La Corte Constitucional dejó sin efectos un laudo arbitral de noviembre de 2014, que le ordenó al Banco de la República pagar 1044 millones de pesos a las aseguradoras Suramericana SA y Allianz Seguros.
El banco había solicitado a las compañías que se cubrieran los costos y gastos de los procesos judiciales y extrajudiciales que se habían generado en su contra por temas relacionados con el UPAC. Esto, por una póliza que se había suscrito entre ambas partes.
No obstante, las aseguradoras se negaron y el caso pasó al Tribunal que falló en contra del Banco y ordenó el millonario pago, en laudo que fue inmediatamente atacado por el emisor.
La Sala Plena de la Corte Constitucional señaló que el laudo vulneró el derecho al debido proceso del Banco por resolver el asunto “con fundamento en una disposición legislativa inaplicable”.
Ahora, la Corte señaló que el proceso podría empezar de nuevo, ya que esta “decisión no supone el agotamiento de la jurisdicción, del mismo modo que se entiende enervado el término de prescripción de las acciones judicial procedentes para dirimir las diferencias entre las partes del negocio jurídico que originó; la controversia arbitral”.
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