El pulso entre el Ministerio de Educación y las organizaciones religiosas, que se han opuesto a la cartilla sobre orientación sexual que se ha repartido en colegios, se hace cada día más fuerte. Pese a que la ministra Gina Parody precisó que dicho documento no es oficial, hoy se adelantará una marcha para reivindicar “los valores de la familia”.
Primero fue la diputada de Santander, Ángela Hernández, quien se mostró en desacuerdo con que el Ministerio impusiera, supuestamente, una “ideología de género” en los manuales de convivencia. A su voz se sumó la del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez.
Por el momento, el Ministerio de Educación ha aclarado que la revisión de los manuales de convivencia en los colegios del país debe hacerse por una orden de la Corte Constitucional, pues tras la muerte del estudiante Sergio Urrego, en Bogotá, quedó demostrado que existía discriminación por la orientación sexual.
El problema ahora se ha centrado en la cartilla titulada “Ambientes escolares libres de discriminación. Orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la Escuela”, que ha circulado en diferentes colegios de la región Caribe.
Si bien el Ministerio dijo que la cartilla no era oficial, en el Senado denunciaron que el documento tiene el sello del Ministerio de Educación.
El senador Jimmy Chamorro, del partido de la U, le pidió al Ministerio rendir cuentas por dicha cartilla, la cual habla sobre la perspectiva de género en las escuelas. Chamorro, como miembro de la Asociación Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, manifestó su apoyo a la marcha.
De otro lado, el senador Orlando Castañeda, del Centro Democrático, le preguntó al Ministerio por qué firmó un contrato con la organización Colombia Diversa por 1.586 millones de pesos para gestionar, entre otros proyectos, la elaboración de las cartillas.
Por ahora, los colegios no están obligados a adoptarla, que también fue elaborada por el Fondo de Población de la Naciones Unidas (Unfpa), Unicef y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). No obstante, como lo confirmó la Secretaría de Educación de Medellín, en cumplimiento de la sentencia T-478 de 2015 se han propiciado espacios para que los rectores revisen sus manuales de convivencia, de tal manera que no se propicie ni si genere discriminación.
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