Cuando se creía que no le cabía un escándalo más a Gustavo petro, se ratificó que las disidencias de Alexander Díaz, alias “Calarcá”, se infiltraron y han colaborado con el Gobierno desde la campaña en 2022 hasta hoy, como quedó claro luego de la revelación que hizo Noticias Caracol el domingo en la noche.
El periodista Ricardo Calderón expuso chats, audios y fotos de una presunta red de colaboración entre criminales y altos funcionarios del Ejecutivo. Nada más y nada menos que los principales involucrados son un general activo, el subdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la vicepresidenta de la República y el propio Petro.
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Al mismo tiempo, se cuestiona el papel de la fiscal Luz Adriana Camargo, quien al parecer engavetó la investigación tras un retén del Ejército en Santo Domingo (Antioquia) a la caravana de “Calarcá” en el que se incautaron computadores y celulares —se habla de más de 145, según fuentes— en donde estaban todos los detalles del escándalo.
Esta es una ruta con puntos clave para entender la dimensión del entramado que empieza con un cuestionado personaje de Antioquia.
El escándalo dejó al descubierto una grave infiltración del grupo criminal Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) tanto en las Fuerzas Armadas como en la DNI, a través general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y de Wilmar de Jesús Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Sobre este último, en Antioquia su nombre se había escuchado antes porque fue elegido por el presidente Petro como su representante ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.
La designación ocurrió en marzo de 2024, cuando el presidente, en un cambio intempestivo, ordenó por decreto la salida de su entonces representante Salomé Restrepo –quien ejercía la designación desde mediados de 2023– para elegir a Mejía. El nombramiento se dio en vísperas de la elección de rector y no cayó bien entre buena parte de la comunidad educativa pues Mejía ya había tenido asiento en el CSU, en 2004, como representante de los estudiantes. De hecho, fue el último consejero que representó al estudiantado hasta que este año volvieron a tener representante.
El caso es que Mejía, según fuentes consultadas por EL COLOMBIANO en su momento, salió en medio de críticas de la consejería por presunta mala representación del estudiantado ante el máximo órgano de la UdeA.
La llegada de Mejía al CSU enrareció más el ambiente. Su antecesora, Salomé Restrepo, denunció que el cambio la tomó por sorpresa, que nunca hubo notificación previa y que ni siquiera hubo empalme. Además, señaló que pudo tratarse de una retaliación luego de haber pedido claridad sobre la filtración de los resultados de la consulta interna en el proceso de elección de rector.
La llegada de Mejía anticipó un intento por inclinar la balanza en favor de John Mario Muñoz, hermano de León Fredy Muñoz, quien quedó muy cerca en la consulta a Jhon Jairo Arboleda, quien finalmente en la elección del CSU salió nuevamente designado por tercer periodo.
En ese momento, varias voces al interior de la UdeA señalaron a Mejía como un político tradicional, más que un activista de izquierda o líder social. Incluso se le asoció a Laura Sarabia, como supuesta madrina política, algo que ambos desmintieron señalando Mejía que a Sarabia la había conocido apenas meses atrás en Palacio y que su llegada como representante de Presidencia ante el CSU se debía a que “alguien” cercano a Petro “lo había recomendado”, aunque no dijo quién.
Lo cierto es que, además de declaraciones que evidenciarían una supuesta participación en política, Mejía usaba también su cuenta en X para defender el “pensamiento insurgente” e insultar a miembros de la oposición.
Mejía, licenciado en Educación Física y quien se quemó en 2018 en su intento por llegar a la Cámara de Representantes, ha sido uno de los consejeros más críticos públicamente frente a la gestión de Arboleda y ante la crisis financiera y de gobernabilidad que atraviesa la Universidad, y ha casado pelea tanto al interior como fuera del claustro.
También ha defendido la intervención de la inspectora que designó el Gobierno Nacional encargada de vigilar y reportar todo lo que ocurra en la entraña de la universidad respecto al tema financiero. Según el decreto del Ministerio, el objetivo de Martínez Ruiz será “vigilar permanentemente y mientras subsistan las situaciones que originaron las medidas, la gestión administrativa y financiera de la Universidad de Antioquia, así como los aspectos que están afectando las condiciones de continuidad y calidad”.
¿Por qué un directivo de la DNI hacía parte del Consejo Superior de la U.deA.? ¿Las autoridades académicas lo sabían o él lo ocultaba para sostener una fachada? Esta cuestión no ha sido respondida por el Gobierno.
