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CAR se rajaron en el manejo de sus recursos por falta de planeación
La Contraloría, la Procuraduría y el Gobierno plantean la necesidad de reformar las Corporaciones Autónomas Regionales ante deficiencias.
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Informes de la Procuraduría desde 2018 señalan falta de control efectivo de las CAR para frenar la deforestación. FOTO julio herrera
06 de septiembre de 2021
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En el Informe del Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente 2020-2021, que acaba de publicarse, la Contraloría reportó que las CAR (Corporación Autónoma Regional) solo lograron un 63 % de ejecución, lo que significa que se constituyeron reservas presupuestales por $753.000 millones (37 %). Lo anterior ratifica, dice el documento, “que las corporaciones siguen reflejando una precaria planeación, gestión y ejecución de los recursos asignados, situación evidenciada y manifestada al Congreso en anteriores informes sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente”.
El documento cita conclusiones de la Procuraduría, entidad que señaló que la ejecución de los recursos de inversión apropiados por las CAR solo alcanzó el 21 %, mientras que la ejecución de recursos propios apenas fue del 51 %. La deficiente gestión presupuestal de las Autoridades Ambientales Regionales, desvirtúa –en concepto del Ministerio Público– "el argumento que han expuesto sobre la escasez de recursos para el cumplimiento de sus objetos".
Además, recalca la entidad, “el hecho que no se ejecuten oportunamente los recursos destinados a la protección del medio ambiente por las entidades responsables, no solo desvirtúa el carácter de Gasto Público Social, sino que se ha perjudicado directamente a las comunidades que habitan las regiones y municipios beneficiarios de los proyectos de inversión, ya que se retrasa la solución de la creciente problemática ambiental".
En tres décadas de existencia como autoridades ambientales, se han intentado 22 reformas a las CAR. La última, liderada por el Gobierno, fue la que más cerca estuvo de lograr cambios de fondo en dichas entidades, pero el proyecto de ley se fue desmoronando en su tránsito en el Congreso antes de superar el último debate, en junio de 2020, el cual nunca se dio.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el ministro de Ambiente, Carlos Correa, confirmó que en un mes tendrá listo el borrador del nuevo proyecto de ley para lograr finalmente la anhelada reforma que los expertos del sector ambiental, con amplio consenso, reconocen como necesario para transformar estas entidades encargadas, según dicta la Ley 99 de 1993, de administrar territorialmente los recursos naturales y garantizar el desarrollo sostenible.
Cambios que no llegaron
El proyecto de ley 278 de 2019 determinaba que quien aspirara a la dirección de una CAR debía hacerlo mediante concurso de méritos, acreditar maestría y/o doctorado en áreas afines a la gestión ambiental y mínimo ocho años de experiencia laboral, la mitad de estos, en el sector ambiental.
Además, prohibía que en adelante los directores pudieran reelegirse por cuatro años más y quedaban de paso expuestos a ser removidos del cargo por el consejo directivo si en su segundo año al frente de la entidad no lograban ejecutar el 50 % del plan de acción propuesto.
Haberlo logrado, en concepto del director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, Germán Andrade, habría significado erradicar “la falta de gobernanza que hoy mina la capacidad de gestión de las entidades llamadas a interpretar las problemáticas y potencial ambiental en los territorios y darles el manejo adecuado”.
Según Andrade, una dirección técnica ayudaría a reducir la cantidad de “conflictos socioambientales derivados por determinaciones contaminadas por intereses políticos y económicos”, tales como “laxitud frente a impactos ambientales ocasionados por el sector productivo, el manejo de la fauna y flora y la deficiencia de propuestas y la poca legitimidad ante las comunidades en los territorios”.
La docente en derecho ambiental del Externado, Carolina Montes, autora de la investigación “La corrupción en el sector ambiental: un detrimento contra el patrimonio natural”, sostiene que el mal manejo de las corporaciones autónomas ha causado durante años graves consecuencias ambientales y económicas, problemática de la cual el país no parece estar consciente.
“La expedición irregular de salvoconductos para movilizar recursos de fauna y flora para su aprovechamiento; los permisos de vertimientos y emisiones y la falta de control para garantizar la compensación de estos impactos, más allá del cobro de multas, son apenas ejemplos de consecuencias que la ciudadanía y el Estado deben asumir y que se traducen en gastos, pérdidas económicas y deterioro de factores de bienestar como la salud y la seguridad alimentaria”, dice.
El exviceministro de Ambiente, Carlos Fonseca, dice que la transformación de fondo de las CAR deberían ser prioridad en la agenda legislativa del país porque son las llamadas a desarrollar en las regiones la transición del modelo productivo, tarea en la que resalta el espaldarazo que tendrá el Sina (Sistema Nacional Ambiental), gracias al 20 % de regalías provenientes del Fondo Ciencia, Tecnología y Innovación asignados al sector ambiental.
Fonseca plantea que el país debe transitar del mero cuidado de las áreas protegidas hacia la transformación tecnológica y de los usos del territorio, con “sistemas silvopastoriles y agroforestales, la regeneración de ecosistemas y la agroecología”.
Reducir el aporte de Colombia a los gases de efecto invernadero, causados por la deforestación, el cambio en el uso de suelos, la ganadería y agricultura, debe ser –señala Fonseca– la cruzada de las CAR, junto con los institutos científicos que integran el Sina.
Por ahora esto parece distante. Salvo contadas excepciones de eficientes gestiones, las CAR siguen siendo una de las ramas más débiles del Sistema Nacional Ambiental
22
intentos de reforma a las CAR han sucumbido en casi tres décadas.
7
corporaciones autónomas en lugar de 33 era la propuesta del proyecto de ley fallido.
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