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Ramos fue condenado por parapolítica, pero seguirá libre

  • Luis Alfredo Ramos está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia desde 2011, cuando era gobernador de Antioquia. Se le dictó medida de aseguramiento solo hasta 2013. FOTO COLPRENSA
    Luis Alfredo Ramos está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia desde 2011, cuando era gobernador de Antioquia. Se le dictó medida de aseguramiento solo hasta 2013. FOTO COLPRENSA
Publicado el 02 de octubre de 2021

La Corte Suprema lo sentenció a siete años de cárcel. “Soy inocente”, replicó el exgobernador.

Una sentencia de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia convirtió este viernes a Luis Alfredo Ramos en el primer exgobernador de Antioquia en ser condenado por el escándalo de la parapolítica. En efecto, lo sentenció a siete años y once meses de cárcel por el delito de concierto para delinquir agravado por sus nexos con las extintas autodefensas.

La decisión de la Corte, además, lo obliga a pagar una multa cercana a los $7.040 millones y le dio una inhabilidad “intemporal o vitalicia” para ejercer cargos públicos.

En el fallo, con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres, la Corte anotó que Ramos recibió ayuda de paramilitares para ocupar una curul en el Senado entre 2002 y 2006. Y también para ser escogido gobernador de Antioquia, entre el 2008 y el 2011. Sin embargo, seguirá libre hasta que la sentencia –que su defensa apeló para segunda instancia ante la Sala Penal de la misma Corte– quede en firme.

Una reunión en la finca Bellanita, de Bello, a la que habrían asistido varios jefes paramilitares y reconocidos políticos, fue clave en la sentencia condenatoria de la Corte.

A la cita habrían acudido Ramos, tres excongresistas (Óscar Suárez Mira, Óscar Arboleda y Manuel Ramiro Velásquez), y al menos tres exjefes paramilitares, entre los cuales estaba Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”.

Según la sentencia de la Corte, ‘Ernesto Báez’ le transmitió a Ramos y a los otros parlamentarios una petición del fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Vicente Castaño: hacer que la Ley de Justicia y Paz se acomodara a los intereses de los paramilitares.

Entre otros hechos que se le endilgan a Ramos –y que ocurrieron entre 2001 y 2007–, la Corte anotó que el exgobernador habría recibido dineros de altos mandos paramilitares para financiar sus campañas.

Entre los supuestos financiadores, hay nombres resonantes de la historia del conflicto como los hermanos Carlos y Vicente Castaño, Juan Carlos Sierra, alias el ‘Tuso Sierra’, y Miguel Arroyave.

De hecho, la Corte recordó el testimonio del exparamilitar Carlos Enrique Areiza Arango, que asistió a una de las reuniones en las cuales Ramos habría recibido una fuerte suma de dinero. Su relato también se situó en la finca Bellanita, en el municipio de Bello, en el año 2005. En esa cita, Vicente Castaño le habría dado $800 millones a Ramos para su campaña política en la Gobernación de Antioquia.

La Corte también advirtió que Ramos tenía nexos con el Bloque Metro de las AUC y con el denominado Cartel de la Gasolina, que le “dieron su apoyo económico a cambio de intermediar para quitarles presión de la Fuerza Pública”.

Pero los apoyos que habría recibido Ramos no eran únicamente económicos, sino también electorales, según resaltó la Corte. Al parecer, los grupos paramilitares habrían usado su influencia en algunos municipios de Antioquia para impulsar las candidaturas de Ramos.

Los puntos álgidos del caso

En febrero de 2011, la Corte Suprema de Justicia le abrió indagación preliminar a Ramos, quien aún era gobernador de Antioquia.

Tras sopesar los testimonios de jefes paramilitares como Juan Carlos Sierra, alias el ‘Tuso’ Sierra y el excomandante paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, la Corte le dictó medida de aseguramiento a Ramos en agosto de 2013.

Aunque los ‘exparas’ señalaban que Ramos había recibido apoyo de varios integrantes de las AUC, la defensa del exgobernador argumentaba que las reuniones que habían sostenido eran para establecer diálogos de paz y para facilitar la desmovilización de los paramilitares. Después de tres años tras las rejas, en 2016 la Corte dejó en libertad a Ramos mientras le dictaba sentencia. Su caso, sin embargo, tuvo que ser revisado de nuevo en 2018, debido a que se creó la segunda instancia para aforados.

