En 46 sentencias de los jueces de restitución de tierras se han compulsado copias a 33 empresas por supuestamente adquirir predios, obtener concesiones de títulos mineros, servidumbres o hipotecas sobre tierras despojadas a víctimas del conflicto armado.
Así lo revela uno de los informes entregados ayer por Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, a la Comisión de la Verdad.
“El propósito es contribuir a que la Comisión pueda llegar a explicar cuáles fueron los patrones del desplazamiento y el despojo de tierras en todo el país”, señaló Vega, al tiempo que aseguró que el informe, que también será entregado hoy a la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá, es una revisión detallada de las 3.960 sentencias que han emitido los jueces.
Además, el lunes, la JEP recibirá el informe sobre el despojo de tierras en Urabá.
“En algunos eventos, se encontró que las víctimas fueron secuestradas y bajo cautiverio les obligaron a suscribir documentos para transferir la propiedad y, en otros casos, los grupos armados ocupaban militarmente el predio para obligar el abandono forzado y la posterior venta”, dijo Vega. Estos hechos se produjeron en nueve departamentos.
Lo magistrados, cuando revisaron los casos, determinaron que ninguna de las empresas acreditó buena fe exenta de culpa, ordenándoles restituir las tierras a sus verdaderos dueños.
El otro informe da cuenta de las dinámicas de desplazamiento, despojo y abandono, en el que se incorpora una matriz con los detalles de todas las sentencias de restitución en más de 300 municipios, y las respectivas compulsas de copias enviadas a la Fiscalía con relación a las personas naturales vinculadas al despojo.
Y aunque varias de esas sentencias datan de hace varios años, “de la Fiscalía hasta ahora no tenemos nada en absoluto”, advirtió Vega.
Contrastarán la información
El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, manifestó en diálogo con EL COLOMBIANO que recibió “estos informes con absoluta seriedad, y con profundo respeto como una contribución al esclarecimiento de los que nos ha pasado en la disputa por la tierra, que es sin duda alguna el problema central en el conflicto”.
Sin embargo, aclaró que la Comisión no acepta argumentos de autoridad: “las cosas no son verdad porque las dice una ONG, una empresa, un líder político, un jefe militar o un jefe guerrillero. Todos estos documentos los estudiamos, los contrastamos con otros, si aparecen en los documentos responsabilidades eventuales queremos conversar con las personas, las empresas y las instituciones aludidas. No vamos detrás de una verdad jurídica, no somos jueces, no condenamos a nadie”.
En cambio, apuntó el sacerdote, lo que busca este órgano es clarificar qué fue lo que pasó con la tierra, por qué tantos campesinos fueron despojados de sus territorios y cómo se puede garantizar que en adelante la propiedad privada sea profundamente respetada en Colombia.
