Tras concluir una actuación especial de fiscalización a los 1,04 billones de pesos que del Sistema General de Participaciones deben destinarse a los resguardos indígenas, la Contraloría General de la República estableció 156 hallazgos con presunta incidencia fiscal de 16.776 millones de pesos.
El resultado de esta revisión presupuestal, que le compete a la Contraloría como organismo de control, se da a conocer en medio de la agitación política que despertó la llegada de la minga indígena a Bogotá para exigir un diálogo directo con el presidente Iván Duque.
De acuerdo con la entidad, también se determinaron 760 hallazgos administrativos, de los cuales 638 tienen una posible connotación disciplinaria y 45, presunto carácter penal. De igual manera, otros 26 hallazgos dieron lugar a solicitudes de apertura de indagación preliminar, 7 a procesos administrativos sancionatorios y 22 tienen otras incidencias.
La lupa estuvo puesta sobre las entidades territoriales que manejan el presupuesto que debe destinarse a los resguardos indígenas. La conclusión: “solo el 25,22 % de ellas manejaron adecuadamente estos recursos”, explicó la Contraloría.
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Y por si fuera poco, “el 61,95 % de las entidades territoriales presentan deficiencias, que si bien no son generalizadas sí impactan el cumplimiento de los objetos contractuales y las metas de los proyectos formulados por las comunidades indígenas, siendo más grave aún lo evidenciado en el 10,62 % de las entidades, cuyas deficiencias son materiales y generalizadas”.
“Se encontró que la estructuración de los proyectos de inversión, por parte de los resguardos indígenas, presenta debilidades, ya que no surte la metodología dispuesta para ello según la normatividad aplicable, no hay una determinación de la población beneficiaria de los bienes y servicios contratados y no presentan un cronograma de ejecución del proyecto”, lo que evidencia “la falta de asistencia técnica por parte de las oficinas de Planeación municipal y departamental”, consigna el informe.
Además, “la gran mayoría de los recursos son ejecutados en compra de bienes de consumo inmediato y no en proyectos de inversión que garanticen el mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad indígena”.
Recursos no ejecutados
Uno de los hallazgos repetitivos fue la no ejecución de todos los recursos disponibles o el presupuesto definitivo. Los recursos auditados en cinco vigencias revisadas ascienden a más de un billón de pesos ($1.040.465.959.949), pero “de ellos, se ejecutaron 662 mil millones de pesos, que representan el 63,69 % de los recursos disponibles”.
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En 23 de los 29 departamentos que cuentan con resguardos indígenas y fueron auditados por la Contraloría, se presentaron deficiencias especialmente por la no suscripción de contratos de administración y, en otros casos, por el no reporte de los mismos.
Una de las principales deficiencias en este tipo de contratos “se evidenció en los municipios de El Bagre, Cáceres (Antioquia), Guapi (Cauca), Chía (Cundinamarca), Unguía y Acandí (Chocó), Calamar (Guaviare), Rivera (Huila), Albania (La Guajira) y Prado (Tolima), pues no suscribieron contratos de administración con los resguardos indígenas de su jurisdicción en las vigencias auditadas, es decir, no ejecutaron los recursos que les fueron asignados y girados para realizar proyectos de inversión en beneficio de las comunidades indígenas”.
Estos 10 municipios dejaron de ejecutar 6.521.503.357 de pesos en las cinco vigencias auditadas.
Las necesidades de las comunidades indígenas, sin atención
De acuerdo con el informe, “pese a la existencia de actas de asamblea de los resguardos indígenas, existe en la mayoría de ellos desconocimiento respecto de la formulación de los proyectos de inversión, dificultad en la concertación con las comunidades y deficiente identificación de las necesidades de la comunidad, que no conducen a mejorar las condiciones de vida de la población indígena”.
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Y en los proyectos que se alcanzan a formular, no es clara la identificación de los beneficiarios, qué bienes se entregarán ni cuándo o dónde se cumplirá el objeto contractual.
También, los contratos y convenios han sido poco supervisados. La Contraloría encontró falencias en el seguimiento técnico, administrativo, contable y financiero.
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