El pasado 10 de octubre, el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá revocó la libertad condicional del contratista Emilio Tapia, condenado por corrupción en dos de los mayores escándalos del país, que se le había sido otorgada en abril por un juez de Barranquilla. EL COLOMBIANO conoció que fue capturado en una clínica de esa ciudad. La captura se dio gracias a un operativo que llevaron a cabo agentes de la DIJIN de la Policía Nacional.
El caso por el que deberá regresar a prisión es el relacionado con actos de corrupción conocido como Centros Poblados. Un contrato con el Ministerio de las TIC para llevar internet gratuito a zonas rurales del país en 2020, que se convirtió en uno de los grandes escándalos del Gobierno de Iván Duque.
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La decisión se tomó luego de resolver un recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la Nación, que consideró injustificada la medida de libertad a favor de Tapia, condenado en dos oportunidades por corrupción.
En ese momento, la Procuraduría consideró que Tapia tenía que permanecer en prisión, por lo que decidió apelar la decisión judicial.
Para el órgano de control, debía probarse que “el adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permite suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar con la ejecución de la pena”.
Asimismo, el Ministerio Público pidió al juez revisar si el contratista cumplió con la reparación que le haya sido impuesta en el preacuerdo con la Fiscalía.
“Se le sugiere al juez del conocimiento indagar si la Contraloría, o en su defecto el Ministerio de las TIC —o ambas entidades—, iniciaron incidente de reparación; la Contraloría General de la República, en defensa de los recursos públicos, y el Ministerio de las TIC, como víctima, ya que tratándose de delitos contra la administración pública, es de obligatorio proceder”, se lee en la apelación.
Tapia había recuperado su libertad el 11 de abril de 2025, tras un fallo del Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla, argumentando buen comportamiento y cumplimiento parcial de sus condenas. Sin embargo, para el juez de segunda instancia en Bogotá, las condiciones legales para mantener ese beneficio no se cumplían plenamente.
El caso por el que fue condenado: Centros Poblados
Este reconocido caso, por el que luego de esta captura deberá regresar a prisión, es el relacionado con actos de corrupción conocido como Centros Poblados. Se trató de un contrato que firmó con el Ministerio de las TIC para llevar internet gratuito a zonas rurales del país en 2020.
Según determinó la Fiscalía, Tapia creó una unión temporal utilizando información falsa, con el objetivo de cumplir los requisitos exigidos en la contratación estatal.
De esta manera, logró que el millonario contrato para llevar conectividad a zonas rurales fuera adjudicado a su grupo. Tapia estuvo al frente de una póliza bancaria falsa a nombre del Banco Itaú con la que se ganaron la adjudicación de un contrato por un billón de pesos y un anticipo de 70.000 millones de pesos.
Una vez estalló el escándalo, el contratista acordó con la Fiscalía aceptar los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y fraude procesal, y ser testigo contra otros implicados a cambio de una rebaja en su pena.
Además, se comprometió a devolver $5.000 millones, de los cuales ya ha entregado la mitad. “Los otros $2.500 millones serán reintegrados a través de bienes ubicados en Girardot (Cundinamarca) y en zona rural de Medellín”, afirmó durante la audiencia de legalización de su preacuerdo con la justicia.
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