El decreto que estipula este cambio se da en medio de tensiones entre el jefe de Estado con las altas cortes, por lo que ha sido ampliamente cuestionado.
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) encendió las alarmas del debate institucional en Colombia tras emitir un duro pronunciamiento en contra del Decreto 0799 del pasado 9 de julio, expedido por el Gobierno Nacional. A través de esta norma, el Ejecutivo modificó el juez competente para revisar las tutelas presentadas contra el presidente Gustavo Petro, retirando esa responsabilidad del Consejo de Estado y otorgándosela a los jueces de circuito.
El cambio ha sido presentado por el presidente Petro como un avance hacia la “democratización de la justicia”. En declaraciones realizadas este martes, el mandatario defendió la decisión argumentando que “el jefe de Estado debe ser tutelable por cualquier ciudadano o ciudadana ante cualquier juez de la República”, y que el nuevo esquema evita la “elitización” del sistema judicial.
Sin embargo, la CEJ, presidida por Hernando Herrera, ve el decreto con gran preocupación. A través de un comunicado, la organización afirmó que esta medida “constituye una grave alteración del orden institucional y representa un nuevo precedente que contribuye a la erosión de la separación de poderes en Colombia”.
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La crítica más contundente señala que el decreto parece una respuesta directa del Ejecutivo a la decisión del Consejo de Estado de suspender el Decreto 0639, con el cual el presidente Petro pretendía convocar a una consulta popular sobre temas laborales. Según la CEJ, la coincidencia de hechos sugiere una “clara retaliación del Gobierno en contra de la más alta corte de la jurisdicción contencioso-administrativa”.
La organización también cuestionó la legalidad del Decreto 0799, al considerar que se habría omitido el concepto previo de la Sala de Consulta y de Servicio Civil del Consejo de Estado, requisito exigido por el artículo 113 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En palabras de la CEJ, la medida debe ser “suspendida de forma provisional y posteriormente declarada nula por los vicios que incorpora”.
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Para la CEJ, esta forma de actuar mina la estabilidad de las reglas del control judicial sobre los actos del Ejecutivo. “Cuando una decisión judicial no le conviene al Gobierno, se busca remover a la autoridad que la emitió”, advierten, enfatizando que esta lógica afecta la estructura misma del Estado de Derecho.
El Decreto 799 de 2025 se conoció este lunes pero varias voces ya han señalado que sería inconstitucional. La abogada Carolina Restrepo dijo que “la competencia judicial no se puede modificar por decreto. Según los artículos 228 y 229 de la Constitución, las competencias de los jueces deben estar definidas por la ley, no por el Ejecutivo. Un decreto reglamentario no tiene la jerarquía ni la fuerza normativa para modificar el reparto de tutelas. Mucho menos cuando se trata de tutelas contra el Presidente de la República”.
Incluso, la abogada de la Universidad Javeriana dice que “el decreto vulnera la separación de poderes” y que “no es un ajuste técnico. Es un acto de defensa política disfrazado de norma. Un intento desesperado por blindar al presidente frente a la justicia”.
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