La Fiscalía ocupó un centro comercial, dos discotecas y un hotel, todo ubicado en Girardot, Cundinamarca, e Ibagué, Tolima.
Luego de que se conociera que, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá impuso medidas cautelares sobre cuatro bienes avaluados en más de 45.467 millones de pesos, se dieron a conocer fotos y videos de los lujosos bienes.
Según la Fiscalía, los cuatro bienes harían parte del patrimonio del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido popularmente como Charlie Zaa, y tendría relación con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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Los bienes ocupados son un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima). Próximamente serán puestos a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
El ente de investigación explicó que el entonces cabecilla paramilitar Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, presuntamente recurrió a terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones en inmuebles, y justamente ahí aparece el nombre de Charlie Zaa, quien al parecer se habría prestado para que alias Daniel ocultara el origen ilícito de los bienes y evitar que fueran destinados a la reparación de víctimas.
Sin embargo, las medidas cautelares decretadas por el Tribunal Superior de Bogotá corresponden a una decisión de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
Luego de conocerse la decisión de la Fiscalía, Charlie Zaa emitió un comunicado en el que advirtió que no hay una sentencia en su contra y que son medidas cautelares, tal como lo advirtió el ente de investigación.
“El proceso relacionado con algunos bienes de mi familia continúa en trámite. No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decisión definitiva de extinción de dominio”, escribió el artista en el mensaje publicado en su cuenta de Instagram.
“Las medidas conocidas por la opinión pública corresponden a una etapa inicial del proceso, en la que la defensa apenas comienza a ejercer plenamente su derecho a presentar las pruebas que demostrarán el origen completamente lícito de nuestros bienes”, añadió.
Finalmente, aseguró que seguirá colaborando con las autoridades “cada vez que sea requerido. Confío plenamente en el debido proceso, en la presunción de inocencia y en que será la evidencia —y no los titulares— la que permita establecer la verdad”.
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