Ahora, a la luz de la última decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en primera instancia, la defensa del exgobernador apeló la decisión en la Sala Penal de la Corte.

“Soy inocente”

Después de que se conoció el fallo de la Corte Suprema contra Ramos, este salió a hablar en un video difundido por sus redes sociales. “Soy inocente. He sido víctima de falsos testigos”, aseguró. Y añadió: “Apelaré a la segunda instancia, donde se establecerá mi inocencia”.

Ramos aprovechó para citar el salvamento de voto del magistrado Jorge Emilio Caldas (ver recuadro) y el concepto que dio la Procuraduría, entidad que le pidió a la Corte que lo absolviera porque no encontró evidencia suficiente para determinar que cometió el delito de concierto para delinquir agravado.

La decisión de la Corte también produjo un sacudó en la política nacional, sobre todo en los simpatizantes del Centro Democrático, partido político que ha apoyado a Ramos durante sus líos con la justicia.

Aunque al principio no hubo declaraciones, en la tarde del viernes esa colectividad emitió un comunicado en el cual le dio su respaldo al exgobernador. ”Confiamos en que en la segunda instancia demostrará su inocencia, probando una vez más su trabajo incansable por Medellín, Antioquia y el país”, rezaba el documento.

Fuentes del Centro Democrático le contaron a EL COLOMBIANO que en el interior del partido reina un clima de solidaridad con el exgobernador, sobre todo en Antioquia.

Asimismo, las fuentes advirtieron que, aunque Ramos ya no tiene tanta influencia política en el Centro Democrático, sí hay preocupaciones por el efecto político que tuvo esta decisión de la Corte.

Y señalaron que hay figuras que se verán más afectadas que otras. El comentario se hizo particularmente por Alfredo Ramos Maya, actual concejal de Medellín. Y por el representante a la Cámara por Antioquia, Óscar Darío Pérez Pineda, quien acompañó a Ramos durante una buena parte de su carrera política, tanto en el Congreso como en la Gobernación de Antioquia.

EL COLOMBIANO se comunicó con el representante Óscar Pérez para conocer cómo recibió la noticia, pero señaló que no contaba con tiempo para referirse al asunto.

Por su parte, el analista político de la Universidad Externado, Jorge Iván Cuervo, dijo que la decisión contra Ramos tiene efectos muy reducidos en las aspiraciones electorales del uribismo para el 2022. “Creo que Luis Alfredo Ramos ya estaba muy retirado de la política. Le afecta más a él y a su hijo, el concejal de Medellín Alfredo Ramos, que actualmente no está aspirando a nada”, sostuvo Cuervo.

“Siempre queda la sombra de duda, que puede que no tenga ningún sustento real, sobre por qué se dan los fallos en cierto momento”, dijo cuando se le preguntó por las suspicacias electorales que podría despertar esta condena. Y señaló que lo mismo sucedió con los casos de Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria, investigados por la Contraloría y la Fiscalía, respectivamente.

10
años han pasado desde que la Corte le abrió indagatoria a Ramos por primera vez.
7.040
millones de pesos costará la multa que le impuso la Corte a Luis Alfredo Ramos.
En definitiva

Pese a la sentencia que encuentra responsable a Luis Alfredo Ramos por vínculos con paramilitares, el exgobernador quedó libre y su defensa podrá apelar el fallo hasta mayo de 2022.

Contexto de la Noticia

Paréntesis EL magistrado que salvó su voto

Jorge Emilio Caldas, uno de los magistrados de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, presentó salvamento de voto y se apartó de la decisión que condenó a Luis Alfredo Ramos a siete años y once meses de cárcel. En un documento de 107 páginas, Caldas defendió su postura, aunque dejó claro que respeta la decisión de sus colegas, –Blanca Nélida Restrepo y Ariel Augusto Torres–. “El procesado debe ser absuelto bajo el entendido de que en nuestro ordenamiento jurídico-penal se sanciona a la persona por sus actos, no por ser quien es”, señala. Y añade que si se evalúa el material probatorio con “mesura”, la decisión debería se la “absolución por duda”.


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Comunicadora Social- Periodista. Apasionada por la literatura, el feminismo y la cultura pop. Nadadora de corazón. Soy egresada de la universidad EAFIT.

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Camilo Osorio Sánchez

Comunicador y periodista de la Universidad del Valle, apasionado por las narrativas digitales, la innovación social y los enfoques de género.

Notas de la sección