Los amorúas, salibás y sikuanis, de la comunidad indígena Kanalitojo, quieren seguir siendo “andaderos”, palabra usada por ellos para nombrarse nómadas o seminómadas, pero la guerra y la ambición de los colonos que quieren más tierra no se los permite, aunque los jueces de restitución de tierras hayan dicho que tienen derecho sobre 570 hectáreas en Puerto Carreño, Vichada, para caminar, alimentarse y vivir con la naturaleza.
“Nosotros andamos de un lado al otro buscando nuestro alimento, pero los colonos creen que cuando nos vamos se pueden meter, y no es así. Ya los jueces lo reconocieron en una sentencia a mediados del año pasado, pero seguimos sin poder disfrutar de la tierra”, dice Alexander Achagua, capitán Kanalitojo.
Y es que el confinamiento al que están condenados no les permite a las 32 familias que conforman la comunidad recolectar, pescar ni criar ganado; por eso, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas buscan alimento en los camiones de basura cuando el hambre ataca, como lo denunció la Defensoría del Pueblo.
Disputa por la tierra
Los magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá reconocieron a la comunidad Kanalitojo como víctima del conflicto armado.
En la sentencia se evidencia cómo estos pueblos indígenas fueron afectados por los homicidios, los desplazamientos forzados, el reclutamiento de niños y las amenazas por cuenta de las Farc y de los grupos paramilitares que se asentaron en Vichada. También lo fueron del Estado cuando el Incoder tituló parte de sus resguardos a siete colonos, por lo que las resoluciones y escrituras fueron anuladas.
“Pero ellos siguen ahí”, advierte el capitán indígena, aunque han pasado 10 meses de la sentencia (28/06/2019), y la Unidad de Restitución de Tierras hizo la entrega simbólica el 9 de diciembre de 2019.
Esto pese a que la orden de los magistrados fue incluso enfática en el documento: “ACLARAR (sic) a los citados ciudadanos que deben proceder a realizar la entrega de los fundos sin dilación alguna, poniéndoles de presente el contenido del art. 167 del D. 4633/2011, en cuanto que ‘no procederá oposición alguna’”.
Se han hecho varias diligencias judiciales en Puerto Carreño, pero en ninguna han salido victoriosos los comuneros: “¿De qué nos sirve que nos restituyan, que los papeles digan que somos los dueños si no podemos gozar materialmente del resguardo?”, pregunta Achagua.
Más reclamantes
La lucha de la comunidad indígena Kanalitojo por el Resguardo Puerto Colombia es solo una de las 225 que hay en el país. Las demandas de 69 territorios étnicos están ante los jueces y 156 territorios indígenas están en estudios preliminares en la Unidad de Restitución de Tierras, URT.
De hecho, este año ya la URT interpuso la demanda ante los jueces para reclamar 3.066 hectáreas para los integrantes del Resguardo Inga de Calenturas, en Puerto Guzmán, Putumayo.
El documento establece, principalmente, 42 pretensiones entre las que se cuentan el diseño del Plan Integral de Reparación Colectiva, la implementación de medidas para recuperar y restablecer el medio ambiente y los ecosistemas fragmentados por la explotación ilícita de yacimientos mineros, la aplicación de medidas de seguridad, programas de proyectos productivos y la promoción de las actividades de acción integral de minas antipersonal.
“Sentimos por primera vez una luz de esperanza; llegó el momento que tanto esperábamos”, aseguró Jaime Jojoa, gobernador indígena del resguardo Inga de Calenturas.
El trabajo de la Unidad
Andrés Castro, director de la Unidad de Restitución de Tierras, aseguró que cuando inició la administración del presidente Iván Duque “encontramos que el asunto étnico funcionaba como muy desarticulado, era un mundo aparte, porque tiene una lógica y un funcionamiento donde se avanza solo en la medida en que haya una relación de confianza, donde se entra a los territorios con el acuerdo de esas comunidades”.
Entonces, dice, se puso a la tarea de agilizar procesos y en 2019 presentaron 32 demandas por cerca de 1,6 millones de hectáreas, además de la demanda para la restitución del pueblo Pijao.
“La verdad es muy significativo porque cuando uno ve las condiciones que tienen hoy en día esas comunidades, que fueron obligadas al confinamiento, al desplazamiento forzado, están un poco dispersos en las ciudades, cuando para ellos la tierra es fundamental, viven de la tierra y en su relación con ella. Lo que quieren es retornar, que les reconozcan sus tradiciones, su cultura, todo eso se logra a través de restitución”, anotó el funcionario.
Los indígenas dicen que llegó la hora de sus comunidades afectadas por muchos tipos de violencia desde la conquista española, y que no han tenido tregua en las últimas décadas por causa de paramilitares, guerrilleros y colonos, y muchas veces terminan desplazados al interior del país.
Ante los jueces reposan demandas que piden el restablecimiento 2.448.333 hectáreas en favor de 34.906 familias, que esperan que al fin obre la justicia para volver a sus territorios ancestrales.
