Después de seis meses de estar pendiente de lograr su conciliación, ayer pasó a sanción presidencial el proyecto de ley de los pliegos tipo, que busca, básicamente, garantizar transparencia en la contratación pública.
La iniciativa establece que en adelante las entidades deberán adoptar este modelo de contratación, lo cual acabaría con los llamados “pliegos sastre”, es decir, hechos a la medida de ciertos contratistas.
Finalmente, con 143 votos a favor y tres en contra, la Cámara de Representante avaló el proyecto.
El representante conciliador, Buenaventura León, explicó que la ley señala que en adelante Colombia Compra Eficiente será la entidad encargada de redactar los documentos de los pliegos de tipo, la cual fijará su cronograma para incorporar los mismos.
Por su parte, la representante Juanita Goebertus, aseguró que estos no vulneran la autonomía regional. Para garantizarlo, los documentos tendrán como referencia la economía local y las características de la región. “Esto garantiza una contratación estandarizada donde los requisitos no dirijan la contratación hacia uno u otro contratista sino que realmente pueda haber mayor transparencia y más personas compitiendo.
Sin embargo, el representante Jorge Méndez, mantuvo su desacuerdo expresado a lo largo de varios debates y contrario a lo expresado por Goebertus dijo que la ley sí afectará a las regiones y sólo permitirá que desde Bogotá, los grandes contratistas redireccionen la forma como deben esas contrataciones.
Para Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, “se trata de un paso importante en la lucha contra la corrupción, pues con esta implementación se le pone coto a la manipulación de los pliegos de condiciones y su efecto redunda en una mayor pluralidad de oferentes”, dijo, zanjando su preocupación expresada en diciembre pasado, cuando advertía que el texto en ese momento permitía injerencia política en la elaboración de los pliegos tipo.
Coincide con él José Andrés Omeara, director de la Agencia Nacional de Contratación Pública. “Esto genera una optimización importante de recursos públicos que según estudios de la Unión Europea y la Ocde, alcanzan aproximadamente el 7,2%”, concluyó.
