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Consejo de Estado niega solicitud de Pastor Alape sobre bienes de las Farc para reparación de víctimas

El reincorporado presentó una medida cautelar que pretendía la nulidad de algunos apartes de tres decretos.

  • Alape será escuchado en audiencia citada por el magistrado Roberto Serrato. FOTO COLPRENSA/Álvaro Tavera
    Alape será escuchado en audiencia citada por el magistrado Roberto Serrato. FOTO COLPRENSA/Álvaro Tavera
COLPRENSA | Publicado el 25 de marzo de 2022

El Consejo de Estado negó la solicitud de suspender las obligaciones que el Gobierno Nacional le impuso a las antiguas Farc para la elaboración de un inventario de los bienes de esa organización que implica, además, tenerlas bajo su custodia hasta que se cumpla el proceso de entrega como acto de reparación a las víctimas del conflicto armado.

Pastor Alape, reincorporado de la extinta guerrilla, presentó una medida cautelar que pretendía la nulidad de algunos apartes de tres decretos, con los que el Gobierno reglamentó las obligaciones de los desmovilizados responsables del inventario, pactado en el acuerdo de paz en Cuba.

De acuerdo con el exguerrillero, imponer la obligación de realizar el inventario, cuidado y entrega de los bienes va más allá de los compromisos asumidos por los desmovilizados en el acuerdo de paz. A su juicio, con esta imposición el Gobierno “no solo desbordó sus competencias, sino que desatendió el deber de cumplir, de buena fe, el pacto que puso fin a las hostilidades entre la fuerza pública y las Farc, y que dio lugar a la reincorporación de sus militantes a la vida civil”.

El Consejo de Estado negó esta solicitud, indicando que las normas expedidas por el Gobierno estaban dentro de su competencia y que el Presidente de la República fue facultado para expedir los reglamentos necesarios con el objetivo de materializar el fin del conflicto.

Además, consideró que los deberes impuestos a los desmovilizados para garantizar la entrega de los bienes son necesarios para atender las normas pactadas en el acuerdo de paz, para permitir su entrega e incluirlos en un patrimonio autónomo que constituirá un fondo de víctimas.

Sin embargo, esta decisión no es definitiva, ya que se debe estudiar de fondo si se ajusta o no al ordenamiento jurídico. Las pretensiones de Alape serán escuchadas en audiencia citada por el magistrado Roberto Serrato. Allí expondrá, además, que el Gobierno tiene la tarea de hacer efectivo esos bienes en un patrimonio autónomo con el que las víctimas serán las beneficiadas.


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