Las muertes violentas de 249 exintegrantes de la guerrilla de las Farc, ocurrido desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el pasado 15 de noviembre (datos de JEP), fue el argumento para que la Jurisdicción Especial para la Paz llamara al alto Gobierno nacional a exponer las medidas de prevención y protección para los firmantes de la paz.
Ante tal panorama, el director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, Giovanni Álvarez, presentó la investigación en la que señaló que cada cinco días en promedio es asesinado un excombatiente; además, que en estas muertes violentas ocurridas en los primeros cuatro años de implementación del Acuerdo, hay un patrón y una sistematicidad.
“Si nosotros hiciéramos una proyección o una previsión de muertes de excombatientes de las Farc hasta diciembre de 2024, teniendo en cuenta que la situación continúe como se viene desarrollando sin que esta desmejore o se haga más grave, habrían perdido la vida 1.600 excombatientes, lo que sería un mensaje grave para la comunidad nacional e internacional y por supuesto una situación de extrema gravedad para el desarrollo del proceso de paz”, agregó Álvarez Santoyo.
El director de la UIA desestimó que estos asesinatos se presenten por estar ligados al negocio de las drogas ilícitas y precisó que en 176 municipios coincide la presencia de cultivos de coca y el lugar de residencia de los excombatientes. Sin embargo, 111 tienen hectáreas sembradas de cultivos de uso ilícito y no registran un solo homicidio, como es el caso de Valdivia, en Bajo Cauca en Antioquia, y Teorama, en Norte de Santander.
Sobre la otra hipótesis, que según Álvarez el Gobierno ha manejado y señala a las riñas como un motivo de los homicidios de exFarc, el funcionario indicó que solo 2% de estas muertes obedece a razones de esta naturaleza.
