimientos políticos, transparencia en el ejercicio de la política y la institucionalidad electoral”, explicó el ministro del Interior, Alfonso Prada.

La creación de una nueva Corte, la reducción de la edad para aspirar al Congreso, financiación en las campañas y eliminación de avales a dedo al interior de los partidos son algunos de los cambios que propondrá el gobierno.

El articulado –a falta de la revisión del presidente Petro para ser radicado– pretende modificar 13 artículos de la Constitución política y, por tanto, deberá pasar por 8 debates en el Legislativo. Estos son los cambios propuestos.

¿Le quita dientes a los entes de control?

De entrada el documento de 18 páginas propone que la Procuraduría y la Contraloría pierdan la competencia para sancionar a los funcionarios que resultaron electos en democracia.

“Las limitaciones de los derechos políticos a los servidores públicos de elección popular solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente”, dicta el primer artículo de este borrador.

Durante la campaña presidencial algunos mandatarios locales fueron suspendidos por la Procuraduría por cometer, presuntamente, la irregularidad de intervenir en política. De aprobarse este proyecto, esta competencia sería propia de un nuevo alto tribunal: la Corte Electoral.

La nueva Corte estaría conformada por cinco magistrados y deberá decidir –previa a la acusación de los órganos de control– “sobre las sanciones disciplinarias o fiscales de funcionarios elegidos popularmente cuando impliquen separación temporal o definitiva del cargo”.

La Corte Electoral también tendría la facultad para cancelar y disolver la personería jurídica de las organizaciones políticas.

Reducción de los períodos en cargos de elección

Uno de los pedidos de la Consulta Anticorrupción de 2018 era que los aspirantes a cargos de elección popular no pudieran quedarse “eternizados” en el poder.

“Nadie podrá ser elegido para más de dos (2) períodos consecutivos en cada una de las siguientes corporaciones: Senado de la República, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital o Municipal, o Junta Administradora Local”, dice el borrador que pretende modificar en este punto el artículo 127 de la Constitución.

El articulado también pretende abrirle la puerta a los jóvenes para llegar al Legislativo. El MinIterior propone que desde los 18 años se pueda aspirar a la Cámara de Representantes y desde los 25 al Senado.

Transfuguismo

La reforma política también abriría la posibilidad para que los congresistas y demás miembros de las corporaciones públicas se cambien de partido sin incurrir en sanciones.

“Autorizase, por una sola vez, a los miembros de las Corporaciones Públicas, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a su curul o incurrir en doble militancia, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley”.

Otros cambios

Las campañas políticas recibirían financiación 100% estatal, con esto se le cierra la puerta a la posibilidad de que los privados que aportaron terminen por convertirse en contratistas del Estado por el denominado “favor político”.

“El financiamiento de las campañas electorales de partidos políticos, movimientos y grupos significativos será exclusivamente estatal, bajo el sistema de anticipo del 50 % y el restante 50 % se realizará por reposición de votos”, se lee en el articulado.

El proyecto de Acto Legislativo también instará a los partidos para elegir sus candidatos en mecanismos democráticos y los obligaría para que sus listas sean paritarias entre hombres y mujeres. Además, obligaría a que los tarjetones de Senado y Cámara, por ejemplo, sean cerrados.

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