El 16 de noviembre, a las 8:35 de la mañana, llegó a la oficina Contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía General un documento de 277 páginas con información que advierte del riesgo de pérdida en que podrían estar 2.994 millones de programas derivados del Acuerdo de Paz con las Farc.
Este dosier, conocido en su integridad por EL COLOMBIANO, lo elaboró la Contraloría tras auditar 99 contratos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) –focalizados en 170 municipios históricamente afectados por la violencia, la pobreza y los cultivos ilícitos–, uno de los ejes más importantes de la implementación del Acuerdo firmado en 2016.
Su auditoría derivó en 84 hallazgos tras revisar procesos contractuales relacionados con el Fondo Colombia en Paz, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Agencia de Desarrollo Rural en Tolima, Cauca, Valle, Caquetá, Meta y Bogotá.
No solo habría 2.994 millones de pesos en riesgo, los cuales salen de sumar los cinco hallazgos con presunta incidencia fiscal, sino que también hay tres casos con posible implicación penal y son, justamente, los que Gabriel José Romero, contralor delegado para el Sector Agropecuario, le pidió investigar a la Fiscalia a través de una comunicación remitida al fiscal general, Francisco Barbosa.
Además, hay 30 hallazgos más con presunta incidencia disciplinaria, tres con solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio y otros dos que pasaron a indagación preliminar.
La información conocida por este diario revela la alerta que hay sobre un contrato de 8.194 millones de pesos –ejecutado desde la Gobernación de Caquetá– para construir 11 puentes en 8 municipios del departamento. La Contraloría halló que no se ha terminado ni el primero y que habría 2.347 millones en riesgo por cuenta de un adelanto aparentemente injustificado al contratista que se quedó las obras: Grupo Empresarial Líbano S.A.S.
El departamento respondió que la responsabilidad de la ejecución no es suya, pues el contrato fue suscrito por el municipio de San José Fragua. Y el Invías, también cuestionado por el ente fiscalizador, se defendió indicando que la interventoría con la firma DICO-INCOL es precisamente para garantizar su ejecución. No obstante, hay posibles incidencias fiscales, penales y disciplinarias por esclarecer derivadas del atraso evidente de las obras.
Pero no es el único caso. En la auditoría se verificó otro contrato, por $1.047 millones, para la mejora de 3 tramos de vías terciarias en Ataco, Tolima, que a la fecha de terminación (10/2020-06/2021) estaban apenas en el 8,9 %. La alcaldía municipal pidió más tiempo para responderle a la Contraloría, argumentando problemas para verificar los correos electrónicos. Sin embargo, su petición no se aceptó y se calificó el hallazgo como administrativo, con presunta incidencia penal y disciplinaria, por el retraso de las obras; un caso parecido al de Caquetá.
También se encontró una posible irregularidad en el proyecto de semilleros de caña en 24 municipios de Cauca, que deberían sumar 131 pero solo llegan a 57; el presunto detrimento sería de 436 millones de pesos. La Gobernación, sin embargo, respondió que había ampliado del 30 de julio al 31 de agosto la fecha de cierre del proyecto, pero la explicación no fue suficiente para la Contraloría y pidió investigar el tema. De hecho, parte de esta información la había revelado Diario Criterio.
Además, a la Contraloría le llamó la atención un convenio por 56.149 millones de pesos entre la ART y la empresa Carvajal Tecnologia de Servicios –que inicialmente era de 46.520 millones (antes de las tres adiciones que se le hicieron)– equivalente “al 71 % del total contratado para los PATR (Plan de Acción para la Transformación regional, la hoja de ruta de los PDET)”, para un plazo de ejecución de ocho meses en prestación de servicios de soporte informático. Lo extraño, dice el ente fiscalizador, es que la firma también terminó de intermediaria en el arrendamiento de 5 sedes.
Sin embargo, la ART respondió que esas sedes –en Barrancabermeja, Apartadó, Buenaventura y Quibdó– son parte de su funcionamiento y que estaban previstas en la operación con la firma.
Falta información
En toco caso, el panorama general en cuanto a los contratos auditados, de acuerdo con la Contraloría, muestra imprecisiones frente a fuentes de financiación, monto de recursos y estado de ejecución de los proyectos. De hecho, se queja de que tuvo que buscar información adicional, pedir aclaraciones y cambiar varias veces la muestra.
La información facilitada por la ART “se encuentra con imprecisiones y ausencia de algunos datos relevantes para lograr de manera adecuada el resultado de los proyectos”.
A esto, agrega, hay que sumarle las dificultades en la confiabilidad de la información que rodea dicha hoja de ruta, la de los llamados PATR. “No se pudo establecer con grado de certeza el estado actual de la implementación de las iniciativas, su avance, el seguimiento sobre la ejecución de los proyectos; situación que limitó considerablemente el alcance de la actuación especial de fiscalización para su desarrollo”, dijo la Contraloría.
La acciones del Gobierno
Pero, más allá de este dosier de la Contraloría –que ya está en poder de la Fiscalía–, a nivel nacional el Gobierno ha presentado otra perspectiva sobre los PDET.
En efecto, a cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, se han invertido 10,1 billones de pesos y se han ejecutado 2.800 obras de agua potable, luz eléctrica y fotovoltaica, vías, parques e infraestructura en salud.
Y, por primera vez –resaltó el Gobierno–, las 6,6 millones de personas que habitan en las 16 subregiones PDET están sintiendo “la presencia del Estado”
