La Contraloría General de la República puso en evidencia presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos por más de $69.000 millones, tras auditar dos proyectos financiados con dineros del Sistema General de Regalías en los departamentos de Magdalena y Chocó.
De acuerdo con los hallazgos, ambos programas —orientados a fortalecer la formación de talento humano de alto nivel y la investigación en ciencia y tecnología— no cuentan con los soportes necesarios que permitan verificar su ejecución ni demostrar que cumplieron los objetivos para los cuales fueron aprobados.
El ente de control también advirtió graves debilidades en los sistemas de control interno de las entidades involucradas, los cuales fueron calificados como “inadecuados”.
Entre las fallas detectadas se encuentran la ausencia de auditorías, la falta de seguimiento a los recursos de regalías y la inexistencia de procedimientos formales de supervisión.
A esto se suma la imposibilidad de revisar documentos clave como listados de beneficiarios, certificaciones académicas, informes técnicos o reportes periódicos de avance.
Para la Contraloría, estas deficiencias reflejan un incumplimiento en las labores de vigilancia y seguimiento, lo que afecta especialmente a proyectos de largo plazo que dependen de varias administraciones y carecen de mecanismos claros de trazabilidad y continuidad.
¿Qué pasa con las becas del Magdalena?
En el caso del Magdalena, el proyecto aprobado en 2013 con un presupuesto inicial de $29.011 millones tenía como propósito financiar estudios de maestría y doctorado para profesionales del departamento.
Sin embargo, la auditoría no encontró evidencia suficiente que permita comprobar la ejecución de los recursos ni la entrega efectiva de los beneficios.
Pese a que el proyecto reporta un avance financiero del 80,84%, no se hallaron soportes de los giros ni informes de ejecución, lo que impide establecer una relación clara entre los $28.210 millones desembolsados y los resultados obtenidos.
¿Qué pasa con las becas del Chocó?
La situación en Chocó presenta fallas aún más críticas. El proyecto, aprobado en 2012 con recursos por $41.608 millones, evidencia múltiples inconsistencias, entre ellas la falta de acreditación de los beneficiarios graduados y de sus productos académicos, como tesis o ensayos.
Tampoco se encontraron resultados de apropiación social del conocimiento, como publicaciones o plataformas propias, ni soportes de formación complementaria en segunda lengua.
A esto se suma la ausencia de expedientes documentales oficiales, fallas en la supervisión del proyecto y deficiencias en el control de los contratos y convenios financiados con regalías, lo que dificulta el seguimiento institucional.
¿Qué dice la Contraloría?
Los informes también señalan problemas relacionados con la transparencia, debido a que la información contractual no fue reportada de manera completa en plataformas oficiales como el SECOP, lo que limita tanto el control estatal como la veeduría ciudadana.
Ante este panorama, la Contraloría anunció que iniciará los procesos correspondientes para establecer posibles responsabilidades fiscales individuales y trasladó los hallazgos a la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.
Asimismo, aseguró que hará seguimiento continuo al uso de los recursos y a la gestión de los responsables, con el objetivo de evitar que este tipo de situaciones se repitan y garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, legalidad y eficiencia en la administración pública.
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