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“Desde este puesto, ya que él formó parte de este consejo en el pasado como representante estudiantil, estaría allanando el camino a estas estructuras armadas”, declaró el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Y añadió que “con la presencia de alias ‘Chulo’ (Mejía) en el consejo directivo, empieza uno a entender que esté evidente la presencia del terrorismo dentro de las universidades, por lo que pedimos de inmediato su salida no solo de la Universidad de Antioquia, sino de todas las instituciones donde tiene presencia, para evitar que se siga fortaleciendo el terrorismo”.
Al margen de su vida universitaria, el rol de Mejía en la DNI levanta suspicacias debido a sus alcances. Según la información extraída de los dispositivos electrónicos incautados a “Calarcá”, y las pesquisas periodísticas, uno de los disidentes de las Farc aseguró que en el bajo mundo lo apodan “el Chulo”, debido a que sería el encargado de ser el puente entre las organizaciones criminales y la Fuerza Pública, es decir, los “chulos” (oficiales del Ejército).
Uno de los objetivos principales de estos vínculos sería facilitar la movilidad de los guerrilleros. El disidente dijo que gracias a información del funcionario, varios miembros del grupo armado que contaban con orden de captura pudieron movilizarse por Bogotá libremente, utilizando carros blindados que hacen parte de la dotación del Estado.
En la capital, los guerrilleros y altos funcionarios del Gobierno se habrían reunido para establecer los detalles de una empresa de seguridad que serviría como fachada para protegerlos. En aquella reunión también habría participado el director de Indumil, el coronel en retiro Juan Carlos Mazo.
Hablaron acerca de la organización de la empresa, de las licencias de armamento y la documentación que necesitarían para contratar personal y comprar vehículos.
A cambio de aquella “ayuda”, las disidencias y los representantes del Gobierno habrían hecho un pacto de no agresión en el Catatumbo y en el Sur de Bolívar. Sin embargo, para lograr esto habrían revelado uno de los datos más secretos y preciados de la fuerza pública.
Según el testimonio del disidente, Mejía y Huertas les habrían dado los códigos de las frecuencias radiales del Ejército, lo que les permitió conocer las operaciones militares en curso y hablar con unidades del Ejército para coordinar no “chocarse”.
En la información decomisada a “Calarcá” también se mencionó a un ciudadano chino llamado Jixing Zhang, supuesto representante de una compañía de comercio exterior, que aparece en varias fotos encontradas en los chats, junto a los miembros de la organización criminal.
De los mensajes se extrae que, presuntamente, les ofreció apoyo para instalar un armerillo en Venezuela que les permitiera reparar sus fusiles, morteros y otras armas, así como dinero para inversiones en minería de oro y proyectos agrícolas en la región del Catatumbo.
Las imágenes lo muestran dentro de campamentos en zonas rurales del Catatumbo, Caquetá y el sur de Bolívar. Habitantes de las áreas de influencia confirmaron que este ciudadano se presentó como un empresario interesado en invertir recursos en proyectos agrícolas y productivos. En otra fotografía aparece con casco, acompañado de disidentes, durante una visita a lo que parece ser un socavón.
Incluso su tarjeta de presentación fue compartida entre los delincuentes, presentándose como inversionistas de una empresa radicada en la provincia china de Henan.
Al ser consultado acerca de este personaje, el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, publicó en la red social X: “Sin comentario, antes de verificar la situación y recibir detalles de las autoridades pertinentes”.
Pero el escándalo va mucho más allá.
¿Por qué Petro reintegró a Huertas pese a las alertas de EE. UU.?
La decisión del Gobierno de reintegrar al general (r) Juan Miguel Huertas al Ejército abrió una oleada de cuestionamientos que no se limitan a su prontuario, sino que apuntan a un patrón más amplio de la administración Petro y es el regreso de oficiales retirados, pese a haber impulsado una de las purgas más profundas de la cúpula militar en décadas.
Tras la revelación de Noticias Caracol sobre los posibles vínculos del Ejército y del Gobierno con las disidencias de “Calarcá”, en diversos sectores se preguntan por qué el presidente reincorporó a generales sobre quienes existían advertencias de inteligencia.
El exministro del Interior, Daniel Palacios, reveló que la salida de Huertas del Ejército en 2022 no fue casualidad, se fundamentó en las alertas del Gobierno de Estados Unidos. Huertas salió del Ejército durante el Gobierno de Iván Duque, donde Palacios hizo parte del gabinete.
“Tenía información de primera mano presentada por autoridades de inteligencia de Estados Unidos, sobre posibles y sospechosas relaciones con grupos criminales. Eso llevó a que fuera llamado a calificar servicios. Por eso nos sorprendió que el Gobierno decidiera reintegrarlo”, dijo, alertando además sobre las intenciones reales del Gobierno Petro con el cuestionado general.
