El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se refirió al escándalo que salpica a la campaña presidencial de 2014 de Óscar Iván Zuluaga y respondió por qué la investigación que él lideró siendo magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) no prosperó y terminó archivada.
En el año 2017 Camargo asumió la investigación contra el excandidato presidencial del uribismo para tratar de determinar si a su campaña habían ingresado 1,6 millones de dólares de la multinacional que hoy tiene a Zuluaga bajo la lupa por reveladoras grabaciones de Daniel García Arizabaleta en su contra.
La ponencia de esa investigación fue votada por los magistrados del CNE. Se decidió, por mayoría, archivar el proceso y se determinó que no hubo conductas irregulares, pese a que ahora las pruebas de la Fiscalía apuntan a que a la campaña sí habrían ingresado dineros de Odebrecht irregularmente.
Al respecto, Camargo defendió, en diálogo con El Tiempo, que en el desarrollo de su investigación hubo más de 110 actuaciones administrativas con pruebas enviadas por la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación. Pero, pese al material probatorio, se determinó que no hubo conductas irregulares de Zuluaga.
“Se abrió investigación administrativa y formulación de cargos en contra del gerente, candidato, auditor y grupo significativo de ciudadanos de la campaña presidencial de Zuluaga, con ocasión al presunto ingreso de dineros provenientes de Odebrecht y la omisión en la presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial”, le dijo Camargo a ese medio.
Frente a García Arizabaleta, el testigo estrella contra Zuluaga, el ahora defensor del Pueblo aseguró que se le aplicó un cuestionario de 40 preguntas y, según él, no dejó entrever la versión que ahora defiende ante la Fiscalía y que permitió que le concedieran un principio de oportunidad.
Y es que a García Arizabaleta le concedieron un principio de oportunidad gracias a las pruebas que aportó y que demostrarían que Zuluaga sabía del ingreso de los dineros de Odebrecht a la campaña. El excandidato uribista intentó tumbar ese principio de oportunidad con una tutela, pero se la negaron por improcedente.
