El supuesto proceso de paz entre el Gobierno Petro y Alexánder Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, parece más una fachada para cometer actos criminales, según lo revelado en las últimas horas.
La mesa de conversaciones está activa desde finales de 2023, cuando el delincuente rompió relaciones con el Estado Mayor Central (EMC) de Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”) y montó su disidencia aparte, con el mote de Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).
En el transcurso, sus frentes han perpetrado graves delitos, sin que le sea suspendido su estatus de gestor de paz. La historia de los supuestos beneficios inició con su cuestionada liberación tras ser detenido en la caravana de la UNP, cometiendo delitos en flagrancia, pero luego sus secuaces han protagonizado hechos más atroces contra la Fuerza Pública.
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Entre ellos está una emboscada a un pelotón del Ejército el 27 de abril de 2025, en el sector rural Guanapalo, en Guaviare, donde fueron asesinados siete militares y seis quedaron heridos.
El 12 de mayo siguiente quemaron un bus en la vía que comunica a los municipios de San Vicente del Caguán con Puerto Rico, en Caquetá, incinerando al sargento viceprimero Carlos Cisneros Maigual, que iba de pasajero.
Y el pasado 21 de agosto en la zona rural del municipio de Amalfi, emboscaron a un grupo de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, con un campo minado que destruyó un helicóptero Black Hawk y mató a 13 uniformados.
Por ese hecho, Estados Unidos ofreció una recompensa de US$5 millones por los responsables.
Y pese a estas matanzas, el Gobierno persiste en mantener la suspensión de la orden de captura contra “Calarcá”. ¿Por qué razón?
Los pactos de “no agresión”
La información contenida en los archivos de Calarcá” detalla que en al menos dos reuniones celebradas en Bogotá, habrían participado el general Miguel Huertas, Wilmar Mejía y otros oficiales del Ejército vestidos de civil para coordinar un pacto de no agresión con las disidencias.
Ese acuerdo, que cobijaba zonas altamente estratégicas como el Catatumbo, Antioquia y el sur de Bolívar, buscaba evitar enfrentamientos entre las tropas y los grupos armados. Para permitir la implementación de ese pacto, los oficiales habrían entregado información clasificada como códigos secretos de las frecuencias radiales del Ejército y los contactos de las principales unidades militares, lo que permitía a los disidentes anticipar operaciones.
Un guerrillero confirmó a Noticias Caracol que recibieron “correos en frecuencias de radio” y explicó que, aunque sufrieron algunas capturas por labores de inteligencia, estas no se debieron a falta de avisos previos.
¿”Protegido” del Gobierno?
El escándalo reavivó una discusión que gobernadores y analistas vienen planteando sobre el presunto trato benigno del Gobierno nacional hacia las disidencias de alias “Calarcá”.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, insistió en que estas revelaciones respaldan lo que ha denunciado desde su administración: una “sospechosa benevolencia” hacia esa estructura.
Sobre ese tema, EL COLOMBIANO conversó hace un par de semanas con el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez.
Su respuesta fue: “Hemos incrementado la ofensiva y lo hemos afectado críticamente. Por ejemplo, el criminal alias ‘Miller’ (su lugarteniente), el que asesinó a los policías allá en Charras, en Guaviare, fue neutralizado. No podemos permitir que sigan delinquiendo, y si lo vemos en flagrancia y da la oportunidad, será capturado. Usted toca un punto fundamental. Estos criminales han optado por coptar ciertas comunidades para inducirlas al crimen, para volverlas dependientes de lo ilegal y cuando llegue el Estado a ofrecer lo legal, entonces se genera un rechazo al mismo Estado. Por ello, insisto, la clave es esa articulación de la acción unificada del Estado”.
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La combinación de silencio institucional, gravedad probatoria y posibles conexiones entre estructuras ilegales y altos funcionarios ha convertido este caso en uno de los mayores desafíos para la Fiscalía en años recientes.
“Es un montaje”: Petro
Anoche, en su cuenta de X, el presidente Petro aseguró que los supuestos informes de inteligencia que mencionan al general Juan Miguel Huertas y al funcionario de la DNI, Wilmar Mejía, son “falsos” y parten de una reacción de las mafias afectadas por la suspensión de negocios ilegales en su gobierno.
Sostuvo que las denuncias buscan deslegitimar a quienes han identificado nexos entre oficiales y organizaciones criminales, y pidió hacer públicos los reportes de todas las agencias de inteligencia para evitar el uso político de la información.
Afirmó que la denuncia obedece a un intento por “purgar a las personas” que lo han acompañado en la identificación de irregularidades dentro de la fuerza pública.
Entre esos casos, mencionó el “robo de armas al Ejército en La Guajira” (cuya indagación empezó en mayo de 2024) y la entrega de permisos para crear empresas de seguridad que, según él, terminaron “al mando de criminales”.
“El negocio ha sido suspendido en mi gobierno y por eso reaccionan. Son miles de millones de pesos de sobornos que se detuvieron para frenar el uso del Estado para el paramilitarismo”, expresó, al tiempo que señaló que bajo el gobierno anterior “la entrega de permisos legales a criminales fue masiva”.
Y añadió: “Qué coincidencia que ahora denuncien a quienes vienen denunciando los nexos de la corrupción dentro de la fuerza pública”, escribió, insinuando que la revelación del informe estaría dirigida a deslegitimar las investigaciones internas que, según él, avanzan contra oficiales involucrados en actividades ilícitas.
Al referirse al manejo de información de Inteligencia, el presidente planteó que todas las agencias deberían publicar sus reportes “en el tiempo prudencial” para impedir su uso político.
Agregó que los vínculos irregulares entre miembros de la fuerza pública deben romperse de inmediato y que “la contrainteligencia es para detectarlos y no para hacer uso político de la información”.
A partir de esas declaraciones, buscó desligar a su Gobierno y a los funcionarios señalados de cualquier nexo con lo encontrado en los dispositivos de “Calarcá”, aunque no logró borra la sombra de dudas que dejan las actuaciones de los implicados.
Al cierre de esta edición no había aclarado el contenido de una de las conversaciones obtenidas en la incautación, entre Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, jefe del Estado Mayor Central (EMC), y otros guerrilleros, sobre el supuesto el dinero que habría entrado a la campaña de Petro por intermedio de la vicepresidenta Francia Márquez.
Aunque en los chats no se dan detalles de la operación, ya “Mordisco” había asegurado en marzo de 2024 que habían dado dinero para la contienda a la Presidencia en 2022. Apoyando, según ellos, a Petro, hoy mandatario.
Francia Márquez dice que están usando su nombre
La vicepresidenta Francia Márquez fue mencionada en los documentos, siendo señalada como el supuesto puente de comunicación entre los criminales y el Gobierno Nacional.
Aseguró que todo es falso, y que solo están usando su nombre para causar revuelo: “actué con transparencia”.
“Rechazo categóricamente estas versiones malintencionadas. No existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales. Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp, dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes”, dijo.
La funcionaria aseguró, además, que su campaña política fue transparente: “Jamás me he reunido con criminales. Jamás me prestaré para ningún pacto oscuro. Quien afirme lo contrario debe demostrarlo ante la justicia”.
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