“La idea era que este general llegara a la Dirección de Inteligencia Militar del Ejército. Finalmente lo ubicaron en el Comando de Personal, pero ese cargo también maneja información reservada y los folios de vida de todos los miembros del Ejército. Es gravísimo ubicar ahí a un general tan cuestionado”, recalcó.
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En los chats y documentos incautados a “Calarcá”, se le señala de asistir a reuniones con miembros de las disidencias, asesorarlos en su lucha armada e incluso proponerles el montaje de una empresa de seguridad privada para legalizar su arsenal, vehículos y desplazamientos.
En las conversaciones, un disidente aseguró que el oficial proponía crear un grupo de 20 personas, a las cuales les ayudaría a tramitar permisos especiales para el porte de armas, con los cuales se legalizaría la empresa.
El oficial ha negado los señalamientos en su contra, insistiendo que es víctima de una persecución al interior de las Fuerzas Armadas, y que nunca se reunió con disidentes ni en Colombia ni en Venezuela.
El caso Huertas no es una excepción. La administración Petro ha reincorporado a varios oficiales retirados, como el exdirector de la Policía William Salamanca, en medio de un escándalo por presuntos vínculos con el contrabandista Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”.
La contradicción es evidente, Petro y el entonces ministro Iván Velásquez ejecutaron una purga profunda que sacó a decenas de generales por “pérdida de confianza”, pero hoy el Gobierno vuelve a llamar a oficiales que ya habían sido retirados por presuntos vínculos con estructuras criminales, corrupción o cuestionamientos de seguridad.
“Es grave el afán por sacar a los miembros de nuestras Fuerzas Militares y de Policía con experiencia en inteligencia, los que han dado los mayores golpes a las disidencias, al ELN, al Clan del Golfo. Se hace una depuración permanente mientras se llama a reintegrar a oficiales que salieron cuestionados, retirados por nexos con el Clan del Golfo o por corrupción”, añadió Palacios en Caracol Radio.
El exfuncionario sostuvo que la alarma ya está encendida y que es hora de que las autoridades pongan la lupa y destapen lo que hay de fondo.
“Lo hemos venido diciendo. Se está desmontando la Fuerza Pública y, al mismo tiempo, se reintegra a miembros con antecedentes delicados. Basta revisar sus hojas de vida y recordar que fue la propia institución la que decidió retirarlos por pérdida de confianza”.
Analistas advierten que las acciones de Petro dentro de las Fuerzas Militares podrían estar motivadas inicialmente por la necesidad de llenar los huecos tras la purga a inicio de su Gobierno. La salida de tantos generales dejó a Petro sin suficientes oficiales para ocupar los cargos del alto mando. De ahí la necesidad de “reciclar” retirados, aunque tuvieran antecedentes controversiales.
Tampoco se descartan versiones según las cuales algunos oficiales habrían tenido roles o acercamientos con la campaña presidencial, lo que abre la puerta a la hipótesis de que ciertos reintegros podrían operar como pagos de favores políticos. En el caso de Huertas, distintas fuentes sostienen que apoyó abiertamente la campaña del Pacto Histórico, un antecedente que, según altos mandos activos y en retiro, habría facilitado su retorno a la institución.
Fiscalía engavetó PC de disidentes tras retén, ¿qué pasó?
Las revelaciones de los posibles nexos entre las disidencias de “Calarcá” y funcionarios del Gobierno y las FF.MM., no solo sacudieron al Gobierno y al alto mando militar, sino que desataron una avalancha de cuestionamientos que hoy apuntan a la fiscal general Luz Adriana Camargo. ¿Cómo es posible, se preguntan analistas, opositores y críticos, que la Fiscalía lleve más de un año guardando silencio frente a unas pruebas de semejante gravedad?
Los documentos, chats y celulares incautados a “Calarcá” están en poder de la Fiscalía desde el 23 de julio de 2024, cuando una caravana con 13 miembros de las disidencias, que era custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue detenida en un retén del Ejército en Santo Domingo, Antioquia.
Entre los cabecillas que iban en los vehículos estaban Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), comandante del Estado Mayor de los Bloques y Frente; Erlinson Echavarría Escobar (“Ramiro”), comandante del frente 18; y Édgar de Jesús Orrego Arango (“Firu”), jefe del frente 36. Llevaban armas ilegales, dinero en efectivo, joyas y un menor de edad reclutado, además de los dispositivos de almacenamiento de datos.
