La semana pasada la Fiscalía le imputó a González los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros.
Pasados menos de 10 días desde que la Fiscalía le imputó tres delitos por su presunta participación en el escándalo de corrupción con dineros arañados de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), este viernes se conoció que Carlos Ramón González renunció a la Alianza Verde.
No es un hecho menor. González fue uno de los fundadores de la colectividad y era uno de sus copresidentes, al punto que muchos lo llamaban “el dueño del letrero”. No solo era un sigiloso amigo del presidente Gustavo Petro, sino que logró llegar a ser uno de los funcionarios más poderosos de la Casa de Nariño: primero como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y luego como director de Inteligencia Nacional. (DNI).
A mediados de mayo, la Alianza Verde suspendió en el ejercicio de sus derechos estatutarios al senador Iván Name, así como a la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz. Sin embargo, no deja de llamar la atención que entre los sancionados no figuraba González.
Durante más de 30 años, González Merchán operó en las sombras, tejiendo estrategias y entregando avales desde la Alianza Verde, que él mismo fundó en 2005 bajo el nombre de Opción Centro. Sin embargo, su llegada al Dapre en 2023 lo sacó del anonimato y lo puso bajo los reflectores.
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Frente a las sanciones contra Name y Ortiz, la Alianza Verde recordó que desde hace más de un año, en mayo de 2024, fueron denunciados formalmente ante el Consejo de Control Ético del partido de cara a determinar el grado de responsabilidad frente a las denuncias y establecer las sanciones correspondientes.
La semana pasada, la Fiscalía le imputó a González los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros.
Frente al primer delito, según la Fiscalía, el entonces director del Dapre le habría pedido a quien fuera el director de la UNGRD, Olmedo López, entregar a los presidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara de Representantes), contratos de la Unidad por $60.000 millones para el primero y de $10.000 millones para el segundo. Lo anterior, a cambio de “un apoyo en los proyectos de ley del Gobierno que cursaban en el órgano legislativo”.
Sin embargo, debido a la “premura con la que los congresistas pedían los recursos”, González supuestamente solicitó a Olmedo López “variar la oferta” a Name, ofreciendo una suma en efectivo de $3.000 millones y a Calle de $1.000 millones, a través de dineros provenientes de la contratación en UNGRD.
Frente al delito de peculado por apropiación en favor de terceros, la Fiscalía detalló que el 21 de septiembre de 2023, durante un encuentro en Palacio, quien fuera el cofundador del partido Alianza Verde “le ordenó ilícitamente” a Olmedo López entregar los $4.000 millones en coimas. Para ello, se determinó que los recursos provendrían de un contrato para carrotanques para La Guajira.
El dinero se direccionó, sostuvo la Fiscalía, a través del empresario Luis Eduardo López Rocero, con quien se habría pactado una coima del 14 % del valor total del contrato.
Finalmente, ante el delito de lavado de activos, el ente acusador determinó que el 21 de septiembre de 2023, durante un almuerzo entre González, Name y Ortiz, acordaron la entrega de los recursos. “Sandra Liliana Ortiz transportó en dos oportunidades sumas equivalentes a $1.500 millones en efectivo, dineros recibidos en el apartamento de esta de parte de funcionarios de la UNGRD”.
Luego, el 12 de octubre de 2023, Ortiz recibió de Olmedo López y Sneyder Pinilla una maleta con $1.500 millones, “dinero que fue transportado por Ortiz hasta el apartamento de propiedad de Name”. Un día después, Pinilla le entregó a Ortiz en Residencias Tequendama otros $1.500 millones en dos maletas.
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Para la Fiscalía, el también exdirector de la DNI “actuó con dolo en la medida en que conocía que los hechos (...) y sabía que se ofrecían contratos y luego dineros a Name y Calle para apoyar los intereses del Gobierno en el Legislativo. Además, determinaba al entonces director de la UNGRD al ordenarle la entrega de las coimas. Y sabía que al ordenarle a la consejera presidencial recibir de los funcionarios de la UNGRD los $3.000 millones y entregarlos a Name, la estaba determinando para adelantar las acciones referidas”.
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