El año pasado, el secretario de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, destapó lo que denominó un carrusel de contratación, asociado a un esquema de “contrataderos”, una práctica mediante la cual empresas intermediarias ejecutarían contratos estatales sin cumplir plenamente los procedimientos establecidos en la ley.
Al final, resulta que estas organizaciones siguieron adelante con sus esquemas y lograron suscribir convenios por cerca de medio billón de pesos.
Entre las compañías señaladas aparecen Aldesarrollo, Red Summa, Red Universitaria y el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (Cisp). Organizaciones que habrían obtenido contratos con diversas entidades públicas del orden nacional. Estas estructuras, según los señalamientos, han terminado acumulando convenios en los meses previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y en la antesala del calendario electoral.
Los acuerdos se suscribieron entre finales de 2025 e inicios de 2026 y quedaron en manos de estas organizaciones de constitución mixta, que ya habían sido objeto de alertas y cuestionamientos por el manejo de recursos públicos.
Se trata de entidades que actúan como ejecutoras de convenios interadministrativos, conocidas como “contrataderos”, por su rol como intermediarias en la canalización de recursos de distintos sectores del Gobierno Nacional.
Los recursos, según una investigación de La Silla Vacía, se ejecutan en programas dirigidos a víctimas del conflicto, comunidades indígenas y población vulnerable, sectores que hacen parte del núcleo del discurso político del candidato Iván Cepeda. Incluyen entrega de dotaciones, apoyo a emprendimientos, ferias empresariales e infraestructura comunitaria, entre otras iniciativas sociales que comenzaron a ejecutarse en plena etapa preelectoral.
Por ejemplo, en diciembre de 2024, W Radio denunció un contrato por 15 mil millones de pesos para la compra de 283 botes que serían entregados a los pescadores más vulnerables de Colombia. Un contrato que fue entregado a dedo a Red Summa, que no tiene la experiencia necesaria. Así, en ese sentido son los contratos.
Según La Silla Vacía, estos recursos han sido distribuidos mediante convenios suscritos por diferentes ministerios y entidades hacia organizaciones que concentran la ejecución de los fondos.
El mayor volumen de recursos lo concentra AlDesarrollo. Registra contratos de más de 290.000 millones de pesos, con entidades como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Unidad para las Víctimas, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Transporte. En detalle, el DPS aportó cerca de 102.631 millones de pesos y la Unidad para las Víctimas alrededor de 144.281 millones, entre otros rubros.
Uno de los convenios más cuantiosos fue para ejecutar programas relacionados con la política de “Economía Popular”, una de las apuestas sociales del gobierno Petro para apoyar pequeños emprendimientos y actividades productivas.
Aunque el convenio quedó firmado meses atrás, la ejecución arrancó posteriormente, luego de que se giraran los primeros desembolsos. Eso hizo que buena parte de las actividades coincidiera con el calendario electoral.
El segundo ‘contratadero’ con mayores beneficios es el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (Cisp), que administra recursos por aproximadamente 251.658 millones de pesos. La mayor parte proviene del Ministerio del Interior, con cerca de 198.755 millones, y de la Unidad para las Víctimas, con unos 52.902 millones.
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El DPS ha entregado, mediante contratos, recursos adicionales a otras organizaciones. Entre ellas, la Red de Universidades, con cerca de 41.504 millones de pesos, y la Red Summa, con aproximadamente 35.391 millones.
Lo grave es que estas organizaciones, beneficiarias de cuantiosos contratos, han sido mencionadas anteriormente en alertas elevadas por la Secretaría de Transparencia de Presidencia ante la Fiscalía.
AlDesarrollo, por ejemplo, apareció en distintas controversias relacionadas con contratación estatal y estuvo ligada durante años a Moisés Hernández, quien posteriormente adoptó el nombre de Moisés Garvín. Una denuncia en la Fiscalía lo relaciona con empresas públicas y mixtas que ejecutan miles de millones del Estado.
Hernández es esposo de la candidata Sandra Macollins, empresario barranquillero que en sus inicios trabajó como secretario general de Caprecom en el Valle del Cauca y cercano, además, al candidato presidencial Roy Barreras.
AlDesarrollo está conformada por instituciones técnicas y educativas de municipios pequeños del país, una ubicada en Buga, Valle del Cauca, y otra en San Juan del Cesar, La Guajira. Actualmente, su representación legal está a cargo de Omar Flórez Escorcia, quien anteriormente había estado vinculado a Red Summa, el otro contratadero.
En ese mismo contexto, el año pasado el propio Gobierno había advertido sobre los riesgos asociados a este tipo de figuras. Idárraga, pidió investigar posibles prácticas de colusión y concentración de contratos alrededor de organizaciones como AlDesarrollo y Red Summa.
“Es supremamente contradictorio que digan que son entidades sin ánimo de lucro cuando claramente tienen un ánimo de lucro, son dueños de cayos, multimillonarios; no estamos hablando de representantes legales que tienen un sueldo precisamente de 100 millones de pesos, sino de personas que, siendo principales y suplentes al frente de estas entidades, hoy son multimillonarios”, dijo Idarraga en Caracol Radio. Allí mismo explicó que ahora hay casi un billón y medio de pesos de recursos públicos en manos de unos pocos.
Las entidades relacionadas están relacionadas entre sí. Participaban simultáneamente en procesos contractuales, una dinámica que, según advirtió el secretario, podría limitar la competencia real y favorecer adjudicaciones previamente direccionadas.
El esquema opera mediante entidades mixtas con participación pública y privada, lo que les permite recibir contratos directos del Estado y luego subcontratar la ejecución bajo reglas más flexibles que las de la contratación pública ordinaria.
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En varios procesos revisados por La Silla Vacía, organizaciones de la misma red aparecieron cotizando entre sí dentro de un mismo contrato. En algunos casos, mientras una obtenía finalmente el convenio, las otras figuraban como participantes en la etapa previa de ofertas.
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