De los 13 disidentes, solo cuatro quedaron capturados, y el adolescente quedó a disposición del ICBF. Los demás quedaron en libertad por orden de la fiscal Camargo; también les envió un documento a los oficiales que atendían el caso, la Resolución N° 0282 del 4 de julio de 2024 de la Fiscalía, firmada por ella misma, que ordenaba suspender las órdenes de captura por seis meses en favor de seis miembros de las disidencias declarados gestores de paz por el Gobierno, entre ellos “Calarcá”.
Y también remitió una carta dirigida a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, en la cual les informó a sus subalternos que “la suspensión de órdenes de captura, como se dispone en la Resolución N°0282, se hace extensiva a las situaciones de flagrancia”.
Desde entonces, según fuentes judiciales, el expediente se dividió en dos; por un lado, una la Fiscalía en Antioquia continuó el proceso contra los cuatro detenidos (entre ellos “Firu”), y la otra parte se fue para el nivel central en Bogotá, donde al parecer la información fue “engavetada” porque los implicados estaban en el proceso de paz con la Casa de Nariño.
A través de un comunicado publicado en la noche de este lunes, la Fiscalía dijo que tras más de un año el material incautado “continúa en verificación” por “la gran cantidad de información hallada”. Además, que “los dispositivos recuperados, de donde se extrajo la información, han estado desde su incautación bajo la custodia de la DIJIN” y que al conocerse este contenido se está violando la reserva. El ente acusador, sin embargo, no asume ninguna responsabilidad sobre la falta de celeridad de las investigaciones.
Jorge Lemus, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), reaccionó con sorpresa y admitió que sólo conoció los detalles del caso en la noche del domingo pasado, al mismo tiempo que el resto del país.
Afirmó que la DNI desconocía por completo que la Fiscalía tenía desde hace más de un año las pruebas reseñadas. Según explicó a una emisora, en cuanto vio el informe periodístico ordenó buscar trazabilidad sobre una supuesta misión mencionada en los documentos incautados.
“Empecé a buscar trazabilidad de la misión, si es que existió, pero no encuentro trazabilidad en la misma. No tengo conocimiento de qué era lo que se estaba haciendo. No sé si pasó, pero vamos a investigar la cuestión”, dijo.
Argumentó que Wilmar Mejía, el funcionario de la DNI salpicado en el escándalo, “es quien maneja las misiones de inteligencia y toda la operatividad asociada”, pero subrayó que cada misión debe ser informada a la dirección.
“Todas las misiones tienen trazabilidad. Esta tengo que averiguar si realmente existió. No creo, no sé. Para mí es aterrador. No creo que haya existido esa misión. Algo pasa ahí”, afirmó.
El director también dijo que se comunicó con Mejía: “Estaba en una misión, pero pudimos hablar por teléfono. Me dijo que estaba muy achantado por todo lo que, según él, le habían inventado”.
En un largo trino publicado en su cuenta de X, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, aseguró que ordenó “adelantar una investigación rigurosa según las competencias del Ministerio y de la Fuerza Pública, en colaboración con la comunidad de inteligencia” y que no dudará “en tomar las decisiones que correspondan según concluyan las investigaciones”.
Fue enfático en señalar que la cartera a su cargo “no permitirá, bajo ninguna circunstancia, actos de corrupción, ilegalidad o traición a la Patria por parte de miembros activos, retirados o de cualquier funcionario del sector”.
“La cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará, y quien se aparte del deber constitucional será investigado con la máxima celeridad y rigor, enfrentando todo el peso de la justicia”, dijo en referencia al vínculo del jefe de Comando de Personal del Ejército, general Juan Miguel Huertas, en el presunto entramado con las disidencias de las Farc.
Sánchez aseveró que así “Calarcá” tenga una orden de captura suspendida en los espacios de diálogo que permite la ley 2272, conocida como Ley de Paz Total, “ello no constituye un salvoconducto para delinquir” y que “si la Fuerza Pública encuentra a cualquier individuo —incluyéndolo a él— en flagrancia, procederá de inmediato a su captura”.
La Procuraduría inició una investigación disciplinaria contra el general Huertas y Wilmar Mejía.
El ente de control anunció que averiguará si esos funcionarios “apoyaron y orientaron a miembros de dichas organizaciones para que organizaran empresas de seguridad privada que les permitieran legalizar el porte de armas y prepararse para una eventual finalización de diálogos con el Gobierno”.
En cuanto al rol de la fiscal General, el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, declaró que “el gobierno americano debería meter en la Lista Clinton a todas las personas vinculadas en este entramado criminal, comenzando por la fiscal Camargo”.
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