Este jueves, la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía compulsó copias a la Dirección Nacional de Extinción de Dominio, en el proceso que se adelanta por los tres laboratorios para la producción de cocaína encontrados en una finca en Guasca, Cundinamarca, de propiedad del embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente.
En los allanamientos realizados en la propiedad el pasado 12 de febrero, se encontraron 6.896 kilos de sustancias químicas para elaboración de clorhidrato de cocaína, los cuales fueron destruidos con base en los protocolos establecidos, y nueve kilogramos de cocaína y pasta base de cocaína que se encuentran en cadena de custodia.
En el predio fueron capturadas cinco personas señaladas de trabajar en los tres laboratorios. El fiscal del caso les formuló cargos por tráfico de estupefacientes y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el pasado 14 de febrero.
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En un trabajo conjunto de las autoridades de Colombia y Estados Unidos, se determinó la existencia de una organización que adquiría cocaína que era transportada a otra finca ubicada en Guasca, donde funcionaba un laboratorio clandestino que realizaba el procesamiento del estupefaciente.
Pese a las pesquisas de las autoridades, la sociedad ‘Las colinas de Guasca’, donde se encuentra el predio de Sanclemente, indicó que ninguno de los administradores y socios “tuvo conocimiento o relación” con el hecho.
Así lo explicaron en un comunicado difundido en el que además sostienen que “que el predio de 176 hectáreas es mayoritariamente ondulado y cuenta con un amplio bosque de pinos donde los narcotraficantes operaban camuflados con la aparente complicidad de al menos dos trabajadores de la finca, según primeras informaciones”.
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Los socios de la propiedad agregan que desde 2017 le alquilaron “una parte del terreno a unos reputados cultivadores de papa y cebolla”. Sin embargo, no aportaron nombres o documentos de los supuestos arrendatarios.
Por estos hechos, la Fiscalía adelanta la recolección de pruebas sobre si otras personas pudieran estar vinculadas a los hechos.
