La magistrada Cristina Lombana de la Sala de Instrucción acaba de compulsar copias contra dos de sus colegas, uno de ellos quien es hoy el presidente de la Sala.
En Colombia ese término es usado de más por la prensa judicial pero realmente significa que se solicita investigar posibles delitos a la autoridad competente. En este caso Lombana pide que se revise si hubo una violación al reglamento de la Sala y de la Corte.
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La historia no es sencilla y tiene varios antecedentes de años de una confrontación total entre Lombana y César Reyes, el magistrado que ordenó la detención del expresidente Álvaro Uribe cuando tenía el caso en su despacho, antes de que Uribe renunciara al Senado y el proceso lo asumiera la Fiscalía por la pérdida del fuero.
Esta vez, Lombana asegura que la semana pasada cuando Sandra Ortiz llegó a la Corte para tener una diligencia judicial, la magistrada se enteró de que hubo antes una reunión privada entre el magistrado Reyes y sus abogados en el ánimo de buscar beneficios. Lo extraño es que Reyes no tenía el caso de la UNGRD, entre otras porque la Corte investiga a los aforados y las indagaciones son esencialmente a los congresistas que fueron mencionados por Olmedo López y Sneyder Pinilla.
En el documento de la Corte se cita a los abogados de Ortiz dando cuenta de esa reunión y se señalan dos artículos de prensa que hablaban de la supuesta intención del tribunal de ofrecer beneficios a no aforados en este proceso. Lombana cuestiona que ese ofrecimiento supera las funciones de los magistrados porque no está en sus facultades ofrecer beneficios a personas que la Corte no investiga ni sobre las cuales toma decisiones.
La pelea no es la primera entre los dos togados que se han sacado los dientes en varias ocasiones. Lombana ha tenido casos de Benedetti que han quedado en el despacho del magistrado por las recusaciones del ministro. El caso más grande fue el de enriquecimiento ilícito que finalmente lo trasladaron de despacho y no quedó ya en la oficina de la magistrada. En el caso de FONADE, que también está a su cargo, Benedetti fue llamado a juicio y deberá asistir a responder a la Corte en los próximos meses.
La decisión de Lombana de compulsar copias contra dos compañeros suyos aviva la tensión en la Sala que ha tenido desafíos institucionales. Los magistrados de la Sala son los primeros luego de una reforma en el Gobierno Santos que hizo posible la segunda instancia, algo que emuló la Procuraduría en su modelo de investigación y acusación disciplinaria años después.
Hasta ahora no se conoce una respuesta pública de la Corte. Pero fuentes internas aseguran que hubo una sorpresa por esta decisión de Lombana sin haber consultado antes a los magistrados. EL COLOMBIANO le consultó al magistrado Reyes por esta controversia. Hizo llegar un mensaje del magistrado Misael Rodríguez. “Solo buscan deslegitimar la decisión adoptada por la Sala y jamás ni el anterior Presidente de Sala Mag Rodríguez ni yo hemos ofrecido beneficios a quien aluden en la malintencionada queja”.
El caso que empezó a dividir a los magistrados fue el de Uribe. Reyes conceptuó que Lombana debía apartarse de él por su pasado a las fuerzas militares que tenía algún carácter de subordinación. El caso pasó a su despacho y con ello la medida de aseguramiento. Pero más recientemente la división total se dio alrededor del caso Benedetti.
La togada también le dijo a este diario que ella misma avisó a los magistrados que compulsaría copias en la última sesión de la sala plena. La Corte acaba de decidir las medidas de aseguramiento contra Iván Name y Andrés Calle por el caso UNGRD. Para la Corte los chats que aportaron Sneyder Pinilla y Olmedo López fueron concluyentes en esta etapa de la investigación. En ellos se hablaba de los 4.000 millones de pesos para entregárselos a Name y a Calle y en detalle se hablaba de una entrega en el apartamento de Calle en Montería.Los dos pagos fueron antes de las elecciones de octubre, según el testimonio de los implicados.
Lombana salvó su voto y explicó que pudo haber irregularidades en esa decisión de la Sala. Lo cierto es que estas diferencias profundizan las dificultades del trabajo en la Corte que debería ser armonioso para que las decisiones sean en derecho y no tengan riesgos legales. Si hubo una decisión de los magistrados de abordar indebidamente un expediente que no estaba en sus despachos podría haber sanciones de la propia Corte. Lo que es claro que es que la guerra interna no es solo una característica del Gobierno Petro, sino también de las instituciones de la justicia.
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