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Cada caso público de abuso sexual contra un menor de edad en Colombia va caldeando los ánimos y aumenta las exigencias al legislativo para endurecer las penas, más si se tiene en cuenta que, para el año 2024, según la Fiscalía General de la Nación, 2.875 personas que están detenidas por estos delitos saldrán libres porque habrán cumplido los requisitos de ley para ser excarcelados.
En el Congreso cursan cuatro iniciativas que buscan que los violadores de niños paguen más tiempo de cárcel e incluso dentro de la iniciativa no solo se ha discutido la cadena perpetua, también la pena de muerte, que no existe en Colombia.
La iniciativa que va más adelantada en su trámite es la que busca eliminar la conexidad de la violencia sexual contra los menores de edad con el delito político, como fue planteado en el Acuerdo de paz con las Farc.
Sobre este tema, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha explicado que sobre este crimen no aplica ni amnistía ni indulto, pero si se cometió en el contexto del conflicto armado prevalece su competencia.
Esta fue una de las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP que se hundieron en el Congreso. El Gobierno insistió a través de la reforma constitucional que va en su sexto debate (de ocho), pero no será retroactiva.
El proyecto de Ley 125 de 2019, presentado por el senador José Ritter López, del Partido de la U, busca que la violencia sexual contra los menores de edad no prescriba, tal como sucede con los delitos de lesa humanidad.
Esta iniciativa ayudaría a que los niños que fueron violentados sexualmente puedan denunciar a su agresor cuando sean adultos y hayan roto, al fin, el lazo que los unía al violador.
Lo que cobra relevancia teniendo en cuenta que, de acuerdo con cifras de Medicina Legal, el 76 % de los 22.859 abusos sexuales contra menores de edad en 2018 ocurrieron en la casa de la víctima.
Ese debate se ha dado en varias ocasiones en el Congreso. Se ha buscado vía referendo o por reforma constitucional.
Esta fue una bandera de la senadora Gilma Jiménez (QEPD) que ahora defienden los congresistas Margarita Restrepo, del Centro Democrático; Marta Villalba, de la U; Adriana Matiz, del Partido Conservador, y César Lorduy, de Cambio Radical.
Este último, es el ponente del proyecto de Acto Legislativo 001 de 2019 que la semana pasada cursó en la plenaria de la Cámara de Representantes su segundo debate y fue aprobado con 113 votos a favor y 19 en contra.
El Gobierno apoya la iniciativa, aunque la comisión asesora de Política Criminal no la considere viable por ser muy caro para el erario (cada preso cuesta 1,8 millones de pesos) y por no ser efectivo en la reducción del delito.
El proyecto radicado por Jaime Rodríguez, representante por Cambio Radical, buscaba pena de muerte a los violadores de niños, pero nació sin futuro.
Primero, debía radicarse como acto legislativo y no de ley, porque buscaba modificar la Constitución, y porque antes de iniciar su discusión la Comisión Primera le consultó el concepto al Consejo Superior de Política Criminal que le dio un no rotundo