La Corte Constitucional le ordenó a Cerro Matoso que costee un examen que realizará Medicina Legal a cerca de 2 mil personas en Montelíbano (Córdoba) y con el cual se busca determinar si algunas afecciones que sufren tienen relación con la explotación de níquel que hace la empresa.
Entre las personas, supuestamente afectadas por esta actividad, hay integrantes de comunidades indígenas como los Zenú del Alto San Jorge y las comunidades afrodescendientes de Uré, quienes dicen presentar laceraciones e irritaciones en la piel, además de dificultades respiratorias y molestias en los ojos.
El costo del examen supera los 770 millones de pesos y ha tenido retrasos en su realización pues solo hasta noviembre, dice Medicina Legal, se pudo firmar el convenio con Cerro Matoso para la dotación de insumos y tecnología suficiente para el desarrollo de la prueba pericial.
Medicina Legal tiene que entregar en seis meses las conclusiones, mientras que el Ministerio de Salud debe suministrar estudios de salud pública en los municipios de Montelíbano, San José de Uré, Puerto Libertador, al igual que en la gobernación de Córdoba.
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