El organismo internacional señaló que Colombia es el segundo país más peligroso de la región para ejercer el periodismo, e hizo algunas recomendaciones para el funcionamiento del sistema de medios públicos.
Hace menos de una semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el balance de 2024 sobre la libertad de prensa en América Latina. El informe colombiano tiene una alerta preocupante: según el organismo internacional, el sistema de medios públicos del país está sufriendo censura de contenidos críticos con el Gobierno Nacional.
Según la CIDH, RTVC Sistema de Medios Públicos, “estaría omitiendo temas percibidos como desfavorables para la administración del Presidente, lo que resultaría en una falta de acceso a información completa e imparcial, especialmente para quienes no tienen acceso a otras fuentes”.
La preocupación del organismo no solo recae en la falta de contenidos críticos con el Gobierno, sino que los delegados de la Corte recibieron denuncias de varias organizaciones que aseguraron que los contratos de RTVC han sido asignados a activistas e influenciadores sin experiencia periodística, pero que son afines al Gobierno. El informe no se refiere a nadie con nombre propio.
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La CIDH agregó que recibió “denuncias sobre posibles amenazas a la pluralidad informativa, sobre todo relacionadas con el uso de los medios públicos para promover y difundir exclusivamente la versión oficial del gobierno, lo que estaría limitando el espacio para la crítica y el disenso”.
Además, agregaron que la publicidad oficial en los canales de difusión de RTVC ha disminuido, concentrándose en transmitir pauta publicitaria del Gobierno. En ese sentido, afirmaron que el desafío de la independencia de los medios públicos “es un asunto persistente documentado por la oficina en los últimos años”.
El organismo internacional aseguró que incluso la audiencia de los medios públicos ha notado la diferencia de contenidos; aunque esto es algo que notan con cada cambio de administración, se acentuó la tendencia, no solo en canales nacionales, sino también locales.
“Al reflexionar sobre los medios de comunicación públicos, las distintas partes interesadas deben recordar que estos no operan bajo lógicas necesariamente comerciales o políticas, por lo que requieren ser comprendidos en sus particularidades como medios que deben funcionar de manera independiente de quienes ejercen el poder económico o político”, recomendó el informe.
La sugerencia, que aplica no solo para el Gobierno de Gustavo Petro, sino para los siguientes; establece que mantener el contenido de RTVC guiado por una línea editorial libre, crítica y constante, ayudaría a mejorar la credibilidad y legitimidad del sistema de información público.
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Es decir, la CIDH recomienda que los contenidos publicados “necesitan contar con independencia editorial y no deben ser utilizados como herramientas de propaganda gubernamental, sino como espacios informativos y culturales autónomos que actúen al servicio de los intereses de la sociedad en su conjunto”.
Uno de los puntos más preocupantes del informe está relacionado con la vulnerabilidad de los periodistas en el país, en especial, de quienes ejercen el oficio en pequeños municipios o en regiones alejadas de las grandes ciudades.
En 2024, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión registró el asesinato de al menos siete periodistas y trabajadores de medio, convirtiendo a Colombia en el segundo país con más asesinatos de periodistas de la región.
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El informe recoge el asesinato de siete periodistas: Mardonio Mejía Mendoza, director de la emisora Sonora Estéreo, fue asesinado el 24 de enero en San Pedro, Sucre; Jaime Vásquez, el 14 de abril en Cúcuta, Norte de Santander, y Julio Zapata, locutor, el 22 de ese mes en San Rafael, Antioquia; Hilton Eduardo Barrios del medio local Ciudadanías, lo asesinaron el 26 de abril en Puerto López, Meta; a Jorge Meléndez, el 27 de junio en Tibú, Norte de Santander, y a Steven Andrés Fajardo, locutor y director de Triunfadora Stereo, el 21 de noviembre en Doradal.
Además, según el equipo enviado por la CIDH, la prensa colombiana está expuesta a ataques, no solo de la ciudadanía o grupos armados (a los que se le atribuyen varios secuestros de periodistas), sino del propio Estado. Según el informe, hay “un clima de estigmatización y hostigamiento, especialmente hacia mujeres periodistas, por parte de funcionarios públicos y vocerías oficiales”.
En cuanto a la revictimización estatal, el informe resalta el caso de la periodista María Jimena Duzán, quien sufrió amenazas de muerte luego de un ataque del presidente Gustavo Petro.
“El Presidente también habría calificado la labor de la periodista María Jimena Duzán como “periodismo mosad”, en referencia a la agencia de inteligencia exterior israelí. La Relatoría Especial toma nota de que, tras estas declaraciones, la periodista habría recibido amenazas y señalamientos, siendo acusada de ser terrorista y miembro del Mosad”, dice el informe.
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Además, la CIDH también le llamó la atención al presidente Petro por su discurso del 30 de agosto de 2024, durante la posesión de la primera mujer elegida como Defensora del Pueblo. Allí el mandatario afirmó: “las periodistas del poder, las muñecas de la mafia construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar”. Según la Corte, estas afirmaciones resultan estigmatizantes.
Además, la Corte estableció que desde el Gobierno Nacional se estaría censurando a la prensa privada. “Los informes señalan campañas de desprestigio para deslegitimar el trabajo periodístico, descalificando a periodistas como ‘opositores’, ‘mentirosos’, ‘falsos’ o ‘tendenciosos’, y calificando su trabajo de ‘desinformación’”, señala la CIDH.
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